La iniciativa presidencial que busca modificar y ampliar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión encendió las alertas a nivel nacional y generó una amplia polémica en torno a supuestos afanes de censura.

No fueron gratuitas las preocupaciones cuando se conoció la propuesta del artículo 109 de la iniciativa, que se redactó de la siguiente manera: “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital y Telecomunicaciones) para el bloqueo de una Plataforma Digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La Agencia emitirá los Lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital”.

Así se planteó, sin que haya claridad en las circunstancias o los motivos para aplicar ese control, dándole al mismo ente que tendrá ese poder, la facultad de fijar sus propios lineamientos.

Con razón se extendió el temor ante el fantasma de la censura, más cuando el tema específico se incrustó en una iniciativa que retoma variados aspectos de regulación en múltiples temáticas, en más de 200 páginas y con 283 artículos, proyectándose para sacar en fast track, sin el análisis que amerita y requiere.

Como si no estuviera cargada la historia de vergonzantes albazos legislativos, tendientes siempre a evitar el debate público e intentar esconder la trampa.

En este caso, una iniciativa que se presentó apenas el 23 de abril, fue dictaminada el mismo día y se aprobó en comisiones del Senado de la República, sin que pudiera ser leída por los propios legisladores, ya que consta de 226 fojas. El plan era ponerla a votación del Pleno antes de concluir el periodo de sesiones que cierra con el mes.

La legislación se deriva de la reciente reforma constitucional que extinguió siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) cuyas facultades serán absorbidas, en parte, por una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Ahí está otra de las críticas a la nueva legislación, que de alguna manera equipara o mete en un mismo costal las plataformas digitales con los medios de radiodifusión.

Con las modificaciones, el Ejecutivo federal retomaría el control absoluto y discrecional sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Le corresponderá, por medio de la Agencia Digital, proveer el uso comercial de internet a usuarios finales y licitar y otorgar concesiones de espectro radioeléctrico para uso comercial, con su respectivo pago. También podrá entregar concesiones a dependencias del propio Gobierno sin contraprestación alguna.

Desde la perspectiva oficial, la nueva legislación lo que busca en general es recuperar atribuciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión para el Estado Mexicano. La oposición advierte un afán de concentrar todo el control en una sola entidad gubernamental: la Agencia.

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Fue tal el nivel de polarización que generó la iniciativa, particularmente el tema de la censura, que la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que dedicarle bastante tiempo en la Conferencia del Pueblo, el viernes 25 de abril.

Prácticamente ya frenó el artículo 109. Dijo que puede ser modificado en su redacción para que quede absolutamente claro, o de plano hasta eliminado, ya que considera que “ese no es el centro de la Ley”.

“El Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales”, señaló la presidenta.

“Nosotros siempre hemos profesado, creído y promovido, la libertad de expresión”, agregó.

Sheinbuam recordó que la iniciativa lleva meses de trabajo, precisamente desde que se aprobó la reforma constitucional que eliminó los órganos autónomos, ya que debe de llenarse el vacío legal respecto a quién asume las facultades que en este caso tenía el IFT.

No todas las atribuciones recaerán en la Agencia Digital; algunas se colocarán dentro de un nuevo órgano que vigilará y evitará los monopolios en todas las esferas, ya que también desapareció la Cofece.

“No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Se está dando una atribución a la agencia, vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando, o cuando alguna otra entidad…”, señaló Sheinbuam, aunque no detalló nada de las circunstancias.

No hay que olvidar que la iniciativa se presenta justo en el contexto de la transmisión por televisión nacional, de spots que pagó el Gobierno de Estados Unidos a las televisoras, cuyos mensajes criminalizaban y denigraban a los migrantes mexicanos.

Fue de alguna manera el pretexto para sacar de una vez toda la iniciativa, a la cual se le agregó el artículo 201 para establecer la obligatoriedad por parte de los concesionarios de pedir autorización, antes de emitir mensajes o patrocinios de Gobiernos extranjeros u organismos internacionales.

“Se le incorporó recientemente el artículo para que Gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política, ideológica en nuestro país. Ese artículo se le acaba de incorporar, pero la ley venía trabajándose desde hace tiempo”, explicó la presidenta.

Por lo visto, a partir de ahí se generó la premura para sacar todo el paquete legislativo antes de que concluyera el periodo de sesiones, lo que ya no ocurrirá por la polémica desatada con la otra sorpresa, la del artículo 109.

“De todas formas ese artículo tiene que aclararse, para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie, de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Ese artículo en particular, tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse”, indicó Sheinbaum.

“Ese no es el objetivo de la ley. Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro. Entonces quitamos ese artículo del tema. Era coadyuvante de otras instituciones del Gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine, no hay ningún problema, o que se modifique la redacción, se lo dejamos ahí a los senadores”, reiteró la mandataria.

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También se reculó ya en cuanto a sacar la iniciativa en fast track.

La presidenta Sheinbaum prácticamente dijo que no hay prisa (aunque deba llenarse el vacío legal) por lo que se puede abrir la discusión ahora y luego votar en un periodo extraordinario de sesiones, en mayo o en junio.

Incluso, podría darse una consulta abierta del Senado de la República con los sectores interesados y atender dudas que ha planteado actores como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

“Que se abra la discusión. No se trata de imponer nada. Lo que sí es que ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismo, sino con recuperar atribuciones para el Estado”, consideró Sheinbaum.

Entonces, ya está colocada la idea de mejorar la iniciativa y no poner en riesgo la parte de recuperar para el Estado la rectoría del espectro radioeléctrico, por enredarse en un tema que no sería central en ese sentido.

“Nunca ha sido nuestro deseo censura a nadie (…) y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la Agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, pues que se abra la discusión en el Senado”, agregó.

La crítica al esquema actual que trata de modificar la nueva legislación, es que los grandes corporativos de radio y televisión, disponen de un bien que es público, como si fuera de ellos.

El periodo extraordinario se realizaría hasta que quede clara la orientación de la nueva legislación.

Entre quienes apoyan la iniciativa porque creen que es positivo y necesario regular el servicio público, también consideraron que los tiempos previstos para sacar la iniciativa, demeritaban su aporte en temas tan sensibles como la de fortalecer al Estado frente a los concesionarios privados y recuperar los derechos de las audiencias.

También va en el paquete, una política de inclusión digital universal que permita que tengan cobertura las zonas más marginadas del país, ahí donde no hay negocio para las empresas privadas y por eso no ofrecen su servicio.

La discusión de la iniciativa permitirá, además, atender las inquietudes sobre la excesiva concentración de facultades y competencias en la Agencia Digital, para revisar la posibilidad de que se convierta en un ente colegiado.

Nunca podrá aceptarse que los espacios de deliberación y discusión se cierren en lugar de abrirse, o que se le saque la vuelta al debate y a la construcción de acuerdos que pueden construir mejores iniciativas. Mucho menos, que las libertades se acoten o que se apueste por instaurar controles absolutos sobre lo que se transmite o publica.

El grupo en el poder tiene que demostrar con hechos, y no con discursos, que la intención es construir leyes de avanzada que fortalezcan al sistema democrático, no sentar las bases de un régimen autoritario, sordo, represor o censor.