Aunque desde la cima del poder estatal le echaron tierra al asunto, y con la renuncia del director del Cobach, Marco Licón, buscaron apagar el escándalo, siguen saliendo nuevos datos en torno al frustrado negocio de los caros uniformes fashion para los estudiantes de esa institución de educación media.

Fuentes mironianas revelaron que la mano que mecía la cuna en ese negocio millonario, que se les vino abajo, por gandallas, fue directamente el supersecretario Luis Serrato Castell, quien ordenó la compra a la empresa “Uniformes Chihuahua”, de Antonio Valadez, bajo el argumento de que fue uno de los patrocinadores de la campaña por la gubernatura.

Serrato Castell aprovechó la coyuntura de que la comercialización de los uniformes escolares se realiza directamente entre proveedor y alumno, porque no está regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y por lo mismo, no debe ser licitada.

Sin embargo, el coordinador del Gabinete estatal no contaba con la inconformidad de los padres de familia, que pusieron el grito en el cielo por el abuso de pretender venderles un uniforme en 2 mil 315 pesos por estudiante, que, multiplicado por 16 mil 500 alumnos, iba a representar un jugoso negocio de poco más de 38 millones de pesos. Nada más ni nada menos, para los pilluelos que se dan golpes de pecho y se lavan la boca con agua bendita.

Aunque la cuerda se rompió por lo más delgado y todos le echaron la culpa al director del Cobach, porque supuestamente no informó al secretario de Educación ni a la gobernadora sobre este millonario despropósito –cosa que nadie se tragó–, lo cierto es que al principal responsable del atraco en despoblado nadie lo molestó.

Ciertamente, Luis Serrato cruzó el pantano todo enlodado, pero nadie se fijó o no quisieron fijarse, por lo que el señor sigue ejerciendo su poder inmaculado para poner y disponer de funcionarios en todos los niveles, como ya lo hizo con su paisano sonorense en Comunicación Social, José René Sotelo, y con Adriana Ruiz en la dirección de los Cecytech, donde quizá no tarde en hacer también negocio con los uniformes o con lo que se atraviese.

El control que ejerce el coordinador del Gabinete para seguir meciendo la cuna no se limita a los funcionarios de la administración estatal en la entidad. Se extiende hasta la capital del país, donde el representante del Gobierno de Chihuahua en la metrópoli es su hermano José Serrato Castell.

Ahora que han salido nuevas evidencias del negocio de los uniformes, hay que preguntarles a los diputados locales de Morena en qué va la investigación que supuestamente iban a realizar por el lucro y conflicto de intereses que quedaron en evidencia con este escandaloso caso.

Se recordará que un grupo de diputados de oposición denunciaron ante la Función Pública las irregularidades en la concesión para la venta de los uniformes, y en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque estaban obligando a los padres de familia a comprar los uniformes para poder inscribir a sus hijos.

El 11 de agosto, los legisladores Cuauhtémoc Estrada Sotelo, María Antonieta Pérez, Benjamín Carrera y Óscar David Castrejón, presentaron las denuncias, pero hasta ahora nada se ha resuelto.

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“Y los mariachis callaron”, así podemos titular la reunión que tuvo ayer el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso, para platicarles las chuladas que harán con la Torre de Babel, perdón Centinela, donde los diputados morenistas perdieron todo su espíritu beligerante y enjundioso, para limitarse a escuchar.

Apenas la semana pasada el líder de la fracción de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada, dijo que la costosa torre no resolverá la problemática delictiva en la entidad, porque parece más un negocio que una estrategia en materia de seguridad.

En aquella ocasión sugirió la posibilidad de someter el proyecto a un plebiscito, para que la ciudadanía decida si se lleva adelante la obra, o los recursos se destinan a cubrir muchas necesidades que en obra pública y servicios tienen los chihuahuenses.

Bueno, pues ayer el Capitán Centinela echó mano de su uniforme de gala y se plantó en la Jucopo para hablarles de las maravillas que tendremos con la Torre.

El mismo guión que ha utilizado para presentar el proyecto a empresarios, corredores de bienes inmuebles y a otros organismos del sector privado, utilizó el jefe policiaco para convencer a los diputados de las maravillas que se podrán hacer con la torre, para combatir la delincuencia. Ajá.

Fue el presidente de la Jucopo, el panista Mario Vázquez, quien lo invitó, para tratar de convencer a los diputados morenistas de apoyar el proyecto, y parece que lo logró, porque los aguerridos seguidores de la 4T, en voz de su coordinador, se limitaron a hacerle preguntas a modo, sin cuestionar nada de lo que tanto han cuestionado.

Cuauhtémoc Estrada le preguntó sobre el costo que tendrá la implementación del Modelo Chihuahua, pero nada sobre los sobrecostos de los equipos que se han venido ventilando públicamente, y menos sobre la adjudicación a la empresa Seguritech, que no tiene buenas referencias por su trabajo realizado en otras entidades.

En su calidad de anfitrión y principal cabildero del Gobierno estatal, con las fuerzas opositoras al proyecto, Mario Vázquez Robles, reconoció en el Sistema Centinela “un esfuerzo extraordinario de parte de Gobierno del Estado, que posibilitará mejorar la seguridad pública en Chihuahua y aseguró que el plan cuenta con una gran visión”. Mal se hubiera visto que dijera lo contrario.

Donde sí se desbarró, fue cuando dijo que la torre costará solamente 600 millones de pesos, pero evitó mencionar que todo el equipo y la infraestructura, para que funcione con las 13 subsedes que tendrá en la entidad, sumarán los 4 mil millones de pesos, cifra que se ha cuestionado desde un principio cuando anunciaron el Modelo Chihuahua.

Luego, con puro rollo quiso disimular la manipulación de números, al asegurar que “la inteligencia operativa permitirá generar estrategias que maximicen la efectividad de las fuerzas de seguridad y contribuirá para lograr un estado más tranquilo y seguro”. What?

En esa reunión estuvieron también los diputados morenistas Gustavo de la Rosa, Benjamín Carrera, Óscar Castrejón, Leticia Ortega, Magdalena Rentería y Rosana Díaz, pero al parecer les dijeron que calladitos se verían más bonitos y así lo hicieron.

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Aprovechando que ayer se realizó en la ciudad “Fandangos por la Lectura”, como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, que promueve el Gobierno federal, surgieron voces que opinaron que el hábito de leer no se va a fomentar con simples eventos políticos, sino con más bibliotecas públicas en una ciudad que carece de ellas.

Juárez tiene solamente tres bibliotecas municipales públicas, que en el estricto término de la definición cumplen con las características de un dispensario amplio de libros, con instalaciones pertinentes, pero con un acervo bibliográfico pobre, que no se enriquece desde hace muchas administraciones y por lo mismo, no se promueve.

Las 30 bibliotecas que presumía la administración cabadista, hasta el 2021, eran simples estantes en los centros comunitarios, que tenían libros donados hasta en inglés, que nadie consultaba, pero adornaban y les daban un aire de cultura a los viejos salones de los edificios.

Por otro lado, existen 9 bibliotecas universitarias que no son públicas, sino para el servicio del estudiantado de educación superior, y su acervo está más orientado a las carreras que se imparten en cada una.

Por todo ello, ayer surgieron en redes varias peticiones para la esposa del presidente de la República, Beatriz Gutiérrez y la secretaria de Educación del Gobierno federal, Leticia Ramírez Amaya, para que le pongan atención a la necesidad de bibliotecas en las colonias proletarias de Juárez, donde lo único que se escucha son balazos, no lecturas, porque no hay dónde tomar prestado un libro.