La nueva intervención de Palacio sobre el Poder Judicial dejó como grandes damnificados, primero, a la propia institución encargada de la impartición de justicia en el estado y, en segundo término, a los protagonistas: José Miguel Salcido Romero, a su sucesor Gabriel Sepúlveda y al gobernador César Duarte.
Detrás de la historia pública existieron una serie de entretelones que dan cuenta de la grilla intensa entre los grupos priistas, y dentro del primer círculo del poder, en el de los parralenses más cercanos al gobernador César Duarte, no aflojan la presión para copar al mandatario y eliminar de su entorno a quienes les hacen mosca.
Ahí aparecen actores de todos los grupos tricolores, incluso los que participaron en la contienda por la candidatura a gobernador. Saben que movimientos de esa naturaleza no tienen otro objetivo que el desplazamiento.
En el ejercicio de poder, Palacio de Gobierno demostró que mantiene con firmeza las riendas del mismo aunque su imagen sea afectada de nuevo por la intervención en los otras áreas. Y ni se diga el moderado jefe del Poder Judicial, Gabriel Sepúlveda, que fue ratificado en medios de gritos que colocaron en seria duda su capacidad para dirigir un aspecto tan delicado como es la impartición de justicia. Se lo recordarán en cada controversia.
En ese ambiente también quedó triturado el magistrado en proceso de jubilación José Miguel Salcido, sacado de su cargo en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia para “castigarlo” con un cargo directamente subordinado al Ejecutivo, como titular de la Secretaría de Educación y Cultura, donde apenas sobrevivió 27 días.
Dentro de la propia Judicatura, Salcido ya había sufrido los embates de los parralenses que se consideran duartistas de sangre y de los que tanto se habla en el mundo político chihuahuense. Ellos presionaban duro para que uno de los suyos ocupara la Presidencia, idea era acariciada desde el año pasado, cuando Palacio desarticuló totalmente la estructura interna del Poder Judicial, so pretexto de la “oxigenación” pactada con sus aliados en el Congreso del Estado.
Con esa maniobra ejecutada por los diputados a finales del 2014 los parralenses lograron apropiarse de la mayoría de los cargos de magistrados que conforman el Pleno de Magistrados.
Empezó con el propio Salcido, quien llegó a la Presidencia del TSJE en sustitución del magistrado presidente Alberto Vázquez Quintero, que junto con otros diez togados, entre ellos el primer presidente del Poder Judicial en la era Duarte, Javier Ramírez Benítez, fueron amablemente conminados a aceptar su dorada jubilación para dar paso a nuevos magistrados, la mayoría de ellos amigos personales del mandatario.
Salcido Romero originalmente fue sacado del Tribunal Estatal Electoral, donde fue presidente durante varios años. En su llegada como titular del órgano electoral fue desplazado el entonces magistrado José Rodríguez Anchondo, pieza del entonces gobernador José Reyes Baeza, y cuya historial también da para varios tomos, entre intrigas y traiciones.
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Con la oxigenación llegaron a la Judicatura el exdirector del Registro Civil César Ramírez Franco a la Segunda Sala Penal en Juárez, junto con Filiberto Terrazas de la Segunda Civil; al exrrepresentante del Gobierno del Estado ante la Conago Jorge Abraham Ramírez Alvídrez a la Primera Penal, al expresidente del Colegio de Abogados José Alfredo Fierro Beltrán a la Segunda Civil, a Miriam Víctoria Hernández Acosta a la Tercera Civil, a Gerardo Javier Acosta Barrera a la Sala Penal de Parral, a Otilia Flores Anguiano a la Sala Civil de Parra, a Delia Holguín López a la Cuarta Sala Penal, a Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes a la sala de los Contencioso Administrativo y Fiscal.
Con el voto aliado del PAN en el Congreso, la oxigenada le abrió paso a los magistrados Luis Villegas Montes, en la Séptima Sala Civil, y a Rafael Quintana, en la Cuarta Sala Penal.
Con todos ellos a disposición de una llamada telefónica o hasta de un WhatsApp de Palacio, la vida interna del Poder Judicial pudo ser intervenida sin mayor problema para cambiar de presidente por cuarta ocasión en lo que va del sexenio.
Con Salcido en la mira no fue difícil aprovechar las complicadas circunstancias en las que se encuentra el cierre de cuentas de la construcción de la Ciudad Judicial, quizá la obra insignia del sexenio para colocar al aún magistrado dentro de la trituradora política.
La resistencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia para firmar los finiquitos de la obra al responsable de la construcción, Everardo Medina, y su postura de mantener a raya al círculo parralense dentro de la Judicatura, estigmatizaron la figura de Salcido Romero.
Las presiones llegaron al grado que no le quedó más remedido que aceptar la envenenada invitación para ocupar la Secretaría de Educación, por medio de una licencia.
Pero ahí tampoco fue bien recibido, Salcido quedó aislado, prácticamente inmovilizado para hacer cambios dentro de la estructura operativa de la secretaría e ignorado por su jefe el gobernador.
Eso, y la asonada preparada dentro del Tribunal Superior de Justicia para deshacerse definitivamente de él, lo llevaron a romper las formas y en un acto de desesperación presentó su renuncia al cargo de secretario de Educación para retomar su puesto de presidente del Poder Judicial, para terminar en una salida negociada con jubilación anticipada.
