Mucha expectativa había en el morenismo de toda la entidad, respecto a la ratificación o no de Ariadna Montiel como secretaria de Bienestar.

De alguna forma se veía venir el nombramiento porque había operado en favor de Claudia Sheinbaum, la hoy presidenta electa, pero no dejaba de haber nervio para los colaboradores de Ariadna, quien se convirtió hasta el momento en la única mujer que repite en el mismo cargo.

Hay en Chihuahua una situación muy sui géneris en torno a la forma de operar de la secretaria, quien asumió directamente la jefatura política del grupo más consolidado de Morena en todo el estado, desde que Andrés Manuel López Obrador la comisionó como delegada por estas tierras.

Nunca soltó ese control y actualmente a ella le responden directamente, tanto la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, como el grupo de legisladores en el Congreso del Estado, además de varios liderazgos municipales. Eso sin contar lo que le corresponde oficialmente por las estructuras de los programas de Bienestar. Ahí hace y deshace hasta en un tercer nivel. En pocas palabras, ni una hoja se mueve si no lo autoriza ella.

Así pasó también cuando se convirtió de facto en la jefa de la campaña por la gubernatura de Juan Carlos Loera (en aquel entonces de su mismo equipo) en el 2021.

De ese grado es su nivel de control y cercanía con las estructuras gubernamentales y partidistas en Chihuahua, por eso la gran expectativa de quienes la conocen y son de su círculo, pero también de quienes no lo son y llegaron a pensar que podría haber baraja nueva para esa importantísima estructura federal que mueve millonarios presupuestos en sus distintos programas.

Así que sus cercanos que no lograron algún cargo de elección popular en la pasada contienda electoral, tendrán amplio margen y muchos espacios para seguir trabajando en su equipo desde las estructuras de Bienestar durante el siguiente sexenio.

Claramente se vio en la presentación de ayer que Claudia Sheinbaum tuvo una deferencia personal con ella, que no ha mostrado con todos los integrantes de su futuro gabinete. A Ariadna la reconoció como “una mujer honesta y de grandes convicciones” con una entrega “que pocas personas tienen”.

Contó que poca gente supo “porque además no es protagónica” que cuando pasó el huracán Otis, prácticamente vivió más de seis meses en la zona devastada de Guerrero.

También se identificó con Ariadna “aunque ella es más joven” porque ambas vienen del movimiento estudiantil de la UNAM.

O sea que Montiel quedó bien parada y con ella todos sus cercanos colaboradores y colaboradoras en Chihuahua. Juan Carlos Loera, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, son personajes e historias que corren por otros carriles, con distintos equipos y otros apoyos, aunque si hablamos del alcalde juarense, bien podría extenderse la alianza que ya operó entre ambos en el reciente proceso electoral.

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A propósito de otra figura neomorenista, Armando Cabada Alvídrez, el diputado federal que antes fue alcalde independiente, se puso nuevamente sobre el ojo público, ahora que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), inhabilitó por 10 años a quien fungiera como su tesorero, Gerardo Ronquillo Chávez.

Tanto Cabada como Ronquillo, tienen cuentas pendientes, ya que la Auditoría Superior del Estado no únicamente notificó al TEJA de sus hallazgos, también presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, sobre estos casos no se han tenido noticias por parte del organismo autónomo que encabeza Abelardo Valenzuela y que, al igual que el TEJA, son parte del entramado institucional que conforma el Sistema Estatal Anticorrupción.

De acuerdo con la información difundida ayer por el Tribunal, al extesorero cabadista se le acreditó un desvío de recursos, por la contratación simultánea de dos despachos para la realización de funciones propias de su encargo como servidor público.

Fue el Pleno del TEJA el que determinó la existencia de responsabilidad administrativa grave cometida por el exfuncionario durante el ejercicio 2019.

Desde que se hizo la revisión a esa cuenta pública, la Auditoría Superior encontró que la contratación para tramitar ante la Secretaría de Hacienda estatal la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), no era necesaria, ya que se trata de una obligación propia del tesorero.

Además, no se encontró evidencia del trabajo realizado.

El caso con expediente 63/2022-1 JRA fue presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante el TEJA. Las contrataciones injustificadas se hicieron en favor de las empresas Consultoría Fiscal y Gubernamental G2 y Bouret S.C. y a Certus Aplicaciones Digitales, S.A. de C.V., a las cuales se les acreditaron pagos de 187 mil y 249 mil pesos respectivamente, según un reporte anterior del TEJA.

