De qué sirve ahora que los diputados morenistas se rasguen las vestiduras, y exijan al Ministerio Público el “esclarecimiento total” de la muerte del exfuncionario duartista, Antonio Enrique Tarín García, si lo realmente trascendente lo están ignorando.

Efectivamente, aunque el lamentable hecho ya está consumado, la autoridad tiene la obligación de informar las razones por las cuales no detectaron la salida de Antonio Tarín de su casa la noche en que, presuntamente, se lanzó del puente del periférico de la Juventud.

Tarín portaba en el tobillo izquierdo un brazalete electrónico con geolocalizador, que le fue colocado en diciembre del 2021, cuando el juez de la causa le concedió la libertad bajo caución.

En aquella fecha, la propia Fiscalía General del Estado informó que el brazalete restringía a Tarín a permanecer en su casa, aunque ahora el fiscal de la Zona Centro, Francisco Martínez Valle, ha cambiado la versión y ha dicho que no tenía prohibición para salir de su domicilio.

O sea, cambian la versión y eso deja sin efecto la duda sobre si la víctima salió voluntariamente de su hogar o fue sustraído de su morada, que es esta última la versión del sospechosismo que manejan los diputados morenistas.

Lo cierto es que a las autoridades les falló el sistema de vigilancia a distancia y, con la muerte de Tarín, ahora quieren tapar sus errores, al igual que los de la empresa que renta los brazaletes y monitorea los movimientos de quienes los usan.

Esas omisiones, deliberadas o por descuido, son las que deben exigir que se investiguen los legisladores de Morena, de otra forma exhibirán que siguen prendidos del tema solamente para sacarle raja política, lo que tampoco es mentira, pero al menos deberían de cuidar las formas.

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Fuentes chihuahuitas de Mirone aseguran que el exgobernador Javier Corral, metido ahora a librero, sigue negociando con los jerarcas de Morena la candidatura a senador para el 2024, situación que ha puesto nerviosa a la diputada Andrea Chávez, quien daba por hecho que ella era una de las ungidas con esa posición y ahora siente pasos en la azotea.

Quien sabe qué será lo que les está ofreciendo el devaluado panista para que lo incluyan en las listas de candidatos, que en octubre deberán quedar definidas, pero lo cierto es que capital político en el Estado no tiene, por lo que, de concederle la candidatura, tendrá que trabajar con la estructura de Morena y la de su amigo Juan Carlos Loera.

Los informados de los pasos de Javier rumbo al 2024, dicen que no le cuajó la luchita que estaba haciendo para ser considerado candidato por Movimiento Ciudadano, porque el jerarca del partido naranja, Dante Delgado, lo considera un chapulín profesional, indigno de confianza y con seguras miras de querer comerle el mandado en la dirigencia nacional.

Por esa razón y por su alianza y cercanía con Juan Carlos Loera, Corral ha puesto la mira en la senaduría guinda, aunque le está haciendo mucho ruido a Andrea Chávez, que se siente con más derecho, por aquello de que se ha creído las flores que han echado los jerarcas del altiplano, en el sentido de que representa el “relevo generacional” de Morena.

Aunque la definición de las candidaturas se realizará por la vía de las encuestas, el exgobernador no tiene ninguna posibilidad de ganar y menos con los votos de Juárez, donde dejó muchos agravios, entre ellos el abandono de las obras del sistema de transporte y el caos vial que generó con sus millonarias cochinadas.

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Impresionante es el número de migrantes venezolanos y centroamericanos que pululan en las calles del centro de la ciudad, en los cruceros y a las afueras de las tiendas de conveniencia, buscando sobrevivir a costa de la generosidad de los juarenses.

El arribo, todos los días, de cientos de migrantes en el tren de carga, buscando la oportunidad de cruzar a los Estados Unidos, solo demuestra que sigue imperando un vacío de información por parte del Gobierno Federal, que no les dice que la frontera está cerrada y que, si no tienen base legal para ingresar al vecino país, se quedarán chiflando en la loma y varados en suelo mexicano por mucho, mucho tiempo.

Por esa desinformación que prevalece en territorio nacional, la Patrulla Fronteriza está generando comunicados frecuentes, solicitando a los medios mexicanos su difusión inmediata, donde informan tajantemente que la frontera está cerrada para las personas que no tienen autorización ni documentos legales.

La Patrulla confirmó que está trabajando con otras agencias federales de los Estados Unidos para ayudar en la expulsión de los migrantes que se encuentran en el sector de El Paso, mientras que otros cientos han sido colocados en procedimientos de deportación bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que es la norma que han aplicado las autoridades desde antes de la pandemia, que permite calificar como “inadmisibles” en el país a quienes ingresen de manera irregular, como es el caso.

ESTO NO HA CAMBIADO, destaca con mayúsculas el comunicado, y agrega: “Nos gustaría enfatizar que los migrantes que se encuentran en el sector de El Paso están siendo expulsados actualmente a través de los puertos de entrada en toda la frontera suroeste”.

Lo malo de esa estrategia gringa es que los migrantes no ven noticiarios ni leen periódicos, y solo se limitan a la comunicación entre ellos por redes sociales.

Por lo tanto, el problema seguirá creciendo y la carga de la vigilancia y manutención de miles de migrantes que permanecen en las calles de Juárez, seguirá siendo únicamente del Gobierno Municipal y del Estado, en virtud de que el Gobierno Federal sigue lavándose las manos y hasta los pies, eludiendo su responsabilidad en un tema que ya los rebasó y los exhibió como criminales, después de la tragedia del 27 de marzo.