En la Canacintra local ya empezó el cuchicheo. La sucesión está en marcha y, aunque en el discurso se habla de unidad, en los pasillos se siente que no todos están dispuestos a alinearse sin pelear la silla.

El proceso apenas arranca y ya hay movimientos visibles, respaldos discretos y nombres que vuelven a sonar.

Isela Molina Alcay ya cumplió los años que permiten los estatutos y la convocatoria está abierta. En el papel todo es orden institucional; en la realidad, la grilla ya está corriendo y los movimientos se sienten antes de que aparezcan los registros formales.

Por lo pronto, el primero en asomarse fue Carlos Noé Hernández, empresario bien conocido en el mundo de la logística y el comercio exterior, curtido en el transporte binacional. Transportes Noé no es cosa menor: trae una flotilla poderosa de tráileres y, con ella, conexión directa con el líder transportista Manuel Sotelo.

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Carlos Noé no llega como improvisado. Es vicepresidente de Canacintra, conoce las entrañas del organismo y sabe dónde crujen las vigas. Tiene perfil, tablas y, sobre todo, bolsillo, justo lo que necesita una Cámara que internamente no nada en abundancia y arrastra deudas fiscales que nadie presume, pero todos conocen.

Lo que supo Mirone es que esta candidatura no nació ayer. Se viene cocinando desde hace rato y trae el respaldo de la presidenta saliente, Isela Molina, con la idea de venderla como candidatura de unidad. Pero ya se sabe: en Canacintra, como en la política, la unidad dura lo que tarda alguien más en querer la silla.

Y todo apunta a que sí habrá ruido.

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Porque en estos tiempos de campañas adelantadas, los intereses empresariales se cruzan sin pudor con los políticos, y siempre hay quien ve en la Cámara un buen trampolín para figurar… o reaparecer.

Ahí es donde entra el nombre de Thor Salayandía, viejo conocido del gremio. El mismo que se cambió legalmente el nombre —antes Jesús Manuel—, que ya fue presidente de Canacintra y que, cuando salió, inventó las siglas del Bloque Empresarial Fronterizo para no desaparecer del radar.

Thor había quedado fuera del organismo, pero volvió por la puerta grande: se reinscribió, pagó su nueva alta y recuperó derechos como socio. Traducido: puede competir y meterle salsa al proceso.

Mientras tanto, Isela Molina se despide dejando dardos públicos contra los gobernantes que —dice— prefieren el pleito político y la estrategia electoral antes que cumplir con sus responsabilidades.

No cree Mirone que Isela se vaya a retirar en silencio. Todo indica que, igual que Thor, no piensa desaparecer y que más temprano que tarde buscará subirse a otra boleta, aunque sea con otro color.

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Como parte del proceso electoral para renovar la mesa directiva del Club Campestre, se dio otro paso con la presentación y registro de la planilla completa encabezada por el doctor Rafael Tirado Gutiérrez.

El médico otorrinolaringólogo va por la presidencia del Club con el apoyo del grupo de expresidentes que perdió la elección de consejeros el año pasado y que ahora busca mantener el control.

Tirado se está aventando el tiro por la presidencia y enfrentará a Alejandro Ramírez, empresario y dueño de Ópticas Franklin, quien cuenta con un respaldo importante de profesionistas y empresarios, además de sus propios resortes políticos. “Visión, integridad y resultados” es el eslogan que acuñó el aspirante a presidir el Club, que opera como Asociación Civil.

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Para empezar, llama la atención que para la vicepresidencia —y como parte de la planilla Unidad y Progreso— el candidato que acompaña a Tirado es Gabriel Flores Viramontes, quien en la grilla trae actualmente bien puesta la camiseta guinda.

Gabriel dio el salto a la política desde el sector empresarial, como expresidente de Canacintra, desde donde hizo migas con el exalcalde priista Héctor “Teto” Murguía, también exdirigente de ese organismo.

Fue diputado local y funcionario estatal en administraciones priistas, pero posteriormente dio el viraje hacia Morena y en 2021 apareció como precandidato a la alcaldía por ese partido, el año en que la posición se quedó en manos del hoy alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

El empresario tiene su propia fundación dedicada al trabajo altruista y la filantropía, sin dejar de hacer grilla mientras atiende sus negocios en el ramo inmobiliario.

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Como secretaria de la Mesa Directiva, la propuesta es Mayra Reza; Víctor Yanar como prosecretario; Marco Román como tesorero, y Jaime Parra como protesorero.

Hasta ahí van —junto con el propio doctor Tirado— seis de los 15 nombres que se proponen como consejeros; el año pasado se eligieron 15 consejeros impulsados por la planilla ganadora, Renovación y Experiencia, dentro de la cual figuraba el otro aspirante a la presidencia, Alejandro Ramírez.

Los otros nueve nombres de la planilla son Enrique Yu, Billy Carbajal, Armando Ramírez, Iván Elizondo, Susy Barsse, Jorge Quiñónez, Jorge Lara, Chegardo Corella y Fito Fernández.

La propuesta de Unidad y Progreso también incluye seis nombres para el Comité de Vigilancia, donde destaca Alejandro Seade, exregidor priista durante el trienio de Enrique Serrano.

