Otra estrellita más en la cacha de la pistola de Luis Gerardo Serrato Castell, el súper secretario del Marugobierno cuyas funciones abarcan prácticamente todo lo que tenga que ver con la administración pública estatal, así como se lee.

Ante la urgente remoción o reubicación de Adriana Ruiz, la hasta ayer titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Serrato trajo a un paisano suyo para que se hiciera cargo de ese que ha sido su enclave desde que hizo renunciar a César Navarrete cuando tenía apenas un mes en el encargo.

Este reacomodo resultó en todo un ganar-ganar para los involucrados: Adriana Ruiz se va a la Dirección General de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, el Cecytech, mientras que Serrato movió y colocó a una más de sus piezas, de paso, hace a un lado a un encargo que más sonaba a empalme: se quita de encima a Pavel Aguilar Reynal para que este se convierta ahora en el súper asesor del nuevo coordinador de Comunicación Social.

¡Sí, el mismo que ha sido diputado por el PRD, y afamado defensor de la ilegalidad con la identificación de autos de contrabando, los dichosos “chuecos”! A ver en que gira su asesoría: si en manejo de medios o en cómo crear una organización “pafa” para que no te quiten tu auto «chueco».

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Hay barruntos de tormenta en el PAN de Juárez, donde Ulises Pacheco y su equipo, no terminan de asimilar que fueron derrotados en la elección del comité municipal del PAN, y por lo mismo, están preparando la impugnación formal en contra de Xóchitl Contreras.

Ulises y compañía argumentan como principal prueba que el proceso fue ilegal y tiene que repetirse, que Xóchitl no renunció a su cargo de coordinadora estatal de licencias. Sin embargo, esa prueba no está fundamentada, porque desconocen la fecha de renuncia, en virtud de que la solicitud que hicieron vía transparencia, no ha sido respondida.

En los documentos que están haciendo circular en las redes denuncian que desde el 30 de agosto solicitaron la información a la Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, en los registros oficiales del Ichitaip, precisa que la petición fue hecha por Alejandro Ramírez Guerrero, un día antes, el 29.

La fecha límite para que les dieran la información era el 13 de septiembre, dos días después de la elección, pero no les fue entregada, porque la autoridad obligada, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, solicitó una prórroga de 5 días.

Los inconformes alegan que Xóchitl tenía que haber presentado su renuncia antes del 15 de agosto, porque un día después anunció su participación en el proceso de renovación de la dirigencia municipal del PAN.

En el documento de inconformidad donde hacen una cronología de los tiempos que siguió Xóchitl hasta ser electa presidenta del PAN, los pachequistas especulan con los supuestos de que la SSPE se ha negado a entregar la información, “porque probablemente no tienen la renuncia o la fecha de la renuncia no coincide”.

También suponen que el Gobierno del Estado puede estar “fabricando” la documentación de Xóchitl Contreras “para hacer coincidir fechas y que ni la gobernadora ni el secretario de Seguridad Pública Estatal puedan incurrir en algún delito electoral o desvió de recursos públicos”.

El problema para Xóchitl sería que hubiera entregado su renuncia después del 15 de septiembre o que hubiera recibido algún pago de su trabajo después de esa fecha, pero ese requisito ya no deberá preocuparle, porque a sus detractores se les pasó el tiempo reglamentario de 5 días para hacer la impugnación formal.

Todavía el domingo se reunieron con Ulises un grupo de 30 panistas, entre los que figuraban David Rodríguez y África Hernández, dos de sus principales apoyadores, para discutir el tema y buscar que se reponga la elección.

Los seguidores de Xóchitl advierten, que, con esta maniobra, los inconformes pretenden solamente que los picudos del gabinete estatal le den alguna posición en el gobierno a Ulises y su equipo, que han permanecido en la banca más de un año, alejados de la ubre presupuestal. Ese es el fondo, porque aseguran que la impugnación no procede.

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La Comisión de Gobernación, que preside la consentida del Palacio de Gobierno, Georgina “Geo” Bujanda, propuso que la Fiscalía de Atención a la Mujer investigue todo lo relativo a la violencia familiar, es decir, que se encargue de la agresión a las mujeres, pero también a niñas, niños y adolescentes.

Nada de malo habría, de no ser porque tanto la Fiscalía de la Mujer, como las fiscalías de zona que se encargan de atender los casos de violencia familiar, están hasta el tope de trabajo y ni para cuándo tienen como para que les aumenten el personal, mucho menos el presupuesto.

En la propuesta, de Geo Bujanda y de Oscar Castrejón, de Morena, la lógica sería una misma unidad de investigación la que se encargue de todo el paquete de violencia, desde el ataque a la madre-cónyuge-concubina, hasta las hijas e hijos, nietos y demás afectados.

