La simulación política se impone en Chihuahua. Ni división real de poderes, ni democratización de los procesos para seleccionar a quienes deben integrar los órganos autónomos, ni garantía de que las mejores mujeres o los mejores hombres encabecen las instituciones.

Así se puede resumir el saldo en dos coyunturas críticas que pasan actualmente por el Congreso del Estado: la elección de quien encabezará la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la reforma judicial con énfasis en el mecanismo de selección de nuevas magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

No por previsible deja de generar incredulidad, asombro y desconcierto, lo ocurrido hasta ahora en el proceso de sucesión en la CEDH, el organismo público autónomo, creado con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.

Desde que se lanzó la convocatoria y luego se registró para el cargo el abogado Javier González Mocken se delineó una lectura que entonces parecía demasiado simplona: si aparecía el nombre del político juarense era porque traía ya el aval del grupo gobernante del que claramente forma parte, primero porque fue lanzado por el PAN como candidato a la alcaldía en 2021, y luego porque fue compensando por esa aventura política con la integración al Gabinete estatal, como secretario de Educación y Deporte.

Ni siquiera salió del Gabinete por los duros cuestionamientos que enfrentó al ser cabeza del sector cuando el escándalo con tufo de corrupción por la compra de uniformes caros en el Colegio de Bachilleres de Chihuahua tumbó al titular Marco Licón.

Se le concedió salida por verdaderos problemas de salud que después resolvió para regresar ahora a la escena pública, sin que pueda quedarse al margen de la polémica que su solo nombre y sus antecedentes generan.

Son su currículum y su historia de vida lo que hace tan cuestionable su elegibilidad para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un ente que se supone debe de ser completamente apolítico y regirse con visión y principios técnicos; independiente e imparcial, con titulares que carguen trayectorias de congruencia y firmeza en el trabajo por los derechos humanos.

Un político chapulín está muy lejos de cumplir con ese perfil. Como priista de cepa llegó a ser alcalde suplente, ya que tenía todas las confianzas y operó en equipo para el exgobernador que hoy está preso por presuntos delitos de corrupción, César D. J.; después, fue candidato bajo las siglas de Morena, pero acabó buscando el mismo cargo de alcalde bajo el cobijo del PAN, el partido que se coaligó con el PRI, donde González Mocken sigue teniendo sus querencias.

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Es una burla la pretensión de convertirlo en presidente de la CEDH. ¿Alguien puede pensar en serio que González Mocken tendría autoridad moral para actuar en algún caso de violación de derechos humanos que se relacione con la burocracia estatal o con ese grupo político del que forma parte?

No únicamente se está pasando por alto el evidente perfil de político partidista que choca con la esencia del cargo para un ombudsman, también la probada falta de credenciales o de experiencia en materia de derechos humanos.

El apartado número IV de la convocatoria pública lo establece claramente en los requisitos: “Acreditar 5 años de experiencia en el área de promoción, respeto y protección de los derechos humanos. Dicha experiencia deberá ser comprobable mediante documentos expedidos por autoridades, organismos públicos y/u organizaciones en la materia”.

En las mismas bases de la convocatoria se detalla la documentación que al respecto se debía de presentar: una relatoría de no más de dos cuartillas con la experiencia específicamente en esa materia, así como las copias simples de las documentales que acrediten lo anterior.

Llana y públicamente, los requisitos fueron incumplidos por González Mocken. No acreditó la experiencia de cinco años ni anexó documental alguna.

Únicamente expuso en cuatro párrafos su experiencia que se remite al cargo, por un año, de 2009 a 2010, como titular de la oficina de Coordinación de Quejas y Denuncias del Operativo Conjunto Chihuahua en el Gobierno municipal encabezado por José Reyes Ferriz.

Aseguró el aspirante que pudo atender ahí 2 mil quejas contra violaciones de derechos humanos por parte de elementos del Ejército y la Policía Federal y destacó que puso “un freno a los abusos de los que fueron objeto (los juarenses)”.

