La situación del transporte público en Juárez ha superado, por mucho, cualquier alusión a un subterfugio o pretexto.
Cualquier excusa para seguir justificando la mala calidad del servicio es ya insostenible, un verdadero pitorreo para nuestra ciudad, en tanto los concesionarios (con algunas excepciones) no se cansan de pintarle una ‘p’ en la frente a aquellos que, teniendo el poder, no han sabido, no han podido o no han querido ejercerlo.
Está muy claro que, en estas turbias aguas, donde reina el desorden, ganan los intereses privados sobre los públicos, esos de unos cuantos, los que siguen aplazando los tiempos para que la eficiencia del transporte ocurra.
Son muchos millones de pesos los que se han metido en las líneas del Sistema de Transporte BRT, y estas nada más no terminan de funcionar, mientras que a nadie parece importarle el despilfarro de los recursos de todos.
Como las promesas de políticos, administraciones van y vienen, y el transporte en Juárez sigue estancado; lo peor de todo es que la rancia y retrógrada política centralista sigue siendo una de las principales causas por la que los juarenses seguimos sin contar con un servicio público esencial.
De qué otra manera se explica que el inoperante subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre, tenga que “resolver” desde chihuahuitas tierras, el broncón que tenemos en Juárez. ¿Es que acaso no tiene nombramiento de subsecretario para atender todo in situ, como debe de ser, o es que acaso es él quien provoca parte del tremendo atorón que tenemos en la materia?
Todo hace suponer a este Mirone que, desde el centro del estado, bajo una política acaparadora, a los juarenses no nos consideran lo suficientemente maduros o capaces para tomar decisiones y poner manos a la obra en problemas que solo a nosotros conciernen.
¿De qué le han valido a los juarenses los “enérgicos” pronunciamientos del actual secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, respecto al transporte público, cuando a la fecha las cosas siguen igual o peor que antes?
Con una política centralista, en donde la decisión de mover un escritorio de una oficina a otra dentro de las dependencias locales en Juárez no es posible sin la venía del secretario General de Gobierno, qué podemos esperar.
Así, poco, casi nada, es lo que se ha podido avanzar para meter en cintura a los concesionarios que, por décadas, han hecho lo que han querido con la operación de las líneas de autobuses urbanos, amén de la consolidación del proyecto articulado de transporte.
Y ni hablar del responsable directo de la subsecretaría de Transporte, el “tío” Luis Manuel, que ha brillado por su ausencia en cuanto a trabajo se refiere, no en balde más de uno lo señalan como uno de los que más ha obstaculizado los acuerdos, y las acciones en lo que a transporte se refiere.
Los discursos, las promesas, los plazos, incluso los ultimatums por parte de los funcionarios estatales, han sido tomados a broma por el gremio de camioneros urbanos que no se ha modernizado y tampoco ha cumplido con los requerimientos mínimos para mejorar el servicio a los juarenses. ¿Y qué tal si la culpa no solo es de ellos?
Por el contrario, la postura socarrona, incluso retadora, de algunos grupos de dirigentes –que en más de una ocasión han amenazado con detener el servicio– ha puesto en entredicho la autoridad del Gobierno.
Insistimos, el centralismo es unos de los clavos más grandes incrustados en la rueda de la máquina llamada transporte, y ese clavo contribuye, en gran parte, a que permanezca ponchada, sin avanzar.
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A principios del 2023, los transportistas amagaron con parar el servicio en febrero si no les autorizaban un alza en la tarifa, bajo la excusa de conseguir recursos para obtener y adquirir nuevas unidades.
Para entonces, habían pedido al Gobierno del Estado que les financiara el enganche de las nuevas unidades. Para incentivar la compra de camiones nuevos en la etapa de renovación del servicio, en abril, el Gobierno estatal puso a disposición de cada uno de los concesionarios 250 mil pesos.
El objetivo era que con este recurso pagaran el enganche de los camiones, pero los transportistas no cumplían con los requisitos y no era por gusto, según confiaron a Mirone algunos de ellos. Resulta que las negociaciones se tornaron muy complicadas con la autoridad, a quien señalaron de manera directa como el principal obstáculo para lograr la renovación de las unidades. ¡Aguirre, ahí te hablan!
El Gobierno del Estado tenía como meta que se adquirieran 900 unidades nuevas en la entidad, pero eso ni de lejos se ha concretado.
En el estira y afloja por aumentar las tarifas, al final, a principios de abril, los ruteros ganaron y los Consejos Consultivos de Transporte de Chihuahua y Juárez, votaron de manera unánime para conceder el aumento a las tarifas de 8 a 12 pesos, es decir, un incremento del 50 por ciento en el costo por viaje-persona.
Pero, para dar tal aprobación, los dueños de las concesiones debían comprometerse a cumplir con una serie de requisitos, que a la fecha siguen sin completarse.
En primer lugar, los concesionarios contaban con un periodo de 90 días a 6 meses para renovar todos los camiones con más de 10 años de antigüedad en el estado, lo cual no se ha cumplido.
La cancelación de concesiones por incumplimiento empezaría a implementarse una vez acabado el tiempo para la renovación, cuyo paquete de requisitos incluía la capacitación de choferes, respeto de horarios en las rutas, mejora en el servicio, lo que tampoco ocurrió.
