Después de la presentación estelar de Los Ángeles Azules, en el marco del aniversario 50 de la UACJ, este Mirone le ha dado seguimiento al accidente que sufrió uno de los integrantes de la agrupación que lleva su música de Iztapalapa para el mundo.
Resulta que el pasado viernes 13, en el trajinar de la preparación para el concierto en el Estadio Olímpico Universitario, uno de los integrantes de la familia fundadora Mejía, cayó en el canal de desagüe que separa los graderíos de la zona de cancha, donde al parecer no hubo la protección para evitar ese tipo de riesgos.
El lugar estaba oscuro y el canal es profundo. Así que hubo fracturas diversas, con lesiones expuestas en hombro y clavícula.
El integrante de Los Ángeles Azules fue a dar a un hospital privado donde tuvo que ser intervenido en una de esas operaciones que se prolongan por varias horas.
Lo que supo Mirone, vía personas que ahí estuvieron, es que por parte de la Universidad fue enviado un representante que fue y regó el tepache, pues quiso, por falta de criterio, minimizar lo que había ocurrido y la gravedad de las lesiones.
Recursos deben tener Los Ángeles Azules para cubrir ese tipo de incidencias, por lo que seguramente no necesitaban apoyo en ese sentido, pero quizá sí esperaban más en término de atenciones por parte de los anfitriones.
Hasta donde supo este Don, viene apenas la recuperación del Ángel accidentado. Todavía falta ver si ahí queda el asunto o la agrupación musical actúa de otra manera.
Por cierto, muchos juarenses que ese día querían escuchar y bailar con los Ángeles Azules, se regresaron a casa sin siquiera verlos, ya que esa noche pasaron las 12 y todavía no salían al escenario. Ahora sabemos que en eso tuvo que ver el incidente ya mencionado.
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Con el arranque de la construcción del distribuidor vial en Libramiento Independencia y bulevar Talamás Camandari, se llevará al límite la capacidad de resistencia y paciencia para los miles de juarenses que a diario deben de transitar por la zona convertida en el más grande embudo vial de la ciudad.
Claro que toda obra implica molestias que al final deberán compensarse con la solución al problema que se atiende, pero este Don no quiere ni imaginar el calvario que, por al menos ocho meses, deberá sufrirse en esa zona del suroriente, justamente porque ahí se carece de vías alternas.
En horas pico, salir de sur a norte por la prolongación de bulevar Independencia para tomar el Libramiento, puede llevar hasta cuarenta minutos, únicamente en el semáforo de la Talamás Camandari.
El nudo a resolver se genera precisamente porque por ahí pasa todo el flujo vehicular de los tráileres que van y vienen a los nuevos parques industriales del suroriente, con todos los camiones de personal, el transporte público y privado que además usa esa vía para llegar a la Ciudad del Conocimiento, hasta donde deben de trasladarse miles de estudiantes universitarios y de preparatoria. También es la conexión con 83 colonias y fraccionamientos
Mientras duren las obras se le sacará la vuelta (muy a la distancia) a ese nudo gordiano por la prolongación de avenida De Las Torres en el lado poniente, lo que suena complicado porque ya de por sí está saturada esa vialidad, y por la prolongación Santiago Troncoso en la parte oriente, lo que es el equivalente a un camino de terracería.
El distribuidor vial es una megaobra de 380 millones de pesos, con cuatro puentes vehiculares y pasos deprimidos. Que la lengua se le haga chicharrón a este Mirone, pero se antoja difícil la conclusión en ocho meses, sobre todo si se compara con las experiencias en otras obras de menor calado.
Hasta eso que la administración municipal cumplió este año con la entrega del puente Carlos Villarreal en los seis meses que prometió, pero el distribuidor vial es de dimensiones mucho mayores e implica además la participación directa de otros entes públicos y privados como la CFE, la JMAS y Gas Natural de Juárez.
No tardarán las quinielas con las apuestas sobre los meses que podría durar el retraso. Los juarenses todavía andan ariscos con eso de las obras interminables y los “puentes eternos”.
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El alcalde Cruz Pérez Cuéllar no pierde oportunidad para reclamar por el Plan de Movilidad Urbana que, considera, fue un fraude para la ciudad. Ayer, en el banderazo a las obras del distribuidor vial, aseguró que se trató de un robo.
