Si avanza la polémica reforma al Poder Judicial pegaría en Chihuahua con la elección de 27 magistrados y magistradas de circuito y 24 jueces y juezas de Distrito, la estructura de mayor jerarquía en los tribunales de los dos Centros de Justicia que operan en el estado, tanto en Juárez como en la capital del estado.

Chihuahua pertenece al Decimoséptimo Circuito Judicial. Mirone se puso a hacer cuentas y encontró que en esta frontera hay nueve magistrados de Circuito y 11 jueces de Distrito, mientras que, en ciudad capital, son 18 magistrados de Circuito y 13 jueces de Distrito.

La iniciativa ya dictaminada plantea iniciar con la elección de jueces y magistrados desde el 2025. Se supone que se irían por etapas. La interpretación que le compartieron a este Don es que aquí serían sometidos a votación los cargos de tres magistradas, dos magistrados, tres jueces y tres juezas.

Respecto al centro de justicia de la ciudad de Chihuahua, se tendrían que elegir en esa primera etapa cinco magistradas, cuatro magistrados, tres jueces y cuatro juezas.

De acuerdo con el dictamen, la jornada electoral para la primera etapa de la mitad de los cargos a renovar se realizaría el primer domingo del mes de junio del año 2025; la segunda etapa se iría hasta el 2027.

Es precisamente la elección con voto popular la parte de la reforma que mayor polémica ha generado, aunque también está la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, para dar paso a otros órganos como el Tribunal de Disciplina Judicial, donde los opositores ven un instrumento de depuración y control partidista en favor de la 4T.

Las protestas se intensificaron ayer, aunque fuera domingo. En esta frontera estuvo bastante nutrida la marcha que salió de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad Juárez para llegar al edificio del Poder Judicial de la Federación.

A la marcha de los trabajadores del Poder Judicial se sumaron algunos abogados e incluso personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Un ataúd negro simbolizó, en la protesta, la muerte de la carrera judicial y la división de poderes, si se concreta la reforma.

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Donde también hubo protestas el fin de semana porque quieren darle muerte a la participación ciudadana, fue en el Congreso del Estado.

Vaya paradoja la que se presentó en la capital cuando personal de seguridad impidió el ingreso y la participación de un grupo de ciudadanos, justo cuando se iba discutir una iniciativa de modificación a la Ley de Participación Ciudadana.

Supo este Don que para justificar el cierre de puertas allá en la Torre Legislativa, hubo operación de las representaciones del PAN y del PRI para llenar, con personal administrativo, el espacio donde se desarrollaría la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Sin poder participar, se quedaron afuera los representantes ciudadanos del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de Chihuahua (CCPC), órgano formalmente instituido para darle seguimiento a la Ley de Participación Ciudadana.

Así que las diputadas y los diputados del bloque mayoritario, terminaron aprobando la propuesta que presentó el grupo mayoritario del PAN en el Congreso, para endurecer los requisitos que pide la ley a la hora de aplicar el mecanismo de revocación de mandato en el caso de la gubernatura.

Los que se quedaron afuera, justo iban al Congreso para pedir que no se dictaminara a favor esa iniciativa que complica el instrumento de participación ciudadana.

Después de haber sido ninguneadas, las consejerías ciudadanas del CCPC tuvieron que entregar por buzón legislativo su posicionamiento. Ahí sostienen que las modificaciones están en contra del principio de progresividad de las leyes y representan un retroceso en los derechos ciudadanos.

La propuesta, ya dictaminada, duplica de 5 al 10 por ciento el número de firmas de la lista nominal para que se pueda solicitar una revocación de mandato. Además, agrega el requisito de obtener el apoyo del 10 por ciento de la lista nominal, en al menos el 50 por ciento +1 de los municipios del estado, es decir, en 35, para que sea válida la solicitud.

Por si no fuera poco, también eleva el porcentaje necesario para que los resultados de la votación en el proceso de revocación sean vinculantes, pasando del 35 por ciento al 40 por ciento de la lista nominal del estado.

