Apenas lleva un año con su contrato la empresa Adaca Medical y ya empezó a chafear en el servicio que debe otorgar a más de 25 mil derechohabientes vinculados a la administración municipal.
Se suponía que Adaca debería de mejorar el servicio, para que no siguiera ocurriendo lo que se sufría con el anterior prestador del servicio médico, pero hay quienes están convencidos que a la empresa que cobra 27 millones de pesos la atención médica, de plano le quedó muy grande el traje.
Sus ineficiencias acaban de generar que, en el Instituto Municipal de las Mujeres, digan hasta aquí llegó. El Instituto es un órgano desconcentrado del Gobierno Municipal con apenas 48 personas en su plantilla, pero padece el mal servicio igual que en todas las dependencias del monstruo burocrático.
Por eso su Consejo de Adquisiciones ya aprobó y tiene el aval de la administración municipal para dejar de recibir el servicio y mejor pagar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo estarán las cosas, que están convencidos de que en el IMSS tendrán una cobertura mejor?
Que no hay medicinas, que las cirugías se programan hacia el infinito, que se batalla con citas para especialistas, que la atención hospitalaria es deficiente en microhospitales o clínicas subrogadas por Adaca (el Star Médica les reserva muy escasos espacios), y que incluso la tramitología por incapacidades, está peor que nunca.
El caso es que en el Instituto Municipal de las Mujeres no se quedaron con los brazos cruzados, se hartaron del call center que batea siempre las citas médicas, y de la saturación en la clínica de la Santiago Troncoso, por lo que ya obtuvieron la autorización en su Consejo para contratar al IMSS.
A ver qué pasa con su ejemplo en el resto de la administración municipal, porque el servicio lo sufren todos por igual.
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La guerra de acusaciones en torno a la crisis migratoria subió de tono ayer con las declaraciones del alcalde Cruz Pérez Cuéllar en su conferencia semanera de los lunes.
Ya habíamos dicho aquí que la gobernanza migratoria difícilmente se podría construir con una radicalización de posturas, alimentada por los afanes electoreros de los distintos actores. Pues parece que esa espiral no terminará hasta que concluya el proceso del 2024.
La posición de Cruz fue una respuesta a la serie de señalamientos que llevan más de una semana desde la esfera estatal, culpando esencialmente al Gobierno Federal de no bajar a los migrantes del tren antes de su llegada a territorio chihuahuense.
El alcalde dijo que tanto el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, como el fiscal general César Jáuregui, parece que tomaron clases con Donald Trump por sus posturas inti-inmigrantes. Hasta el apellido les cambió y les puso el del expresidente de Estados Unidos, al asegurar que quieren culpar de todo lo que pasa en Juárez a los migrantes.
Anda muy rebotada el agua. El propio Cruz, en su momento, fue acusado de xenófobo por representantes de la 4T, como el superdelegado Juan Carlos Loera de la Rosa, por aquellas declaraciones de que la paciencia se agotaba con los migrantes y por los operativos municipales de detención y reubicación de personas en condición de movilidad.
Pues ahora el alcalde acusó al Gobierno del Estado de orquestar una campaña para criminalizar a los migrantes, pero todo con un fin meramente político-electoral. Principalmente, hizo referencia a las declaraciones del fiscal que vinculó a migrantes con hechos criminales.
También se refirió a declaraciones del director ejecutivo de la Junta Municipal de Aguas, Sergio Nevárez, respecto al riesgo de desabasto por la llegada de más migrantes a la ciudad. El posicionamiento de Nevárez fue la cereza del pastel en el nado sincronizado para cargarles toda la culpa a las personas en condición de movilidad.
“El arribo a la localidad de un sinnúmero de migrantes hace que la cantidad de habitantes vaya en aumento, con ello también el consumo de agua potable, lo que hace el tiempo de vida de los acuíferos se reduzca con mayor rapidez”, señala un comunicado de prensa de la JMAS, que se envió a medios con el siguiente título en letras mayúsculas: “LOS MIGRANTES INCREMENTAN EL CONSUMO DE AGUA EN LA CIUDAD”. Una verdadera joyita si de analizar campañas xenofóbicas se trata.
Por cierto, ayer se informó que siempre no se instalará en la zona de Anapra el albergue temporal que se había anunciado, esto después de la encerrona entre autoridades para atender el incremento en los flujos migratorios.
