A nivel nacional y estatal, la extradición de César Duarte fue aprovechada por actores políticos del PAN y de Morena para llevar agua a su molino, canibalizándose.

En tanto, el exgobernador Javier Corral se apresuró a dar entrevistas a medios nacionales sobre el tema, para colgarse la medallita y tratar de zafarse al mismo tiempo de los señalamientos que le hizo Maru Campos el jueves pasado, sin pronunciar su nombre.

El traslado de Duarte a territorio mexicano, acusado de peculado y asociación delictuosa, puso en movimiento a las fuerzas morenistas en la entidad, comenzando por el delegado federal Juan Carlos Loera, y siguiéndolo la fracción del Congreso del Estado, que le ganó el mandado a las huestes azules de Gabo Díaz, que sigue encampañado en Durango.

Mientras en la Ciudad de México el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstuvo de opinar sobre el caso, en Chihuahua capital, Loera no se anduvo por las ramas, y puso

de manifiesto la posibilidad de que Duarte pueda resultar beneficiado, al ser juzgado en territorio chihuahuense por un Gobierno cuya cabeza también fue señalada en su momento por actos de corrupción y complicidad con el indiciado.

Como era de esperarse, el delegado no le regateó el mérito de la extradición al Gobierno federal, “para que el daño que le causó Duarte al estado sea reparado”, y la bancada morenista le hizo segunda en el mismo sentido.

En su pronunciamiento público, los diputados de la 4T dijeron que no permitirán que se diluyan las acusaciones en contra de Duarte y mucho menos que se minimicen los delitos para abrirle la posibilidad de quedar en libertad.

Exigieron también que se le juzgue por los delitos que realmente cometió, no por causas inventadas que puedan favorecerlo, refiriéndose al delito de asociación delictuosa que, al ser anulado, le dejaría la puerta de la prisión abierta.

No pasaron por alto los diputados morenistas, la controversia reciente por la reforma judicial, que aseguran va a favorecer al duartismo, considerando que varios integrantes del Tribunal Superior de Justicia fueron beneficiarios de ese sexenio, incluyendo a la actual presidenta del órgano judicial, Myriam Hernández, a quien Javier Corral señaló en varios de sus mensajes de Twitter de ser ahijada de César Duarte.

Por todo ello, los diputados de la 4T están pugnando por que el proceso sea atraído por la Fiscalía General de la República, posibilidad que la misma gobernadora dejó abierta en su mensaje del jueves pasado.

Llamó mucho la atención que mientras el fuego cruzado arreciaba, los dirigentes priistas se mantuvieran en absoluto silencio hasta ayer por la tarde. Ni el jerarca nacional, el apaleado Alito Moreno, y mucho menos Alejandro Domínguez como líder estatal del tricolor, dijeron esta boca mía.

Ciertamente que, frente a la tormenta perfecta, calladitos se ven más bonitos y, sobre todo, no se los lleva el tsunami.

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Como en el teatro, después de la “segunda llamada” que le hizo Maru Campos a Javier Corral, al informarle oficialmente que vaya poniendo sus barbas a remojar porque no habrá perdón ni olvido, y que, efectivamente, le van a conseguir un tiempo compartido con Duarte en el penal de Aquiles Serdán, el exgobernador salió a medios para colgarse en primer lugar la medalla por la aprehensión y extradición de Duarte y, en segundo, para responderle a la gobernadora.

En entrevista con Carmen Aristegui, el binacional utilizó el mismo argumento que los diputados de Morena, en el sentido de que el proceso está viciado de origen, por la cercanía que tuvo la actual magistrada presidenta del Poder Judicial con César Duarte.

Corral especuló ahí en el sentido de que el exgobernador podría ser liberado si lo juzgan en Chihuahua las autoridades judiciales que, a su ver, no tienen legitimidad para hacerlo.

Maru no se quedó cruzada de brazos y en una entrevista en Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leyva, dijo claramente que además de continuar con las investigaciones para presentar nuevos cargos contra Duarte, también irán contra Javier Corral, quien tiene acumuladas al menos 4 carpetas que documentan las irregularidades de su administración, desde presupuestos deficitarios ante el Congreso del Estado, hasta el hallazgo de medicinas caducas por 200 millones de pesos, entre otras linduras.

Los tiros están cantados y al inepto de Corral le queda únicamente como recurso de defensa su diarrea verbal, mientras que la gobernadora Campos sigue juntando piedritas y piedrotas para ponerlo tras las rejas a la brevedad, con permiso de visita conyugal, porque también los delincuentes tienen derechos y necesidades fisiológicas. Ya lo dijo el señor presidente. Sí señor.

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A nivel nacional e internacional el tema de la extradición de Duarte marcó tendencia, pero también los madrazos que se pusieron entre panistas y morenistas, mientras que las priistas nomás miraban por debajo de la mesa la cómica escaramuza política generada por uno de sus próceres.

Por un lado, el diputado panista y vicecoordinador de la bancada en San Lázaro, Jorge Triana, se le fue a la yugular a la diputada morenista Yeidckol Polevnsky, recordándole que, en el 2017, cuando era la dirigente nacional de Morena, defendió con fervor a César Duarte, al declarar que los presuntos desvíos de que lo acusaban, eran un distractor de Ricardo Anaya y de Javier Corral.

Luego, el pariente del jerarca de Morena, Mario Delgado, el diputado federal, Mario Miguel Carrillo, también hizo un ejercicio de memoria al recordarle a los medios que el ballezano Duarte Jáquez formó parte del “Nuevo PRI”, al cual también pertenece el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, actualmente sometido a juicio público por los escandalosos audios que ha filtrado la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores.

Los coletazos dinosáuricos se dan con mas fuerza a unas horas de las elecciones estatales en Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango, los dos últimos con ventaja para la alianza PRI-PAN-PRD.

Azorada todavía por el show, la ciudadanía se pregunta si con la extradición de Duarte, el estado se resarcirá del daño que causó a las finanzas públicas, porque al final de cuentas, el proceso que se le inició ayer es únicamente por 96.6 millones de pesos.

Independientemente de las 21 ordenes de aprehensión por delitos que suman mil 230 millones de pesos, que le formularon cuando lo reclamaron al Gobierno de los Estados Unidos, solamente está en curso la que fundamentó su extradición.

Los posicionamientos de Loera, de los diputados morenistas y de Corral, en el sentido de que lo juzgue el Gobierno federal, nos hablan de que no solamente no se recuperará el dinero supuestamente sustraído, sino que es alto el riesgo de que César Duarte obtenga beneficios y siga el proceso desde su casa. Así lo ven sus detractores, sus acusadores, sus defensores y hasta juristas colegiados que han opinado sobre el caso y lo ven definitivamente muy guango.