Pesada grilla se ha desatado entre los directores de Ecología y Protección Civil del Gobierno municipal, por la supervisión que el primero pretende realizar de las recicladoras de la ciudad, pese a la oposición del segundo, que no quiere que le invadan sus terrenos.

Fuentes cercanas a las empresas recicladoras, contaron a Mirone que el pique entre César Díaz Gutiérrez, titular de Ecología, y el responsable de Protección Civil, Roberto Briones, se ha recrudecido con los incendios que a consecuencia de los fuertes vientos se han registrado en los últimos días.

Ecología es la dependencia que tiene el registro y control de los materiales que se procesan en las recicladoras hasta su destino final, pero a raíz de los constantes incendios, pretende también supervisar los planes de contingencia y condiciones de seguridad que tiene cada planta, funciones que son facultad de la Dirección de Protección Civil.

Ahí está el fondo del problema, porque Briones se opone a que Díaz intervenga en la revisión de los controles de seguridad, aduciendo que pretende duplicar funciones.

A ver si no le pide ayuda a su tía la síndica Esther Mejía, y de pronto se le aparecen las brigadas de auditores a César Díaz para que no ande pisando las mangueras de otras dependencias.

Lo cierto es que los incendios generan mucha contaminación a la ciudad y si están ocurriendo con tanta frecuencia, algo está dejando de hacer Protección Civil para que las empresas cumplan con todos los mecanismos de seguridad y contingencia.

Lo más extraño del conflicto y que ha llamado la atención a los inspectores de Ecología, es el hecho de que la mayoría de los incendios se han registrado en las empresas tarimeras, esas que fabrican las plataformas de madera, también conocidas como pallets.

En años pasados, las recicladoras que monopolizaban la contaminación de la ciudad por los constantes incendios que registraban, eran las cartoneras y las procesadoras de papel.

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Ahora resulta que la exprocuradora de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, fue condecorada por la embajada de Francia en México, por su supuesta lucha en favor de las mujeres, siendo que, a su paso como fiscal del Gobierno estatal en el sexenio de José Reyes Baeza, la entidad se mantuvo entre los primeros cinco lugares a nivel nacional, pero en el delito de homicidios de mujeres.

La abogada autoexiliada de Chihuahua, presumió en varios sitios digitales el reconocimiento hecho por el embajador francés con la Orden Nacional del Mérito, y aquí en donde preguntamos: ¿cuál mérito, si durante su gestión como procuradora del 2004 al 2010, la entidad se cubrió de sangre de miles de hombres y mujeres asesinados?

Las estadísticas oficiales de aquellos años no nos dejan mentir y están registradas en el informe “Feminicidio en México: aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009”, realizado por la ONU Mujeres, el Colegio de México, el Instituto Nacional de las Mujeres y la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.

En esa legislatura estaban en esos años la actual presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, y la expanista María Antonieta Reyes, quienes fungían como secretarias de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios.

De acuerdo con las tasas de homicidios de mujeres registradas en dicho informe, el estado de Chihuahua ocupó el deshonroso 6º lugar nacional en el 2004, el 3º en el 2005, el 5º en el 2006, otra vez el 3º en el 2007, para luego colocarse en el primer lugar en los años 2008 y el 2009.

Esas estadísticas revelan que del 2007 al 2009, la entidad tuvo un crecimiento alarmante del 325.1 por ciento en asesinatos de mujeres, que la colocó al lado de Durango, Baja California y Chiapas, con los registros más altos de ataques mortales contra mujeres.

Entonces, cuál mérito le reconoció el embajador francés, quien más bien debería echarle una hojeada a las hemerotecas de aquellos años, para que conozca la realidad de lo que pasó en Chihuahua en los años negros, no las cuentas alegres de quienes dejaron al estado sumido en luto y dolor.

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Al cabo que ni quería, ha de haber dicho la exdirigente estatal del Partido Verde, María Ávila, quien, según nos informan, el jueves pasado fue expulsada formalmente de dicho instituto político, por haber chapulineado pasándose al Movimiento Ciudadano.

Otra distinguida militante del partido del tucán, que también fue dada de baja, fue la exregidora Laura Nayeli Rodríguez.

De la exdiputada Ávila ya se sabía que había migrado del Verde desde el 2021, cuando la dirigencia nacional le quitó la dirigencia estatal por haber amenazado a la candidata a la gubernatura Brenda Ríos Prieto, y en su lugar fue nombrada Patricia Borunda.

Laura Nayeli se mantenía fiel a las siglas del chiquipartido, que ha sido el ajonjolí de todos los moles, pero la dirigencia estatal decidió expulsarla por la supuesta actitud rijosa y de indisciplina que tuvo en fechas pasadas, cuando reclamó que no le reconocieran sus derechos y trabajo en el partido, para darle acceso a los puestos directivos a varios expriistas.

Los grillos dicen con chunga que, a este paso, el Partido Verde deberá cambiar muy pronto su símbolo del tucán por el del cangrejo, pues en lugar de sumar le están restando al menguado padrón.