El albergue se habilitará en Hacienda de las Torres, cerca del bulevar independencia. Se suponía que se iba a atender la necesidad de los migrantes de estar cerca del río, lo que no ocurre con la nueva ubicación, por lo que duda este Mirone que resulte atractivo para quienes prefieren tomar los espacios públicos cercanos al bordo fronterizo.
Por lo pronto, se anunció que todos los insumos los pondrá el Instituto Nacional de Migración, mientras que el Gobierno Municipal colaborará con el personal necesario.
En lo que toca al Gobierno del Estado, por medio del representante Zona Norte, Oscar Ibáñez, se puso ayer de nuevo el énfasis en los paros técnicos en la industria, vinculados al embudo en que se han convertido los cruces internacionales, en parte por los distracción del personal estadounidense en la atención de las solicitudes de los migrantes, y en parte por la ralentización de las revisiones ordenadas por el gobernador anti-inmigrante Gregg Abbott, también orientado por sus intereses políticos.
INDEX Juárez aclararía más tarde que únicamente hubo paros técnicos en dos empresas la semana pasada, aunque ya se regularizó su actividad.
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No únicamente el tema de paridad de género les va a mover el tapete a partidos y suspirantes respecto a sus planes para el 2024.
Hablando de democracia incluyente en el terreno federal, el Instituto Nacional Electoral determinó que, para las diputaciones, los partidos deben de considerar al menos 30 fórmulas integradas por personas indígenas, de las cuales 18 habrán de ser por el principio de mayoría calificada y 12 por el principio de representación proporcional, es decir, las llamadas “pluris”.
Las personas de pueblos originarios también deberán quedar en las papeletas electorales para las senadurías. Al menos serán tres fórmulas por mayoría relativa y dos por representación proporcional.
Ahí no para la cosa. También hay acciones afirmativas para personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, en pobreza y mexicanas migrantes residentes en el extranjero.
Para toda esa diversidad los partidos deben reservar 20 fórmulas a diputaciones (al menos dos por mayoría calificada y ocho por representación proporcional), y cuatro senadurías. Los partidos políticos y coaliciones deben postular al menos una fórmula por cada acción afirmativa en cualesquiera de los principios (de mayoría y “pluris”).
Las acciones afirmativas alcanzan también el plano estatal e incluyen la integración de los órganos electorales.
En el estado de Chihuahua ya se marcó un precedente nacional con una sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral en la que ordena que, en cada una de las 67 Asambleas Municipales, ya muy próximas a integrar, se incluya al menos a una persona perteneciente a uno de los grupos vulnerables, para que participe activamente en la organización de las elecciones.
La sentencia del TEE se generó por una impugnación a los criterios del Instituto Estatal Electoral en torno a la convocatoria para la conformación de las asambleas municipales, ya que no había considerado esas acciones afirmativas.
Por cierto, el plazo para la inscripción y registro en la convocatoria vence el 7 de octubre. El Consejo Estatal del IEE acordará la designación de los integrantes el 1 de diciembre, para que las asambleas queden instaladas entre el 6 y el 11 de diciembre de este año.
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De tumbo en tumbo, de ocurrencia en ocurrencia, de parche en parche, así van resolviendo los responsables del transporte público en relación al malogrado proyecto de rutas troncales, o BRT (las siglas en inglés por Bus Rapid Transit) en Ciudad Juárez.
Primero dejaron caer completamente el BRT-1 o primera ruta troncal y ni siquiera cuidaron que no se vandalizara la infraestructura que recién se había ampliado y rehabilitado. Y ahora, luego de dos años ya de la gestión estatal contratan personal, nada menos que 200 guardias para vigilar paraderos que son inservibles porque nadie usa, para empezar porque ni siquiera camiones hay.
La situación se repite en paraderos de las dos rutas troncales, donde los guardias hasta memes en redes sociales han generado porque con letreros deben de avisar a los supervisores cuando que no están, si es que tuvieron que ir al baño, o les tocó su día de descanso.
Tampoco supervisores sobran en Transporte Público, pero ahora deben de revisar que los guardias asistan a los paraderos que nadie utiliza. Mientras, en las rutas regulares, los choferes hacen, como siempre, lo que les viene en gana con los usuarios.
Ya no sabe Mirone si reír o llorar, ante cada resbalón en el sistema de transporte. Sin camiones nuevos, sin rutas troncales y con la deficiente cobertura de las alimentadoras, simplemente el juarense sigue sufriendo del peor transporte de la historia. Ni cuando operaban las ruteras en las camionetas tipo Van, estábamos tan mal en cobertura y servicio.