Desde este martes 20 trascendió la versión de que el exsecretario de Salud del Gobierno corralista, Eduardo “Lalo” F.H., estaba en vías de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción para acogerse a lo que la ley llama “Criterio de oportunidad”, que para el caso es ser testigo protegido.

Según las versiones que transcurrieron, Lalo habría ofrecido esa condición a cambio de llevar el proceso que la Fiscalía sigue en su contra por la contratación de un crédito por monto de 401 millones 364 mil 155 pesos, sin apegarse a la normatividad establecida en la ley.

Aunque obtuvo su libertad bajo caución, el proceso en su contra continúa, por lo que su condición sigue siendo de imputado.

Aunque son causas distintas, el testimonio de Lalo F.H. sería determinante en la causa penal contra Arturo F.V., exsecretario de Hacienda del Gobierno de Javier Corral.

Como se recordará, a este se le acusa de haber otorgado dos contratos por más de 90 millones de pesos a una empresa presuntamente irregular para que se encargara del proceso de reestructuración de la deuda de Chihuahua, en el año de 2018.

En este espacio hemos comentado ya que aquel “affaire” fue lo que motivó una sonora fractura en la Secretaría de Hacienda que terminó con la renuncia de Lalo F.H., quien para entonces era subsecretario de Egresos.

En esa condición, Lalo fue el  diseñador de todo ese proceso de reingeniería financiera para bajarle el costo al deudón bárbaro de casi 50 mil millones de pesos que les dejó el Gobierno de César Deejay.

La ruptura de Lalo con Arturo F.V. ocurrió poco tiempo después de que concluyera el proceso de reestructura, en aquel 2018, y fue tan estruendosa que Corral, en persona, tuvo que intervenir para calmar las aguas.

Así que, poco que necesita el trato especial como procesado que es, y otro más de las ganas que le trae a F.V., se entiende por qué Lalo aceptó el trato que le ofrecieron para ser testigo protegido.

Lo malo, según nos cuentan fuentes al interior de la Fiscalía, es que la filtración pudo haber “tumbado” la negocia y, acaso, el exsecretario de Salud se quede como el perro de las dos tortas: sin su trato especial, con el proceso en su contra y con brazalete localizador y todo lo demás a cuestas.

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Después de más de 6 meses de sesiones y discusiones en el Congreso local, para la reforma a la Constitución del Estado, son dos puntos en los que sigue atorada la actualización de la Carta Magna: el monto del presupuesto que se les otorga a los partidos políticos y la reducción del número de regidores en todos los municipios de la entidad.

Son los diputados de Morena los que han pugnado porque el financiamiento a los partidos se haga de acuerdo a la votación que registren los procesos electorales, y no de acuerdo al padrón oficial, que en las jornadas participa menos del 50 por ciento.

Actualmente, ese financiamiento público se calcula con base en las fórmula establecida en la Constitución del Estado, de acuerdo con el número de personas inscritas en el padrón electoral, por el 65 por ciento del valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), que representó en la última elección un presupuesto aproximado de 260 millones de pesos, según la bancada de Morena.

Por otro lado, los fieles a la 4T quieren que se reduzca el número de regidores en cada municipio, y que estos sean electos en los distritos que representen, y no vayan en paquete con el candidato a alcalde, como ocurre actualmente, que sin gastar suela ni hacer campaña, se sacan la lotería.

Esta última propuesta de Morena, fue apoyada por la bancada panista solamente en lo que respecta a reducir el número de regidores, pero no en cuanto a que hagan campaña para que también sean votados.

Los morenos esperan que a finales de julio puedan alcanzar acuerdos con las otras fracciones parlamentarias, y se convoque a una sesión extraordinaria del Congreso para votar las reformas y terminar con el suspenso para todos los que aspiran ser regidores, pero no quieren asolearse en las colonias.

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Curiosamente, con la disminución del flujo de migrantes en la frontera, aumentaron las órdenes de “tacos” que la Policía Ministerial anda ejecutando contra agentes de otras corporaciones, involucradas en extorsiones y secuestro de extranjeros en su tránsito al “sueño americano”.

Hasta el día de ayer eran 13 las órdenes de aprehensión libradas por los Tribunales locales, contra elementos de seguridad pública de las diferentes corporaciones, incluida la Guardia Nacional.

La semana pasada fue una orden contra un policía ministerial por extorsión y secuestro, luego fueron 3 contra agentes municipales locales por secuestro, aunque uno de ellos escapó y todavía anda a salto de mata.

También les libraron orden de aprehensión a cinco elementos centinelas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por secuestro de migrantes.

