Como dijo el ranchero, “haiga sido como haiga sido”, el arresto de El Caballo Lozoya en los Estados Unidos por utilizar un prestanombres para la compra, registro y usufructo de dos avionetas, es una manchota en su carrera política y un descontón para el partido Movimiento Ciudadano, que lo postuló a la gubernatura, y donde todavía se maneja como dirigente estatal, aunque en el papel sea el diputado Francisco Sánchez quien da la cara.

El Caballo no fue detenido por una multa de tránsito, ni por una simple deuda civil, sino por un delito del orden federal, que llevó a los agentes federales a detenerlo cuando cruzaba hacia los Estados Unidos por El Paso, Texas.

La gravedad del asunto va también en proporción al elevado monto de la fianza, de medio millón de dólares, que le fijó un juez de la Corte Federal de Distrito del estado de Nuevo México.

Por lo mismo, no es un asunto menor ni un malentendido, como lo quiere hacer ver Alfredo Lozoya en un comunicado que por las redes sociales envió, donde dice que está “cooperando con las autoridades americanas para dar solución a este malentendido, generado por un error en el trámite de compraventa de una aeronave” (sic).

A estas alturas del partido, nadie puede creer que las autoridades lo hayan boletinado, detenido y procesado por un malentendido, ni por un error de trámites en una compraventa. Si algo tienen los vecinos del norte es un robusto sistema de inteligencia en todas sus agencias federales.

Si El Caballo utilizó un prestanombres para la compra de las aeronaves, incurrió en lo que los gringos llaman conspiración para cometer fraude, y el fraude es un delito tanto a nivel federal como estatal, allá, aquí y en China.

De acuerdo con la opinión profesional de abogados en materia criminal en los Estados Unidos, una deliberada afirmación falseada de los hechos puede constituir fraude. Se comete fraude cuando un individuo hace una afirmación a otro, consciente de que la afirmación falta a la verdad y consciente de que el otro va a proceder confiando en esta afirmación falsa. También se incurre en este delito cuando se omite información pertinente a una negociación o litigio.

Esto fue lo que hizo presuntamente El Caballo Lozoya, engañar al Gobierno de los Estados Unidos en una operación comercial, realizada el año pasado y, desde entonces, le pusieron la cazadora para atraparlo al cruzar la línea divisoria. En México, el uso de prestanombres se asocia generalmente a operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, evasión y fraude fiscal.

Entonces, desde cualquier legislación o país que se tome como punto de referencia, el político parralense tiene serios problemas que, por lo menos, pueden hacerlo que quede fichado en los archivos criminales de los Estados Unidos y, con eso, quedaría impedido o al menos en grandes dificultades para seguir formalmente en la grilla estatal, aunque informalente siga moviendo la tenebra.

Por lo pronto, el diputado Francisco Sánchez dijo ayer que El Caballo Lozoya seguirá en la jugada, porque lo ocurrido en los Estados Unidos fue un simple error en un registro de compraventa. Falta ver lo que dicen los militantes naranjas, que no son pocos y que tampoco son tontos para no entender la dimensión de un problema de esta naturaleza.

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Tan atractivos son los financiamientos que reciben los partidos políticos del Gobierno, que son 10 las asociaciones civiles que tienen la intención de formar igual número de nuevos organismos políticos en el estado de Chihuahua.

Tan flaca ha de estar la caballada en los partidos tradicionales y tan jugosa la bolsa que reparte el Gobierno en los procesos electorales, que las organizaciones sociales se animaron en montón a entrarle a la rebatinga del presupuesto.

De llegar a constituirse como organizaciones políticas y obtener su respectivo registro, lo único que harán los chiquipartidos, aparte del ridículo, será hacerles el caldo gordo a los partidos formales.

A la cabeza de los nuevos partidos aparecen muchos cartuchos quemados y otros que no tardan en ser tronados por balines. Si fuera válido el argumento mentiroso de que el electorado necesita ver caras nuevas con nuevas propuestas, pues entonces se hubieran juntado las 10 organizaciones para formar un solo partido y tener algo de peso, porque cada quien, por su rumbo, serán menos que invisibles.

Imagínese, amable lector, que en lugar de los 8 partidos políticos que actualmente padecemos en el estado, de pronto tengamos 18, con los 10 que aspiran a tener registro. Tremendo lío serían los procesos electorales desde las campañas, hasta las votaciones, ya no hablemos del gasto inútil que significarán.

Los nombres de los que amenazan con ser los nuevos partidos políticos de Chihuahua son Futuro por México, Trabajando por Chihuahua, Ciudadanos Unidos, Pueblo, Movimiento No Más Partidos, Encuentro Solidario, Movimiento Laborista Chihuahua, Chihuahua Somos Todos, Vida Democrática Activa, México Republicano.

¿Quién se anima a votar por sus llamativas siglas? FuMe, TraPoChi, Monoma, Eso, MoLaChi, ChiSoTo, Vida o Mere. ¿Cómo la ven?

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Dicen que ahora sí falta poco para que se implemente en Juárez la primera fase del programa de seguridad Centinela, nomás que terminen las giras de presentaciones que andan haciendo por la entidad, como tianguis trashumantes, los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

De acuerdo con información de la corporación, el modelo Centinela, que fue probado con éxito en la administración de Maru Campos como alcaldesa de Chihuahua, arrancará en Juárez y Ciudad Cuauhtémoc en su primera etapa.

El proyecto consiste en la modernización del sistema de monitoreo en toda la zona urbana de ambas ciudades, con la instalación de cámaras de seguridad especiales para vigilancia exterior.

Además, incluye el uso de drones para reacciones rápidas, así como de tablets en las unidades policiales y modernos equipos de radiocomunicación, todos estos conectados a un cerebro de inteligencia artificial en los centros de mando.

Como proyecto en papel luce muy atractivo, pero ya urge que pasen del papel y del rollo a la acción, porque los índices delictivos al alza demuestran que los malandrines siguen mofándose de todos los planes, programas y operativos que hasta ahora se han realizado.

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Al que se le sigue calentando la plaza es al delegado federal de Bienestar, Juan Carlos Loera, con la denuncia que ayer interpusieron los panistas donde lo acusan de presuntamente utilizar recursos públicos para formar comités electorales de Morena.

En días pasados, las autoridades electorales estatales y federales, ventilaron públicamente la multotota de 26 millones de pesos que le impusieron a Morena, por irregularidades detectadas en los gastos de la campaña para gobernador que encabezó Loera, y ayer fue el dirigente en el estado del PAN, Gabo Díaz, quien lo puso en la cruz.

Precisamente, la denuncia parte del informe de fiscalización que le hicieron a Morena, en donde los panistas encontraron presuntos elementos de prueba sobre el desvío de recursos para la estructura del partido de la 4T.

Díaz anunció que las denuncias también serán presentadas en la Fiscalía General del Estado, por lo que todos los que tengan asuntos agendados con Juan Carlos en los próximos días, tomen nota, porque el señor va a andar bastante ocupado atendiendo citatorios y comparecencias.