Otro dato relevante es que al menos tres integrantes de esta planilla ya estuvieron hace un año en la derrotada Tu Voz: Gabriel Flores, Mayra Reza y Enrique Yu. Marco Licón Barraza, hoy director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, también andaba en esa misma aventura; ya dejó esa grilla, pero mantiene afinidades con la misma planilla y sus amigos.

Al final de cuentas, en el Campestre se cruzan azules, guindas y tricolores. Falta ver cómo termina de integrar su planilla Alejandro Ramírez Ruiz, expresidente de Canaco Juárez, quien en su momento también se candidateó para diputaciones, cuando el PRI era dominante.

La mesa ya está puesta. Y en el Campestre, desde ahora, queda claro algo: aquí nadie juega solo golf.

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Quien anda por Juárez bien encampañadote, tentando el terreno y clavando banderillas en pleno territorio guinda, es el alcalde panista de la capital, Marco Bonilla.

No vino de paseo ni por cortesía institucional: vino a dejarse ver. Con agenda de dos días y reflector bien calculado, ni modo de fingir que no trae la mira puesta en 2027.

El viernes arrancó desde temprano con visitas a medios, siguió como invitado especial a un evento del Colegio de Bachilleres en el gimnasio del Parque Central, y ahí tuvo escenario con los jóvenes del Campeonato Estatal de Robótica y Habilidades STEM, setenta equipos de preparatorias de todo el estado hablando de futuro, talento y tecnología.

Por la tarde-noche, como manda el manual del suspirante, se dejó ver en el estadio, en el juego de Bravos FC contra el Cruz Azul: grada, foto y cercanía popular.

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Supo Mirone que también sostuvo una comida privada con transportistas de esta frontera. No trascendió qué se dijo ni si de ahí salió algún proyecto o promesa, pero en Juárez el tema siempre es sensible y nunca menor.

Este día, Bonilla pretende marcar presencia desde temprano, corriendo 10 kilómetros en El Chamizal con sus compas panistas runners, más como señal que como ejercicio, porque la carrera que le interesa no es la de hoy, sino la que apunta a junio de 2027, y esa —lo sabe— será larga.

El acto más campañero lo tiene programado en Anapra, donde adelantará la celebración del Día de la Candelaria con una tamaliza para unas mil 500 personas, con Ismael Martínez, líder de colonos, jugando el papel de anfitrión.

Mientras tanto, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar cerró semana sin salir de Juárez, con agenda local cargada: Mesa de Seguridad, resultados de Mente en Armonía, estímulos a policías y sesión del Consejo de Canaco. Dos estilos, dos rutas. Ya se verá hacia dónde apunta la flecha, pero en el municipio más guinda del estado, nadie se queda quieto cuando el panista anda marcando territorio.

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La “División del Norte” del activismo social se trasladó este viernes a la Ciudad de México para reunirse con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y poner sobre la mesa un conflicto que se daba por cerrado, pero que hoy vuelve a encender focos rojos: la operación de la empresa MAG Silver Corp. en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura.

En tropel viajaron Martín Solís y Gabino Gómez, de El Barzón, junto con Víctor Quintana, de Cosyddhac, para advertirle al segundo de a bordo de la Segob que la sola mención de la mina sigue levantando polvaredas en el noroeste del estado, casi con la misma intensidad que en los años más duros del conflicto, cuando incluso hubo pérdidas humanas.

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El conflicto se remonta a 2012, en tiempos de Felipe Calderón en la Presidencia y César Duarte en el Gobierno estatal, cuando la minera canadiense MAG Silver Corp., a través del proyecto El Cascabel, obtuvo concesiones para explorar oro, plata, zinc y molibdeno en tierras ejidales.

Con los antecedentes de otras mineras que dejaron estragos ambientales —Grupo México, ahí les hablan—, los ejidatarios de Benito Juárez opusieron desde el inicio una resistencia férrea. El temor era claro: en una región donde la lucha por el agua es —literalmente— a muerte entre productores, la mina amenazaba con contaminar la poca agua disponible.

La tensión escaló rápido entre quienes apoyaban o trabajaban para la empresa y quienes se oponían frontalmente al proyecto. En octubre de 2012, tras meses de movilizaciones, la asamblea ejidal decidió expulsar a la empresa y prohibir cualquier actividad minera durante 100 años, decisión respaldada por autoridades agrarias y ratificada por un tribunal.

La expulsión no fue solo administrativa. El conflicto dejó sangre: el asesinato de los activistas ejidatarios Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, líderes visibles de la lucha contra la minera.

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Pese a la seguidilla de victorias judiciales a favor de los opositores, El Cascabel sigue vivo. Hoy, alertan los activistas, al proyecto “se le mueve la patita” y ya hay señales de que la empresa busca regresar.

Si eso ocurre, advierten, el ejido puede estallar otra vez y el conflicto podría extenderse a otras regiones del estado. Por eso fueron a la Ciudad de México: para dejar claro en la Segob que El Cascabel no es solo una mina, sino un foco de explosión social que nunca terminó de desactivarse.

En Buenaventura lo tienen claro: cuando esa mina suena, no anuncia progreso, anuncia conflicto.