En varias pistas se desahogan todos los pendientes antes del relevo en el Poder Judicial que debe de concretarse el 1 de septiembre.

Uno de esos pendientes requiere de acuerdo político entre los partidos para aprobarse en el Congreso del Estado con mayoría calificada, es decir, con 22 de los 33 votos.

Se trata de la designación de los cinco integrantes del Órgano de Administración del Poder Judicial, nuevo ente que consideró la reforma para separar esas funciones de las de control y vigilancia que se depositaron en el Tribunal de Disciplina Judicial.

Antes de la reforma, la cuestión administrativa, lo mismo que la función de vigilar y sancionar la actuación de las personas juzgadoras, estaba en manos del Consejo de la Judicatura.

Lo administrativo no se sometió a elección como sí ocurrió con los espacios del Tribunal de Disciplina y ahora está ahí la rebatiña por el control del órgano que manejará los recursos humanos y materiales de todo el Poder Judicial.

La legislación estableció que al Poder Judicial le corresponde proponer tres espacios, uno al Ejecutivo y otro más al Legislativo. Pero ningún poder se manda solo y debe de haber palomeo en Palacio y acuerdo entre las principales fuerzas políticas.

Mirone logró conocer tres nombres que serían impulsados por el grupo mayoritario del PAN, con el aval de Palacio, por lo que es muy probable que uno o hasta los tres aparezcan entre las propuestas del Poder Judicial y el Legislativo.

Hablamos de Minerva Correa, Karla Reyes y Carlos Lascurain.

Minerva es una reconocida panista que antes de trabajar en el Poder Judicial, fue regidora del Ayuntamiento de la capital del estado.

En octubre de 2019, la abogada especializada en Derechos Humanos y prevención de la violencia, fue designada por Javier Corral como consejera del Consejo de la Judicatura, aunque era parte de la planilla que acompañaba a Maru Campos en el Ayuntamiento. Minerva Correa sustituyó en el cargo a Lucha Castro.

Luego sería ratificada como representante del Poder Ejecutivo por parte de la gobernadora Maru Campos. En la pasada reforma e incluso en la elección judicial, fue operadora de Palacio, con todas las confianzas de la mandataria.

Karla Reyes también viene del mismo Poder Judicial. Es magistrada saliente y antes se desempeñó como jueza. En diciembre del 2023 fue electa por el Congreso del Estado como magistrada definitiva de la Primera Sala Familiar. Antes fue magistrada provisional en sustitución de Gabriel Armando Ruiz, quien se fue entonces al Consejo de la Judicatura.

No compitió en la elección así que no hubo forma de que siguiera como magistrada, pero está perfilada ahora para el Órgano de Administración.

El tercer nombre es el de Carlos Lascurain. Seguramente será la propuesta del Ejecutivo. Lascurain es un veterano panista que trabajó en la administración estatal de Pancho Barrio y también colaboró en los Gobiernos federales de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Actualmente es el titular de la Dirección General de Administración del Poder Judicial, por lo que seguiría prácticamente en lo mismo.

Pero falta ver qué dicen sobre esos nombres las presidentas del Tribunal Superior de Justicia, tanto la saliente Myriam Hernández, como la entrante, Marcela Herrera, quienes también podrían presentar sus propuestas. Sobre todo, falta que se conozca qué otros nombres quieren impulsar Morena, el PRI, o los chiquipartidos como parte de la negociación política.

En esta semana deberá haber definiciones al respecto.

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El Informe Anual de Avances de la Auditoría Superior del Estado (ASE) contiene un resumen estadístico sobre el trabajo del ente fiscalizador que ha derivado en denuncias penales, pero resulta que el seguimiento que realiza la ASE no deja muy bien parado a las instancias perseguidoras del delito.

Algo se está haciendo mal en esa etapa crucial del combate a la corrupción porque pocos casos se llevan hasta el final, una vez que se convierten en materia penal. El resultado es que prevalece la impunidad.

Si se revisan las tablas con el concentrado del estatus de las denuncias penales derivadas de la revisión a las cuentas públicas, presentadas después del 2019, se puede observar una importante cantidad de casos en que se reporta el estatus todavía en investigación inicial ante el Ministerio Público. O sea que ahí están, pendientes, sin avanzar.

En ese estatus se encuentran carpetas viejas sobre el Municipio de Juárez, sobre el de Manuel Benavides, o Guachochi. Lo mismo que en el municipio de Hidalgo del Parral.

Además, sí se reportan muchos casos concluidos, pero cuando se establece el tipo de conclusión, la mayor parte fue porque el Ministerio Público se abstuvo de investigar, o decidió el no ejercicio de la acción penal. En ese caso hay carpetas en contra del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el Municipio de Camargo, el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario, Matachíc y hasta el Tribunal Superior de Justicia.

Pocos casos en verdad se llevan hasta el final, como ocurrió a la revisión de la cuenta pública de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. El asunto concluyó con un procedimiento abreviado, lo que implica que hubo reconocimiento del responsable y se dictó una sentencia reducida. Lo mismo pasó con un caso del municipio de Saucillo.

