Por practicar con singular alegría la opacidad, duro revés recibió la titular de la oficina en México de la Comisión de Límites y Aguas, quien se había negado a informar a la organización Árboles en Resistencia, sobre el terreno que cedió a la maquiladora Flextronics Automotive de México, para construir un estacionamiento.
El terreno en cuestión forma parte del parque público Niños Héroes, localizado por la avenida Rafael Pérez Serna y está localizado dentro de la superficie de El Chamizal.
La CILA se negó, en su momento, a mostrar el contrato de cesión que firmó con la empresa, haciendo valer sus argumentos de secrecía y seguridad de sus operaciones, por tratarse de una dependencia de nivel diplomático, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Lo cierto es que, a lo largo de su historia, la CILA se ha caracterizado por su opacidad y política de datos cerrados, por lo que el 22 de junio el activista Erick Saláis Ortega interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información, el cual fue admitido el lunes pasado para su estudio.
Ahora, el departamento jurídico de la CILA tiene solamente hasta el próximo lunes, para exhibir sus alegatos ante el Instituto de Transparencia o, en su defecto, proporcionar la información reclamada por Árboles en Resistencia.
La obra del estacionamiento que se encuentra en la etapa de movimiento de materiales antes de la pavimentación, deberá suspenderse hasta en tanto se resuelva el procedimiento.
El caso sienta un precedente, porque han sido generalmente las dependencias del sector federal, como Aduanas, Migración y CILA, por citar algunas, las que se mantienen fuera de las regulaciones que obliga la transparencia y la política de datos abiertos, sobre todo, cuando se trata de temas que afectan a la ciudad.
Como era de esperarse, la Comisión no ha hecho ningún posicionamiento al respecto, mientras que el dirigente de Árboles en Resistencia, Saláis Ortega, dijo que ahora “la Sección Mexicana de CILA tendrá que justificar su CORRUPTO actuar”. Tómala.
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A cuál de las autoridades locales de Chihuahua se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al exigir en su conferencia mañanera, una explicación por la impunidad y libertad de que gozaba el líder criminal El Chueco, asesino de los sacerdotes jesuitas, a pesar de tener una orden de aprehensión desde el 2018.
¿Aludió, sin decirlo, al gobierno de Javier Corral porque en su quinquenio fallido, El Chueco secuestró y asesinó al turista estadounidense Patrick Braxton, en una comunidad de Urique, y desde entonces andaba libre haciendo de las suyas en la sierra de Chihuahua?
O bien, ¿lo dijo en referencia al gobierno actual de Maru Campos, porque han transcurrido 10 días desde el triple homicidio y los cientos de soldados, guardias nacionales y agentes estatales que peinan la sierra no han aprehendido al asesino?
Esta es la segunda ocasión en que AMLO reprocha y evidencia la actuación del gobierno de Chihuahua. La anterior fue cuando se lavó las manos por el crimen de los sacerdotes y el guía de turistas, diciendo que era un asunto de competencia estatal por tratarse de delitos del fuero común.
Ahora que el presidente endurece el tono y pide explicaciones a fondo, no hay respuesta y la macro operación de captura del narco homicida no da resultados, a pesar de la recompensa de 5 millones de pesos que ofreció la Fiscalía del estado a quien lo ponga.
Por eso, el cuestionamiento por la impunidad de que gozaba el delincuente, que hasta un equipo de béisbol tenía, alcanza a las dos administraciones y da veracidad a la frase acusadora del jefe de la Nación: “Tenía que haber ahí contubernio con autoridades”.
Cuando dijo que esa perversa connivencia surge de los apoyos que se dan en campañas políticas, en estados que se descompusieron por completo, se refería sin duda, a los narco candidatos del grupo criminal de los Salazar, que en varios municipios de la sierra fueron impuestos postulados por el PRI y el PAN.
El asesinato de la periodista Miroslava Breach fue a consecuencia de las denuncias periodísticas respecto a esas complicidades, mientras Javier Corral la dejó a su suerte y varios de sus colaboradores más cercanos estuvieron involucrados.
Todo esto explica el tono rudo del Presidente, que también salpica al proceso electoral de Chihuahua del 2021, al mencionar que en esos estados que se descompusieron, “para imponerse y hacer fraude, tuvieron que hacer acuerdos con grupos dedicados a la delincuencia, y crearon monstruos y toda una red de complicidades y de componendas”.
Pero el señalamiento no paró ahí, sino que sugirió que, ante el contubernio entre autoridades y miembros del crimen organizado, es mejor cambiar a los funcionarios, como en Veracruz, donde el gobernador destituyó al fiscal general y los índices delictivos disminuyeron.
Te lo digo Juan para que lo entiendas Maru, fue el mensaje cifrado del jefe de la Nación que, a estas alturas, ya tiene al fiscal de Chihuahua poniendo sus barbas a remojar.
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Cambiando un poco de canal, la que ya puso en marcha una intensa actividad proselitista rumbo al 2024 es la diputada federal Daniela Álvarez.
Gestiones en dependencias estatales donde tiene vara alta, patrocinio de equipos deportivos, entrega de despensas en colonias proletarias y hasta volanteos en cruceros que comienza este jueves, forman parte de la estrategia que la legisladora puso en marcha el martes en la colonia Juanita Luna.
Poco más de 200 personas se le acercaron ese día, para recibir las bolsas con alimentos y solicitarle diferentes gestiones por la carencia de servicios básicos que tiene ese sector.
Como su actividad proselitista atrajo las miradas y críticas de panistas y morenistas, una líder de vecinos de la 4T le preguntó, con jiribilla, si esa colonia estaba dentro de su distrito como diputada, a lo que Daniela respondió “no está en mi distrito, pero está en mi ciudad”. Más claro ni el agua.
Por lo mismo, los activistas que la siguen afirman que están preparándose para la presidencia municipal en el 2024, aunque Daniela afirme que buscará su reelección como diputada federal.
En fin, la legisladora panista es la primera que se pone en marcha rumbo al 2024, aprovechando que los partidos rivales siguen dormidos en sus laureles, deshojando margaritas.