El mayor revuelo en la capital del estado se generó ayer con la denuncia que interpuso la diputada Brenda Ríos en la Fiscalía Anticorrupción.

Ya había hecho múltiples denuncias públicas, pero ayer procedió legalmente y cargó en diablito hasta las oficinas del juarense Abelardo “El Bayo” Valenzuela, dos cajas con las supuestas pruebas de la corrupción que acuerpa a autoridades y a desarrolladores en lo que se conoce como el Cártel Inmobiliario.

La morenista se fue duro contra el alcalde panista Marco Bonilla, a quien acusa abiertamente de encabezar esa red de corrupción que se opera desde la Dirección de Desarrollo Urbano en la que despacha Adriana Díaz Negrete, nada menos que la hermana del recientemente defenestrado expresidente estatal del PAN, Gabriel Díaz Negrete.

Claro que hay show de por medio porque nadie desconoce que Ríos suspira por la silla que hoy tiene Marco Bonilla. Así que la diputada no se detiene, sabedora de que los temas ambientalistas, de vivienda y de corrupción pegan bastante en la discusión pública.

La denuncia incluye el abuso de autoridad y una larga lista de presuntos delitos de corrupción: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y cohecho, entre otros.

La ex del Partido Verde se colgó del asunto a partir del derrumbe en el fraccionamiento Monte Xenit. Un cerro se desgajó llevándose la barda perimetral y parte de los patios en algunas viviendas de esas que rondan los tres millones de pesos, evidenciando que no suelen hacerse de manera correcta los estudios de mecánica de suelos ni de escurrimientos pluviales.

En el 2021 unas lluvias que ni siquiera fueron torrenciales, también mostraron cómo se pagan facturas cuando se altera el curso de los arroyos o se construye en sus viejos cauces. Ese año hubo daños severos e inundaciones en varios fraccionamientos, los más emblemáticos en el Ankara.

En toda la zona de El Reliz y de La Cantera, los desarrollos se están comiendo los cerros y tampoco se cumple con los estudios de impacto ambiental.

La diputada también detectó que hay torres habitacionales levantadas en terrenos con riesgo de hundimientos por la sobreexplotación de mantos freáticos.

Además, el uso de suelo sufre saturación y tampoco se realizan los estudios de impacto vial. De ahí tuvo bastante tela de dónde cortar la legisladora, con temas que cruzan cuestiones de seguridad de las personas y sus patrimonios, pero también de graves daños ecológicos frente a los desarrollos inmobiliarios.

También se colgó de las declaraciones del empresario desarrollador Cuauhtémoc Romero, quien dijo haber pagado sobornos a los funcionarios para que le facilitaran sus obras. Así que ya no soltó el tema de la corrupción como el origen de todas las irregularidades y por eso se apersonó en los terrenos de la Fiscalía Anticorrupción.

Hasta conferencia dio en su interior con los logos del organismo supuestamente autónomo detrás de ella. Parte del show.

Difícilmente algo pasará con esa denuncia. Igualmente es conocido por todos que a El Bayo Valenzuela nada más le gusta entretenerse investigando la pura pipiitilla en municipios de 5 mil habitantes. No le atora a lo que verdaderamente importa.

En esa pipitilla se gasta un presupuesto anual de 87.7 millones de pesos. Tampoco en este caso pasará nada. Ni modo que el político panista metido a fiscal se vaya a poner a investigar a uno de los suyos, cuando no lo hace ni con los que son de otro partido. También eso lo sabe Brenda, así que hay simulación por todos lados.

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Y si hablamos de corrupción en Desarrollo Urbano, tampoco en Juárez cantan mal las rancheras. Hoy en sesión de Cabildo surgirá ese tema cuando se ponga a consideración de los regidores el anteproyecto de Ley de Ingresos para el 2025.

Ha hecho mucho ruido que en el artículo 53 relacionado con las licencias de funcionamiento se haya incluido un párrafo que señala que cuando un predio en arrendamiento presente un adeudo y no se logre localizar al arrendatario, el propietario del predio se considerará deudor solidario, asumiendo así la responsabilidad de cubrir dicho adeudo.

De acuerdo con regidores de oposición, ese condicionamiento no estaría más que preparando el terreno para dar el sablazo cuando a la hora de “regularizar” la licencia del negocio, se complique comprobar legalmente el arrendamiento, ya que en muchas ocasiones ni contratos existen.

Ya adelantó en la previa algo el regidor Alejandro Jiménez cuando dijo que recibió quejas de que existe en Desarrollo Urbano un mecanismo extralegal para pagar una cuota y llenar machotes de contratos al vapor para cubrir requerimientos faltantes. Hasta falsificación de firmas habría en este caso.

Cree el edil que la adición que se le hizo al anteproyecto de Ley de Ingresos va en el mismo sentido y que lejos de poner orden, se complica más la situación para generar aquello de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Quienes conocen el manejo interno de Desarrollo Urbano saben que el negocio del moche florece cuando las licencias de funcionamiento no están vigentes o bien regularizadas. Y que, como siempre, según el sapo, es la pedrada.

