Abelardo Valenzuela Holguín, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, no tiene otra salida ante el cúmulo de carpetas de investigación que involucran al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, sus colaboradores y exfuncionarios.

Tiene que resolver. Así lo marca la ley. O judicializa los casos, declara el no ejercicio de la acción penal, acumula las carpetas o declina las investigaciones. Pero no puede simplemente hacer nada.

De seguir hacia el infinito el “desahogo” de las carpetas, será él quien termine ahogado en el mar de denuncias que sube de nivel entre más pasa el tiempo.

La primera de nueve denuncias que llegaron a su escritorio, se presentó el 14 de octubre del 2022, exactamente hace 18 meses. Se trata del caso de 115 contratos por obras, bienes y servicios adjudicados de forma directa, sin justificación.

La asociación civil Plan Estratégico de Juárez presentó la denuncia por el riesgo de corrupción en la entrega de contratos sin licitación que suman 366 millones de pesos.

El segundo expediente es del 29 de septiembre del 2023. La denuncia fue interpuesta por Carlos Gutiérrez Casas, Ernesto Robles Cuéllar y Rosalba Bernal, por la compra, presuntamente con sobreprecio, de 43 mil pruebas Covid.

Las denuncias número tres y cuatro las firmaron las mismas tres personas ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), el 24 de octubre del 2023.

Una es por la compra de 250 mil kits escolares con sobreprecio en varios contratos que suman un total de 122.3 millones de pesos y otra por presuntos desvíos en el Presupuesto Participativo.

La quinta denuncia es del 30 de noviembre de 2023. Fue presentada en contra del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y su exdirector de Regulación Comercial, Daniel Pando Morales.

Los legisladores del Partido Acción Nacional, Daniela Álvarez, Marisela Terrazas y Gabriel García Cantú, con respaldo de sus dirigencias partidistas, acusaron enriquecimiento ilícito ante el cambio de residencia del alcalde a una mansión del fraccionamiento Campestre, presuntamente propiedad de Pando Morales.

La sexta denuncia se presentó el 6 de diciembre de 2023, en contra del alcalde y su exdirector de Desarrollo Económico, Iván Antonio Pérez Ruiz.

El grupo de representantes populares por el PAN, al que se sumaron varios regidores, también acusó al secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel y otros funcionarios por uso ilegal de atribuciones y facultades. El caso tiene que ver con la entrega de contratos por 6.5 millones de pesos, presuntamente en beneficio del extitular de Desarrollo Económico, a través de una empresa fachada.

El expediente número siete es del 18 de enero de 2024. Por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, así como uso ilegal de atribuciones y facultades, fueron denunciados además de Cruz Pérez Cuéllar, el director de OMEJ, Andrés Domínguez Alderete; la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales; el director de Parques y Jardines, Daniel Iván Zamarrón Saldaña y el secretario del Ayuntamiento Héctor Ortiz Orpinel.

El caso es el relativo a la construcción y operación irregular de la casa de cambio “Dollar 2 Go” en terrenos vedados de El Chamizal. Los denunciantes son los regidores del PAN, Austria Galindo Rodríguez, Enrique Torres Valadez, Mirka Rebeca Villalva Rosales, Alma Edith Arredondo Salinas, Joob Quintín Flores Silva y Víctor Manuel Talamantes Vázquez, además de dos regidoras de Morena, Cecilia Reyes Castro y Vanessa Mora de la O.

La octava denuncia es del 8 de marzo. La presentó Plan Estratégico de Juárez por la entrega de contratos por 17 millones de pesos a Courmextres S.A. de C.V., una empresa vinculada a la ahora exfuncionaria de la Dirección de Mantenimiento Mecánico, Alma Guadalupe Ortega Rodríguez.

La denuncia número nueve data del 20 de marzo. También la presentó Plan Estratégico y tiene que ver con otro caso ya señalado, el que involucra al exdirector de Desarrollo Económico.

El exfuncionario fue acusado de nuevo por su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones y facultades, por presuntamente favorecer a su empresa con la compra de productos de limpieza.

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Van nueve denuncias, pero faltan más. Esta semana serán presentadas dos más por parte de la Sindicatura Municipal y en los siguientes días se interpondrán ante la misma Fiscalía Anticorrupción, al menos otras cuatro.

Podrían acumularse hasta 15 en total, considerando las nueve que ya están en manos de la FACH. Hasta hoy el organismo jurisdiccional no ha informado que hayan sido rechazadas las últimas denuncias y al menos había confirmado que las primeras siete eran ya carpetas de investigación.

Una de las dos denuncias que están listas, es la relacionada con distintas irregularidades encontradas en el programa “Cruzada por la Educación”, en su vertiente de rehabilitación de escuelas. El programa opera un esquema de subsidio completamente discrecional y con alto riesgo de corrupción.

Obras con evidente sobreprecio, incompletas, malhechas, duplicadas o con retraso de meses, son las anomalías reportadas por directivos escolares que recibieron esos apoyos, de acuerdo con la investigación de Norte Digital, realizada a partir de que la Sindicatura hizo una serie de observaciones en su noveno informe.