No habló de culpables, pero si ha estado repitiendo el tema, seguramente es porque últimamente intenta reaparecer en la escena política el exalcalde que ejecutó ese plan, el priista Héctor “Teto” Murguía.
O sea que la deuda millonaria del PMU es herencia de “Teto”. De acuerdo con Cruz, son 270 millones lo que el Gobierno Municipal debe de pagar anualmente a la empresa que hizo las obras desde el 2013. Al cerrar el trienio, esta administración le habrá perdido el amor a 810 millones de pesos.
Recordó que, a final de cuentas, por las obras del PMU que costaban 2 mil millones, se pagarán 5 mil 400 millones, por el costo financiero y la aplicación de intereses, lo que compromete y seguirá ahorcando todavía por varios años a las finanzas municipales.
De ahí el coraje del alcalde sobre el modelo al que le dio seguimiento el también priista Enrique Serrano y que además tuvo el visto bueno en su momento del Congreso del Estado y del entonces gobernador César D.J.
Por cierto, no dejó de llamar la atención de Mirone que el responsable de la planeación para el proyecto ejecutivo en el distribuidor vial, sea Enrique Licón, el flamante coordinador de proyectos especiales que fue ferviente colaborador en las administraciones municipales de Murguía, y hasta llegó a ser uno de los “diputetos”.
Ahí estuvo Licón con banderín de arranque, igual que otro “tetista” de corazón, el regidor priista que hoy encabeza la Comisión de Obras Públicas en el Ayuntamiento, Jorge Gutiérrez Casas.
Muchos actores reciclados anduvieron ayer en el suroriente para el arranque de la obra. También se dejó ver el constructor consentido en otros gobiernos y exfuncionario duartista, Everardo Medina, el mismo al que se le achacaban muchas cuentas pendientes por la construcción de la Ciudad Judicial en la ciudad de Chihuahua, la obra que llegó a mencionarse como un emblemático monumento a la corrupción política.
Otro detallito que no se escapó ayer, es que no hubo representación formal de Gobierno del Estado, aunque no se supo si fue porque no hubo invitación, porque le hicieron el fuchi al evento, o porque se agüitaron al haber ahí pura inversión municipal.
El que sí estuvo porque además trae obra propia con inversión de 5 millones de pesos, fue el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (organismo descentralizado estatal), Sergio Nevárez. El funcionario pasó al frente del evento, la conferencia de prensa-presentación de la obra, hasta que el alcalde lo llamó de entre los invitados. No le alcanzó para lucir banderín de arranque.
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Quien hoy hará bastante ruido en el Congreso del Estado, es la diputada morenista por Juárez, María Antonieta Pérez Reyes, quien va con todo por las indemnizaciones para las familias de los custodios asesinados en el motín del Cereso 3 ocurrido el 1 de enero de 2023.
La legisladora juarense le ha dado seguimiento puntual al paquete de recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió para evitar la repetición de los hechos y atender debidamente a las víctimas y los deudos.
Frente a la omisión de autoridades estales, Pérez Reyes presentó demandas de reclamación por responsabilidad patrimonial en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía Especializada y la Dirección en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, así como en contra de la Dirección de los Ceresos.
En la reclamación, la diputada considera a las instancias estatales como las responsables de los asesinatos de los custodios caídos en cumplimiento de su deber, durante el brutal motín.
La denuncia se presentó desde el 9 de octubre, pero hoy la hará pública la legisladora en la tribuna de la Torre Legislativa.
Pérez Reyes trae la representación de nueve de las diez familias a las que pertenecían los custodios asesinados hace nueve meses.
El objetivo es lograr una indemnización millonaria acorde al daño emocional y al proyecto de vida de todos y cada uno de los miembros de las distintas familias.
La diputada por Morena insistirá en el cumplimiento de las 14 recomendaciones de la CNDH contenidas en el expediente 132/2023, y emitidas desde el pasado 31 de julio, empezando por la reparación integral del daño a víctimas y deudos.
Pedirá que las instancias demandadas se allanen a todas y cada una de las prestaciones plasmadas y solicitadas por las viudas que perdieron a sus esposos y compañeros de vida, además de niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus respectivos padres.