En la amplia comunidad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el tema de la semana —con el reinicio de clases— es un caso de presunta agresión sexual (violación) y hostigamiento que involucra a un profesor del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).

El caso fue hecho público en redes sociales por la presunta víctima, pero también le llegaron a Mirone datos de lo que ha venido ocurriendo al interior de la Universidad, en medio de la polémica que generan este tipo de señalamientos cuando se habla de violencias contra las mujeres, omisiones institucionales, abusos de poder en la relación entre profesores y alumnas, relaciones consensuadas, derechos de las víctimas, presunción de inocencia y el impacto en trayectorias académicas y profesionales.

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En el ojo público se encuentra el coordinador de Diseño Industrial, Ariel Alonso T. R., aunque también las jefaturas y direcciones a nivel instituto, por presuntas omisiones y prácticas de proteccionismo, una constante denunciada históricamente en instituciones de educación superior cuando emergen este tipo de casos.

La denunciante es una estudiante de maestría —egresada de licenciatura con reconocimiento de Generación de Excelencia— que inició esta nueva etapa formativa en 2024, tras haberse titulado de Diseño de Interiores nueve años atrás.

En sus publicaciones exhibe conversaciones privadas de WhatsApp que dan cuenta de una relación personal con quien, al mismo tiempo, fungía como tutor de tesis y coordinador del programa de la maestría.

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También se han difundido copias de comunicaciones vía correo electrónico con personas que conocieron de la denuncia desde hace aproximadamente un año; un audio que permite dimensionar el tipo de vínculo que sostenían, así como fragmentos de un documento médico correspondiente a un ingreso hospitalario, en el que se describe un deterioro progresivo de su estado emocional y funcional, además de la atención psiquiátrica que había estado recibiendo.

En esa supuesta nota de egreso del ISSSTE se menciona “ideación suicida persistente, la cual se ha exacerbado de forma significativa a partir del mes de julio de 2025, cuando el agresor inició con amenazas explícitas de que perdería su lugar en el programa académico si no accedía a relaciones sexuales”.

El documento no precisa si la condición médica de la paciente existía antes de conocer al profesor.

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El caso se hizo público recientemente, aunque no es nuevo que el coordinador de la maestría haya sido separado del cargo y enviado a año sabático.

Es parte de lo que se comenta también dentro de la Universidad: la forma en que suelen atenderse estos señalamientos, apostando a que el tiempo enfríe los casos en lugar de resolverlos de fondo.

A este contexto se suma que la estudiante fue dada de baja del programa de maestría y que, de acuerdo con lo que ha manifestado públicamente, apelará esa determinación, así como la retirada de la beca de la SECICHTI, con el objetivo de que le sea restituida.

Mirone supo además que la relación —que habría cruzado la línea entre estudiante y coordinador de maestría y que podría haber derivado en violencia sexual— comenzó cuando las citas para revisar avances de tesis se programaron en la casa de ella y no en un espacio institucional.

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Sigue La Barredora —y no precisamente la de Tabasco— en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), en los nuevos tiempos de Marco Licón Barraza como director ejecutivo.

Ahora tocó el turno de despedirse al director comercial, Jesús Lazo, quien colaboró con Sergio Nevárez, aunque era recomendado y hombre de todas las confianzas del exrepresentante de la gobernadora y actual rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), Oscar Ibáñez Hernández.

Antes de Lazo, ya le habían dado las gracias a Miguel García Spíndola, el director financiero, quien salió bastante raspado por el manejo de los recursos y quién sabe en dónde termine su caso. O sea, barredora y chorro de agua a presión para sacar todo lo que quedaba de la anterior administración.

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Por lo pronto, todos están bien liquidados. Como que en la JMAS no les gusta batallar y no se preocupan por buscar renuncias voluntarias para que todo salga más barato; al fin y al cabo, se trata de dinero público.

Continúan también los despidos en jefaturas de departamento. Antes se había ido Janik Vázquez López, jefa de Recursos Humanos, y ahora le tocó el turno a la jefa de Normatividad, Ozieli Daniela Armenta Hernández.

En el último paquete se incluyó a quien fuera asistente de Sergio Nevárez, Martha Villalba, y al asesor Juan Carlos González.

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Sobre los sustitutos, el único nombre que le pasaron a Mirone es el de Gabriel García Cantú, exdiputado local y expresidente interino del Comité Municipal del Partido Acción Nacional.

Gabriel forma parte del equipo que trabaja con Daniela Álvarez, presidenta estatal del blanquiazul, y es quien se quedará con el puesto de asesor. La designación del nuevo director comercial deberá pasar por el Consejo de Administración, lo que seguramente ocurrirá la próxima semana.

