Ni para hacer un funeral y rendirle tributo a uno de sus agentes caídos es atinado el tal Francisco Garduño, el hombre que sigue prendido como lapa de la dirección del Instituto Nacional de Migración, el INM.

Para empezar, tras la muerte del agente Luis Alberto Olivas en los llanos del estado de Chihuahua, presuntamente a manos de migrantes ilegales, no fueron ni para rendirle el homenaje que le corresponde.

Vaya, ni una esquela puesta en razón pudieron hacer, porque la publicada dice así, nada más:

“Nos unimos a la profunda pena que embarga a su familia y amistades, haciendo extensivas nuestras más sinceras condolencias”.

O sea, ni una pequeña línea donde diga que el señor cayó en el cumplimiento del deber.

Dicho sea de paso, murió por acatar órdenes que se le giraron de manera irregular, pues le indicaron que fuera a detener migrantes allá, en despoblado, sin esperar a contar con el acompañamiento del Ejército o de la Guardia Nacional, violentando con ello su protocolos.

Entre los agentes de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, ubicada en Juárez, continúan los sentimientos de agravio contra su compañero fallecido y contra ellos mismos, porque sus altos mandos siguen sin aceptar que la batieron todita al ordenar el operativo donde falleció Olivas.

Eso sí, el aún jefazo de jefazos, Francisco Orduño, se apersonó en Juárez, acompañado de sus allegados, incluso del director de Control y Verificación Migratoria, Andrés Vidal islas, quien es el responsable de los operativos que se llevan a cabo en todo el país.

Así, ni cómo esperar a que asuman su responsabilidad, que indemnicen como es debido a la familia y que sancionen a quienes cometieron toda esa cadena de desaciertos que llevaron a que hoy, una familia esté enlutada a causa de un acto negligente del INM.

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El homicidio del agente migratorio mexicano, Luis Alberto Olivas García, tendrá que generar un completo replanteamiento de la forma en que operan los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), no solo en esta región, sino en toda la franja fronteriza del norte e incluso en el centro y sur del país, dadas sus implicaciones.

Este hecho que ocasionó la muerte del oficial debe cambiar por completo la estrategia para tratar la situación de los migrantes dentro del territorio nacional, tanto para prevenir que otro funcionario mexicano resulte lastimado o incluso muerto, como para que las personas en tránsito no vayan a correr con la misma suerte con el pretexto de que son agresivos.

Nada justifica el asesinato del “migra” mexicano, supuestamente por parte de un migrante venezolano que fue arrestado poco después de quitarle la vida a pedradas, y sería injustificable que ocurriera otro hecho similar en el que personas, cualquiera que sea su condición, pierdan la vida.

El homicidio ocurrido el lunes pasado, ya casi para terminar el 2024, es otra mancha en la hoja de servicio del INM, ya maculada desde la muerte de 40 personas en condición de movilidad el 27 de marzo de 2023, cuando quedó en total evidencia la falla en los protocolos para el manejo de situaciones de conflicto por parte de la dependencia mexicana.

Ahora, la muerte dolosa de Olivas García se encarga de enturbiar todavía más la preparación que tienen los oficiales mexicanos del INM, quienes deben enfrentar una de las problemáticas más agudas del país en la actualidad.

Habrá que ver la respuesta del Instituto, y del Gobierno Federal en general, hacia el profundo agujero negro que representa el manejo del fenómeno migrante en el país y, en particular, por esta región donde se ubica Ciudad Juárez.

Más aún con lo que se viene pronto, cuando retome las riendas de Estados Unidos el presidente electo Donald Trump, quien arribará con todo su ímpetu a satisfacer los deseos de sus simpatizantes para intentar cerrar las puertas de su país a los extranjeros.

Importante es, para los mexicanos y extranjeros que llegan aquí en su camino al país del norte, lo que se va a hacer en este lado de la cerca para evitar más confrontaciones que lastimen a las personas, provengan de donde sea o cualquiera que sea su rol en este conflicto internacional que ya nos pegó en varias ocasiones, algunas veces mortalmente.

No es cosa fácil, nadie cree que así lo sea, pero ignorar la situación solo hará que los riesgos crezcan para todos.

Las autoridades deben, forzosamente, proteger a los migrantes de forma primordial contra los delincuentes que los toman como carne de cañón en diferentes modalidades, como reclutándolos o secuestrándolos, para obtener ganancias. Por supuesto que tienen miedo de todo y de todos.

El evento no debe convertirse únicamente en una fecha más en el negro historial de esta problemática, sino en un punto de inflexión para, ahora sí, buscar estrategias de solución antes de que cosas peores ocurran.

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El reinado de terror de Alondra Pérez, conocida como la “Lady Sabe Leer”, en el aeropuerto Abraham González de Ciudad Juárez, sigue tan campante, a pesar de las protestas en su contra y de las evidencias de que hace con la normatividad migratoria lo que mejor le parece.

El pasado lunes 30, le cuentan a Mirone que una mujer originaria de Colombia y su hija de 10 años llegaron a Ciudad Juárez por vía aérea para atender la cita que obtuvieron a través del CBPOne, cuando para su infortunio les saltó la “dueña de la plaza” con toda su impunidad para exigirles una “cuota” para que pudieran pisar el suelo fronterizo.

Las dos viajeras: madre e hija, llegaron en el vuelo de las 8:00 de la mañana, para reunirse con su familia y posteriormente ingresar a los Estados Unidos de América mediante el programa CBP One.

Ambas contaban con sus pasaportes en regla y su permiso vigente, pero no con la venia ni el pulgar hacia arriba de la famosa “Lady”.

Resulta que a la “ñora” y sus agentes en turno no les fue suficiente que la documentación estuviera en regla y tras mantenerlas incomunicadas por una hora, les dijeron que si “pagaban” 200 dólares podían dejarlas ir.

Ante semejante abuso, las afectadas analizan presentar una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra Alondra Pérez Flores, subrepresentante local del Aeropuerto de Juárez y su jefa Carla Oliver Pacheco, representante Local Noroeste del Instituto Nacional de Migración

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El juez segundo de distrito con asiento en la ciudad de Chihuahua, le concedió un nuevo amparo al exgobernador César Horacio Dúrate Jáquez.

Uno más que podría grabar en la cacha de su Colt 45, si fuera pistolero.

El amparo en cuestión se otorgó el 8 de octubre pasado en contra de las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público en la causa penal que se le sigue por presuntos actos de peculado y asociación delictuosa en modalidad agravada.

El amparo se le dirige al agente del Ministerio Público de la Unidad de Análisis Financieros de la Fiscalía General del Estado, Salvador Lira Ontiveros y otros.

Enterados del caso le dicen a Mirone que ese amparo es uno de los varios que ha promovido el político ballezano en su litigio por, primero, evitar la sentencia condenatoria en el proceso penal que se le sigue y, segundo, que el Gobierno del Estado le devuelva todos los bienes que le aseguró durante la administración de Javier Corral Jurado.

En aquel entonces, se le confiscaron ranchos, ganado, animales exóticos y cuentas bancarias, por lo cual, ahora, quien fuera gobernador de Chihuahua entre el 2010 y el 2016 busca que el estado no solo le regrese lo asegurado, sino el daño material que esa acción le ocasionó.

Una rayita más al tigre en un proceso judicial en el cual ya no hay detenido –el exgobernador sale a comer burritos en el Distrito I de Chihuahua, nos cuentan– mientras que el proceso judicial está más congelado que el ártico.