Después del confeti por la toma de protesta del nuevo Poder Judicial del Estado, ahora sí vienen todas las broncas y pendientes por resolver.

Una de las más críticas y más grillas es la adscripción o asignación para los juzgados y las salas regionales en el caso de las magistraturas.

El tema tiene en ascuas a todas las personas juzgadoras electas y de acuerdo a la normatividad, la tarea le corresponde al nuevo Órgano de Administración, el que apenas se terminó de conformar ayer, ya que tuvo que esperar a que el Pleno del Tribunal Superior aprobara, en su primera sesión, los tres nombres correspondientes al Poder Judicial.

No hay que olvidar que la nueva legislación estableció que el poderoso Órgano de Administración (de toda la lana y el recurso humano) lo integrarían cinco personas, tres a propuesta del Poder Judicial, una del Ejecutivo y otra del Legislativo.

Se cumplió el protocolo, por lo que Karla Esmeralda Reyes, Luisa Fernanda Márquez Picard y Eduardo Zacarías Gómez Bustamante fueron aprobados por el Pleno del Poder Judicial. Previamente, el Legislativo votó por unanimidad la designación de Judith Ávila Burciaga y por el Ejecutivo la responsabilidad recayó en Minerva Correa Hinojosa, la exconsejera de la Judicatura, la institución que desapareció para dar cabida al Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración.

Así que ayer apenas se acomodó el Órgano de Administración y hoy deberá entrarle duro a la tarea de resolver para dónde va cada quien.

En el caso de las 30 magistraturas, hay que definir en cada materia, quién se queda en Chihuahua capital y quién se va a las salas regionales de Juárez e Hidalgo del Parral.

Los 270 juzgados de primera instancia distribuidos en los 14 distritos judiciales, también deben de repartirse. Sin problema en los distritos pequeños, pero en los grandes, como el Bravos, que corresponde a Juárez, hablamos de 49 juzgados en materia Penal, 11 en Civil, 11 en Familiar, 9 de Laboral y 3 para Menores.

La incertidumbre viene por partida doble: tanto para las propias personas juzgadoras, como para todo el personal que no sabe qué nueva juez o jueza le tocará. Seguramente ya había algunas definiciones previas, pero todo deberá formalizarse en las siguientes horas, en una tarea a contrarreloj y de gran impacto para la justicia, ya que los juzgados y los tribunales se quedaron prácticamente en stand by.

Hay áreas críticas. En materia Penal, quién sabe qué haya pasado ayer con todas las audiencias de control de detención o con las audiencias que deben atender lo que llega por la ejecución de órdenes de aprehensión.

Cuando hay detenciones en flagrancia, también debe de resolverse inmediatamente, así que la materia no admite dilación. Es un mundo de casos en los 49 juzgados penales. Se calcula que cada día, en promedio, cada juzgado debe atender unas 10 audiencias de distinto tipo. Si se frena todo, simplemente colapsa el sistema.

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Cuando en la sesión solemne del Congreso del Estado, se les tomó la protesta a las personas juzgadoras, se enlistaron los distintos cargos: 5 magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, 30 magistraturas del Tribunal Superior y 266 para los Juzgados de Primera Instancia y Menores.

El punto es que en la estructura judicial, son 270 los juzgados. ¿Qué pasó entonces? Nada se dijo en la toma de protesta. Ni por parte de las diputadas y los diputados, ni del Poder Judicial. Ni por lo que se fueron, ni por los que llegaron.

Mirone se puso a investigar y de acuerdo a datos proporcionados por la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán Prieto, se trata de cuatro vacancias.

En dos juzgados nadie se registró para competir y en los otros dos, aunque inicialmente sí hubo candidaturas, después se presentaron declinaciones.

Es lo que pudimos saber. Faltó el detalle de los juzgados, respecto a los municipios y los distritos judiciales en los que operan.

Hay distritos judiciales muy complicados. Como el Distrito Andrés del Río o el Arteaga. El primero incluye los municipios de Guachochi, Batopilas y Morelos, el segundo los de Chínipas, Guazapares y Urique.

Ahí hay juzgados pequeños en poblaciones muy calientes por temas del narcotráfico, el pleito entre cárteles y la captura de las instituciones por los grupos criminales.

No se queda atrás el Distrito Hidalgo, con los municipios de Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, Hidalgo del Parral, Allende, San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Matamoros. Lo mismo el Distrito Guerrero, que incluye a Madera o el Distrito Galeana, con Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y Buenaventura.

Por ahí han de estar los juzgados que se quedaron acéfalos. Lo más interesante es que lo que procede es una elección extraordinaria. Así que todavía hay un tema importante qué desahogar para completar a cabalidad la renovación del Poder Judicial en Chihuahua.