Eso fue todo. Agregó además que “en diferentes puestos que me he desempeñado durante toda mi vida, siempre he sido defensor y procurador de los derechos humanos, encausando actividades que promueven la protección de los mismos. Así como coadyuvando en la misma tarea con otros organismos similares en pro de los derechos humanos de la población chihuahuense”.

Tenía hasta dos cuartillas para explayarse, pero su experiencia le dio nada más para cuatro párrafos.

Sin embargo, fue la persona a la cual los diputados le dieron la más alta calificación en un proceso de evaluación al que sometieron a 27 aspirantes. El abogado que trabajó muchos años en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez obtuvo 86.17 de 100 puntos posibles.

Para esa valoración se tomó en cuenta el currículum, con una ponderación de 40 por ciento. La entrevista aportó el restante 60 por ciento de la calificación.

Pero tampoco en la entrevista le fue bien. Y eso fue público. Puede consultarse en las transmisiones que graba y guarda el Congreso del Estado. Como era de esperarse, los diputados de Morena se encargaron de evidenciar su falta de experiencia en el tema, además de su posición comprometida con el grupo gobernante en Chihuahua.

Aun así, por el currículum, le otorgaron en la Junta de Coordinación Política el 30.77 de 40 puntos posibles, aunque no haya acreditado la experiencia requerida. Por la entrevista, la Jucopo le asignó 55.88 de 60 puntos posibles, aunque sus limitaciones hayan quedado exhibidas.

Junto con Zulay Alaid Abbud Esparza y Gildardo Iván Félix Durán, llegó hasta la terna que muy probablemente este martes 9 de abril se ponga a consideración del Pleno del Congreso para que se elija a quien encabezará la CEDH por los próximos cinco años.

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Si se confirma la elección en favor de González Mocken, nombramiento que requiere de al menos las dos terceras partes de los votos en el Congreso del Estado, es decir, la aprobación de 22 de los 33 diputados, se habrá consumado la simulación en un proceso que tenía destinatario antes de que se emitiera la convocatoria.

La polémica en el proceso de elección no se ha circunscrito únicamente al afán de favorecer a González Mocken, también se ha debatido respecto a una deuda histórica con la equidad de género, ya que, a más de 30 años de su creación, nunca el organismo ha sido presidido por una mujer.

El bloque mayoritario del PAN y el PRI en el Congreso, aceptó incluir a una mujer en la terna, pero rechazó una propuesta de la oposición para que la conformaran únicamente mujeres. Por eso también se habló en el debate de simulación en cuanto al cumplimiento de las acciones afirmativas.

Los mismos señalamientos alcanzan otro gran pendiente en el Congreso del Estado, también previsto para resolverse este próximo martes en el Pleno.

Se trata de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, particularmente la parte de la ley orgánica que fija el procedimiento para renovar las magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Si bien es cierto que con la propuesta se enmendó la anterior reforma de 2022 que, en franca regresión, eliminó los concursos de oposición, precisamente para facilitar los procesos a modo, la nueva reforma también queda a deber en materia de equidad de género e incluso en cuanto a la manera en que se concede margen a la injerencia del Poder Ejecutivo.

Actualmente solo 7 de las 30 magistraturas son ocupadas por mujeres y la polémica que el martes seguramente llevará a la aprobación de la reforma sin el apoyo de la primera minoría en el Congreso, tiene que ver con el hecho de que no se están considerando procesos que consoliden en el corto plazo la equidad de género.

Además, la reforma planteada por el grupo mayoritario deja en el Poder Ejecutivo la definición de las ternas que, luego del proceso de selección operado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, deben pasarse a la votación del Pleno en el Congreso del Estado.

Así que, tanto en las formas como en el fondo, no se vislumbra que el anhelo de la verdadera división de poderes, pueda concretarse todavía en Chihuahua.

Lo que parece prevalecer, tanto por lo que se opera políticamente bajo la mesa, como en lo que arrojan públicamente los procedimientos legales, es la simulación democrática.

Lejos de que se avance en las autonomías, equidades y garantías de derechos humanos y políticos, hay más elementos para hablar de lamentables regresiones.

Imposible no pensar de esa forma, cuando casos como los ya señalados muestran ese rostro de la simulación y hasta del descaro político.