Días previos a la “toma” de la Presidencia se integró un grupo importante de apoyadores de la causa de José Miguel que inclusive conformaron un grupo de WhatsApp para comunicarse las acciones contra los parralenses de Palacio. De unos 40 iniciadores del grupo todos se dieron de baja apenas el Pleno del Tribunal ratificó a Sepúlveda como su presidente; pero ahí estaban la directora de Contaduría de la UACH, Liliana Álvarez; el expresidente del Instituto Electoral, Fernando Herrera; Oscar Herrera, el magistrado electoral Adrián Jáquez Flores, Carlos Durán Morales, Arturo Armendáriz, Aracely Fernández, el magistrado judicial Arturo Fierro, Antonio Perea y muchos funcionarios más del Instituto Electoral, del Poder Judicial, del Instituto de Transparencia, del Gobierno del Estado, etc.
En ese entramado hay varios elementos, uno de ellos es el factor de los presuntos negocios de socios y amigos Palacio en la construcción de la Ciudad Judicial, una obra proyectada inicialmente con una financiamiento de mil 050 millones de pesos, pagados por medio de financiamiento bajo el esquema de Cupón Cero, pagaderos a 20 años, y que en los hechos le estará costando el doble, o poco más, a los contribuyentes.
Esta como muchas otras obras del sexenio iniciaron proyectadas con un costo y acabaron casi al doble, como muestra están el estadio de Juárez, la unidad administrativa del Gobierno del Estado, mejor conocido como el Pueblito Mexicano, los proyectos del ViveBús, en Juárez y Chihuahua, y el inacabado proyecto del Centro de Convenciones.
En la mayoría de ellos aparece la mano de Everardo Medina, el subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, importado a la capital del estado para hacerse cargo de la construcción de la Ciudad Judicial, desplazando en sus funciones al titular del ramo, Eduardo Esperón, quien vive (o sufre) una situación muy parecida a la ocurrida con José Miguel Salcido por los chismecitos, grillas y patadas bajo la mesa que le avienta sobre todo Medina y que le encanta escuchar a Palacio.
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La profiláctica extracción que hizo el círculo parralense de José Miguel Salcido de la Presidencia del Poder Judicial no fue lo suficientemente habilidosa para evitar lesiones al tejido burocrático y político del priismo, y empiezan a trascender datos, nombres, sobre los beneficiarios de los contratos de construcción, equipamiento y mobiliario de la costosa obra que albergará a toda la estructura del aparato de justicia del Estado, si es que caben en el edificio.
Entre las empresas y nombres que trascienden está la constructora El Roble, propiedad del parralense Arturo Moreno, quien es amigo cercano y socio de negocios del gobernador César Duarte. Otro de los constructores es Lalo González, de la empresa Casas Grandes, responsable del estacionamiento de Pensiones Civiles del Estado y con otras obras en marcha manejadas directamente por Obras Públicas estatales.
Esta también Jaime Galván Guerrero, el Rey Midas de Delicias, organizador de conciertos millonarios como el de Luis Miguel, hace tres años, y de faustosas fiestas, quien en las horas cruciales del intento de José Miguel Salcido por retomar la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se hizo visible en la oficina principal de la Judicatura como mediador interesado del barullo.
A Galván Guerrero se le ubica como el proveedor de muebles y equipo de oficina en el nuevo complejo.
Por ahí andan circulando también el nombre de la empresa Insolutum, S.A. de C.V, cuyo nombre comercial es Ecotec, vinculada a otro personaje de la vida pública.
Esos y otros datos que conforman un expediente interesante calaron en el ánimo de muchos miembros de la clase política priista, que han considerado excesiva la actuación Palacio contra Salcido Romero, pero como se acostumbra en el tricolor, su inconformidad manifiesta no pasó de mascullar la rabia y ponerse a salvaguarda.
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En la torre legislativa los diputados del PRI se pusieron nerviosos, a pesar de que están acostumbrados a votar dócil y apresuradamente cualquier asunto que les envíen desde el edificio de la calle Aldma y Carranza, como sucedió el 8 de diciembre cuando aprobaron la licencia para que el presidente del Poder Judicial José Miguel Salcido dejara el cargo temporalmente, hasta por un periodo de seis meses para ir al Gabinete.
A la imagen de los legisladores del PRI y sus aliados y la Poder Legislativo no les ha ido nada bien con todos los asuntos que les son enviados ya cocinados desde Palacio, solo para ser aprobados, muchos de los cuales se han judicializado: la designación de consejeros del Ichitaip, de los mismos magistrados cuando la oxigenación del Poder Judicial y la reforma electoral.
Más se alertaron los diputados del tricolor cuando, tras su brinco para atrás del Gabinete, el propio presidente con licencia del Poder Judicial advirtió la posibilidad de recurrir al amparo de la justicia federal, si el Pleno de la Judicatura le cerraba el paso a su regreso a la magistratura y a la Presidencia.
Con una vía jurídica arada por el magistrado José Carlos Flores Silva, uno de los primeros togados incómodos, y con información en mano altamente sensible en el expediente de la Ciudad Judicial, Salcido podría ser muy peligroso, se advirtieron entre sí los diputados en las incesantes llamadas telefónicas que entrecruzaron todo el martes pasado.
Antes de que el Congreso tuviera que asumir de nuevo la incómoda encomienda, Palacio abrió la puerta de la jubilación dorada para Salcido, la misma por donde transitaron los expresidentes Benítez, Vázquez Quintero y magistrados incómodos como Rosa Isela Jurado y el propio José Carlos Flores Silva. Los reacomodos cuestan caros, son más de 5 millones de pesos mensuales solo en exmagistrados que permanecen en esa vía, pero se trata de dinero público, así que solo duele a los que pagan impuestos, no a los que jubilan.