Las siguientes semanas serán de grilla universitaria. Se le acabó el veinte a Juan Ignacio Camargo Nassar y deberá elegirse nuevo rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para los próximos seis años.
La pregunta clave en este momento es si habrá o no proyecto alterno al que se construyó con debido tiempo por el propio grupo en el poder universitario, en torno al secretario general, Daniel Alberto Constandse Cortez, el primero en la línea de sucesión.
Con él al centro, se han construido acuerdos internos y en esa misma línea se trabajó desde el año pasado en la integración de consejeros aportados por los directores de distintos institutos.
Además, es sabido que, hacia fuera, tanto el propio Constandse como el rector saliente, han trabajado en planchar la sucesión y lograr todos los avales posibles para vender una tersa transición.
Históricamente, la sucesión universitaria toca base en Palacio de Gobierno. Depende de cada titular del Ejecutivo qué tanto se opera o qué tanto se deja correr, pero hay generalmente un acuerdo político.
Hasta ahorita no se ve que haya una apuesta distinta a la de Constandse. En alguna parte del proceso se llegó a mencionar el nombre de Oscar Ibáñez, el todavía representante de la gobernadora Maru Campos en Juárez, pero realmente no se ha visto operación a su favor.
El año pasado, incluso se llegó a enlistar a algunos de los directores con conexiones a Palacio, que bien podrían considerarse como cartas de la gobernadora, pero igualmente, no pasó de ahí.
Por ejemplo, se llegó a señalar a Lupita Gaytán Aguirre, la directora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), por una relación personal directa de la mandataria con su familia, además con afinidades al PAN.
Lo mismo se dijo en torno a Flor Rocío Ramírez Martínez, la directora de Extensión y Servicios Estudiantiles.
Otro nombre que se escucha desde el año pasado es el de Francisco Javier Llera Pacheco, quien si bien tuvo acercamientos con el PAN cuando colaboró en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo de Maru Campos, se le ubica más como una acreditada voz crítica, tanto de los procesos internos de elección como de la vida académica, con sus normativas, estructuras y procesos.
Muy posiblemente Llera aparezca de nuevo ahora que se publique la convocatoria, pero sería más como un proyecto disidente.
Hay otro nombre que también ha sonado. Es el del director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, Juan Francisco Hernández Paz. En alguna etapa anterior intentó que el proyecto de sucesión se articulara en torno a él y bien podría intentarlo de nuevo, o quedar ahí como un Plan B.
Todos los actores señalados han estado en el juego desde hace tiempo, lo nuevo son los nombres que hoy se manejan bajo la lógica de la fuerza que ha adquirido Morena.
En ese contexto se ha llegado a mencionar al académico Adrián Ignacio Rodríguez Almeida, por su cercanía con la senadora electa Andrea Chávez; lo mismo con Deirdré Bazán, por ser parte del equipo de Juan Carlos Loera.
Sin embargo, tampoco hay reportes de algún tipo de operación en ese sentido. Suena lógico que quienes traen proyectos futuros piensen en incidir o ampliar su influencia en distintos escenarios, pero los tiempos ya no parecen dar para articular alguna alternativa, sobre todo por el control del Consejo Universitario que se trabaja con mucho tiempo de anticipación.
Claro que no se descarta que esos u otros nombres aparezcan ahora que se abra la convocatoria. Siempre se pueden generar nuevos espacios de negociación o de presión para ganar algo ahí donde no se tenía nada.
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Otro proceso de elección y grilla, marcado por negociaciones, acuerdos y lineazos, corre en paralelo y también con tiempos limitados en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Se supone que hay trajes a la medida, pero se tienen que cumplir con las formalidades y actualmente está abierto el registro de aspirantes para ocupar las dos magistraturas más que se sumarán al TEJA, conforme a la reforma recientemente aprobada por el Congreso del Estado.
