Un nuevo caso de asesinato contra un chofer de plataforma se confirmó ayer, al identificarse como Henry Hernández Márquez, de 30 años, el hombre cuyo cuerpo se encontró en la cajuela del auto que operaba con la aplicación de Uber.

Henry había desaparecido desde el 6 de agosto, hasta que sus propios compañeros de plataforma encontraron su vehículo Jetta en el periférico Camino Real, el espacio público que es tierra de nadie y donde es común que se tiren cuerpos como si fueran cualquier desecho, sin que autoridad alguna inhiba las acciones criminales.

Es inadmisible ese grado de inseguridad y riesgo para todos, aunque en esta frontera, la violencia se ha ensañado con el gremio de los choferes. Ponerte al volante para buscar el sustento de la familia, te lleva a que te asesinen. Una verdadera tragedia.

El cuerpo de Henry quedó envuelto en una cobija y sus manos maniatadas con lazos blancos.

Apenas la madrugada del pasado 30 de marzo, otro conductor de plataforma fue asesinado de un balazo en la cabeza, a bordo de su Hyundai Elantra.

En ese mismo vehículo, con el cadáver a bordo, fue detenido el presunto responsable, en uno de los pocos casos en que se realizó una intervención policial inmediata después de que se reportó el ataque armado.

Reportes periodísticos y de la propia Fiscalía General del Estado (FGE), señalan que en poco más de cuatro años, 30 conductores de plataformas como Didi, Uber o Indriver fueron asesinados en Juárez y otros 19 en la capital del estado.

En total, incluyendo dos homicidios más en Aquiles Serdán, uno en Cuauhtémoc y otro en Meoqui, la cifra llegó en ese reporte a 53 casos.

Nada más en el 2022, fueron 18 los asesinatos a nivel estatal, con 11 en esta frontera, más de la mitad del total.

El 2023 registró aquí 12 homicidios, cuatro en Chihuahua y uno más en Cuauhtémoc.

Ese mismo año resonó a nivel nacional el asesinato de Rafael Díaz, el tiktoker “Rafa Wayne” o “el Uber más conocido de Juárez”.

La madrugada del 12 de diciembre de 2023, cientos de sus seguidores en TikTok fueron testigos de un hecho escalofriante, ya que Rafa hacía una transmisión en vivo cuando fue víctima del asalto que le costó la vida.

Su transmisión estaba activa cuando unos hombres que entraron a su vehículo, le pedían a gritos su dinero y su celular. Rafa pausó el “en vivo”, que ya nunca más se escuchó. Recibió tres balazos y ahí murió.

Son ya muchas las historias de esos homicidios que enlutan familias y las dejan en el desamparo.

Un chofer que fue obligado a bajar de su vehículo por dos hombres armados que lo ejecutaron en las calles De la Uva y De la Pera, de la colonia Las Huertas; el cuerpo encontrado sobre la calle Granito, muy cerca del Camino Real, también de un chofer buscado días atrás; dos conductores localizados en una brecha de la carretera a San Jerónimo; otro cuerpo más en los parajes desérticos de Sierra Vista. Muchos casos más.

Los siguen matando y ninguna corporación policial inhibe el delito. Ni hay prevención efectiva, ni procuración de justicia que contenga a los criminales y garantice que ponerse a trabajar al volante para ofrecer el servicio de transporte, deje de ser una actividad laboral de tanto riesgo.

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Se puso buena la polémica en el Congreso del Estado por una iniciativa de última hora, presentada por el grupo mayoritario del PAN para reformar la Ley de Participación Ciudadana.

La propuesta que apenas surgió esta semana, va directamente a endurecer los requisitos en torno a la revocación de mandato, uno de los instrumentos de participación política que considera la ley.

Son tres modificaciones nada menores las que plantea la iniciativa. La primera es incrementar el número de firmas del 5 por ciento al 10 por ciento de la lista nominal, para que las personas puedan solicitar una revocación de mandato.

La segunda es agregar el requisito de obtener el apoyo del 10 por ciento de la lista nominal, en al menos el 50 por ciento +1 de los municipios del estado, es decir, en 35, para que sea válida la solicitud.

La tercera tiene que ver con elevar el porcentaje necesario para que los resultados de la votación en el proceso de revocación sean vinculantes, pasando del 35 por ciento al 40 por ciento de la lista nominal del estado.

Inmediatamente la pegaron de gritos los integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, obviamente no los que representan a las instancias gubernamentales, quienes consideran como un retroceso la propuesta, ya que claramente se dificulta más que los ciudadanos recurran al instrumento.

“La parte ciudadana del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua considera que estas modificaciones están en contra del principio de progresividad y son un retroceso en los derechos ciudadanos y dificultan el ejercicio de la participación”, destacaron en su posicionamiento público.

