Por primera vez en el Congreso del Estado, una diputada alzó la voz a favor de la educación privada, que en el Estado de Chihuahua destaca por su alto nivel académico.
La semana pasada, en su intervención en la tribuna, la legisladora Marisela Terrazas pidió a la Secretaría de Economía federal que no les cargue más obligaciones fiscales a las escuelas privadas, como lo pretenden hacer con la Norma Oficial 237.
De acuerdo con datos 2020 del Inegi, en la entidad existen mil 146 instituciones de educación privada, en todos los niveles, desde preescolar hasta licenciatura, las cuales generan empleo a más de 9 mil 741 docentes.
Estos planteles gozan de tal solvencia académica, que a pesar de la crisis económica que generó la pandemia, siguen siendo la mejor opción de calidad en la educación para miles de niños, adolescentes y adultos.
La norma mexicana dirigida a los colegios particulares, pretende una doble regulación; la que realiza por ley la Secretaría de Educación y la que ahora se proyecta con la Secretaría de Economía.
Por ejemplo, la norma busca regular la publicidad de las escuelas privadas como prestadoras de servicios hacia los consumidores, solicitando que en la documentación y publicidad se incluya si cuentan con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios por la Secretaría de Educación Pública, fecha en que se les otorgó este reconocimiento, así como el domicilio y algunos otros datos para evitar que se induzca al error o confusión al padre de familia. Esto ya lo contempla la misma Ley de Educación.
Por otro lado, la norma pretende que la Secretaría de Economía considere a las escuelas privadas como entidades mercantiles, sujetándolas a regulaciones adicionales a las ya previstas por la Ley General de Educación.
Con ello genera nuevas obligaciones para los centros educativos privados, como la de inscribir ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los contratos de servicios educativos celebrados con los padres de familia, lo que a criterio de la diputada Terrazas, implica un sometimiento absoluto por parte de los colegios a la jurisdicción de dicha Procuraduría, así como una invasión de competencias frente a la Secretaría de Educación.
Por todo ello, explicó la legisladora panista, de ser aprobada la NOM 237 a través de la Secretaría de Economía, se estaría realizando una doble regulación e invasión de competencias, dado que lo que se pretende normar ya está contemplado por el Título Décimo Primero de la Ley General de Educación en los artículos del 146 al 181 y en específico los artículos 148 y 151, que establecen los requisitos para la autorización o reconocimiento de validez y faculta a las autoridades educativas para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, mediante la realización de visitas de vigilancia, el señalamiento de infracciones y la imposición de sanciones y multas a las escuelas privadas.
Las obligaciones impuestas por la norma se traducirían en un incremento en los gastos para las escuelas particulares, ya que solo a ellas se les impondrían costos adicionales que cubran las certificaciones de conformidad, así como el gasto correspondiente a la carga administrativa que se generaría en el cumplimiento de las nuevas obligaciones.
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De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares – Asociación Nacional para el Fomento Educativo (ANFE-ANEP), hasta antes de la pandemia, en el 2019, en el país existían 48 mil escuelas privadas de todos los niveles, y para el último trimestre del 2020 se calculaba el cierre del 16 mil 800 de estas.
El cierre del 35 por ciento de los planteles privados del país fue la consecuencia de una deserción escolar de aproximadamente dos millones de estudiantes, un 36.3 por ciento de los cinco millones y medio de su matrícula total.
Esta situación afectó al 40 por ciento de los 485 mil trabajadores, entre maestros, empleados administrativos y de intendencia.
Los niveles donde se dio la principal afectación por la pandemia fueron en primaria y secundaria, donde muchos niños migraron a las escuelas oficiales, que en el regreso presencial a clases también se vieron rebasadas con grupos hasta de 80 niños.
El programa de educación a distancia implementado por televisión Aprende en Casa, no tuvo éxito porque se realizó sin supervisión académica ni rigor pedagógico. Por consecuencia, se perdió medio ciclo escolar y las autoridades ordenaron que no se reprobara a nadie.