La convocatoria se abrió el 17 de julio y hasta ahorita se conocen los nombres de cuatro aspirantes registrados. Se trata de Jorge Luis Chávez Domínguez, Fuad Georges Farah Valdez, Jesús Mauricio Delgado González y José Carlos Medina Armendáriz.
Todavía no ha trascendido si en esa primera lista están aquellos para quienes serán reservados los espacios con ingresos de 160 mil pesillos mensuales, o si se trata de chihuahuenses que confían en que habrá verdadera competencia de méritos.
A ver cuántos más se anotan, ya que el plazo vence el 30 de julio. Luego empezará la revisión de documentos y se programarán las entrevistas con los integrantes de la comisión especial formada por representantes de los tres poderes.
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Otra vez no le fue bien a la ciudad en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
De acuerdo con el ejercicio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), casi siete de cada 10 juarenses se sienten inseguros en su ciudad.
En el segundo trimestre de 2024, el 69.4 por ciento de los encuestados dijo sentirse inseguro. Incluso aumentó la percepción de inseguridad en relación al anterior trimestre, que fue del 66.9 por ciento.
Los resultados de la ENSU coinciden con lo que todo mundo está viendo en las calles. Casi a diario aparecen personas muertas, encobijadas o embolsadas.
Ayer mismo no fue la excepción. En los parajes desérticos del fraccionamiento Sierra Vista, se encontró el cadáver de un hombre, envuelto en una cobija.
Además, se están volviendo cotidianos los ataques armados en la vía pública, como en el caso de dos abogados abatidos en el interior de sus vehículos.
También se reportó un repunte en cuanto a experiencias de conflictos o enfrentamientos con familiares, vecinos, compañeros o autoridades. En el primer trimestre de este 2024, respondieron afirmativamente el 34.5 por ciento de los juarenses; sin embargo, para el segundo trimestre, la respuesta alcanzó hasta el 44.4 por ciento.
Muy poco han logrado las autoridades policiacas con sus operativos que suelen ser esporádicos y momentáneos.
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Inspectores de la Dirección de Ecología Municipal andan hechos la mocha por avenidas principales de la ciudad cazando a los automovilistas cuyo engomado de verificación vehicular ya está vencido.
No buscan a los dueños de las unidades precisamente para concientizar de que deben traerlos bien afinaditos para evitar daños al medio ambiente, sino para aplicarles la multota de 2 mil 171 pesos que conlleva esa violación.
Para las unidades ostentosamente más contaminantes, la infracción será mayor y llega a los 2 mil 714 pesos, cantidades muy superiores a los 325.71 pesos que cuesta la verificación, aunque habría que agregarle la inversión del “tune up”.
Lo que sorprende, comentaron a Mirone automovilistas que ya fueron abordados por la autoridad, es el hecho de que cuando los inspectores detienen a un vehículo ya van con conocimiento de causa con relación a que no renovaron la verificación ecológica.
Los vigilantes portan terminales con un sistema al que puede introducir las placas de cualquier unidad y arrojará si su engomado está vigente o no.
El abordaje no es como la mayoría de las personas cree que se lleva a cabo, deteniendo a ojo de buen cubero a los automotores “sospechosos” de tener o no la revisión de emisiones actualizada, sino que paran a los infractores porque ya traen los pelos de la burra en la mano.
Justo es comentar que el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez establece en su Artículo 87 que cuando un conductor sea infraccionado por omitir el documento ecológico, dispondrá de un término de 30 días naturales a partir de que le impusieron la infracción para beneficiarse con un descuento hasta el 100 por ciento del monto de la multa, aunque para reincidentes no habrá tal gracia.
Sin embargo, tal parece que los conductores fronterizos prefieren sacarle la vuelta al ecológico y arriesgarse a toparse con los inspectores que patrullan las calles, pero como comentaron quienes ya enfrentaron esa experiencia, los guardianes del medio ambiente ya van con piquete directo. Aguas.