Una de las cláusulas establecía que, si pasados los seis meses no se cumplía con lo establecido, las tarifas anteriores regresarían, pero ya completado ese tiempo, las autoridades dijeron que el aumento permanecería hasta enero del año entrante.
Otro de los aspectos que debió cumplirse por parte de los concesionarios era contar con una aplicación a través de dispositivos inteligentes con un geolocalizador, o GPS, que debió instalarse en todos los camiones, así como un “botón rosa”, para casos de emergencia por acoso, lo que tampoco se ha visto.
De capacitación a choferes, poner en regla documentación de las unidades, mejor ni hablamos, usted ya sabe la respuesta.
Ese mismo mes de abril, el secretario De la Peña sostenía ante medios capitalinos que al Gobierno estatal “no le iba a temblar la mano” para poner orden en el asunto del transporte, luego de que se aceptara el incremento en las tarifas. Pues claro que no le iba a temblar, porque cuando las manos están inertes no tiemblan, ni se mueven, ni nada.
En Juárez hay un total de 891 concesiones del transporte público, pero solamente 412 brindaban a mediados del año el servicio a los ciudadanos, lo cual equivale al 46 por ciento, por lo que se podría decir que poco más de la mitad estarían siendo canceladas, según se había acordado al aprobar el aumento en las tarifas.
Paciencia y confianza es lo que ha pedido el secretario De la Peña a lo largo de estos meses, pero los juarenses nos sentimos cada vez con menos entusiasmo, al ver que los días pasan y la mentada renovación nomás no cuaja.
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En junio la excusa de los concesionarios para no modernizarse fue: “arreglen las calles para comprar las nuevas unidades”. ¡Hágame usted el favor!
A eso súmele que, según estimaciones de la propia autoridad, un 70 por ciento de unidades de transporte público circulan sin placas. ¿Con qué cara exigen?
Según se pretextó, este desorden se dio principalmente por la crisis generada por la pandemia del Covid-19, cuando muchos transportistas trasladaban personas sin contar con los permisos requeridos, ante la necesidad del servicio.
Pero la pandemia ya pasó y las irregularidades se quedaron. Actualmente no se detiene a la unidad de transporte que no tenga placas, al menos no hasta que se establezcan los programas de regularización para determinar la existencia de este tipo de unidades y regularizar su situación. Y eso sabrá Dios cuándo ocurrirá.
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Con un sistema BRT frenado, con centenares de unidades chatarra circulando por las calles, deficiencias en el servicio y la inconformidad de miles de usuarios, fue que asumió en julio la titularidad en la dirección de Transporte en la Zona Norte, Alberto “Beto” Martínez Baylón.
A su llegada, Martínez manifestó estar muy animado con la responsabilidad de su nuevo cargo, asimismo agradeció la determinación del secretario general para iniciar con resultados para mejorar el sistema del transporte público. Hasta a la prensa atendió durante esos primeros días.
Martínez Baylón vendría a coadyuvar en “las labores” del subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre Aguilera, quien a la fecha ha hecho nada para tener un mejor servicio.
Entre sus encomiendas tenía las líneas BRT1 y BRT2, mismas que no han arrancado cuando debieron de hacerlo hace meses. La pasividad se ha convertido en el gran bache que impide la movilidad de la ciudad y ha obligado a las autoridades locales a tomar determinaciones, como la apertura de carriles confinados.
Así, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar abrió primero el circuito conformado por el eje vial Juan Gabriel, bulevar Zaragoza y avenida Henequén. Luego, a través del Cabildo local, se decidió no multar a los usuarios del carril confinado en el bulevar Manuel Gómez Morín.
Pero, lo peor de todo es que el plazo para renovar las flotillas de autobuses que no deberían contar con más de 10 años de antigüedad, se venció el pasado 20 de julio y, luego de una prórroga, los ciudadanos comprobamos que sirvió para dos cosas: para nada y para pura vacilada.
Fue precisamente De la Peña Grajeda quien dio a conocer, el pasado 13 de julio, el estatus del transporte público en Ciudad Juárez, donde se encontraron 891 permisos vigentes, pero solo 412 (el 46 por ciento) estaban prestando el servicio y 479 concesiones permanecían sin operar.
La danza de los números en cuanto a la modernización ha estado tan sabrosa, que ya ha mareado a los usuarios que ven que las cifras van y vienen, pero siguen viendo las mismas chatarras circulando.
Ante la cerrazón que existe en la Dirección de Transporte, donde al parecer le han aplicado al titular la ley mordaza, ya que no emite declaraciones, Norte Digital preguntó al representante del Gobierno del Estado en la Zona Norte, Oscar Fidencio Ibáñez, sobre el estado actual de la modernización, la respuesta no fue del todo favorable.
Si bien el funcionario en todo momento atiende a los medios de comunicación, sus declaraciones suelen resultar más vacías que una bolsa de Sabritas. Cuestionado sobre el estado actual de cancelaciones de concesiones y sobre las nuevas unidades adquiridas, dijo no contar con esos datos.
“Lo que estamos haciendo ahorita es atender la cotidianidad”, sentenció. Brillante y lúcida respuesta.