Los Estados Unidos ya han —como decimos en México— “cantado el tiro” contra los cárteles de la droga y anuncian que van a atacarlos donde quiera que estén con su poder militar.

La declaración del subjefe de Gabinete y asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, en la que equiparó a los cárteles de la droga con ISIS o Al Qaeda, deja el alma en vilo y la piel erizada.

Porque ya vimos cómo quedaron los países de Asia y Oriente Medio después de que Estados Unidos decidió combatir a esas organizaciones.

En la reunión efectuada en Miami, denominada “Américas contra los cárteles”, Miller aseguró que los cárteles —sin especificar nacionalidad— deben ser tratados “tan brutalmente y tan desgraciadamente como tratamos a esas organizaciones”.

A temblar, pues.

Porque si por ahí va la movida, en Chihuahua operan algunas de las organizaciones delictivas más antiguas, poderosas y extendidas del país, dedicadas a la producción, transporte y trasiego de drogas.

Y si hubiera un ataque contra los cárteles, es fácil imaginar que nuestro estado estaría entre los blancos más inmediatos de una acción militar de esa naturaleza.

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La declaración de Miller se difundió este 5 de marzo, el mismo día en que el ejército de los Estados Unidos arreciaba sus ataques contra Irán.

Por los medios de comunicación nos enteramos de que la intervención militar de la máxima potencia mundial no se limitó a enclaves militares o estratégicos, sino que también alcanzó blancos civiles.

Ahí está como muestra la muerte de más de un centenar de niñas que se encontraban en su escuela cuando cayó una bomba lanzada por el ejército norteamericano.

Quienes hoy echan confeti y serpentinas porque creen que vendrán los Rambos y los GI Joe a salvarnos de personajes como El Mencho o esos sujetos que se ponen apodos hechos con letras y números, deberían recordar algo elemental: Las primeras víctimas de las guerras no suelen ser los enemigos, sino la población civil.

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En Chihuahua, como es bien sabido, se encuentra parte del llamado “Triángulo Dorado” del narcotráfico, ubicado entre Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde desde hace décadas se libra una lucha a muerte —literalmente— entre organizaciones criminales por controlar la zona.

Si ya existe un mapa operativo del ejército estadounidense para enfocar sus ataques contra enclaves de los cárteles, es muy probable que ese famoso “Triángulo” esté pintado no en dorado, sino en colorado.

Un ataque aéreo a esa región golpearía a grupos dedicados a actividades ilícitas, sí. Pero también a miles de habitantes que nada tienen que ver con ellos y que, por el contrario, llevan años padeciendo la violencia y el abandono.

Quienes celebran la probable intervención militar extranjera quizá creen que las bombas solo caerían sobre “los malos”.

Pero un ataque aéreo no distingue filias políticas, ni antecedentes penales, ni inocentes de culpables.

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Si, como advierte Washington, los cárteles solo pueden ser derrotados “con poder militar”, entonces Ciudad Juárez estaría entre los primeros puntos de impacto.

Punto clave para el cruce de drogas hacia Estados Unidos y escenario permanente de disputa entre poderosos cárteles, Juárez estaría —igual que el Triángulo Dorado— en la lista de prioridades de cualquier plan de guerra.

No hay que ser adivinos para imaginarlo.

Quienes hoy suplican por la entrada de fuerzas norteamericanas o piden que Donald Trump “venga a salvarnos”, deberían hacer un pequeño ejercicio de memoria.

Basta con revisar cómo quedaron los países donde EU decidió aplicar “poder militar” contra ISIS o Al Qaeda.

Échense un clavado en internet y vean cómo quedaron esas regiones: ciudades enteras hechas girones.

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La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, le sigue echando cosas al costal de los pendientes, y quién sabe para cuándo pueda dar respuesta a tantas solicitudes frente a las carencias, principalmente en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez.

El miércoles tuvo encerrona con juezas y jueces en materia Familiar, en el edificio del eje vial Juan Gabriel, donde durante dos horas escuchó todo lo que falta y la petición perenne de homologar las cargas de trabajo con Chihuahua capital, para que deje de existir tanta disparidad en cuanto al personal que saca la chamba en la función jurisdiccional.

El reclamo no es nuevo.

Las personas juzgadoras ya lo habían planteado ante las representantes del Órgano de Administración Judicial, además de ponerlo sobre la mesa en múltiples encerronas y conversatorios.

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El punto es sencillo: se necesita más personal. Y tampoco se pide algo extraordinario. Apenas igualar lo que ya existe en el Distrito Judicial Morelos, en la capital del estado.

Ahora le tocó escuchar la queja a la magistrada presidenta, directamente de quienes en Juárez deben sacar pendientes en largas jornadas para que no se acumule el rezago.

Una por una, las personas juzgadoras soltaron sus inquietudes frente a Marcela, quien estuvo acompañada por el próximo presidente del Tribunal, Yamil Athié, y por la magistrada familiar Sara Julieta Muñoz.

Que no me repusieron una base de secretario. Que me faltan dos escribientes. Que perdí una base después de una jubilación. Que se pidió hace mucho la sustitución y nunca hubo respuesta.

Casos específicos, sí, pero todos apuntando al mismo problema: la falta de recurso humano para sacar el trabajo.

Nadie en Juárez pierde de vista que, aunque aquí se abren más expedientes, hay menos plazas que en Chihuahua capital, y en general menos salas y menos juzgados.

Allá despachan 15 jueces, contra 11 en Juárez.

