En el año 2015, la fotografía de un indefenso niño sirio de tres años de edad, muerto boca abajo sobre la arena de una playa turca, conmocionó a la opinión pública mundial acaparando las portadas de los principales medios informativos internacionales.

Se llamaba Aylan Kurdi y su imagen, que estremeció la conciencia de una Europa hasta ese momento indiferente al drama de los migrantes, fue definida como una vergonzosa representación del mundo entero, poniendo en primer plano de atención el drama que vivían los migrantes en todos los rincones del planeta.

Parecía que el tema de la migración en el mundo había alcanzado el máximo nivel posible de drama y dolor humanos, augurando transformaciones radicales en las políticas internacionales relacionadas con el tema.

A ocho años de distancia, sin embargo, lo ocurrido el pasado lunes 27 de marzo en las instalaciones de la eufemísticamente llamada Estancia Provisional de Migración en Ciudad Juárez, revela que la situación ha cambiado muy poco, por no decir prácticamente “nada”.

La resonancia internacional que ha provocado el trágico incidente donde la vida de 39 migrantes fue cruentamente segada, acapara las portadas y los espacios informativos nacionales e internacionales, sacudiendo con fuerza las conciencias y el “establishment” del aparato de Estado en México.

“Muerto el niño, a tapar el pozo”, reza el conocido refrán con el que se plantea que, en muchos casos y particularmente en el marco de la política mexicana, solo hasta que sucede una desgracia es cuando toda la maquinaria se pone en marcha para remediar lo sucedido.

Solo que, en este caso, ni bastará con tapar el pozo, ni bastará con decir “lo siento”, ni bastará con condenar, lamentar y condolerse de los hechos, ante la vergonzosa y deplorable imagen que a nivel internacional proyecta nuevamente nuestra ciudad y nuestro país. Y eso en el caso de que se cierre el pozo.

De nuevo cuenta la atención mundial se centra hoy en el caso de la indignante, incomprensible, pero sobre todo absurdamente innecesaria muerte de 39 personas que vinieron a encontrar, en su intento de paso hacia el país vecino, el fatal abrazo de la muerte.

Ni los peligros de la selva del Darien, ni el acoso de asaltantes, ni los robos o abusos sufridos a manos de autoridades, ni golpes, ni accidentes, ni el embate del hambre o las violaciones o secuestros sufridos a lo largo del camino, pueden compararse remotamente con el abandono de que estos migrantes fueron objeto, a manos del humo y las llamas en una celda cerrada bajo llave.

Y no era desconocida la función carcelaria que desde hacía largo tiempo venían desempeñando esas instalaciones ahora clausuradas.

Una denuncia interpuesta por un grupo de ciudadanos turcos ante la CNDH a mediados de mayo de 2022, destapó las corruptelas existentes en el INM, cuando la CNDH emitió la recomendación 09/2023, que asentaba que seis de sus empleados eran señalados como responsables de actos de extorsión contra los migrantes.

Y adivine usted, amable lector, ¿en dónde permanecieron detenidos los ciudadanos turcos mientras eran objeto de los abusos detallados en la recomendación emitida por la CNDH?

¡Exacto! En la misma celda donde ocurrió el fatal incendio que ha sobrecogido a la comunidad internacional de un modo muy similar al de 2015 con la muerte del pequeño Aylan Kurdi.

Tardía fue la reacción de las autoridades federales, responsables de atender los asuntos migratorios a lo largo del territorio nacional, y desafortunada la declaración emitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera del día siguiente.

Dejando ver lo desinformado que está su grupo de asesores, el presidente confundió las instalaciones oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) en el área del puente Santa Fé, con las de un albergue para migrantes, además de exponer, en una primera instancia, que todo había sido iniciado por los propios migrantes al prender fuego a unas colchonetas.

De inmediato la prensa y las organizaciones derechohumanistas nacionales e internacionales hicieron eco de estas palabras calificando de “insensible y ofensivo”, tanto lo expresado por el presidente de México, como lo señalado en el comunicado oficial del INM.

Se acusó que, en ambos casos, lo que se pretendía era restarle gravedad a los hechos ocurridos y culpabilizar a las personas migrantes, según declaraciones oficiales de organismos como Amnistía Internacional (AI).

Fueron reiterativos los señalamientos de que las estaciones migratorias no son albergues, sino centros de detención, donde los migrantes permanecen bajo llave y privados de su libertad.

En un comunicado de la Organización de las Naciones Unidas, su titular António Guterres exigió una investigación exhaustiva de los hechos.

Eso fue poco antes de que empezara a circular un video grabado por las cámaras de seguridad del centro de detención, en el que se observa el momento en que inicia el fuego, y a dos empleados del INM abandonando el lugar sin acudir a abrir las puertas de la celda.