Aquí ya se había comentado que la intención era renovar completamente la plantilla de directores.

Aún están pendientes la Dirección Técnica, la de Operación, la de Obra, la Administrativa y la de Archivo, además de la Jurídica, todas con varios departamentos bajo su cargo.

Todas las direcciones traen sueldos de más de 100 mil pesos mensuales, así que seguramente está buena la rebatiña por las posiciones. Además, se supone que ahora quieren en esos cargos a personas que también le entren a la talacha política para que desquiten el sueldo.

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Hay palabras que pesan más que un piano, que son tan resonantes como un trombón de banda dominguera, tan ruidosas como un violinista desafinado. Una de esas palabras es la de “nepotismo”.

Es tan dura, tan pesada, tan hiriente, que ya hizo renunciar a una funcionaria del Gobierno municipal de Juárez que encabeza Cruz Pérez Cuéllar.

En la guerra abierta entre el alcalde y el Partido Acción Nacional ya cayó la primera pieza. No fue un dirigente partidista ni un cuadro electoral. Fue una directora administrativa del DIF Municipal.

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Y aunque desde la presidencia del organismo se insiste en que la renuncia fue una decisión personal, voluntaria y sin reconocimiento de falta alguna, el contexto político no es menor.

Esta salida ocurre en medio de una confrontación sostenida entre el alcalde y el PAN, donde cada señalamiento se traduce en presión.

La denuncia administrativa presentada por el PAN el pasado 4 de noviembre por un presunto caso de nepotismo —basada en un supuesto parentesco político— no necesitó avanzar para producir efectos. No hubo dictamen ni resolución, bastó con poner el tema sobre la mesa.

Sin duda, en política, el señalamiento pesa más que el expediente. Y cuando el ruido sube, alguien termina pagando el costo antes de que haya conclusiones formales. Aquí, la renuncia sirvió para bajar la presión, pero dejó claro que el pleito ya estaba cobrando facturas.

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Este episodio no se entiende sin mirar el contexto de lo que ha ocurrido en días pasados. Antes de la renuncia en el DIF, el alcalde ya había elevado el tono contra el PAN con el adeudo de predial.

Cruz no solo exhibió públicamente la deuda millonaria del partido. Fue más allá. Propuso llevar el tema a un plebiscito, amagando con consultar a la ciudadanía si se debían rematar las propiedades del PAN. No era un trámite fiscal. Era una jugada política.

Cobro del predial por un lado, nepotismo por el otro. Dos frentes distintos, un mismo objetivo.

El mensaje de Rubí Enríquez en redes sociales no fue una despedida institucional. Fue un deslinde político en plena confrontación.

El PAN apuesta a la denuncia y al desgaste. El Gobierno municipal responde con exposición pública y control del relato. En medio, las piezas administrativas se vuelven prescindibles.

Pero ya que hablamos del tema, estaría bueno que nuestros legisladores se sentaran a revisar los códigos administrativos, civiles, penales y cuantas leyes haya en la biblioteca del Congreso para establecer con toda claridad hasta dónde llega la responsabilidad de un o una funcionaria “honoraria”, como son las presidentas del DIF en turno.

¡Así las cosas!

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A cinco días naturales de que se defina la terna de donde saldrá la próxima presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las bancadas del Congreso del Estado ya han perfilado sus preferencias y seleccionado a sus favoritas de entre las 18 personas contendientes.

Y decimos “favoritas”, porque —según le cuentan a Mirone— los cinco varones que participaron en la carrera por la CEDH quedaron bastante a deber en la ronda de entrevistas celebrada entre el 19 y el 20 de enero pasados, por lo que es casi un hecho que, por primera vez, Chihuahua tenga no un “ombudsman”, como le llaman rimbombantemente al cargo, sino una “ombudswoman”.

En general, las participantes dejaron buena impresión, pero se destacaron algunas que llegaron con proyectos bien estructurados y con una discursiva que las proyectó como personas que realmente entienden lo que es la defensoría de los derechos humanos y la problemática que vive Chihuahua en esa materia.

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Pero, ¿quiénes son las favoritas de cada grupo? Según le han informado a Mirone, el Partido Acción Nacional ya se decantó por Ada Miriam Aguilera Mercado, quien ha ocupado la titularidad de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

Hasta ahí, todo bien. Una larga y bien nutrida carrera en la materia, solo que desde el interior del mismo oficialismo, pues su cargo depende del fiscal general del Estado, en este caso, de César Jáuregui Moreno, quien no deja de echar grilla partidista por más que se le junte la chamba en el órgano encargado de procurar la justicia en el estado.

