Ya no hay puerta de escape, los miembros del Tribunal Estatal Electoral (TEE) deben decidir esta semana si le dan la razón al PRI en la impugnación del resultado de la elección de gobernador o convalidan la decisión de los electores que el 5 de junio le dieron la espalda al partido gobernante en el municipio, el estado y el país.
Los expertos en legislación electoral e incluso los aprendices de derecho coinciden sobre el raquítico sustento legal del grueso expediente –de casi 5 mil hojas– en el que el PRI enlista distintas irregularidades registradas en 3 mil 300 casillas el día de la jornada de votación y pide anular el resultado.
Desde el 16 de junio la dirigencia estatal priista, encabezada por Guillermo Dowell, pregona a los cuatro vientos su convicción de lograr la anulación de los comicios del 5 de junio, decidir sobre un gobernador interino por parte del Congreso y la celebración de elecciones extraordinarias.
Tan convencido parece Dowell que muchas figuras del tricolor temen que tanto él como el primer círculo de Palacio –donde se tomó la decisión de impugnar la elecciones– se hayan quedado en el vuelo, como advertía de ese riesgo Mirone en una de sus entregas de enero pasado, cuando obnubilados por “el poder para poder” , se tomaron decisiones erróneas y no se leyó adecuadamente la irritación social tanto hacia la administración estatal como la federal.
En aquel entonces, este humilde escribidor pulsaba el descontento y observaba las grietas de la forzada unidad tricolor en torno al ungido, Enrique Serrano; el exceso de confianza en la aceitada maquinaria tricolor pese a las renuncias de notables; el cambio de bando, y las traiciones. Nada de ello hacía ni hizo mella en el optimismo desbordado de Palacio. El narcisismo político se convirtió en tumba infranqueable; lo mismo que puede ocurrir a quienes apenas han sido electos con la suma de varias perlas ególatras que, dichas en su propio lenguaje, no tienen desperdicio.
Eran para los salientes los días de los amarres políticos dentro del PRI y fuera de él. Nada, ni en el peor de los escenarios, les hacía considerar cualquier posibilidad de derrota, y no les interesó ni quisieron reparar en el análisis frío de operadores tricolores experimentados, menos en las advertencias mironianas que debieron abrevar en el sicoanálisis para entender muchas de las decisiones tomadas bajo los efectos de la adicción política.
No había espacios para jugar al malabarismo ni a las apuestas de alto riesgo: no podía ser Cabada alcalde y Serrano gobernador; menos podía ser Maru alcaldesa y Serrano gobernador; no podía ser así porque, además de otros factores, ni los promoventes de ese ejercicio suicida ni sus jefes políticos en Presidencia de la República tenían saldo político para respaldar al candidato Serrano; al contrario, su calificación promedio año con año no pasó de tres.
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Producto de la resaca de ese frenesí es precisamente la impugnación de la elección de gobernador. Es cierto, nadie discute que el PRI ejerció su derecho a inconformarse con el resultado de los comicios del 5 de junio e invocó la nulidad abstracta como principal causal para exigir la reposición del proceso eleccionario.
Pero ni política ni legalmente tomaron en cuenta los puntos de vista de los propios priistas para embarcarse en esa aventura ante los tribunales electorales. Hay abogados tricolores y operadores electorales del PRI que se avergüenzan del mamotreto elaborado por los supuestos 650 expertos en derecho que participaron “en el análisis de la verdad histórica de la derrota”.
Aún alterados por el golpanazo inesperado, los dirigentes del PRI, formales y de facto, han presionado hasta el final a los órganos electorales, descalificando incluso el trabajo de organización del proceso eleccionario por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE), integrado mayoritariamente por consejeros de ADN tricolor, lo mismo que los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE), que revisan el recurso impugnación.
Desde mediados de junio las instituciones electorales del estado viven su propio infierno estomacal. Dentro del IEE ya sufren del síndrome Kramer vs. Kramer. Hay discusiones y pleitos a gritos, principalmente entre consejeras marca PRI intenso, como es el caso de Claudia Arlett Espino y María Elena Cárdenas.
En el TEE los cinco magistrados están alineados en dos bandos; dos de ellos, César Wong y Jacques Adrián Jácquez, claramente pugnan por conceder la razón a los impugnadores del PRI, con un proyecto de sentencia que apunta por la nulidad de los comicios; dos que están en contra de ese exceso, Víctor Yuri Zapata y José Ramírez Salcedo; uno más, Julio César Merino (del PT), que todavía ayer era objeto de presión de ambas partes.
El viernes, a su regreso de la Ciudad de México donde estuvieron el jueves los magistrados Wong y Jácquez, los cinco miembros de la judicatura tenían prevista una reunión con un reducido número de funcionarios estatales. Se contemplaba la posible presencia del gobernador César Duarte, previendo los escenarios políticos para el día en que se dé a conocer el fallo.
En la tarea de analizar el juicio de inconformidad del PRI con los resultados de la elección de gobernador del 5 de junio, la alcaldía de Juárez y ocho distritos electorales locales –seis de Juárez y dos de Chihuahua–, el presidente del TEE, César Wong, en su calidad de magistrado ponente, usó rudeza innecesaria para obligar al IEE a entregarles información que sustente los alegatos del tricolor.
Uno de los imposibles que les han pedido es la famosa bitácora de recepción de los paquetes electorales por parte de las asambleas municipales, en el intento de acreditar que en el grueso de las 3 mil 300 casillas, la documentación llegó extrañamente fuera del tiempo previsto por la ley.