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En el PAN no nada más hay grilla en torno a la renovación de los comités municipales. Simultáneamente está corriendo el proceso para la integración de un nuevo Consejo Estatal.

Ese proceso tiene su fase municipal. Quienes quieran llegar a la fase estatal, primero deben librar las asambleas locales.

Antes era muy peleado en el blanquiazul ser parte del Consejo Estatal, sobre todo porque en ese órgano recaía la decisión de elegir la presidencia del Comité Directivo Estatal. Pero hace rato que cambiaron los estatus y se supone que la elección se dejó en manos de la militancia (teóricamente).  A partir de ahí dejó de perder trascendencia el pertenecer a él.

Esa lectura se puede dar luego de ver los registros para Ciudad Juárez. Aunque el municipio puede aportar 12 nombres (6 de hombres y 6 de mujeres) para mandar a la elección de la asamblea estatal, resulta que únicamente cumplieron requisitos e hicieron el trámite completo, ocho personas, seis hombres y dos mujeres.

Así que en la asamblea del 21 de septiembre en Juárez, ni competencia habrá en este rubro, igual que por la presidencia del Comité Municipal, donde finalmente se decidió que fuera planilla de unidad.

Claro que al Consejo finalmente llega lo más representativo del panismo de todo el estado. Da su estatus ser parte de los 120 panistas que conforman su máximo órgano deliberativo.

Pero algo está pasando ahí, al menos en Juárez, porque aunque todavía deben de decidir importantes cuestiones presupuestales o incluso políticas de alianza electoral, ya no hubo tanto interés ni pelea por el espacio, lo que no es buena señal.

Por lo pronto, quienes seguramente se irán directo al Consejo (aunque todavía les podrían poner filtro en la asamblea estatal) son la exdiputada local Marisela Terrazas y la actual diputada Xóchitl Contreras. Fueron las dos únicas mujeres registradas.

Por los hombres están el candidato único a la presidencia del Comité Municipal, Ulises Pacheco, así como el dirigente interino saliente, el exdiputado local, Gabriel García Cantú.

No podía faltar quien es prospecto estrella rumbo al 2027, el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Sergio Nevárez. Igualmente dos operadores panistas que están en puestos clave de la administración estatal: el recaudador de Rentas, Raúl García Ruiz y el coordinador de Gabinete Zona Norte, Ricardo Vega.

El cuadro lo completó Alejandro León, un operador vinculado al exdirigente estatal del PAN, Gabo Díaz.

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Por terrenos de la grilla de Gobierno del Estado, quien sigue moviendo su ajedrez es Carlos Ortiz, el representante de la gobernadora Maru Campos en Juárez.

Ya tenía rato que le había echado el ojo al cargo del delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte, Jesús Pacheco.

El funcionario se puso de pechito con el manejo que realizó del tema de la publicidad gubernamental en el Estadio Juárez de beisbol, donde tenía manga ancha el Gobierno Municipal, aunque la infraestructura es estatal.

Nadie había reparado en eso hasta que Juárez (por cierto, con patrocinio del Gobierno local) a la final de la Liga Estatal de Beisbol, contra Dorados de Chihuahua. De un día para otro se retiró la publicidad municipal y se colocó la estatal, responsabilizándose de todo lo que había pasado al delegado del Instituto.

Así que fue obligado a renunciar por tener compromisos en otra parte. Pacheco era otra de las herencias del finado Javier González Mocken y sobres de esas posiciones anda el representante de la gobernadora en Juárez.

De tiempo atrás le tiene Carlos Ortiz sustituto a Pacheco. Hablamos de Enrique “Palmita” González, el exbasquetbolista chihuahuense que llegó a ser seleccionado nacional y también ha hecho carrera vinculado al manejo deportivo.

Cuando Ortiz era rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, llevó a Palmita como entrenador en baloncesto de los Toros Bravos, el equipo de esa institución educativa. Son compas y por ahí viene la tirada.

Lo mismo pasó ya con Manuel De Santiago, el priista que despachaba como coordinador Zona Norte en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech). Supo Mirone que quien fue haciendo su caminito de salida, fue precisamente Ortiz. Trae por ahí otro gallo como propuesta para fortalecer su equipo.

La herencia de Mocken fue amplia. Se cuenta entre las plazas que se quieren recuperar para operadores panistas o para cercanos al propio representante de la gobernadora, al subsecretario de Educación, Maurilio Fuentes, quien en principio se puso camiseta de funcionario tricolor, en los tiempos del también fallecido Héctor “Teto” Murguía.