Fue muy burda la maniobra del Gobierno de Cruz Pérez Cuéllar para intentar desacreditar el trabajo periodístico de Norte Digital, que en este momento lleva a cabo una cobertura total de las denuncias y señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción que involucran al alcalde y varios de sus funcionarios.
En un chat de prensa que la Coordinación de Comunicación del Gobierno Municipal utiliza para hacer llegar a los medios de comunicación los boletines sobre los eventos en los que participa el alcalde, su agenda y sus posicionamientos públicos, se difundió un comunicado con un pronunciamiento supuestamente elaborado por una agrupación poco conocida, identificada como Unión de Directivos de Educación Básica de Ciudad Juárez, A.C.
Se trata de un manifiesto “en contra de los ataques políticos que como campaña mediática se está realizando actualmente hacia el Gobierno municipal liderado por el alcalde Lic. Cruz Pérez Cuéllar, por su participación decidida en programas de ayuda a las escuelas, tales como infraestructura, mochilas, útiles escolares y uniformes”.
Al envío del pronunciamiento se anexó un documento del listado de los directivos y docentes que presuntamente se sumaron al pronunciamiento. Aunque se anuncia que se trata de las firmas, no aparece ninguna, más allá de su registro oficial de adscripción y el plantel al que pertenecen o dirigen, más de 200 personas.
Igual que lo ha hecho el alcalde, al descalificar las seis denuncias que desde octubre a la fecha se han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, simplemente por el proceso electoral en curso, quienes supuestamente suscribieron el pronunciamiento, señalan que “los tiempos electorales son causa de esta guerra sucia que, como expresión por la lucha del poder, se ha vislumbrado”.
El contexto del pronunciamiento es el siguiente. Tres ciudadanos, dos de ellos con conocida militancia en Morena, el partido del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, presentaron tres denuncias diferentes ante la Fiscalía Anticorrupción. Una por un sobreprecio de 54.8 millones de pesos en la compra de 250 mil kits escolares, otra por un presunto desvío en el Presupuesto Participativo y una más por un sobreprecio en la compra de pruebas Covid.
Además, un grupo de legisladores por el PAN, presentó la denuncia por enriquecimiento ilícito relacionada con la casa del Campestre a la que se mudó el alcalde y otra más en contra de su exdirector de Desarrollo Económico, quien presuntamente fue favorecido con un contrato para la compra de productos de limpieza por medio de una empresa fachada.
También regidores del PAN, apoyados por dos regidoras de Morena, presentaron la última denuncia por el caso de la construcción irregular de una casa de cambio en El Chamizal.
Esas seis denuncias se suman a una inicial que, mucho antes de arrancar el proceso electoral, presentó la Asociación Civil Plan Estratégico de Ciudad Juárez, por la adjudicación directa de 115 contratos de obra pública y proveeduría, que suman 369 millones de pesos.
Norte ha publicado la información sobre los hechos que se han denunciado, y la ha ampliado ya en varios de los casos, además de dar voz a los posicionamientos de múltiples actores de la sociedad civil, representantes populares de distintos partidos políticos, autoridades señaladas y a quienes encabezan los órganos de fiscalización de los recursos públicos, así como a la instancia jurisdiccional a la que le corresponde perseguir los delitos por hechos de corrupción.
Incluso se abrió la discusión al interior de Morena, el partido al que pertenece el alcalde, respecto a su elegibilidad para ser considerado para un segundo periodo.
Es innegable que el tema de la corrupción se ha colocado en la agenda pública, aunque haya quienes prefieran ignorarla, ocultarla o hasta apoyarla.
El argumento de la coyuntura electoral o las motivaciones políticas que puedan estar detrás de las denuncias que ya se convirtieron en carpetas de investigación, no puede eximir a un servidor público de rendir cuentas, ni ante las autoridades jurisdiccionales, ni ante las dirigencias y bases partidarias, menos ante los ciudadanos que son sus mandantes y exigen explicaciones.
El fondo es lo realmente trascendente. Es inadmisible que se pretenda desviar la discusión al contexto en el que se hacen los señalamientos de corrupción o se quiera atacar o desacreditar al mensajero, sin atender el mensaje.
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De manera vergonzosa, el pronunciamiento sin firmas de los integrantes del magisterio que conforman la Unión de Directivos de Educación Básica A.C., termina por ser un manifiesto en favor de la corrupción.
Si hay denuncias formales, la Fiscalía Anticorrupción debe de investigar. Si la autoridad judicial determina que hay delitos de corrupción, se deben de castigar. Si hay señalamientos, se deben de responder. Si hay acusaciones de mal uso de los recursos públicos, se debe de rendir cuentas. Si hay dudas, se deben de responder, y transparentar al máximo todos los procesos que impliquen el uso de los recursos que pertenecen a todos los juarenses.
Sin embargo, nada de eso quieren los directivos y docentes que presuntamente se sumaron al pronunciamiento. Lo único que les importa es dar su aval a todo lo realizado por el alcalde Pérez Cuéllar.
A final de cuentas, su posicionamiento es meramente político y, en los hechos, lo que hacen es colgar a una parte de la Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) a la campaña reeleccionista del alcalde.