Lo extraño es que esa bitácora no existe en ningún lugar porque su elaboración no la contempla la ley y, si existiera, tampoco les podría ser entregada como lo señala el alegato del tricolor, que fundamenta la petición, con datos del PREP, pero de la elección de diputados en vez de la gobernador, para la que pide la nulidad.
Para Wong y para sus jefes políticos sería más fácil conseguir toda esa información en la Secretaría de Gobernación y en el propio Instituto Nacional Electoral por tratarse de la misma afinidad “partidaria”, pero es obvio que no les han dado ni les darán una sola hoja porque, si hubo negociación Madero–Los Pinos, nada habrá que modifique lo ocurrido.
Una semana atrás –el viernes 15 de julio– el TEE envió una amonestación a los consejeros del Instituto Estatal Electoral por no responder a su petición imposible. El documento amplió el cisma entre los consejeros. Por aceptar la andanada de los magistrados se pronunció la consejera Claudia Arlett Espino; por rechazarla y exhibir la improcedencia estaban el resto de los consejeros, incluido el presidente, Arturo Meraz, quien ha jugado un papel serio y bastante institucional, incómodo pero profesional.
Al fragor de esa discusión las consejeras Claudia Espino y María Elena Cardenas llegaron a los gritos. Meraz optó por la mediación, solicitó audiencia con el presidente del TEE, César Wong, y consiguió el retiro de la amonestación.
Celebraron con una comida en un rancho por el rumbo de la carretera Satevó–Delicias, cuya propiedad está siendo legalizada por el magistrado presidente, después que le fue cedida en pago de sus servicios profesionales por los hermanos Arturo Orozco y Carlos Orozco, a quienes representó para rescatar otros bienes de manos de gente non sancta que había negociado su compra.
En medio de todos esos entretelones y ahora la amenaza de movilizaciones ciudadanas y de grupos radicales de la izquierda, el Tribunal Estatal Electoral deberá emitir el fallo sobre la pretensión del PRI de anular la decisión de los electores del 5 de junio a favor del panista, Javier Corral Jurado, a quien el propio mandatario saliente, César Duarte, ya reconoció en oficios como gobernador electo de Chihuahua.
No se olvide tampoco que ya hicieron casita junto con Corral los mismísimos exgobernadores priistas Fernando Baeza Meléndez, Patricio Martínez García y José Reyes Baeza Terrazas, quienes reconocieron desde un inicio el triunfo de Corral Jurado. ¿Serrano ha insistido por sí en la impugnación? Cero. Ahora anda concentrado en buscar la dirigencia estatal del PRI.
Las sentencias que emitió ayer a media tarde el TEE sobre la impugnación del PRI a los resultados de dos distritos de Chihuahua, prácticamente delinearon lo que será el fallo entorno al juicio de inconformidad iniciado por el tricolor contra la elección de gobernador que dio el triunfo al panista, Javier Corral Jurado.
Julio César Merino y José Ramírez Salcedo fueron los magistrados ponentes, el primero para el distrito 15 y el segundo en el 17. Ambos consideraron que el PRI no logró acreditar ninguna de las cuatro causales de nulidad genérica que alegó para pedir la nulidad de los comicios del 5 de junio. El magistrado Víctor Yuri Zapata se les unió en los comentarios para reafirmar la tesis jurídica sobre la certeza y legalidad del resultado de la elección.
Si ya son tres magistrados que se expresan en esa línea, es casi imposible que volteen las cosas respecto a la elección de gobernador. ¿Será que quedará la votación 3 a 2 o se desechará por unanimidad?
El mes y medio de tiempo que le regaló el TEE a Palacio al darle entrada a la impugnación, ha retrasado el proceso de entrega–recepción del Gobierno y le ha permitido a Palacio operar y obtener la autorización del Congreso para bursalitizar 6 mil millones de remanentes carreteros con los que se pretenden liquidar pasivos pendientes, además de avanzar en el diseño del próximo presupuesto del estado.
Los miembros del equipo de transición nominados por el gobernador electo no conocen aún cómo están las distintas secretarías del Gobierno. No han recibido ni un solo documento de los titulares a diferencia de lo que sucede en el municipio de Chihuahua, donde el alcalde, Javier Garfio, ya hizo entrega de la Dirección de Obras Públicas a la próxima administración que encabezará la panista candiduarte Maru Campos, que entra en funciones cinco días después del próximo gobernador.
Que no es Duarte el denunciado, sino Reyes
En una extraña mezcla entre información verídica y un sospechoso error de fechas, el consejero político del PRI, Armando Barajas, pidió al Comité Ejecutivo Nacional del tricolor la suspensión de derechos políticos y expulsión de las filas del partido de tres gobernadores por presuntos actos de corrupción.
La información en la que basó el consejero Barajas para incluir a Chihuahua es correcta, le dicen a Mirone, pues efectivamente, la Auditoría Superior de la Federación interpuso 17 denuncias penales contra el Gobierno del Estado por irregularidades en el manejo de recursos federales.
Sin embargo, lo que omitió Barajas es que las denuncias parten de la revisión a la cuenta pública del año 2009, el último de la administración del exgobernador Reyes Baeza, hoy director general del ISSSTE.
Desde luego eso explica la nula reacción por parte de la actual y casi por terminada administración de César Duarte, no obstante que el tema sí sonó fuerte a nivel nacional y provocó que algunos líderes priistas pararan antenas por el dicho de Barajas, que incluye a las otras dos entidades señaladas: Veracruz y Quintana Roo.
En el portal de la ASF se puede confirmar la información, pero la pregunta es ¿de qué se tratan las denuncias penales contra la administración de Reyes Baeza y por qué hasta ahora?