Pues el dictamen pasó, aunque los integrantes del CCPC advirtieron que cualquier modificación a la Ley de Participación Ciudadana debe acompañase de una consulta pública, lo que se pasó por alto en este caso.

La reforma va en fast track, por lo que se subirá al Pleno del Congreso esta misma semana, antes de que se le acabe el veinte a la mayoría legislativa.

El dictamen fue aprobado con los votos a favor de las y los diputados Omar Bazán Flores (PRI), José Alfredo Chávez Madrid (PAN), Georgina Bujanda Ríos (PAN) y Gabriel García Cantú (PAN). En contra estuvo la legisladora Jael Argüelles Díaz (Morena), mientras que Francisco Sánchez Villegas (Movimiento Ciudadano) se abstuvo.

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Da bastante penita darse la vuelta por el Centro Histórico y seguir presenciando su deterioro permanente y lo limitado de las intervenciones oficiales en obra pública.

Apenas comentábamos hace unos días sobre la pifia que se aventaron con las mallasombras chaparras que no permiten el ingreso de los vehículos de emergencia. Esa obra se tuvo que frenar para que a las estructuras metálicas se les hagan las adecuaciones necesarias, como parte del proyecto de inversión de los 5 millones de pesos que salieron del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.

Sin embargo, la obra del Fideicomiso no se reduce a las techumbres. También se rehabilitan tramos de la parte peatonal de la 16 de Septiembre.

El asunto es que traen ahí un buen cochinero y ni porque están tan chiquitas las obras, las concluyen. Mirone estuvo en el lugar, donde se dejaron huecos de pura tierra sin las piezas de adoquín. Tampoco levantaron el escombro y sigue ahí el material de construcción.

De por sí esa parte siempre está sucia, con todo y que de vez en cuando le den su remojada las brigadas municipales, y ahora se agregan las miniobras abandonadas. ¡Puras vergüenzas!

Por cierto, en el tema de las mallasombras, le informaron a Mirone que, aunque el Fideicomiso de Puentes Fronterizos puso la lana, le corresponde ejercer el recurso y vigilar su ejecución, el proyecto ejecutivo y, por lo tanto, su diseño técnico, salió del Gobierno municipal.

Como quiera que sea, de las dos instancias gubernamentales, no se hace una. Nomás hay que darse la vuelta por el Centro para confirmarlo.

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Otro telenovelón se armó en la capital del mundo, luego de conocerse el robo de 2.5 millones de pesos del erario municipal.

No lo van a creer los lectores mironianos, pero agarró vuelo el caso hasta que el equipo del ganador de la elección del 2 de junio, Chava Calderón, se encontró en los documentos financieros de la entrega-recepción, una anotación para confirmar un gasto que hablaba del caso de una extorsión. Ese era el concepto del gasto, la “extorsión”.

Ya anda la escandalera en Hidalgo del Parral, luego de que la Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Presidencial Municipal confirmaron que hubo denuncia y hay carpeta de investigación, sobre un caso que en principio se presentó como fraude telefónico.

Según las autoridades salientes, a los funcionarios de la Tesorería Municipal de César Peña, los chamaquearon de plano en febrero de este año, cuando desconocidos dijeron hablar a nombre de la Auditoría Superior de la Federación para solicitar el pago de unos convenios de adhesión que estaban vencidos.

Supuestamente exigieron el pago de varios suministros, especificando los motivos del pago y las cuentas a las que debía realizarse la transferencia. Otros más se hicieron pasar por funcionarios de mayor rango en la propia Presidencia Municipal y la Tesorería, y alguien cayó y terminó haciendo las transferencias electrónicas.

Cuando se dieron cuenta de la supuesta chamaqueada, el Gobierno municipal presentó, el 7 de febrero, un día después de los hechos, la denuncia ante la Fiscalía Zona Sur.

Por lo pronto, los investigadores ya anunciaron que pidieron la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objetivo de esclarecer el caso, identificar a los responsables y llevarlos a juicio.

A ver en qué queda el asunto, pero seguramente alguien terminará en prisión.

Bonita herencia que la administración naranja heredará el nuevo alcalde, Salvador Calderón, quien ganó la pasada elección bajo la coalición PAN-PRI PRD.