Literalmente, a las autoridades estatales se les hizo bolas el cubrebocas. Les resultó mucho más complicada la parte jurídica y procedimental para derogar la obligatoriedad de su uso, que moverle a la cazuela del engrudo.

Desde el lunes 3 de octubre, el Consejo Estatal de Salud determinó “el uso responsable y voluntario del cubrebocas”, es decir, su no obligatoriedad.

Todavía una semana atrás, le habían medido el agua a los camotes con comentarios de funcionarios y filtraciones de que finalmente se daría el paso.

Pero resulta que nomás pavimentaron el camino político o de opinión pública para tantear si no se verían irresponsables o permisibles cuando ni los contagios ni la mortalidad por Covid-19 han cesado.

Nada le avanzaron a la revisión jurídica para convertir en decreto o en ley lo acordado por el Consejo, que simplemente no puede entrar en vigor, si no se publica en el Periódico Oficial del Estado.

Y como ya existe desde la pasada administración la Ley de Uso de Cubrebocas, primero deben decidir qué hacer con ella.

Como no plancharon previamente el tema, hubo la semana pasada hasta una propuesta de la presidenta del Congreso del Estado, la expriista que se hizo morenista, pero más bien es prianista, Adriana Terrazas Porras, de derogarla de plano.

Apenas ahora anda diciendo el secretario general de Gobierno César Duártegui que deberá quedarse la ley y sólo hacerle las adecuaciones pertinentes para reactivarse en caso de presentarse otras emergencias respiratorias que representen un riesgo sanitario.

Y apenas este lunes se le dio entrada a la iniciativa formal de reforma, por parte de la Comisión de Salud, que deberá dictaminar para luego presentar al Pleno del Congreso.

Por lo pronto hay mucha confusión entre población general y dueños de establecimientos comerciales y de todo tipo.

Aunque jurídicamente todavía no procede, los chihuahuenses todos ya le dijeron adiós al cubrebocas y eso está generando conflictos en los negocios, cuyos encargados ya no saben qué hacer, si entrar en conflicto con sus clientes al exigirles el uso, o arriesgarse a que les caigan las autoridades sanitarias con sus respectivas multas, o hasta clausuras por no respetar la ley.

En Juárez ya hubo casos de dueños de establecimientos que se han visto obligados a hacer sus propias campañas de concientización con sus clientes sobre la todavía obligatoriedad, porque las autoridades nunca lanzaron alguna campaña informativa sobre el procedimiento a seguir.

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En poco tiempo, digamos unos 10 o 12 años, Eduardo Almeida pasó de ser el “compadre incómodo” a ser el “compadre a modo”.

A esas alturas podemos referirnos a él como examigo y excompadre -si es que existe el término- de Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua entre octubre de 2016 y septiembre de 2021.

En el 2010, Almeida se acercó a César Duarte, entonces candidato del PRI al Gobierno del Estado, y desde ese momento y hasta el inicio de la “Operación Justicia para Chihuahua” no paró esa relación fructífera y lucrativa entre empresario y gobernador.

Hoy en día, Almeida Navarro, quien alguna vez se presentara como parte de organismos empresariales impulsores del desarrollo, como promotor de ambiciosos y visionarios proyectos inmobiliarios y como cara visible de al menos 29 empresas, está doblemente sentado en el banquillo.

Doblemente, porque, por un lado, enfrenta de la justicia federal una causa por defraudación fiscal equiparada por al menos 120 millones de pesos, según fuentes allegadas al caso.

El gobierno de Duarte le entregó esa cantidad, de manera irregular, según la causa penal que se le siguió al respecto, mediante transferencias a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la de Hacienda, ambas durante la administración duartista, en pago por supuestos servicios jurídicos prestados en la construcción del puente Guadalupe-Tornillo, en la frontera de Chihuahua con Texas.

Toda esa maraña apareció cuando el gobierno de Corral emprendió la campaña “Justicia para Chihuahua”, con la integración de carpetas de investigación a las que se les llamó popularmente “Los expedientes X”.

A raíz de esas investigaciones, la Unidad de Inteligencia puso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Almeida, pero también contra Duarte, por la presunta comisión de un delito similar al lavado de dinero.