En Chihuahua la educación básica particular concentra el 10 por ciento de los estudiantes, mientras que el nivel medio y superior alcanza el 30 por ciento. Si a la crisis económica que enfrentan actualmente los colegios particulares se le agrega la carga que pretende la Secretaría de Economía, muchos tendrán que cerrar definitivamente al no poder resistir.
Por todo ello y porque la escuela particular de Chihuahua enfrenta grandes retos para la continuidad escolar, la diputada Marisela Terrazas consideró urgente hacer el planteamiento a la secretaría de Economía.
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Casi dos millones de migrantes han sido detenidos por las autoridades migratorias en territorio mexicano y en la frontera sur de los Estados Unidos, durante 2021.
Información de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, al último corte de octubre de este 2021, revela que suman 228 mil 115 personas sin documentos detenidas en todo el país, lo que representa el número más alto registrado en solo 10 meses de un solo año.
Del lado estadounidense, las autoridades norteamericanas reportan en su año fiscal, de octubre 2020 a septiembre 2021, la detención y deportación de 1 millón 659 mil personas sin documentos legales, 8 veces más que los registrados en suelo mexicano.
Especialistas del tema migratorio del Colegio de la Frontera Norte señalan que el incremento de detenciones en México se dio a partir de julio de este año, coincidiendo con la reunión que en la Ciudad de México sostuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris el 8 de junio, para firmar el acuerdo de cooperación en materia migratoria.
Aunque el mayor número de detenciones de migrantes sigue registrándose en la frontera sur de México, con 103 mil 432, que representa el 45 por ciento del total del año, en los estados de la frontera norte, la cifra de indocumentados detenidos aumentó un 131 por ciento, para un total de 69 mil 047 personas.
Las entidades norteñas que tuvieron incrementos atípicos en este rubro fueron Sonora con un aumento del 205 por ciento, Tamaulipas con 120 por ciento, Nuevo León con 85 por ciento y Coahuila con el 65 por ciento; mientras que Chihuahua se mantuvo en los mismos niveles del año pasado.
Ciudad Juárez sigue siendo el municipio del norte del país con más detenciones por parte del Instituto Nacional de Migración, con 6 mil 524 casos. Le siguen Piedras Negras con 5 mil 734 y Tijuana, con 3 mil 119.
El informe de Gobernación destaca el aumento en las detenciones en estados del centro y del Bajío, como Tlaxcala que pasó de 593 en 2019 a 8 mil 569 en el 2021, mientras que en San Luis Potosí aumentó un 162 por ciento, de 2 mil 784 a 7 mil 305 en el mismo periodo.
En el tercer informe del Gobierno federal, las detenciones de 104 mil migrantes, se matizan con la palabra “rescate”, en acciones en las que participaron elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración.
De todos los migrantes detenidos y devueltos a su país de origen, el 84 por ciento son centroamericanos, donde predominan los hondureños y después los guatemaltecos.
No obstante, este año también aumentaron los flujos de migrantes procedentes de Cuba y Haití, un 10 por ciento más que en el 2019, cuando llegaron las primeras caravanas con personas del Caribe.
Los datos de la Segob revelan una disminución en el número de menores migrantes detenidos, que hasta octubre eran 48 mil 707, así como de los menores que viajan solos, que este año sumaron mil 124, dos mil quinientos menos que en los detenidos en 2019.
Estas cifras contrastan con las reportadas por la Patrulla Fronteriza del área de El Paso, que en el año fiscal en curso han detenido más de 24 mil menores sin acompañamiento, lo cual muestra la porosidad de la frontera norte en esta zona, donde la ineficiencia y complicidad de las autoridades migratorias mexicanas, siguen siendo factor determinante para que los traficantes de humanos la sigan considerando una de sus rutas preferidas.