El “pero” que puso el colmilludo Pichú de la Rosa es, suena bien todo “pero” ¿les vamos a cargar de más trabajo sin darles mayor presupuesto para hacerlo?

Tras la pregunta del Pichú, quien participó a larga distancia, vía “zoom”, pero con puntería de apache, motivó un largo silencio. No hubo respuesta de por medio. Y no la hay, porque tampoco hay dinero para fortalecer a los órganos de procuración de justicia. ¡Ah, pero que bien que hay para traer al Julión!

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Circuló ayer en los medios una especie de comunicado, supuestamente emitido por el capitán comandante del puesto militar de Samalayuca, mejor conocido como Precos, donde admiten que, por las lluvias del fin de semana, se llegaron a acumular en las filas de revisión hasta mil vehículos, pero aseguran que el tiempo de espera no pasó de una hora y media.

El comunicado surgió, como respuesta a las quejas de cientos de automovilistas que tuvieron que esperar en la fila de Precos hasta por más de 3 horas, por la lentitud con que los soldados realizaban las revisiones.

En el documento, se pide a la población y a los choferes de los vehículos de transporte, que sean comprensivos por las molestias que les causan las revisiones, pero que “es por su propia seguridad y con el fin de evitar el tráfico ilegal de estupefacientes, personas y armas que redunda en la seguridad de todos los mexicanos y especialmente en los de Cd. Juárez” (sic).

Aquí la pregunta incómoda es, ¿cuál seguridad es la que procuran si nunca informan de resultados o decomisos en los vehículos de carga o particulares que llegan a la ciudad, a pesar de las minuciosas y molestas revisiones?

Los militares califican las revisiones como “un acto de primera necesidad”, pero en lo que realmente se ha convertido es un acto abusivo que, durante los fines de semana, temporadas navideñas y vacacionales, se hace insoportable por el clima extremo en ese punto.

Si el objetivo principal es la seguridad, con la contención del tráfico de migrantes, detección de drogas, de tráfico de armas, de dinero ilegal y detención de vehículos robados, pero en lugar de resultados efectivos provocan molestia ciudadana, entonces los propósitos del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, del Plan de Migración y Desarrollo Frontera Norte y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no se cumplen con este retén.

El sentido común revela que todos los delincuentes, del grupo criminal que sean y a la actividad ilícita que se dediquen, saben de la ubicación del punto de revisión militar y lo evaden utilizando brechas por Villa Ahumada y Samalayuca.

Ya lo dijo Patricio Martínez en su tiempo como gobernador: solo a un imbécil operado del cerebro se le ocurriría pasar droga por ese punto. Así de simple.

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Una grotesca falta de respeto cometió la Policía Estatal al informar ayer, como si fuera un logro de la corporación, que desplegaron un operativo especial en la ciudad de Camargo con 355 intervenciones policiales, para tratar de localizar al joven José Alejandro Torres Medina, secuestrado y asesinado por individuos desconocidos desde el día 16.

El detalle bochornoso aquí, es que ni lo localizaron con vida ni detuvieron a los asesinos, solamente presumieron que participaron en su búsqueda y que, como resultado del operativo aprehendieron a tres narcomenudistas. Tremendo logro.

La desaparición de José Alejandro ocurrió desde el 8 de septiembre y el 16 fue localizado su cuerpo envuelto en cobijas en el kilómetro 174 de la carretera Chihuahua a Delicias, a la altura de la comunidad de Bachimba, hecho que consternó a toda la población del centro del estado, donde su familia es ampliamente conocida.

Los grupos especiales SWAT y Detectives, así como personal de Análisis Táctico de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, llegaron el 17 a Camargo, para participar en la búsqueda del joven, cuando ya su cadáver estaba en la morgue.

Por lo mismo, resulta ocioso y ofensivo que, a tres días de los hechos, salgan a presumir lo que no hicieron y lo disfracen diciendo que sus elementos participaron en el reforzamiento de la seguridad de la región.

En primer lugar, si su responsabilidad es la seguridad pública, no tienen por qué pregonarlo como si hubieran hecho algo heroico o plausible. En segundo término, si no pudieron evitar el homicidio y mucho menos dar con los asesinos, qué demonios tienen que salir a presumir que hicieron 355 intervenciones, si ninguna evitó la muerte de Alejandro.

Mucha prudencia y humildad deberían tener los jefes de la Policía Estatal al realizar su trabajo, porque salir a informar tres días después de lo que hicieron, si ni siquiera pudieron localizar el cuerpo y los delincuentes volvieron a escapar a pesar del aparatoso despliegue que presumieron, resulta absolutamente grotesco.