Esta semana seguirán desfilando por la Fiscalía General de la República los agentes del INM citados por oficio, quienes tendrán que rendir su declaración en torno a la tragedia del 27 de marzo, por los hechos ocurridos en aquel calabozo migratorio donde murieron asfixiadas y carbonizadas 40 personas y 27 resultaron lesionadas.
Las indagatorias no han concluido y están muy lejos de expirar, porque siguen surgiendo irregularidades cometidas por personal del INM contra los migrantes que sobrevivieron y contra sus familias.
En las declaraciones que han rendido los migrantes, no solamente manifestaron las condiciones inhumanas que se viven en esas celdas “migratorias” ilegales, sino también las extorsiones que sufrieron hasta para hacer una llamada telefónica o tramitar un amparo a través de abogados coludidos con los agentes de migración.
Todo eso lo investiga la FGR y, por lo pronto, saltó nuevamente el nombre de Edgar Gerardo Caro Ramírez, a quien le permitieron “renunciar” e irse como si nada hubiera pasado, a pesar de que se trata del ex subjefe del INM en Juárez.
Caro Ramírez es mencionado en forma reiterada en las comparecencias de los agentes que estaban bajo sus órdenes, y que conocen la red de corrupción que el ex subjefe manejaba en contubernio con Daniel Goray, quien estaba a cargo de la estación migratoria convertida en crematorio, y que fue uno de los primeros detenidos por la muerte y lesiones de decenas de migrantes.
En las oficinas del INM se comenta y se critica que, en lugar de llamar a cuentas a Edgar Caro, mejor se llevaron detenida a la agente Cecilia Rivera, que estaba a cargo de la estación Janos y que nada tenía que ver con las operaciones de Juárez.
Aunque en días pasados Cecilia ya fue puesta en libertad, al no encontrarle ninguna vinculación con los hechos, el daño que le hicieron a ella y a su familia por haber sido encarcelada, es irreparable.
Por esa detención sin fundamento, ya se habla de la posibilidad de interponer una demanda civil por daños y perjuicios contra la Fiscalía General.
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Por cierto, ese terror que le tienen los oficiales migratorios a la persecución mediante citatorios de la Fiscalía o del tribunal federal que lleva el caso, fue el que sintieron 30 de ellos, cuando pocos días después de la tragedia, los concentraron en un hotel de la avenida Pérez Serna, para luego treparlos a un camión foráneo, haciéndoles pensar que los iban a entregar a las autoridades federales.
Varios agentes que renunciaron recientemente, por la presión a que fueron sometidos, comentaron a este Mirone, a manera de anécdota de miedo, que cinco días después del incendio en la estación migratoria, los citaron en el hotel María Bonita para una reunión de trabajo urgente, con personal del Órgano Interno de Control que llegó de la ciudad de México.
Eran 30 los agentes que recibieron la orden de abordar un autobús foráneo, que estaba en el estacionamiento del hotel, porque supuestamente estaba la prensa poniéndoles la cazadora y se trasladarían a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Juárez, para llevar a cabo la supuesta reunión, más privada.
Ya en el autobús, cuando una agente enviada de México les pidió que entregaran sus celulares, se desató la paranoia, porque además pasaron de largo por el Instituto Tecnológico y todos pensaron que los llevaban directamente a la capital del país.
Nadie les dijo que iban en calidad de detenidos, pero ya se sentían en prisión, porque nadie les decía a dónde los llevaban ni la razón de ese misterioso “paseo”.
Cuentan que, finalmente, regresaron a las oficinas de migración de la garita de Córdova, donde les dijeron que la reunión se suspendía hasta nuevo aviso, por lo que varios lo tomaron como una advertencia de la cacería que se avecinaba y presentaron sus renuncias.
Desde entonces, el ambiente en todas las oficinas de la dependencia federal es de tensión y sobresalto, y más después de enterarse de la detención de su ex jefe, el contraalmirante Salvador González Guerrero, cuya defensa, por cierto, ya está a cargo de abogados de la Secretaría de Marina.
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Buen intento de salir de su burbuja de cristal y socializar en las redes sociales, hizo ayer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Myriam Hernández Acosta, para celebrar el Día Internacional del Libro y recomendar la lectura de algunas obras, con el pequeñito detalle de que en el video donde aparece, les faltó poner su nombre, algo elemental para cualquier hijo de vecino, pero, sobre todo, cuando se trata de una autoridad que pretende dar un mensaje.
El video, de 55 segundos, que fue subido ayer a las 8 de la mañana a la página oficial de Facebook del Poder Judicial del Estado, abre con la imagen aérea de la Ciudad Judicial de Chihuahua, seguida por el logo de la institución, y enseguida aparece a cuadro la magistrada, hablando de la importancia de la lectura.
A leguas se nota que la funcionaria no está cómoda frente a las cámaras, porque lee su mensaje de corrido, enviando su felicitación por ser el Día Internacional del Libro, recordando y recomendando autores, y cierra invitando al público a buscar un lugar cómodo para dedicarle tiempo a la lectura.
El único “pero” a este ejercicio es que los creadores del video la dejaron en el anonimato, pues nunca identificaron a la dama en el video, una regla de oro en la producción, y más si tratan de promover su imagen como una presidenta del Poder Judicial sensible, accesible, culta y sencilla.
Si tuvieron tiempo de colocar en pantalla la transcripción del mensaje, también lo tuvieron para identificarla, colocando el nombre y cargo de quien habla, pero se les chisporroteó, lo cual no es un delito, pero si un craso error.