EL MINISTRO en retiro de la Suprema Corte, Mariano Azuela, aventó varias pedradas a la burocracia del nuevo amanecer durante su conferencia, “Ética en el Servicio Público”. Nomás para empezar, dijo que aprovecharse de una situación o de un acto de corrupción, no afecta al funcionario que lo hace, sino a todo el Gobierno.
EL GRUESO del gabinete lo escuchó con cara circunspecta. En la especie de set que se montó, estaba la triada del poder en el nuevo amanecer: el gobernador, Javier Corral; el coordinador del Gabinete, Gustavo Madero, y el secretario general de Gobierno, César Jáuregui; este último, anfitrión personal del ministro Azuela y objeto de una broma por parte del conferencista.
EN PRIMER plano estaban casi todos (as) los titulares de las secretarías. No se vio a Norma Ramírez, Steffany Olmos ni a Cecilia Olague, responsables de Obras Públicas, Función Pública y Desarrollo Urbano, respectivamente.
Y EN SEGUNDA fila, María Eugenia Falomir Morales, antropóloga social y esposa de Gustavo Madero, quien ocupa la Dirección de Grupos Vulnerables, de la Secretaría de Desarrollo Social. Por más que Mirone le aventó la mirada biónica, no alcanzó a ver si le llegó alguna pedradita ética de las que cayeron en el patio de Palacio. ¡¡Hay que comprarse otros lentes!!
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LA PRESENCIA de cuatro de los cinco comisionados del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) en Palacio, levantó suspicacias, por aquello de las relaciones tirantes entre el presidente del organismo, Rodolfo Acosta, y el titular del Ejecutivo, Javier Corral.
COMANDADAS por Alejandro de la Rocha, las doñas transparentes, Rosa María Armendáriz, Nancy Cuevas y Amelia Martínez, se quedaron ayer buen rato por los dominios del nuevo amanecer, después de concluida la disertación del ministro Azuela.
SE TOMARON la selfie de rigor con el secretario general de Gobierno, y anduvieron oteando a los influyentes del régimen, hasta que se quedaron solos, hechos bolita en el patio palaciego. Eso sí, no pusieron ni una patita en la escalera principal que conduce al primer piso, al despacho principal del tlatoani. Si traían alguna conspiración entre manos contra su presidente, Rodolfo Leyva, deberán esperar otro rato.
MIENTRAS eso sucedía en el edificio de Aldama y Venustiano Carranza, a unas cuadras, en la Torre Legislativa, el interfecto participó en la mesa técnica convocada por las comisiones unidas de Gobernación y la de Transparencia, para iniciar el análisis de iniciativa que contempla la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
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SE CONFIRMÓ la suspensión provisional del segundo gasolinazo, programado inicialmente para hacerse efectivo este fin de semana. El miedo no anda en burro y el Gobierno federal decidió aflojar un poco. Algunos creen que ya seguirá en esa vía, pero está canijo que desistan. Por lo pronto, de aquí al 11 de este mes, la medida está en pausa.
EL DÓLAR también dio un respiro, ayer cerró la cotización interbancaria en 20.84 a la venta.
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AHORA sabemos con toda certeza que las autoridades federales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrieron el año pasado una revisión de comercio exterior –y no de lavado de dinero, como antes se publicó–, en torno al despacho contable y jurídico propiedad del exdirector administrativo de la Fiscalía General del Estado y exsecretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, doctor Armando García Romero; y desde hace varios meses cerraron el caso, ante la falta de material para fincar responsabilidades de tipo penal o administrativo. La Procuraduría General de la República nunca inició investigación alguna, nuestra información era inexacta.
EL EXFUNCIONARIO estatal, que tiene su despacho en las calles Rancho Agua Caliente y Rancho El Becerro, donde el año pasado se registró un operativo por parte de agentes federales, contrario a lo que se había dado a conocer sobre una abrupta suspensión de la investigación, la misma siguió su curso hasta su conclusión el pasado 12 de junio de 2016, cuando se resolvió la situación fiscal en materia de comercio exterior, que dio pie a la actuación del SAT.
LOS OFICIOS 500-02-16-25202 y 500-02-00-2016-34243, girados por el Sistema de Administración Tributaria, dan cuenta del cierre y conclusión de la auditoría fiscal a la que fue sometido el despacho contable, dejando totalmente finiquitado el proceso el pasado 4 de octubre del 2016, con la entrega de la totalidad de las computadoras que les habían sido embargadas precautoriamente a la negociación.