En Chihuahua capital, una morenista hace la denuncia contra una administración panista mientras que aquí un panista hace lo propio contra una administración morenista. Igual allá que aquí, se aplica la misma denuncia de que el Gobierno Municipal no ha cumplido con sus responsabilidades de regular adecuadamente el crecimiento de la ciudad, favoreciendo intereses privados a costa del bienestar colectivo. Lo mismito se puede decir en Chihuahua que en Juárez, aunque los impactos en esta frontera son más visibles y más generalizados.

Sin duda que la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Morales, trae en Juárez muchos fierros en la lumbre. Ha de saber bien de lo que habla la diputada Brenda Ríos cuando se refiere en Chihuahua al Cártel Inmobiliario. Los intereses y los negocios son tamaño jumbo.

Por cierto, están pendientes para el Cabildo en esta frontera unas autorizaciones de cambio de zonificación y usos de suelo. También una enajenación que podría ser polémica. Desarrollo Urbano, Enajenación de Predios y Asentamientos Humanos, quién sabe si soportarían una auditoría verdaderamente a fondo.

Hablar de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción no tiene mucho sentido. Como dijimos anteriormente, ahí simplemente no pasa nada o se distraen con puras nimiedades.

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Tal parece que a Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (Ugrch), no lo detiene ni una barrera fitosanitaria.

Nos comentan que las altas autoridades federales tanto de México como de los Estados Unidos, tienen al juarense en la mira por ser uno de los probables introductores de ganado procedentes del sur del país, donde no hay certificación sanitaria.

Cercanos a la grilla ganadera, le dicen a este Mirone, que Bustillos pasó de ser “vaquero” a un simple introductor de reses procedentes de estados donde no existen las mismas normas sanitarias que le han dado a Chihuahua un elevado status ante las autoridades del vecino del norte.

Para acabar pronto: solo nuestro estado y Sonora –este, en un primerísimo lugar, seamos sinceros– tienen los más altos rangos en cuanto a medidas fitosanitarias, y eso se debe a una larga labor de más de 30 años, realizada por autoridades estatales y federales, junto con los mismos productores pecuarios, para cerrarle el paso a las enfermedades que devastan los hatos.

Principalmente, la tan temida plaga del gusano barrenador, que costó tanto trabajo erradicarla y que ahora, después de dos décadas, se ha aparecido cual espíritu chocarrero para espantar a propios y extraños y, por lo pronto, motivar un cierre temporal de la frontera al paso de ganado mexicano.

Y bueno, ese “favor” se lo debemos a “ganaderos” que no se tentaron el corazón y se soltaron comprando ganado para “nacionalizarlo” chihuahuense, sin reparar en que podría estar infectado de enfermedades que aquí se controlaron desde hace años.

Así que a Álvaro “El Pateador” Bustillos, no solo le da por patear gente en plena plaza Balderas, sino que también vapulea el tan codiciado estatus sanitario que Chihuahua se preciaba de tener.

Señores ganaderos, señoras ganaderas: si les pega en el bolsillo el cierre de la frontera, ya saben a quién ir a darle las gracias.

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Muy movido se ha visto al diputado juarense Óscar Daniel Avitia Arellanes, si de trabajar por la creación del Premio al Mérito Periodístico se trata.

Ya se aventó una reunión de consulta con periodistas de la capital del estado y una más en esta fronteriza Ciudad Juárez. Hace rato que planteó su iniciativa de ley para que se reconozca anualmente, por parte del Congreso del Estado, el trabajo de los periodistas más destacados.

Ya se reconoce el mérito educativo, también el artístico y el de la promoción cultural entre otras disciplinas y actividades, pero el diputado por el Distrito III implementó las mesas de trabajo para discutir y fijar las bases de un nuevo premio que visibilice la tarea y el aporte social del periodismo en activo.

Para hoy en la ciudad de Chihuahua se programó un tercer encuentro en una de las salas de la Torre Legislativa. O sea, que el asunto va en serio, por lo que Mirone no dejará pasar la oportunidad de comentarle al diputado un tema que es necesario que se considere a la hora de fijar las reglas del juego, lo mismo que cuando se aplique la legislación, se opere el proceso y se tomen las decisiones al respecto.

El punto es simple: sería muy lamentable que este loable instrumento en construcción fuera arrebatado o capturado por agrupaciones que no necesariamente representan los intereses de los periodistas en general y en activo y que históricamente se mueven de manera sectaria, atendiendo sus propios intereses o los de sus dirigentes formales o de facto, con sus muy particulares filias y fobias.

El periodismo tiene vida propia y manifestaciones particulares o colectivas que no necesariamente pasan por determinadas siglas u organizaciones de periodistas acostumbradas a vivir en convenenciero acuerdo con el poder público.