Y si hablamos de magistraturas, allá operan tres salas, mientras que en esta frontera apenas hay una.

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Las personas juzgadoras se desahogaron, aprovechando que la presidenta Marcela salió buena para la escucha.

O sea que la buena noticia es que los escucharon.

La mala es que no hay suficiencia presupuestal para cumplir con esa carta atrasada para Santaclós.

Así que, por ahora, a la presidenta no le queda más que escuchar y, como dice la canción, decirles a todos que sí… aunque no les diga cuándo.

Supo Mirone que Marcela también se reunió con jueces en materia Laboral, pero no hubo encuentro en materia Civil.

Seguramente será para la próxima visita a Juárez, cuando se siga abultando el costal de pendientes, hasta que de plano ya ni lo pueda cargar.

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No huele nada bien la movida que está armando el director de Asentamientos Humanos del Municipio, Julio César de la Cruz, en el fraccionamiento Jardines de San Pablo, al oriente de la ciudad.

Los vecinos lo traen en jabón porque se puso a lotificar un predio que estaba reservado para equipamiento del fraccionamiento, donde la comunidad pretende que se construyan canchas deportivas o algún espacio recreativo.

El terreno, de 3 mil 720 metros cuadrados, fue entregado conforme a la ley por la constructora Ruba precisamente para equipamiento urbano.

Pero De la Cruz y su gente ya se han dejado ver en el lugar para anunciar que habrá lotificación e incluso construcción de vivienda.

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Tanto el Comité de Vecinos del fraccionamiento como la organización Red de Vecinos se pusieron a investigar y lo que encontraron fue todavía más extraño: en la administración municipal nadie sabe nada de ese proyecto.

Ni en la Dirección de Enajenación existe solicitud alguna, ni hay trámite registrado en la Dirección General de Desarrollo Urbano.

Además, Asentamientos Humanos no tiene facultades para articular ningún proyecto inmobiliario sobre un predio entregado para equipamiento, y menos si no ha pasado por el Ayuntamiento alguna autorización o desincorporación.

Los vecinos de Jardines de San Pablo terminaron de encabritarse cuando colocaron una lona de protesta en el terreno… y fue el propio Julio César de la Cruz quien se encargó de retirarla.

“Los vecinos de Jardines de San Pablo estamos en total desacuerdo con el despojo de nuestra área de equipamiento; exigimos respeto y transparencia a las autoridades municipales”, señalaba el mensaje.

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No es la primera vez que aparece De la Cruz y su dependencia en colonias para disponer de predios que originalmente se planearon para equipamiento.

La diferencia es que antes al menos había trámites de por medio y autorizaciones del Cabildo cuando se iba a donar o vender algo. Ahora ni eso.

Quién sabe en qué proyectos o negocios ande metido el funcionario. Ya le habían comentado a Mirone que estaba haciendo de las suyas incluso en el Centro Histórico de la ciudad.

Por lo visto, Julio César de la Cruz ya quiere pasar de funcionario público a promotor inmobiliario.

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En Chihuahua no tienen para cuándo reformar el marco jurídico para desaparecer al famoso Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), pese a que ya se les pasó el plazo legal para hacerlo… y por mucho.

Aunque el límite para borrar del mapa a ese organismo y sustituir sus funciones por otro que no salga tan caro —o bien pasárselas a alguna dependencia de Gobierno— terminó hace casi un año, aquí parece que les vale.

Lo van a mantener vivito y coleando y háganle como quieran.

El Congreso del Estado tenía hasta el 20 de marzo para hacer ese movimiento, pero el detalle es que era el 20 de marzo… de 2025.

Sí, hace ya un año que debió concretarse el ajuste establecido en la reforma federal. Y no lo han hecho.

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La reforma constitucional federal, publicada en diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, reconfiguró el sistema nacional de transparencia al desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y transferir sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia del Poder Ejecutivo federal.

El decreto estableció además que las entidades federativas debían armonizar su legislación en un plazo de 90 días para adecuar sus sistemas locales al nuevo modelo institucional.

Ese plazo se cumplió alrededor de marzo de 2025. Pero aquí parece que eso de los plazos que fijan los legislativos dominados por la 4T les hace lo que el viento a Juárez.

Y lo decimos porque el Congreso del Estado todavía no aprueba una reforma integral que redefina el funcionamiento del organismo garante estatal ni el nuevo esquema para proteger el derecho de acceso a la información pública.

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El organismo sigue tan vigente que en febrero de 2026 publicó en el Periódico Oficial del Estado un acuerdo administrativo para actualizar sus procedimientos internos relacionados con los recursos de revisión, es decir, los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos pueden impugnar respuestas incompletas o negativas a solicitudes de información pública.

En otras palabras, el sistema estatal de transparencia sigue funcionando bajo el modelo institucional que existía antes de la reforma federal.

Y no solo eso.

El Congreso del Estado le asignó para este año un presupuesto de 83.8 millones de pesos… cuando ya no debería ni existir.

En Chihuahua, el Congreso local está integrado por una mayoría legislativa conformada por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM, quienes han actuado como bloque frente a varias reformas impulsadas desde el centro del país.

La desaparición del INAI, promovida originalmente por el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada después por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, abrió un debate nacional sobre el futuro de los organismos de transparencia.

Mientras tanto, en Chihuahua el Ichitaip sigue operando como si nada hubiera pasado, porque el Congreso local no termina de decidir qué hacer con él.

Y mientras esa reforma no llegue, el sistema estatal de transparencia seguirá funcionando bajo reglas que, a nivel nacional, ya cambiaron.