Cien millones de dólares al mes, mil 200 millones de dólares al año, es la sorprendente suma aproximada que recauda el crimen organizado en esta frontera, y solo estamos hablando del negocio de tráfico de personas.
Esta escandalosa estimación, basada en datos proporcionados recientemente por la gobernadora Maru Campos, asciende a más de 20 mil millones de pesos mexicanos, casi la cuarta parte del presupuesto total para el ejercicio 2023 del estado de Chihuahua, y más del doble del presupuesto anual para el municipio de Juárez.
El cálculo está sustentado en informes sobre el tráfico humano, basados a su vez en los números proporcionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), de organizaciones especializadas en el trabajo y atención a migrantes, así como en las declaraciones del titular de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, cuya cuenta arroja entre 80 y 100 millones de dólares que van, mensualmente, a los bolsillos de quienes controlan estas bandas criminales.
El tráfico de migrantes, sus actividades relacionadas, así como las grandes sumas de dinero que representa para la delincuencia, colocan a esta modalidad criminal en una categoría prioritaria, una que implica grandes retos en materia de seguridad.
A primera vista, las cantidades de las que hablamos podrían parecer una locura, una exageración, pero son el producto del trasiego, trata y secuestro de un promedio de 25 mil migrantes por mes, provenientes principalmente de Centro y Sudamérica, a quienes en promedio se les cobra 4 mil dólares para ser trasladados a los Estados Unidos.
En este contexto, y no conformes con el gran negocio que ya operan, las bandas criminales están secuestrando a los mismos migrantes que trasladan o se encuentran bajo su control, para luego pedir rescate a los familiares de las víctimas que ya residen en los Estados Unidos o Canadá.
Estamos frente a uno de los negocios criminales más redituables de nuestro tiempo, negocio ilícito que muchos colocan por encima de las drogas. Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas viven buenos tiempos, tiempos de bonanza, y trabajan en una frontera fértil, miope e indolente.
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El caso de los 13 migrantes mexicanos desaparecidos en el ejido El Mimbre, en el municipio de Coyame del Sotol, Chihuahua, es el claro ejemplo del dolor humano que provoca esta lucrativa y criminal actividad. También es ejemplo de la inacción y la podredumbre de nuestras autoridades y corporaciones de seguridad.
La desaparición de los migrantes ocurrió el 25 de septiembre de 2021, tras contratar los servicios de unos polleros que los internarían a la unión americana.
Sin embargo, en el trayecto fueron interceptados por un grupo criminal rival que los secuestró y asesinó. Según César Jáuregui, fiscal general estatal, se trató de una disputa entre el Cártel de Sinaloa y La Línea por el control territorial. Qué novedad.
Durante mucho tiempo nada se supo del paradero de los desafortunados migrantes, hasta hace unos días, cuando fue localizada una fosa clandestina y en ella sus restos mortales. Cada una de las víctimas habría pagado 4 mil dólares a los “coyotes”, según consta en los archivos periodísticos relacionados al caso.
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Esta disputa por el control del tráfico de personas en la frontera de Chihuahua con los vecinos estados de Texas y Nuevo México, está tiñendo de rojo las calles de Ciudad Juárez, en una guerra encarnizada entre grupos criminales que intentan apoderarse del control absoluto de este millonario negocio.
Las víctimas se cuentan por cientos en lo que va del año. Tan solo el pasado lunes 28 de agosto se cometieron en Juárez 16 homicidios. La mayoría de ellos, según afirmaciones del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, relacionados con ajustes de cuentas entre bandas rivales de traficantes de personas.
Apenas el 18 de julio del presente año se anunció a bombo y platillo el arranque de Unidos por Juárez, una “estrategia” encabezada por la Federación.
Ese día se informó a la ciudadanía que, entre los objetivos primordiales de este “nuevo esquema”, estaban el combate al tráfico de personas y el reforzamiento de la seguridad en las calles de la ciudad para disminuir la tasa de homicidios (delito en el que Juárez destaca a nivel nacional e internacional), narcomenudeo y el combate a las adicciones.
A la fecha poco se ha sabido de los resultados de “la estrategia” en la que, se supone, participan los tres niveles de Gobierno.
Más allá de que la muerte y el asesinato siguen siendo una constante en las calles y la estadística de homicidios continúa al alza, sin que nadie parezca poder detenerla, para los juarenses es cada vez más evidente la descoordinación que existe entre los distintos niveles de Gobierno, así como el gran descontrol que tienen en el ámbito criminal. Dieciséis asesinatos en un día es prueba suficiente de ello, ¿o no?
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La realidad de una ciudad como la nuestra pone en evidencia que la vida no vale nada, o casi nada. Aún subsiste en el imaginario colectivo el recuerdo de los años atroces de la mal nombrada guerra contra el narco, cuando las disputas entre grupos delincuenciales le arrebataron la paz a esta comunidad, dejando tras de sí una estela de horror y sufrimiento. Fue tal la degradación, que asesinar a una persona llegó a costar 500 pesos.
La disputa en aquellos años del sexenio de Felipe Calderón, residía en el control de las calles para la distribución y venta de estupefacientes, negocio que dejó miles de familias enlutadas y evidenció, además, la falta de resultados del aparato gubernamental en sus tres esferas para combatir la ola delincuencial.
Entonces, no es para sorprenderse que, ante tan elevadas ganancias, los integrantes de los distintos grupos delictivos que ahora pelean por el trasiego humano, hayan elevado la tasa de homicidios, y tampoco nos sorprendamos si este escenario, como el conejito Duracell, sigue y sigue.
Lo cierto es que la implementación de acciones, operativos y el supuesto reforzamiento de las estrategias de nuestros Gobiernos no están rindiendo frutos.
Los enfrentamientos son cada vez más violentos, al grado de que las células se arrebatan a los migrantes y los exterminan sin miramiento, sin que nadie haga nada para detenerlos, para poner orden.
La autoridad no existe, se desvanece ante los intereses de los criminales, mientras los hechos del día a día confirman corruptelas y complicidades, disimulos y beneficios económicos para todos.
Son comunidades enteras y miles de familias enlutadas las que sufren por la inacción o el fracaso de nuestros Gobiernos. Señores, se nos cuecen las habas por verlos maniobrar y asestar golpes efectivos para restablecer la paz. Nos urge verlos trabajando en el diseño y la implementación de una política integral de atención al fenómeno migratorio que no va a parar.