Además, directores denunciaron que son prácticamente obligados a endosar de inmediato los cheques con la aportación del Municipio, a favor de contratistas designados por la misma autoridad, quienes dejan de lado las sugerencias de las comunidades escolares y aplican los recursos públicos según su criterio.

En su décimo informe, la Sindicatura amplío sus hallazgos y con base en ellos presentará la siguiente denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con el ente fiscalizador de los recursos públicos municipales, en 168 escuelas se ejercieron casi 160 millones de pesos sin licitación alguna.

De ese total, ocho contratistas foráneos (siete de ellos de la ciudad de Chihuahua y uno de Galeana) recibieron contratos por 136 millones 619 mil 204.57 para realizar obras en 147 escuelas. Según el reciente informe de la Sindicatura del Municipio de Juárez, esa asignación se realizó sin algún soporte legal.

La titular de esa área, Esther Mejía Cruz, solicitó a la Secretaría Particular de la alcaldía, la dependencia que operó el esquema, diversa documentación que sustente la entrega legal del dinero público a los empresarios, sin que hasta ahora haya recibido una respuesta satisfactoria.

La segunda denuncia está relacionada con otra asignación irregular de un contrato por 3 millones 300 mil pesos para la renta de unos juegos mecánicos que fueron colocados el año pasado en el Centro Histórico.

La denuncia se presentará en contra del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel. De acuerdo con la Sindicatura, el funcionario no está facultado para hacer ese tipo de contrataciones, además de que hubo irregularidades en la contraprestación del servicio.

“Realmente no tuvieron mucho beneficio para la ciudadanía; pero además no era facultad del secretario hacer esos contratos; en total en ese contrato se gastaron 3 millones 300 mil pesos y realmente mucho del tiempo ni se usaron, no tenían horario de apertura ni de cierre como ustedes se dieron cuenta”, expuso la síndica Mejía Cruz cuando hizo el anuncio.

Las otras cuatro denuncias pendientes de integrar, firmar y presentar ante la FACH, están relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Adaca Medical, para la prestación del servicio médico a empleados municipales, y con la forma en que se finiquitó el contrato con la empresa de recolección de basura, PASA.

También se incluye el caso de la compra de contenedores de basura para el Centro Histórico, además de un expediente por el subsidio presuntamente irregular de 73.4 millones de pesos para una asociación que operará el Museo de Juan Gabriel.

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Por lo que se ha visto hasta hoy, pagar precios inflados es la marca de la corrupción municipal.

El último caso documentado por Norte Digital confirma ese modus operandi en cuanto al sobreprecio pagado en las obras de rehabilitación de escuelas, bajo el programa “Cruzada por la Educación”.

Ante la magnitud del programa que nada más en dos años asignó 160 millones de pesos, no se tiene claramente el tamaño del quebranto, pero son ilustrativos los valientes testimonios de las directoras de escuela que narraron cómo un contratista se llevó un cheque por 1.5 millones de pesos y únicamente reparó los techos de tres aulas, o cómo otro de ellos entregó raquíticas obras que podrían realizarse con una tercera parte de los 900 mil pesos que recibió.

Emblemático del mismo mecanismo de corrupción, también lo es el sobreprecio que, por casi 52 millones de pesos, documentó Norte Digital en el Mochilagate, la compra de 260 mil kits escolares, con un presupuesto total de 126.4 millones de pesos.

En el caso relacionado con otra de las nueve denuncias en manos de la FACH, los denunciantes acusaron el pago de un sobreprecio por 35 millones de pesos en la compra de pruebas Covid, ya cuando la pandemia estaba de salida.

En otras de las denuncias que están pendientes de presentarse, la clave también está en los precios inflados. Esa es la presunta irregularidad en la compra de 100 contenedores especiales para basura, relacionados con un contrato por casi 4.5 millones de pesos.

El Gobierno Municipal pagó 45 mil pesos por cada contenedor a la empresa Green Robot Tecnología. La investigación de la Sindicatura Municipal apunta a que el precio real de una pieza con las características de las que fueron adquiridas, sería únicamente de la mitad de lo que se pagó.

Además de los sobreprecios, en algunos de los casos afloran los conflictos de interés, el tráfico de influencias, el uso de triangulaciones e intermediarios y hasta la utilización de empresas “fachada” para obtener beneficios indebidos.

El caso de la acusación de enriquecimiento ilícito por la casa del Campestre a la que se mudó Cruz Pérez Cuéllar, es la corona en la presunta corrupción sistemática que estaría operándose desde la Presidencia Municipal.

¿Qué más espera para actuar el fiscal Abelardo Valenzuela Holguín? ¿Hasta cuando resolverá la Fiscalía Anticorrupción las carpetas de investigación que mantiene abiertas? ¿Cuántas denuncias más seguirán acumulando en contra de la Administración municipal? ¿Será verdad que existe un pacto de impunidad en torno al alcalde Pérez Cuéllar?

La comunidad juarense sigue esperando respuestas. Le corresponde al fiscal Anticorrupción la rendición de cuentas.