Según le cuentan a Mirone, Ada dejó una muy buena impresión, particularmente con el proyecto que presentó para reformar a la CEDH, un órgano anquilosado al que, por lo visto, ya nadie le hace caso. Nada más hay un detalle: viene de la Fiscalía General del Estado, el organismo que más recomendaciones recibe por presuntos actos de violaciones a los derechos humanos y, también, el que menos las acepta. ¿Tons, habrá autonomía o le va a jalar las orejas a su exjefe?

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Por el lado de Movimiento Regeneración Nacional, la balanza se ha inclinado en favor de Flor Alejandra Corral Requejo, quien, aunque viene del oficialismo, con cargos en el Poder Judicial, también trae consigo el apoyo de organizaciones independientes defensoras de derechos humanos y de búsqueda de personas desaparecidas.

Su presentación ante la Junta de Coordinación Política también dejó un buen sabor de boca pero, por lo que se ha visto hasta ahora, todavía no acaba de convencer al grupo parlamentario del PAN, que parece apostado en favor de Ada Miriam Aguilera.

La aspirante ha expresado su interés en que la CEDH se centre en aspectos de violencia de género y contención del feminicidio, así como en toda forma de agresión contra las minorías, lo que acaso obre en su favor entre algunos sectores, pero le reste puntos ante grupos más conservadores.

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El Partido Revolucionario Institucional, en cambio, se ha apostado por la exconsejera electoral Fryda Libertad Licano Ramírez, quien hasta antes de las entrevistas lucía como favorita para llevarse el premio mayor de entre los cargos que repartirá este año el Congreso del Estado.

Todo iba bien con Fryda Libertad, hasta que comenzó a asomar una veta anti4T que le motivó perder la aceptación de ese grupo parlamentario. Si bien es minoría y tiende a hacerse más chico, el morenismo pesa y tiene mano para pedir su “cambio”, después de haber apoyado la reelección de Héctor Acosta Félix en la Auditoría Superior del Estado.

Así que, para como van las cosas, tal parece que quedará quien deje no más contentos, sino menos a disgusto a todos.

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La actuación de los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Ayuntamiento de Juárez nos hizo pensar que, después de todo, tienen razón los que piden que se reduzca la cantidad de regidores.  Para lo que sirven, bien podríamos quedarnos con dos o tres, lo mismo da.

Para muestra, un botón:  la comparecencia del Daniel González García, titular de Obras Públicas, quien se presentó ante la Comisión de Movilidad para anunciar con todo el bombo y el platillo que, ahora sí, el arroyo Tapioca dejaría de ser trampa mortal.

Hasta ahí, todo bien, excepto por un detalle: el funcionario anunció la obra, pero no tiene a la mano el proyecto ejecutivo, elemento fundamental para iniciar una obra y que el Gobierno Municipal otorgue la famosa “suficiencia presupuestal”.

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Los regidores permanecieron como en convidado de piedra: solo escucharon y no preguntaron. Si por ellos fuera, así de malinformados se hubieran ido, hasta que vino la prensa a hacerles el trabajo y formularle las preguntas oportunas a González García: A todo esto, ¿ya está listo el proyecto ejecutivo?

La respuesta fue  que “ya casi”. Nada más falta que caiga el dinero que va a poner el Gobierno Federal y que la Comisión Nacional del Agua dé los permisos pertinentes. O sea, que no hay nada aún, pues.

Para rematar, la idea es descargar el caudal en el Dren 2-A, justo donde cada lluvia convierte en crisis el cruce de Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria. Las palabras se las llevó el agua. La solución también.

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Eso no fue todo, el cierre fue de antología: el director de Gobierno, Oscar Murillo Delgado, presentó al área de Enajenaciones un expediente para “prestar” casi cuatro mil metros cuadrados en la zona de Valle del Sol.

Pero nada de prestado, porque a la hora de la sesión, aclaró que siempre no era un préstamo… sino donación. ¡Miles de metros entregados de a grapa!

Sin preguntas,  sin explicación, sin rubor, los integrantes de la Comisión se deshicieron de otro predio con la mano en la cintura. Ciertamente, los clubes de servicio hacen mucho bien, nadie lo discute. Lo que inquieta es la ligereza con la que algunos funcionarios y regidores siguen jugando al Ayuntamiento, mientras la ciudad la paga.

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Los regidores de Juárez son una élite privilegiada que goza de dos periodos vacacionales al año, disfrazados con el elegante nombre de recesos edilicios— regresaron del descanso decembrino relajados, bien pagados y, al parecer, dispuestos a que les sigan viendo la cara.

Porque ni los casi 100 mil pesos mensuales, ni el descanso prolongado, ni el cargo, les alcanza para ponerse exigentes con algunos directores que ya entendieron que a los ediles se les puede marear con verbo, promesas y diapositivas.