Por lo visto, el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar sigue mandando en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Desde que el 23 de abril se dio el operativo de aseguramiento de la casa de El Campestre en la que residía el hoy candidato de Morena para la reelección en la alcaldía, se supo que fue él quien, vía el secretario César Omar Muñoz, ordenó la presencia de varias patrullas que se apostaron en El Campestre, justo cuando los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) encabezaban la diligencia con apoyo de elementos ministeriales.

Aquel episodio fue parte del telenovelón que derivó en la licencia para el jefe policiaco por su “angina de pecho”, cuando el alcalde en funciones, Martín Chaparro, hizo berrinche porque se supone que nunca supo de esa movilización de los muchachitos de Muñoz, quien, por cierto, ayer se regresó a su cargo.

Pues resulta que no quedó ahí aquella orden de mandar patrullas a un lugar donde no ocurría delito alguno y no tenía vela en el entierro ningún policía municipal.

Desde aquel 23 de abril, se ha mantenido la vigilancia con patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en las afueras de la vivienda asegurada por las instancias estatales y bajo control judicial.

Ni el Poder Judicial, ni mucho menos la FACH requirió de su presencia, pero ahí están día y noche cuidando los intereses de sus meros jefes municipales. Los únicos que en todo caso tienen justificación de estar ahí, son los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y eso a petición de la propia Fiscalía Anticorrupción.

Pero ahí están los agentes municipales, cuidando si alguien quiere entrar o salir de la residencia del 1564 de la calla Del Fresno, que también tiene un acceso por la calle Primavera, es decir, la parte de atrás. De ese lado también están los sellos que anuncian el bien asegurado. Y ahí es donde más fácilmente se pueden observar las patrullas municipales, ya que la Primavera no es de acceso controlado.

Tan irregular es esa presencia policiaca, que este Don se enteró que diariamente se agregan al expediente de la FACH sobre el caso las documentales de ese hecho, que también podría considerarse como un desvío de recursos.

¿Qué hacen afuera de la casa en la que residía el alcalde, los agentes y las patrullas que deberían de hacer sus recorridos en zonas conflictivas de la ciudad y atender los llamados ciudadanos ante las emergencias?

¿Acaso Martín Chaparro, el alcalde en funciones, ni cuenta se ha dado?

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Si la venganza es un plato que se sirve frío, al de Adriana Terrazas ya le está cayendo escarcha.

Si lo que quería era cobrar desquite de su “compañero de partido”, Cuauhtémoc Estrada, por los desaires que le hizo desde que asumió la presidencia del Congreso del Estado, tendrá que esperar para mejor ocasión.

La famosa inhabilitación electoral que pretendía la dos veces presidenta del Congreso del Estado en contra de Estrada, en cobro al intento que este hizo por expulsarla del grupo parlamentario del partido guinda y blanco, tendrá qué esperar.

El fallo que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) dejó sin efecto la sentencia del Tribunal Estatal en contra de Estrada.

No solo eso: le pidió al Tribunal local que no aplique sanciones con base en las actuaciones legislativas del demandado y la demandante. Dicho en lenguaje coloquial, que no se meta en donde no lo llamen, porque un tribunal electoral no es quién para dictar sentencias por lo que suceda en otro poder ya constituido, como es el Congreso.

Entonces, ¿qué sigue? Nada, que el Congreso inicie una investigación para determinar si Estrada, en realidad, ejerció violencia política de género contra Adriana Terrazas y, si fuera el caso, todavía estaría por verse si esa sanción ameritaría dejarlo fuera del proceso electoral en curso.

Por lo demás, el dictamen del Tepjf es muy claro al indicar que se debe analizar la actuación “entre pares”. Es decir, que se debe tomar en cuenta que el coordinador morenista y la presidenta del Congreso son legisladores, es decir, “pares”.

Si son iguales, ¿cómo el uno ejerció violencia política de género contra la otra? Al final, Adriana Terrazas se instaló en la silla mayor del Congreso y ni quién le dijera nada.

