Han pasado 11 días de la tragedia en la que murieron 40 migrantes en las instalaciones locales del Instituto Nacional de Migración (INM), y las aguas siguen agitándose. Y no es para menos.

Las autoridades, o quienes dicen serlo, siguen actuando mal. Uno de ellos es el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien como por arte de magia, desapareció de la escena pública.

No ha hecho alguna declaración en la que le explique a los juarenses, a los mexicanos, a los familiares de las víctimas del incendio sobre cómo diablos se originó el percance que puso a nuestra frontera otra vez en el ojo del huracán internacional.

Pareciera que solo vino para tomarse una foto y subirla a las redes sociales. El lunes 28 de marzo, un día después de que se incendiaran las instalaciones federales, el funcionario recorrió los hospitales y se acercó a los lesionados para aparecer como si en verdad estuviera preocupado por la salud de los extranjeros.

Garduño subió las fotos el miércoles 29 y el viernes 31 de marzo. Luego se tomó otras fotos en la delegación local de la Fiscalía General de la República (FGR). Desde esa fecha no se le ve por aquí ni por allá.

Se ha dicho en Facebook y en comentarios de notas nacionales que quizá don Francisco aprovechó estos días santos para salir de vacaciones y relajarse en algún lugar, lejos de la lupa y la crítica social.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, diera la cara, para enfriar las aguas, los días 29, 30 y 31 de marzo.

Ya ni siquiera hay información mañanera, pues la conferencia de AMLO fue suspendida desde ayer por estos días “para guardarse y reflexionar”.

Llamó la atención cuando un reportero le preguntó a Rosa Icela y a la fiscal especial si no era importante que Garduño estuviera dando la cara y solo se limitó a decir “su presencia no era necesaria”. Quizá tampoco se le necesite ya en el INM, ¿qué no?

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En su visita a esta frontera en la que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado viernes, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, aprovechó la vuelta para ir a echarle un ojo al avance del Hospital General Regional de Ciudad Juárez, en los terrenos del exhipódromo.

Así pues, el pasado sábado 1 de abril grabó un video con duración de 2:50 minutos que subió a sus redes sociales, para informar que acudió a supervisar las obras que tienen lugar en el que será el Hospital General Regional, que contará con 260 camas y 46 especialidades.

El funcionario federal hizo un recuento sobre la historia que precede a este inmueble que tiene ya casi 10 años construyéndose y del que señaló, el presidente Andrés Manuel López Obrador conoció el proyecto  en el 2018, cuando se encontraba en proceso de asumir el cargo al frente del país.

Sin embargo, no fue sino hasta finales del 2019 cuando la Sedatu y el Gobierno estatal comenzaron a trabajar para la definición de la propiedad, iniciando un largo recorrido, en el que, a voz del propio Robledo “la ingeniería a veces le gana a la tramitología”, porque fueron más los días que se tardaron en resolver el tema de la propiedad y el traspaso al IMSS que la edificación del mismo, la cual comenzó formalmente en septiembre del año pasado.

Así mero, palabras más, palabras menos, el titular del IMSS le atribuyó el retraso de la obra a la tramitología que impedía definir a quién pertenecían los terrenos donde se erige el nuevo nosocomio.

Al parecer nadie le explicó al funcionario de la salud que esa burocracia y esa tramitología se realiza dentro del mismo aparato de Gobierno al que pertenece, es decir, es como escupir para arriba pues, ¿qué no hay asesores que les comenten estos pequeños pero significativos detalles? Y es que eso es lo peor, que en un afán de quedar bien, nada más se embarran de su propio e innecesario salivazo.

Por cierto, dijo que el megahospital, que cada mes es supervisado por un comité de seguimiento integrado por ciudadanos y autoridades de los tres niveles de Gobierno, estará listo para mayo del año entrante. Estaremos al pendiente.

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Ante la falta de interés de mujeres y hombres por ingresar a las filas de la Policía Estatal, para trabajar como custodios de los penales, los responsables del reclutamiento de personal han autorizado el reingreso de elementos que, por diferentes razones causaron baja de la corporación.

Esto significa, nada más ni nada menos, el colmo de la jodidez en materia de seguridad pública, porque en lugar de estar buscando y seleccionando a los mejores elementos, ahora se tienen que conformar con los que caigan, y como caigan, pero como no han caído suficientes postulantes, ya abrieron la convocatoria para admitir reingresos.

Esa convocatoria que lanzó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal hace aproximadamente dos meses, para reclutar agentes investigadores, preventivos y custodios, fue tan desairada que el responsable de los penales del Estado, Ricardo Realivázquez, dio a conocer en sus redes que ya se están admitiendo los reingresos.

Fuentes mironianas informaron que el rechazo es principalmente a la posición de custodios, que es donde más personal se requiere desde que la SSPE asumió el control y administración de los 11 penales de la entidad.

Sin embargo, la peligrosa medida de recontratar a los que ya fueron custodios y causaron baja por diferentes razones, no cumple con las reglas de seguridad para un puesto de tal naturaleza, que exigen confiabilidad, honestidad y cero antecedentes, lo cual puede dar al traste con los controles que ahora se tienen de los reclusorios.

Los trágicos hechos del primero de enero en el Cereso de Juárez, fueron incubados precisamente en la corrupción de los mandos y el cuerpo de vigilancia, lo cual desembocó en la muerte de 10 custodios. Por eso la convocatoria no tiene respuesta.

A diferencia de lo que pasa en esa corporación, los jóvenes de ambos sexos de Juárez prefieren ingresar a las filas de la Policía Municipal, porque a un mes de que se lanzó la convocatoria para reclutar 300 nuevos cadetes, ya se han recibido 800 solicitudes.

Algo diferente tendrán que ofrecer a la ciudadanía, para que estas posiciones sean atractivas y no tengan que caer en la burrada de contratar cartuchos quemados.

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El próximo miércoles deberán comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Juárez, todas las autoridades que participaron en el operativo de desalojo de migrantes del centro, días antes de que se registrada la tragedia de la estación migratoria.

Las regidoras Tania Maldonado y Alma Arredondo, así como el regidor Jorge Marcial Bueno, han citado a los mandos de la Policía Municipal, del DIF, de Protección Civil, de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio y del Instituto Nacional de Migración (INM), o lo que queda de este, para que informen de esos operativos.

Trascendió que la convocatoria parte del hecho de que, en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aparece el nombre del Santiago González, como quien pidió la intervención de agentes del INM para desalojar a los migrantes del centro.

Nadie se explica que Santiago González, siendo el director de Derechos Humanos del Municipio, se haya aventado ese tiro, cuando su papel se limitaba solamente a acompañar al personal del DIF para orientar a los migrantes y vigilar que no se violentaran sus garantías individuales, sobre todo de niños, mujeres y adultos mayores.

Ahora deberá responder ante los regidores de la comisión y del pleno del Cabildo, que no se quieren perder este capítulo, porque al excederse en sus facultades, embarró al Gobierno municipal en un asunto que le era totalmente ajeno.