Sin embargo, cuando se hicieron públicos los hallazgos de la Auditoría Superior del Estado, se había informado que las contrataciones improcedentes alcanzaban un monto de 2 millones 923 mil 464 pesos.

La ASE había presentado dos denuncias de hechos por estas observaciones.

Ahora le toca a la Fiscalía Anticorrupción, informar lo que pasó con esos casos vinculados a la administración de Armando Cabada.

Nada informó el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del expediente que involucra a otro despacho, Castro Villarreal y Asociados, pero ahí también se observaron posibles hechos constitutivos de delitos y en su momento se procedió a la presentación de las denuncias penales.

Por eso insiste Mirone, que hay todavía muchas cuentas pendientes relacionadas con el todavía diputado federal que busca obtener nuevamente fuero y colarse por la vía “pluri” a la Cámara de Diputados.

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Como está más que cantada la salida de Oscar Ibáñez en la representación de Gobierno en Juárez, se supo que el funcionario ya se despidió de sus colaboradores más cercanos, allá en las oficinas de Pueblito Mexicano.

Por lo que trascendió de forma extraoficial, ya habría sido notificado de la decisión desde que a inicios de semana anduvo por acá el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

Falta que se formalice y también que se conozca en quién recaerá la designación para la conducción de esa importante oficina, en la etapa que debe alinearse con los preparativos para los proyectos políticos del 2027.

Es un buen misterio por dónde viene la flecha, sobre todo después de que le comentaron a Mirone que al menos tres de los nombres que se han mencionada, no van.

Que no será Adriana Terrazas le aseguraron a este Don, aunque la expriista que chapulineó a Morena y trabajó con Palacio desde la presidencia del Congreso lo haya pedido. No se aventarán el tiro de hacer enojar al panismo de base con un perfil que se antoja muy chamuscado.

Que tampoco Daniela Álvarez, presuntamente porque le estarían reservando una encomienda con un impacto estatal. Pero que tampoco Rogelio Loya, porque no quedó tan bien en Palacio, donde buscan para Juárez otro tipo de operación.

A ver entonces qué sorpresa resulta. Ya no sabe Mirone cuál es el perfil que buscan. La misma interrogante está abierta para la presidencia del Comité Municipal del PAN, espacio que también habrá de renovarse, aunque la actual dirigente quiera seguir con dos cachuchas, ya que en septiembre se convertirá en diputada local.

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Ahora sí que, en el escenario de la grilla estatal y nacional, hay varios fierros en la lumbre al mismo tiempo.

Lo que más llamó la atención ayer en la capital del estado, fue la encerrona que sostuvieron las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con la gobernadora Maru Campos.

Junto a las y los integrantes del Consejo de la Judicatura, desfilaron por los pasillos de Palacio de Gobierno para llegar a la cita con la titular del Poder Ejecutivo.

Desde luego que no podía faltar la presidenta del Tribunal, Myriam Hernández Acosta.

Se supo que tenían pendiente de ver temas presupuestales, pero claro que el tema de rigor fue el de la Reforma Judicial a la que va con todo la 4T, con Claudia Sheinbaum, la presidenta electa por delante, y sobre la línea marcada por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

A ver qué líneas discursivas salen de la encerrona de ayer, pero ya la magistrada presidenta del TSJ, ha declarado bastante fuerte, en contra de la elección directa de los jueces, uno de los puntos que plantea la reforma.

“No podemos exponer la impartición de justicia a un sistema de elección popular. Si bien hemos pasado por diversos mecanismos de elección de jueces y magistrados, que pueden considerarse idóneos o no, definitivamente creemos que este de ninguna manera es idóneo”, declaró ayer en Palacio.

“Creemos -agregó sobre la propuesta de reforma- que retrasa lo mucho que hemos avanzado en temas de combate a la corrupción, en participación de personas que tienen calidad para contender por una magistratura, por una judicatura, de personas con preparación, con experiencia. Entonces no podemos estar de acuerdo con ese tema de elección popular, definitivamente no podemos”.

A ver cómo se tropicaliza la reforma federal en el plano estatal. La verdad es que los últimos procesos de selección de jueces y magistrados, tampoco han salido muy limpios que digamos.