Les tocó a los diputados Alfredo Chávez y Saúl Mireles, firmar la iniciativa, bajo el argumento de que se trata de armonizar esa legislación con la norma a nivel federal.

Lo que resultó más extraño es que únicamente propusieron las nuevas reglas para el caso de la persona titular del Ejecutivo, para ningún otro representante electo por el voto ciudadano.

Ciertamente, a nivel federal, para que sea vinculante el voto a favor de la revocación del titular del Ejecutivo se pide el 40 por ciento de los votos del listado nominal. Sin embargo, ya hay una propuesta de reforma para bajarlo hasta el 30 por ciento, precisamente para que sea factible el instrumento y no se vuelva imposible.

Por el lado del porcentaje de firmas para pedir la revocación, la legislación federal prevé nada más el 3 por ciento del listado nominal, por lo que el argumento de la homologación aquí de plano no cuadra.

A ver en qué queda la iniciativa que se quiere sacar antes de que se despida la actual Legislatura. Por lo pronto, la bancada de Morena consideró regresiva la reforma, así que se esperan también recursos legales en contra.

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Donde se conjuntó la grilla política con la empresarial ayer, fue en la capital del estado.

Los hombres del billete aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Federico Baeza Mares, citaron a los legisladores federales electos a una encerrona en el Hotel Sheraton Soberano.

Juntaron a morenistas, panistas y priistas. Ahí estuvieron los senadores electos por Morena, Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, lo mismo que el senador electo de representación proporcional o primera minoría, el panista Mario Vázquez.

Por el PRI, les tocó la representación al diputado electo por el Distrito 08, Alejandro Domínguez y a Noel Chávez por el Distrito 09 con cabecera en Parral. La que no se dejó ver fue la panista Manque Granados, quien ganó la elección en el Distrito 06 de la capital del estado. Al parecer andaba fuera de la ciudad.

Lo que se supo es que los empresarios de la ciudad de Chihuahua traen la idea de conformar un grupo de trabajo para atender las problemáticas que les interesan, por eso convocaron a sus futuros representantes populares, sin importar el color de la cachucha.

Especialmente, les interesa la agenda nacional, por eso buscaron el encuentro con quienes a partir de septiembre se integrarán al Congreso de la Unión y se supone que cabildearán y legislarán en favor de Chihuahua.

Además de Federico Baeza Mares, estuvieron ahí Salvador Carrejo por Coparmex y Leopoldo Mares de Caprin. También Armando Gutiérrez, de Canacintra; Blanca Paola Cázares, del Clúster de Minería y Arturo González, del Consejo Estatal Agropecuario.

En el “Diálogo Abierto” no podían faltar Álvaro Bustillos Fuentes, de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua; Mauricio González, de Unifrut; Julio César Mercado, de CMIC; y Antonio Moisés de AMDA Chihuahua.

A ver si los empresarios y los políticos de Ciudad Juárez también se sientan pronto a la misma mesa, para ponerse de acuerdo sobre la agenda especial fronteriza.

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Otro paso más se dio ayer en el proceso de selección de las dos magistraturas que se abrieron en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el TEJA.

La Comisión Especial que integran los tres poderes tuvo que calificar a los 42 que pasaron los filtros de documentación y los enlistó a todos, poniendo arriba los que quedaron mejor evaluados.

Se supone que la documentación curricular aporta un 40 por ciento de la calificación y la entrevista del aspirante con los sinodales (en la que se llevaron dos días con las representaciones), el otro 60 por ciento.

Por lo pronto, se dieron a conocer los primeros diez lugares y se anunció que el resto se colgaría en el micrositio del Congreso para su consulta.

En la punta quedó Luis Eduardo Naranjo Espinoza, con un total de 94.81 puntos, seguido de Priscila Soto Jiménez, con 92.59 y de José Luis Reyes Portillo, con 89.54. Ahí quedaron los tres mas altos.

Les siguieron Saúl Eduardo Rodríguez Camacho, José Carlos Medina Armendáriz, Sofía Adriana Hernández Holguín, Edgar Carrillo Sáenz, Lizbeth Vázquez Tena, Carmen Fabiola Palacios y Jorge Luis Chávez Domínguez. Esos son los primeros diez.

Lo que sigue ahora es la conformación de las ternas, pero ya nada más por parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

Ahí se terminará de hacer la negocia y finalmente se pasará al Pleno para su votación mediante cédula.

El proceso para la elección de las dos magistraturas concluyó otra etapa más, justo el mismo día en que el Grupo Parlamentario de Morena presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad por toda la reforma a la Ley Orgánica del TEJA que permitió aumentar el número de magistraturas.