Por si fuera poco, las boletas ya están impresas y el nombre de Cuauhtémoc Estrada ya aparece en las que servirán para votar por diputado local por el VIII Distrito con cabecera en Juárez.

Así que, pues ya ni modo, ahí para la otra, a ver cuándo se le presenta la ocasión a Adriana de cobrárselas a su “compañero”.

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Lo que sucede en el municipio de Guadalupe, Chihuahua, es una muestra de las deficiencias de aquella reforma constitucional que permitió a alcaldes, diputados, regidores y síndicos postularse para una reelección de manera directa.

El pasado jueves 9 de mayo, el alcalde de Guadalupe, Fausto González, como quien dice fue y vino del cargo de presidente porque, primero pidió licencia para separarse con tal de registrarse como candidato, pero luego regresó a sentarse en la silla municipal.

A ver si le entendimos: a estas horas, el señor González es alcalde y candidato, las dos cosas a la vez.

Eso se veía venir desde que reformaron a mil por hora todo el marco constitucional y legislativo para que funcionarios electos pudieran irse de campaña sin dejar separarse del todo de su cargo.

En la capital, vimos algo parecido, cuando la síndica municipal, Olivia Franco, salió a hacer campaña pese a que todavía despachaba como titular de la sindicatura. Afortunadamente, corrigió a tiempo y pidió licencia.

Durante la sesión de Cabildo celebrada este lunes en Guadalupe, las cosas se pusieron tan mal que terminó en pleito que ni en las cantinas de mala muerte se ven.

Primero, Miguel Ángel Anaya, secretario General del Municipio, y quien despachaba como alcalde interino porque el titular se había ido de campaña, denunció una serie de actos de corrupción cometidos por González, cuando este se presentó a la sesión.

Mientras Anaya trataba de hacer gala de su elocuencia abogadil para fundamentar su permanencia como alcalde sustituto, González comenzó a empujarlo y hasta lo jaloneó del brazo.

Luego, uno de asistentes a la sesión se metió a poner en orden al alcalde-candidato y lo empujó contra una pared de tablaroca con tal fuerza que hasta el falso muro crujió como buñuelo al ser aplastado.

Todo por no haber hecho un marco jurídico en razón, que deje en claro que no se puede chiflar y comer pinole a la vez. O se es candidato, o se ejerce el cargo.

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A Mirone se le hace “muy ojona para ser paloma”, la posibilidad de que el mentado “rumbo desconocido”, con el que suelen huir los delincuentes, especialmente los dedicados al delito de homicidio doloso, llegue a su fin.

Sin embargo, llamó la atención que, con el uso de la Plataforma Centinela, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la recaptura de Jonathan R.S. y Oscar B.V., dos Personas Privadas de su Libertad que habían escapado del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores No. 3.

Hay varios factores que destacan en este operativo. Primero, que se recibió una llamada anónima y ¡se le dio seguimiento!; segundo, se echó mano de la videovigilancia y el análisis de imágenes, lo que, créalo o no, ¡arrojó pistas para dar con los prófugos!

Además de los dos jóvenes evadidos, se logró capturar a otros 8 presuntos cómplices, se aseguraron armas de fuego, vehículos y hasta 80 mil pesos, todo en menos de un día de investigación y actuación.

Este es un caso atípico, en el que el uso de las cámaras de videovigilancia tuvo un papel importante. Ojalá y continúen aplicándose ese tipo de tecnologías que, hay que decirlo, cuestan un ojo de la cara y no necesariamente se reflejan en la disminución de los delitos de más alto impacto.

No hay que olvidar que la SSPE, paga a la empresa que se llevó el contrato para la construcción de toda la Plataforma Centinela (incluyendo la Torre que se construye en Ciudad Juárez) casi mil millones de pesos al año. En total se destinarán para ese objetivo 4 mil 700 millones de pesos al final de la actual gestión.

Así que por lo menos, debe de servir para algo. En el caso que ya comentamos, se rompió la regla del mentado “rumbo desconocido”, –con la que autoridades justifican cuando se les pelan los malandrines–, pero habrá que estar muy pendientes de analizar el verdadero costo-beneficio.