La armonización en Chihuahua con la Reforma Judicial, para que se elijan juzgadores por voto popular, ya generó un diferendo en el bloque de los diputados que conforman el Prian.

Resulta que el PRI no va en sintonía con el PAN, cuyo Grupo Parlamentario cambió la pichada en torno a la reforma que tanto cuestionó cuando se debatía a nivel nacional.

Esa maniobra del PAN ocurrió, en parte, porque hay intencionalidad política de mandar hasta Palacio Nacional señales de buena voluntad, pero también porque al ser pragmáticos y evaluar lo que viene, el grupo político en el poder consideró que convenía mejor entrar de una vez a la rebatiña por los cargos judiciales y no dejar que la 4T se sirva sola con la cuchara grande a la hora de reconformar el Poder Judicial en Chihuahua.

O sea que vieron mejor escenario si se arma la elección en el 2025 en lugar de esperar al 2027.  No únicamente por tener condiciones de piso parejo entre PAN y Morena si se trata de influir en ese proceso que se supone debe ser ajeno a los partidos políticos, también porque muchos creen que, si se deja para dentro de tres años, podría haber un desastre logístico y operativo al empalmarse con las elecciones ordinarias de representantes populares.

De ahí que en el PAN se apresuraron a armar su iniciativa de ley para reformar la Constitución estatal y múltiples ordenamientos, a la par de la que armó el Grupo Parlamentario de Morena. Nada más que en esa movida, dejaron fuera de la jugada a sus aliados de coyuntura electoral, los diputados del PRI.

Ya no supo Mirone si fue por eso, o porque en el tricolor traen otra jugada muy distinta de alianzas a nivel nacional, pero el caso es que el presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, salió ayer a decir que sus legisladores votarán en contra de esa reforma.

No los necesita el PAN si en eso trae coincidencias con Morena, pero sí resulta interesante ver cómo las directrices nacionales pueden modificar diametralmente las alianzas locales.

Domínguez, quien además es diputado federal que se mueve cerca de la burbuja tricolor en San Lázaro (con línea directa con Alito Moreno, por medio de Graciela Ortiz y el coordinador parlamentario, Rubén Moreira), justificó su posición con el tema de los recursos legales pendientes que tiene por resolver la Corte.

“No queremos que los diputados caigan en desacato”, dijo el diputado, respecto a los ordenamientos judiciales de no moverle nada a esa reforma, luego de que se tramitaron múltiples amparos, justamente por actores panistas y tricolores en distintos rumbos del país, incluyendo desde luego al estado de Chihuahua.

Esa consideración el PAN ya lo dejó de lado a nivel local, igual que lo hicieron el Senado y la Cámara de Diputados ante las resoluciones y ordenamientos de diversos jueces que ordenaban detener el proceso legislativo.

La discusión de la Reforma Judicial se pondrá candente en el Congreso el miércoles, cuando se suban las iniciativas al Pleno. Primero deberá de agotarse la discusión en torno al Paquete Económico 2025.

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Ya se verá qué tanto impacta el diferendo en el asunto de la Reforma Judicial, en la posición que asuma el PRI a la hora de votar el Paquete Económico 2025.

Por lo pronto, el dirigente estatal, Alex Domínguez, dijo ayer que el Presupuesto de Egresos deberá ser municipalista, con un mayor margen de atención a los proyectos que requieren los alcaldes en sus respectivos municipios.

También está por verse en el Congreso cómo concluye hoy la votación del paquete y qué tantas reservas terminan por presentar, tanto los tricolores como el Grupo Parlamentario de Morena.

Hay varias diferencias con los proyectos presentados por el Ejecutivo estatal y desde ayer empezaron los legisladores guindas y tricolores, a proponer reasignaciones presupuestales.

Y como tanto PRI como Morena adelantaron que en materia de Ingresos votarían en contra del nuevo impuesto (aunque se menciona como aprovechamiento), a las plataformas digitales para el reparto de alimentos, finalmente la Administración retiró esa propuesta de aplicar el 1.5 por ciento de impuesto.

La mayoría panista intentó justificar el cobro, por el uso de las vialidades por parte de los vehículos que hacen los repartos; sin embargo, principalmente los morenistas en el Congreso, insistieron en que sería inequitativo y discriminatorio, ya que no se consideraba aplicar en contra de las empresas que para distribuir sus productos tienen sus propias flotillas.

Se opusieron además porque consideraron que afectaría a los pequeños negocios que encuentran en las plataformas una herramienta de mercado, así como a los operadores que conducen automóviles o motocicletas para ganarse la vida.