Ante la intensidad del escándalo y la condena internacional, las autoridades han tenido que realizar verdaderos actos de prestidigitación para buscar el modo de salir lo mejor libradas que sea posible.

El pasado 30 de marzo, la Fiscalía General de la República pareció abrirle una auténtica ventana de oportunidad para este propósito, al dar a conocer que se habían emitido seis órdenes de aprehensión contra funcionarios del INM y empleados de la Estancia Provisional.

Dos de los señalados son empleados de una empresa de seguridad privada que hasta el día del incidente prestaba servicios de vigilancia en el centro de detención.

Por si faltara algo para agregar al escándalo, el medio informativo Latinus reveló que esta empresa de seguridad privada es propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en el estado de Nuevo León, quien –según el medio– se ha beneficiado con más de 3 mil millones de pesos en contratos por parte del actual Gobierno de México.

En resumen, hasta ahora el Gobierno Federal no ha podido librar la presión generada por el candente problema que ha atraído ya a la ciudad a gran número de corresponsales de medios nacionales e internacionales.

Y esto sin faltar la incursión oportunista de políticos dispuestos a sacar tajada del incidente, como deja entrever la denuncia presentada personalmente en Juárez por Silvano Aureoles contra dos de las tres corcholatas presidenciables, entre otros casos.

Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, son las corcholatas que han sufrido el embate de la tormenta, poniendo en entredicho sus posibilidades de éxito en la búsqueda de la candidatura presidencial.

Como refrescos sometidos a una fuerte sacudida, las dos corcholatas han aguantado hasta ahora como han podido la efervescencia que busca hacerlas saltar de su privilegiada posición, no sin salir hasta ahora un tanto raspados y quemados de las manos en su alternada dinámica por lanzarse la candente papa caliente.

Una sacudida similar es la que se vive entre el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y el delegado de la Secretaría del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.

A lo largo de los últimos días, ambos funcionarios se han lanzado acusaciones de responsabilidad por el incidente, en una situación en la que Loera ha señalado al presidente municipal como promotor de conductas xenófobas y racistas por declaraciones adversas a la presencia de migrantes en las calles de la ciudad.

Por su parte, Pérez Cuéllar niega cualquier relación entre el incendio y los operativos para retirar a los migrantes de las calles, afirmando que Loera de la Rosa quizá pudo evitar la tragedia si trabajara en vez de criticar, pues de esa manera –dijo– se hubiera percatado de las condiciones en las que se encontraba la estación migratoria y posiblemente se hubiera evitado la tragedia.

En este marco de descalificaciones entre los representantes del poder, con una nueva oleada de migrantes llegando a esta frontera, y los ya presentes desde tiempo atrás pernoctando en las afueras del fatídico recinto migratorio exigiendo justicia y trato digno, se dio el pasado viernes la llegada del presidente López Obrador a la ciudad, en una visita agendada desde tiempo atrás.

Horas antes, el mandatario había matizado su narrativa inicial sobre la muerte de los migrantes, expresando que esta tragedia le había partido el alma y representaba el segundo momento más doloroso de su gobierno.

Ya en plena visita, cuando el convoy presidencial salía de una reunión oficial, fue abordado por decenas de migrantes que literalmente se volcaron contra su camioneta.

Ahí, la conducta de López Obrador fue de reserva y de expresiones de matiz irónico al responderle a una mujer que le pidió no hacer lo mismo que Estados Unidos con los migrantes.

“Que se me hace que te mandó Maru, mi amor”, fue la irónica respuesta del mandatario que, horas antes, había manifestado que la tragedia de los migrantes muertos en Juárez “le había partido el alma”.

Sin bajar de la camioneta ni atender a los migrantes presentes, que le pedían bajarse para hablar con él, López Obrador se alejó para continuar su agenda.

Horas antes y derivado del escándalo, también había anunciado la creación de un consejo para que no se violenten los derechos humanos de los migrantes, con la colaboración honoraria del padre Alejandro Solalinde Guerra.

Muy reiterativo, AMLO estuvo insistiendo en que esta iniciativa fue planteada diez días antes del incendió que costó la vida a los 39 migrantes.

Hoy la imagen que sacude al mundo no es la de un niño muerto en una playa del Mediterráneo, sino la de un video de escasos 32 segundos donde se muestra de manera más que dramática el proceso que llevó a la muerte a 39 migrantes encerrados bajo llave y abandonados a su suerte.

Ante tal imagen, no hay pero ni argumento que valga.

Muerto el niño, ¿de verdad taparán el pozo?