EL DOCTOR Armando García Romero salió limpio en la investigación abierta por el SAT, y tampoco se ha comprobado algún tipo de responsabilidad en el manejo de los fondos del Programa Nacional de Prevención del Delito. Tras una espulgada a fondo en ese tema, Mirone no ha encontrado datos que involucren al exfuncionario estatal, y como corresponde al rigor periodístico, deja constancia de ello en este mismo espacio, en el que se informó de los trascendidos erróneos que lo señalaban. Hay que admitirlo, este pobre escribidor fue chamaqueado; una disculpa, doctor.
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EN EL PUEBLITO Mexicano, ahora Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, avanza la configuración de la denuncia que de un momento a otro será presentada por el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega, contra la abogada Susana Prieto.
LUEGO DE los ruidosos bloqueos al edificio ocurridos esta semana, donde fueron retenidos durante varias horas burócratas y ciudadanos que acudieron a realizar trámites, los abogados buscan encuadrar los posibles delitos en los que habrían incurrido la señora Prieto y sus seguidores.
EL CASO adquiere un matiz especial entre ambos personajes, porque la abogada es excuñada del subsecretario Ramón Galindo. Susana Prieto estuvo casada con Francisco Javier Galindo Noriega, de quien se divorció en 2010 en el Juzgado 33 Familiar del Distrito Federal.
POR CIERTO, los activos lectores mironianos hicieron llegar ayer un catálogo de fotos de los continuos viajes de la litigante por diferentes sitios turísticos del Viejo Continente, Sudamérica, y en eventos deportivos como el Super Bowl XLIX.
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LA CARPETA de investigación por supuesto fraude dentro del PMU, reactivada por la Fiscalía General del Estado, comienza a soltar la pus por presuntas irregularidades. Una de ellas relacionada con el pago a la empresa supervisora de obras, Costos S.A., a quien se le entregaron en febrero de 2013 dos cheques por 24 millones de pesos, mucho antes de que dieran inicio los trabajos. Entonces, ¿qué fue lo que supervisó Costos? Música pagada toca mal son.
LA COARTADA de exfuncionarios que estuvieron en el enjuague, en el último año de la administración de Héctor Murguía, es que ese pago fue para la supervisión, pero del proyecto ejecutivo, no de las obras. Este sábado está citado a comparecer en las oficinas de la Fiscalía de la Zona Norte el extesorero Juan Miguel Orta, quien inicialmente debió presentarse en calidad de testigo el pasado miércoles, pero fue diferido su citatorio.
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EN LO QUE bien puede interpretarse como el primer paso del Municipio de Juárez para reactivar la solicitud de entrega de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento al Gobierno del Estado, el Cabildo en sesión extraordinaria le aventó ayer un pial al gobernador Javier Corral para que no sean incrementadas las tarifas del agua bajo el argumento de que es un duro golpe a la economía familiar de los fronterizos.
SI BIEN el jefe del Ejecutivo ha mostrado disposición para entregar a Juárez la administración de la JMAS, el proceso es largo y complicado. Lo único cierto es que desde el año 2005 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Municipio juarense debe tener a su cargo el servicio de agua potable y drenaje, conforme lo establece el artículo 115 constitucional.
POR LO PRONTO, los recibos del agua ya empezaron a llegar cargaditos con el nuevo incremento de tarifas, y pues ni modo de no bañarse.
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POR CIERTO, durante la sesión de Cabildo en la que se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2016–2018, se abrió un espacio para la comparecencia de la coordinadora administrativa de Asentamientos Humanos, Maribel Posada Madrigal, quien fue bombardeada con preguntas por el coordinador de los regidores del PAN, Hiram Apolo Contreras.
ANTE LA insistencia de Hiram por hacer señalamientos que fueron subiendo de tono, en relación a algunos terrenos tanto de la avenida Juárez como de la Mariscal y 16 de Septiembre, el alcalde no tuvo más remedio que entrarle al quite y en cinco ocasiones intervino para apaciguar al lioso regidor, que fue acusado de mitómano por el propio Armando Cabada.
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APENAS el jueves hablamos de la escasa movilidad del dirigente estatal panista, Fernando Álvarez Monge, quien es poco afecto a visitar municipios; el cómodo líder blanquiazul prefiere que “la montaña venga a Mahoma”, por eso ayer sostuvo una reunión en el CDE, en Chihuas capital, con los presidentes de los comités municipales.
EL PROPÓSITO del cónclave panista es preparar al partido para el proceso electoral de 2018, con capacitación en materia de estrategia electoral, jurídica, comunicación política y de otra índole.
LO CURIOSO es que se prepara a los comités municipales para la elección de 2018, cuando estos deberán estar renovados por completo antes de la mitad de este 2017.