Igualmente, el PRI argumentó que el cobró impactaría a los trabajadores y, finalmente, a los propios usuarios que ordenan el servicio.

Así que el grupo mayoritario del PAN ya no tuvo que defender ese nuevo impuesto.

Seguramente también influyó en la decisión, el historial de que el impuesto se declaró inconstitucional en Quintana Roo y Edomex, además de que ya enfrenta recursos legales en la Ciudad de México.

Cero y van dos propuestas que se le caen a la Administración. Previamente ocurrió lo mismo con la sobretasa de un punto porcentual al Impuesto Sobre Nómina, al cual se opusieron las Cámaras empresariales en todo el estado.

Otro diferendo importante de la oposición está en el gasto para grupos vulnerables, ya que en el Ejecutivo estatal sigue sin presupuestarse el pago de pensión universal para personas con alguna discapacidad, pese a que a nivel federal ya se considera un derecho en la Constitución.

Por ello, insistirán en que se considere ese pago en el presupuesto 2025, entre otros temas pendientes. Esa será una de las muchas reservas que planteará el Grupo de Morena al continuar la discusión de todo el paquete económico.

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Comentamos ayer aquí en los listados de quienes buscan convertirse en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destaca el nombre de la académica y abogada juarense, Olivia Aguirre Bonilla.

Pues ayer se encargó de publicar en sus redes que también aspira a llegar al máximo órgano jurisdiccional del país, el derechohumanista, abogado y académico, Carlos Gutiérrez Casas.

Su nombre está en el listado de los más de 200 aspirantes que cumplieron debidamente los requisitos en la convocatoria del Poder Ejecutivo Federal. En el caso de Aguirre, ella se registró en las plataformas de los tres poderes y en los tres pasó la evaluación de los criterios de elegibilidad.

En un post con tono de broma, Gutiérrez Casas escribió el siguiente mensaje para acompañar el listado en el que aparece su nombre: “Que me cuide y valore la UACJ, porque si no, me voy de Ministro de la SCJN”.

Para el cargo de ministro en el caso del Poder Judicial, la lista de los que pasaron el primer filtro de los requisitos nada más es de 25 personas en todo el país.

En el caso del Poder Legislativo, el último que publicó sus listados, para buscar ese cargo cumplieron los requisitos 263 personas, incluyendo a la abogada y también derechohumanista Aguirre Bonilla.

Ambos, además de ser profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, traen experiencia y formación en materia de Derechos Humanos.

Gutiérrez Casas ya fue visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Su más reciente cargo público fue en la Sindicatura Municipal, donde colaboró con la entonces titular, Esther Mejía, quien compartía la militancia morenista con el abogado.

Cada Comité de Evaluación de cada poder deberá seguir con la evaluación de los perfiles y entrevistas de los aspirantes, antes de conformar un listado de 10 finalistas para cada uno de los nueve cargos de ministros que integrarán la nueva Corte.

Luego vendrán las tómbolas para ver quiénes se van a las boletas electorales.

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El exdiputado federal morenista Ulises García, fue designado delegado en Chihuahua de la Secretaría de Educación Pública.

El nombramiento lo hizo público ayer el senador Juan Carlos Loera en su perfil de Facebook, con el siguiente mensaje: “Extiendo mis felicitaciones a mi amigo y compañero de lucha Ulises García por su nombramiento como Delegado en Chihuahua de la Secretaría de Educación Pública. Confío en que desempeñará un extraordinario trabajo en favor del bienestar de nuestro estado. ¡La educación es un derecho, no un privilegio!”.

García ha sido fiel colaborador de Loera en sus distintas campañas y proyectos políticos; hoy le tocó al senador empujar por su camarada para quedarse en ese cargo federal.

Ya no sabe Mirone qué pasará con su función en la Oficina de Enlace en Juárez (todavía en construcción), ya que se suponía que Ulises le operaba aquí a Loera, aunque también se daba sus vueltas al Senado, en donde tiene el legislador un equipo de trabajo que atiende en paquete las tareas de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

García ganó la diputación federal en el Distrito 04 en el 2018, gracias al efecto AMLO, pero en 2021 perdió el cargo en ese mismo distrito ante la panista Daniela Álvarez.

En su nuevo puesto en la SEP, una especie de enlace con Gobierno del Estado, sustituye a Raúl Humberto Irigoyen Chávez, también cercano a Loera. Es decir, sigue siendo la posición para el senador, seguramente con el aval del secretario de Educación, Mario Delgado.