Las últimas fueron contra dos elementos de la Guardia Nacional de Chihuahua y dos destacamentados en Juárez, que hasta el momento no han sido detenidos, porque se escudan en su condición de federales y la Policía Ministerial busca que los dos asuntos sean atraídos por el Poder Judicial de la Federación, para que sean castigados.

La cifra de órdenes de aprehensión no tendría mayor importancia, si no fuera porque se trata de guardianes del orden y representantes de la ley, que le entraron con singular alegría al jugoso negocio de extorsionar a los migrantes extranjeros, mediante privaciones ilegales de la libertad.

Esto habla de que dicha actividad está muy extendida en todos los cuerpos policiacos, sin contar el negocio que también tenían algunos inspectores del Instituto Nacional de Migración, a los que se les cayó el changarro cuando se registró la tragedia de la estación migratoria.

Ahora falta por conocer, con qué grupos criminales trabajaban todos estos policías corruptos, porque definitivamente no estaban solos en esta actividad.

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Qué dolor y qué furia se desataría en nuestros héroes de la Revolución Mexicana, aquellos que con valor y coraje entregaron su vida para crear las bases de un mejor país, si alguno de ellos viviera y se diera cuenta del daño que un (ponga usted aquí, lector, el calificativo que crea que merezca) generó al destrozar la carreta al exterior de uno de los pocos recintos que nos quedan de aquella hazaña histórica: la Casa de Adobe.

El domingo pasado, en pleno Día del Padre, vándalos energúmenos destrozaron la carreta que formaba parte del mobiliario exterior de ese espacio histórico cultural.

Para quienes desconozcan de la Historia de México, fue en la Casa de Adobe donde los grandes generales de la Revolución Mexicana se reunieron, entre otras cosas, para planear la emancipación del yugo dictatorial del general Porfirio Díaz.

Probablemente, la Casa de Adobe sea uno de los sitios más representativos del paso de la Revolución Mexicana por Ciudad Juárez. Fue en ese lugar donde Francisco I. Madero vivió, tuvo su cuartel y la presidencia provisional de México.

Así de ese tamaño tan grande en la Historia Nacional son esos que, a golpe de vista para el visitante, son solo un par de pequeños cuartitos.

La Casa de Adobe actualmente funciona como un museo de sitio y está ubicada junto al río Bravo, allí donde los estados de Chihuahua, Texas y Nuevo México convergen, donde alguna vez fue el Rancho Flores.

La construcción actual es una réplica de la vivienda que fue el punto estratégico donde Madero, junto a sus jefes y caudillos, planearon la Toma de Juárez, sin embargo, eso no debe restarle importancia y mucho menos respeto.

Por eso resulta más que doloroso que ante la ausencia de espacios de convivencia, llámeles históricos, turísticos, culturales, esos que nos generan arraigo e identidad como juarenses, aquellos pocos que nos quedan y que no han sido derribados por la ambición o por el tiempo, hoy sean vandalizados por personas que no tienen el más mínimo sentimiento de aprecio por su ciudad y por su historia.

¿Dónde estaban las autoridades el día que ocurrió este ataque a ese emblemático espacio? Si por algo se caracteriza esa zona, es porque diariamente ahí convergen unidades de seguridad de los tres niveles de Gobierno, es más, hasta del Ejército Mexicano.

Lectores de Norte Digital, denunciaron el acto vandálico el lunes y nos hicieron llegar las imágenes sobre los daños provocados a la carreta, fotografías en las que se observa también la basura tirada en el piso, como si se tratara de un chiquero y no de un recinto histórico cultural.

No fue sino hasta el miércoles 21 de junio, que Miguel Ángel Mendoza Rangel, director del Instituto Para la Cultura del Municipio de Juárez, el Ipacult, se refirió al tema, indicando que los responsables de los daños, los provocaron al estar haciendo piruetas con sus vehículos, los mentados ceritos.

El funcionario ahondó en el tema señalando que se tenía identificada una problemática particular en el lugar, que son automovilistas que gustan de patinar sus automotores, así como realizar giros a gran velocidad con lo cual arrojan tierra y piedras a sus alrededores que levantan del suelo.

¡Háganme el favrón cabor! ¿Si ya tenían identificado el problema por qué no actuaron antes en consecuencia?

Ahora, todos necesitamos saber quiénes son esos juarenses que no quieren a Juárez. Este Mirone no deja de preguntarse lo anterior, cuando se supone que lo que hace un pueblo con arraigo es preservar aquellos espacios que le dan identidad.