Cuatro incendios intencionales a igual número de agencias funerarias de la ciudad, en menos de un mes, son para alarmar a cualquiera, pero no a las autoridades investigadoras que ven los hechos como parte de esa normalidad a la que están tan acostumbrados, como consecuencia de la violencia que no contienen y los crímenes que no resuelven.

Con el atentado de la noche del sábado en la Funeraria Milagros, de la colonia Olivia Espinoza, suman 4 los negocios de este ramo atacados desde el 17 de julio y que ya dejaron un saldo de 3 personas muertas.

Como se recordará, primero fueron tres sucursales de las funerarias Del Carmen, atacadas sucesivamente, pero en el de la colonia Guadalajara, el 28 de julio, los delincuentes dispararon también sus armas contra tres miembros de la familia Arriaga, propietarios del negocio, que se encontraban en el local.

Padre, madre e hija, una niña de 9 años de edad, murieron como consecuencia de las quemaduras, pero hasta la fecha nadie ha sido detenido.

Esa impunidad que les concede con su ineptitud la Policía Investigadora, les ha permitido a los delincuentes continuar con sus actos de terrorismo en colonias donde impera la ley de la extorsión.

Le llamamos terrorismo porque el objetivo de quienes lo llevan a cabo es, precisamente, infundir terror para ablandar a los comerciantes que se resisten a pagar extorsiones, y a los vecinos que son testigos de los hechos, pero que deben callar para evitar represalias fatales.

Sin embargo, para el fiscal de la Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco, estos ataques criminales no tienen su origen en la extorsión, sino en causas que llamó “más delicadas”, pero que se negó a revelar para no entorpecer las investigaciones.

Como quiera llamarle el funcionario de marras, pero al fin de cuentas es un delito que se está propagando por la indiferencia, ineptitud o complicidades, o las tres juntas, de quienes tienen la obligación de dar resultados, no excusas, comenzando por él.

Su razón legal o emocional tendrá el polémico fiscal, para no aceptar los hechos como son, ni revelar las causas de este delito grave, pero una cosa es cierta, ese silencio que disfraza como medida de prudencia, es el mismo que asume en todos los delitos de alto impacto que se han registrado este año en la ciudad, comenzando por la masacre ocurrida en febrero en otra funeraria de la colonia 16 de Septiembre, donde fueron asesinadas a balazos 6 personas, entre ellas un menor de edad, que sigue impune.

Lo que sí está claro y no necesita de la voz autorizada de ningún funcionario, es el hecho de que, en los 4 incendios intencionales y homicidios en las funerarias, han participado los mismos hampones, siguiendo el mismo plan delictivo, atacando de noche, usando bombas Molotov con gasolina o diésel y huyendo del lugar hasta que el fuego se ha generalizado.

Por consecuencia, si existe un patrón en este tipo de delitos seriales, existe también un perfil de los autores y ese perfil forzosamente tiene nombres y apellidos. No hay de otra.

En el 2008 cuando comenzó la época más violenta de Juárez, por la guerra de los carteles de la droga, comenzaron también las extorsiones contra profesionistas, empresarios y comerciantes, que acabaron con más de 8 mil negocios de toda clase, pequeños, medianos y grandes.

Los autores de los ataques incendiarios eran principalmente integrantes de la pandilla los Mexicles, pero también quedó documentado que participaban policías, que les daban protección y despejaban los sectores para que actuaran con toda libertad.

Esos años negros de dolor y muerte, dejaron lecciones imborrables en la memoria colectiva, que hoy parecen ignorar los responsables de prevenir, investigar y perseguir el delito.

Nadie quiere volver a esos años de terror, pero si la actuación de las corporaciones policiacas se limita a ver los toros desde la barrera, como hasta ahora, estarán cediendo el territorio a los bandidos, que son muchos y andan sueltos.

Cualquiera que haya sido la causa que dio origen a los atentados contra las 4 funerarias, no se justifica, y mucho menos por negarse a pagar un impuesto criminal que vulnera el estado de derecho y vuelve a encender los focos rojos en toda ciudad.

Las declaraciones timoratas del fiscal Carrasco, dando a entender que detrás de los incendios no hay extorsiones, sino otras razones “muy delicadas”, solo exhiben su nivel de incompetencia y miedo frente a los malos.

Hasta el más idiota entiende que un incendio intencional es un tema muy delicado y más, cuando en uno de los ataques murieron tres personas.

No se necesita ser un genio para entenderlo y saber que una serie de 4 ataques de la misma naturaleza y con el mismo modus operandi, fue cometido por profesionales del delito, que pertenecen a algún grupo criminal de la ciudad.

En la misma fuente policiaca, los agentes comentan a condición de anonimato que, antes como ahora, son también los Mexicles los autores de los incendios, porque esa es su especialidad para sembrar el terror y cobrar el derecho de piso.

Esas mismas voces dicen que la expresión lapidaria “si no pagas, te matan”, que se popularizó durante la crisis de seguridad del 2008 al 2011, y que orillaba a comerciantes y empresarios a cerrar sus negocios o a pagar las extorsiones, ya comienza otra vez a escucharse.

Solo las autoridades responsables de imponer la ley y el orden, no la oyen, porque además de ciegos y mudos, son también sordos.

El fiscal de la Zona Norte tiene todo el derecho de callarse ante los cuestionamientos de los periodistas, pero la ciudadanía también tiene el derecho de saber por qué están ocurriendo con tanta frecuencia sin que los responsables sean detenidos.

Ante tantos hechos violentos combinados ahora con actos de terrorismo urbano, guardar silencio solo puede interpretarse como que no sabe nada y eso se llama ineptitud; o sabe demasiado y es peligroso decirlo, lo cual significa simple y llanamente miedo y complicidad.

Si el delito silencioso de la extorsión genera esa actitud irresponsable de suspenso del funcionario estatal, ¿qué podemos esperar de los 14 crímenes de alto impacto que se han cometido a lo largo del año, con más de dos víctimas fatales en cada caso?

Hasta ahora, en ninguno hay resultados ni avances que hagan abrigar la esperanza de que algún día irán por los asesinos.

Es cierto que Juárez es una ciudad complicada por su heterogénea población, con una tradición violenta que le han generado malandros importados, que no son originarios de esta tierra, pero cuando cada uno de los jefes policiacos actuales asumieron sus cargos se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la ley, sin pretextos.

No los contrataron únicamente para perseguir grameros, narcomenudistas o ladrones de carros, que son los que todos días presentan como trabajo excepcional. 

Los delitos graves como el homicidio y la extorsión que agobian a la población, son los que reclaman su experiencia y eficiencia, no su indolencia.

Dejarlos pasar para que se acumulen en los archivos policiacos, es criminal, porque están fomentando la impunidad, esa misma que en el 2008 llegó al clímax y nadie pudo parar porque policías y bandidos eran lo mismo.

Nadie en su sano juicio quiere que regresen estos tiempos de terror, angustia e incertidumbre, pero con las actitudes displicentes del hombre responsable de la procuración de justicia en la ciudad, nada bueno podemos esperar.

Por lo mismo, habrá que recordarle al fiscal Carrasco que Juárez no es Cuauhtémoc, donde estuvo asignado varios años del quinquenio de Javier Corral, con saldo rojo en toda su gestión, porque nadie le exigió resultados.

Aquí está bajo la lupa ciudadana que le pedirá cuentas o exigirá su renuncia, cuando se harte de sus cuentos. Al tiempo.