Desde aquel entonces, Almeida quiso salvar su pellejo, incluso ofreciendo reparación del daño, pero no se lo aceptaron.

Ahora, el “compadre a modo” está sentado ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Vladimir Véjar Gómez, por la presunta comisión de delitos fiscales.

Pronto estará también ante otro juez, declarando como “testigo protegido”, en la denuncia que el “milusos” Fermín Ordoñez presentó contra Javier Corral, en otro capítulo de esos tipo “caja china” que se suelen utilizar como distractores desde el poder.

Aquí sí que vale la frase de “no me ayudes, compadre”, o mejor dicho: “con esos compadres, ¿para qué quieres enemigos?”

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Igual que el exgobernador César Duarte, Eduardo Almeida Navarro es otro “rey del cash”, para estar a tono con los saqueos que desde el poder público se pueden hacer en cualquier orden de Gobierno.

Su historia bien puede dar para otro libro parecido, o al menos para un capítulo más de El Caso Viuda Negra, la trama de corrupción política y crimen que conecta a Chihuahua con el modus operandi del PRI de Manlio Fabio Beltrones y el gobierno de Enrique Peña Nieto y su entonces súpersecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Almeida Navarro es un verdadero querubín. Se tiene bien documentada la vida de lujos que se dio, ya que tanto la Secretaría de Hacienda estatal como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudieron seguir la ruta del dinero que de origen era público, como parte del expediente que finalmente fue judicializado por la FGR.

De acuerdo con los fiscales de la Operación Justicia y los peritos de las entidades de Hacienda, Almeida registró una larga lista de gastos en operaciones con “tarjeta de servicios”, justo en los tiempos en que operaba como prestanombres de Duarte.

Más de 306 mil pesos, en una galería de arte de Nueva York. Más de 460 mil pesos por un reloj Panerai, en Las Vegas. Un gasto de 188 mil pesos en la tienda de Louis Vuitton, de Nueva York. Resultó fanático de esa marca, porque además pagó otros 75 mil pesos en la tienda de Londres, 151 mil más en Moscú y 159 mil en Milán. No podía faltar París con 172 mil de gasto en la misma tienda y otros 203 mil pesos, en Louis Vuitton-Cape Town.

Otro cargo fue de 230 mil, en la galería Contini de Venecia y gastó 170 mil más en compra de antigüedades, en Praga.

Hay otros cargos más grandes en Miami, Florida, uno que sumó 3.4 millones de pesos. También múltiples compras a una joyería de Chihuahua identificada en los expedientes como EMWA, con sumas acumuladas por cerca de dos millones de pesos.

Aparte de esos pagos y otros más, como el de 443 mil pesos en tres eventos de Las Vegas, los sabuesos fiscales le detectaron depósitos bancarios no registrados en contabilidad o no declarados, por más de 235 millones de pesos.

Otros 146. 9 millones de pesos se detectaron con el concepto de préstamo, pero no aclarando origen.

Ya se verá, cuando se realicé la audiencia que se suspendió hoy, qué partes son las que pudieron judicializarse.

El caso vuelve a poner a Duarte en la mira, porque finalmente se trata de una derivación de las investigaciones que lo ubicaron como el objetivo central.

Y como Almeida fue uno de los principales proveedores de medicinas en el sexenio duartista, también hace voltear la mirada a los casos que la pasada administración no logró judicializar pero que conformaban expedientes bastante chonchos.

El asunto de las medicinas y la corrupción en el sector salud es uno de ellos. Siempre se dijo que ahí el atraco superaba cualquier área y que Pedro Hernández Flores, el secretario duartista del ramo, debería haber sido el primero en pisar el resort de Aquiles Serdán.

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El alcalde Cruz Pérez volvió a disparar contra su compa Sergio Nevárez, el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

De pasadita, pero les dijo cobardes a los de la JMAS, por el comunicado que generó su área de Comunicación Social, en el que la descentralizada afirmó que en el caso del desastre por una obra en un colector de la calle Mamey “la compañía contratada por el Municipio se declaró incapaz y pide que la J+ se encargue de terminarlas”.

Cruz señaló que la información era falsa, pero ya no seguiría con más pleitos porque asegura que quiere llevar la fiesta en paz con todos los órdenes de Gobierno.