Incluso, el manifiesto fue redactado en un tono bastante lisonjero. “Se sabe a todas luces por testimonios directos y nuestro gremio como fiel testigo de ello, que en todo momento el presidente municipal, desde el inicio de su gestión de trabajo en 2021, ha estado siempre atento a las necesidades de petición de ayuda a las escuelas y que como nunca antes visto en la historia de este municipio se ha visto de manera extraordinaria ese cobijo recibido, aun y cuando no es competencia del Municipio, pero siempre con firmeza y en aras de mejorar las condiciones de NNAJ (Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes) de esta frontera, atento a escuchar a la par de actuar”, dice en una de sus partes.
Llaman además a las defensa de las acciones del Gobierno municipal, al considerar que apoyos como la entrega de uniformes, mochilas y útiles escolares, además de obras de infraestructura en escuelas, constituyen una “apuesta de una educación de calidad, de excelencia, sumando y multiplicando sinergias, tanto en el sentir y en el hacer de manera incondicional, propositiva y proactiva, más allá de poner de por medio el interés de grupos políticos que prefieren desestabilizar un Gobierno municipal amigable, humano, con ética y compromiso para subsanar carencias”.
Lo dicho, es tal el nivel de lisonja, que más que un verdadero manifiesto parece un autoelogio de la administración municipal, un mero argumento propagandístico, de esos que se usan para la promoción personalizada del gobernante.
Nada dice su documento respecto al sobreprecio en la compra de 250 mil kits escolares. Norte Digital hizo una verificación de esa denuncia y confirmó, en investigación periodística de precios de mercado y vía cotizaciones, que al menos hubo un quebranto de casi 50 millones de pesos, ante el sobreprecio pagado.
Nada sobre el hecho de que se entregó un contrato por 26.1 millones de pesos a una empresa en la que aparece como apoderado legal y accionista mayoritario, Ramón Pacheco Moreno, padre de Ramón Pacheco Saldaña, director administrativo del DIF Municipal de Juárez.
En ese caso, Office Service Mexicana S.A de C.V, una empresa con domicilio en Delicias, Chihuahua, fue favorecida con la compra de 50 mil kits escolares, que conforman solo una parte del programa que significó una erogación total de 122.3 millones de pesos en distintos contratos.
Tampoco da respuesta puntual a los múltiples señalamientos que se han hecho públicos respecto a la realización de obras no solicitadas (como los murales en canchas deportivas) por las escuelas dentro del Presupuesto Participativo, o la manera en que, sin ninguna regla de operación y sin licitación, se han realizado obras por cerca de 300 millones de pesos, por medio de subsidios que se operan desde la oficina del alcalde.
Juan Daniel Hernández Gutiérrez, el presidente de la Unión de Directivos de Educación Básica, fue entrevistado ayer por Norte Digital y señaló que ellos no cuentan con los elementos para considerar que el presidente Cruz Pérez Cuéllar sea responsable de los hechos de corrupción de los que se le acusa.
Dijo también que apoyan la reelección del alcalde “en agradecimiento” a sus programas de distribución de útiles escolares, becas, mantenimiento y edificación de la infraestructura educativa.
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Hay en el escrito otro planteamiento que dibuja un discurso falaz (el mismo de la administración municipal) y que da por sentado que acciones como la entrega de útiles escolares o uniformes impactan en la calidad de la educación “de excelencia”, sin que se atiendan problemáticas estructurales y de todo el sistema educativo, lo que además corresponde a los otros órdenes de Gobierno.
Se afirma que se da respuesta a las necesidades de la población más vulnerable, lo que tampoco ocurrió con el Mochilagate, ya que a un costo total de 122.3 millones de pesos, se compraron 250 mil kits escolares, cantidad que supera el número de estudiantes de nivel primaria en Ciudad Juárez, que ronda los 170 mil. Es decir, si se considera nomás ese nivel de educación básica, alcanza para una cobertura universal, aunque también se hicieron entregas en secundarias y hasta en preparatorias.
El pronunciamiento señala que los autores de la “guerra sucia” contra el alcalde “desafortunadamente están tomando como pretexto a estos programas de apoyo a la educación para hacerse notar llevando de por medio la denigración de las necesidades que las clases populares, sobre todo como el grueso de la sociedad juarense, con más condiciones precarias de vida sufran el riesgo de que no se sigan beneficiando con estos apoyos tan necesarios y que fueron dejados en el olvido por años, siendo solo el actual alcalde donde nuestras demandas y necesidades han encontrado un eco”.
¿Quién determinó y con base en qué diagnóstico, que era prioritario gastar 122.3 millones de pesos en útiles escolares si se trataba de atender las necesidades de los estudiantes con “condiciones precarias de vida”? Hasta ahora no se ha informado.
Tampoco el impacto que pudo generar en sus condiciones de vida esa única entrega de una mochila y útiles escolares de muy mala calidad.
Pero en el escrito incluso se recurre al chantaje, al señalar que esos apoyos “tan necesarios” están en riesgo ante los cuestionamientos y las denuncias.
Es una verdadera pena que esta “asociación educativa”, que debería velar por la formación de nuestros niños y jóvenes, promoviendo valores éticos fundamentales en ellos, sea quien pida ignorar denuncias de corrupción y renunciar a la transparencia y la rendición de cuentas en nuestra sociedad.
Por lo visto, y ante los antecedentes de cercanía política que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar ha mantenido con algunos dirigentes sindicales del magisterio, como Eduardo Zendejas o el regidor Jorge Bueno, lo que verdaderamente está en riesgo (es lo que se lee entrelíneas del mentado pronunciamiento) son sus negocios al amparo del poder público.