En otros expedientes, como uno del municipio de Nuevo Casas Grandes, el estatus se reportó con un auto de vinculación a proceso y en otra carpeta del Instituto Chihuahuense de la Salud, el responsable quedó en libertad apegado a criterios de oportunidad (esos que se utilizan para ir por un pez más grande).

Con autos de vinculación a proceso se reportaron procesos en torno a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el municipio de San Francisco del Oro. Sin embargo, la gran mayoría se queda en la investigación inicial.

Si hablamos de denuncias que llegaron a la etapa prejudicial vía denuncia de Asuntos Internos, pasa casi lo mismo: varios casos en investigación inicial y otros que concluyen con el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Pocos casos concluidos completamente, como uno que se llevó en contra de la propia Auditoría Superior, por hechos del 2013. Contra la misma ASE, quedó el registro de varias suspensiones del proceso.

También está un apartado de ampliaciones de denuncias. En un caso en contra de la Promotora de la Industria Chihuahuense, sí hubo conclusión; se resolvió con responsabilidad, reparación del daño y sanción de multa.

Se extienden los listados pero sin estatus favorable. Hay incluso por ahí una conclusión por prescripción del delito en el Instituto Chihuahuense de la Salud.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción ha llevado a varios exfuncionarios a la cárcel, la verdad es que trae muchos pendientes por resolver.

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Y eso que todavía zumba para que arranquen los procesos del 2027, pero la actividad partidista anda frenética por todos lados.

Chihuahua está en la mira nacional porque el PAN quiere mantener al estado pintado de azul. Nomás le quedan cuatro estados en su poder. Y Morena intentará llegar por primera vez a la silla del Ejecutivo estatal.

Así que los blanquiazules ya le andan echando toda la carne al asador, aunque sea de manera anticipada y aquí estarán esta semana varios integrantes de la Cámara Alta, empezando por Ricardo Anaya, entre los más mediáticos, únicamente detrás de la senadora Lilly Téllez, quien no está considerada en la agenda.

El exdirigente nacional, Marko Cortés y otras figuras como María de Jesús Marmolejo, Gertrudis Camposano, Gustavo Sánchez y Ana Morales, están en la lista de quienes llegarán a Chihuahua el próximo jueves 28, a invitación del senador Mario Vázquez y de la propia gobernadora Maru Campos.

El grupo de senadores aprovechará el viajecito para seguir tundiendo los proyectos de reforma electoral y otros cambios federales consumados por la 4T.

Por el lado de Morena, también hay preparativos para el fin de semana porque viene al estado la presidenta nacional Luisa María Alcalde.

Tendrá en la capital del estado su conferencia después de la mañanera presidencial y seguramente se irá duro contra el Gobierno estatal blanquiazul.

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Quien se dio su vuelta por Juárez fue la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán Prieto. Como el IEE no únicamente organiza elecciones, sino que tiene la obligación de trabajar permanentemente en la promoción de la cultura democrática, trae la difusión de tres convocatorias a premios diferentes.

En eso anduvo Yanko, junto al consejero Gerardo Macías. El que ya está bastante arraigado e institucionalizado es el Premio Anual a la Participación Ciudadana Paquita Jiménez. Este 2025 trae tres categorías.

Una es la de “Trayectoria” para reconocer a una persona que haya influido de manera positiva en el fortalecimiento de la cultura cívico-democrática y/o promoción de la participación ciudadana dentro del estado. Otra es la de “Organización”, cuando el esfuerzo es colectivo.

Este año se agregó la categoría “Poblaciones Históricamente Vulneradas”, para reconocer a personas u organizaciones que se hallan enfocado en la promoción y defensa de población vulnerada, tales como mujeres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes, comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual o personas con alguna discapacidad.

El Premio Paquita Jiménez entrega 33 mil pesos a los ganadores de cada categoría, además de un galardón y diploma.

También se presentó la convocatoria para el “Concurso Nacional de Oratoria Dr. Belisario Domínguez Palencia”, que tiene una etapa estatal con premios desde 5 mil hasta 15 mil pesos, para jóvenes de entre 18 y 29 años.

El premio nacional llega a los 40 mil pesos para el primer lugar, 23 mil para el segundo y 18 mil para el tercero. Como institución organizadora, junto con el IEPC Chiapas, el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Comitán, el IEE cubrirá el traslado a Chiapas de las personas ganadoras.

Hay otra convocatoria nueva. Por primera vez el IEE lanza el Muro Cívico, una iniciativa para promover la educación cívica y la participación ciudadana por medio del arte urbano.

Colectivos, artistas o incluso personas que no tengan experiencia como muralistas, presentarán proyectos de murales que inspiren igualdad, inclusión y valores democráticos.

Quienes resulten seleccionados (un proyecto por cada una de las siguientes ciudades: Juárez, Parral, Chihuahua, Delicias y Camargo) recibirán 22 mil pesos y los materiales para trabajar. Ya están apartados los espacios para el mural. En Juárez se pintará en un muro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH.