Ya trae niveles de escándalo el caso del huachicol fiscal que llevó a la detención el fin de semana de dos integrantes de la Marina, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contralmirante Fernando, sobrinos de Rafael Ojeda, el titular de esa institución en tiempos de Andrés Manuel López Obrador.

Los hermanos pagaban a subordinados un millón 750 mil pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales, consta en las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), según publicaciones de Grupo Reforma.

En distintos operativos fueron detenidos otros cinco oficiales de la Marina y cinco funcionarios de Aduanas. Uno de ellos es Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente en Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico.

Por lo pronto, pegó más en puertos, pero nadie desconoce que la red de corrupción que permite la entrada al país de hidrocarburos de manera ilegal, evadiendo impuestos, toca todo el sistema de aduanas en la frontera norte, donde Juárez ocupa una posición especial y estratégica.

Seguramente algo tienen que ver la presión del presidente Donald Trump y del Gobierno estadounidense, pero el hecho es que desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la propia Marina se impulsa una “operación limpieza” que trae en la mira a los zares del huachicol y los funcionarios y políticos que han hecho negocios millonarios y hasta financiaron campañas electorales.

Pareciera que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere avanzar en la acalambrada y sacudida de los grupos mafiosos guindas que mantienen vínculos con los huachicoleros.

La investigación que terminó en el arresto de los marinos, se derivó del aseguramiento, en marzo de este año, de un buque cisterna que atracó en el puerto de Tampico, Tamaulipas, con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando.

El buque provenía de Texas e ingresó a los puertos mexicanos del Golfo de México con papeles falsos para transportar toneladas de aditivos para aceites lubricantes. Esa es precisamente la fachada favorita del huachicol fiscal: el contrabando de combustibles bajo una fracción arancelaria distinta para evadir el pago de los impuestos que aplican para gasolinas y diésel.

Esa embarcación fue apenas botón de muestra del delito que alimenta el mercado negro de combustibles, que resulta en un quebranto para el Estado mexicano de unos 177 mil millones de pesos al año. Una parte entra por mar, pero otra por tierra. La frontera texana con México es enorme y ahí está también Juárez con su Aduana, siempre objetivo prioritario de los grupos criminales para cualquier tipo de contrabando, documentado o no.

Tan caliente está el asunto, que también arrastra el huachicol una estela de sangre, con bastantes asesinatos de personajes vinculados a esa actividad, a su denuncia y a las investigaciones del caso.

Grupo Reforma documentó que el contralmirante de la Marina, Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre pasado en Manzanillo, Colima, después de haber denunciado el huachicol y el proteccionismo oficial.

Precisamente hizo una denuncia en contra de los hermanos Farías Laguna, los sobrinos políticos del secretario de Marina en el sexenio anterior. Los acusó de encabezar una mafia delictiva en puertos y aduanas.

Después del asesinato del contralmirante, el 21 de octubre de 2024, también fue asesinada Magaly Janet Nava Ramos, Auxiliar “B” en la Delegación de la FGR en Colima. La Fiscalía relacionó su homicidio con la ejecución de Guerrero.

Tanto Nava como Guerrero fueron ejecutados con pistolas Águila calibre 9 milímetros Luger, y con el mismo modus operandi, ya que en ambos casos hubo dos sicarios en moto y la complicidad con sujetos a bordo de un vehículo.

Los homicidios son parte central de la indagatoria de la FGR contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías y su hermano, el contralmirante Fernando Farías. El primero se encuentra preso en el Penal del Altiplano, y el segundo está prófugo.

Toda la historia podría también estar relacionada con las actividades del empresario Sergio Carmona, el llamado “Rey del huachicol” asesinado en Nuevo León en 2021. El financiamiento de campañas políticas locales y estatales, que presuntamente llegaban hasta el exdirigente nacional de Morena y hoy secretario de Educación, Mario Delgado, eran investigadas por el delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, quien también fue asesinado.

La trama de corrupción y ajuste de cuentas está de película. No terminaba ayer Mirone de redactar estas líneas, cuando se reportó que fue encontrado muerto el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira. Pérez Ramírez, quien presuntamente se quitó la vida, era investigado por sobornos relacionados con el mismo caso del huachicol fiscal.

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Por si el tema del huachicol fuera poco, ayer se conoció otro bombazo por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Dio a conocer los resultados de una operación destinada a “desmantelar el Cártel de Sinaloa”, que presuntamente arrojó la detención de 617 personas entre el 25 y 29 de agosto de este año.

También se informó de la incautación de cientos de kilogramos de fentanilo y miles de cocaína, así como 11 millones 111 mil 483 dólares en efectivo, 1 millón 697 mil 313 dólares en bienes y 420 armas de fuego.

No está todavía clara la operación, ya que la información se difundió por comunicado de prensa de la DEA, sin que se dieron detalles de dónde específicamente se hicieron las detenciones y cómo intervinieron los agentes estadounidenses. Únicamente se sabe que participaron agentes de la DEA de 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras.

Si Estados Unidos, como lo ha advertido Donald Trump, irá directamente por los cárteles mexicanos a los que considera organizaciones terroristas extranjera, también es inevitable voltear a ver a Ciudad Juárez, donde nació el Cártel de Juárez que tantas mutaciones ha tenido (ahora se le conoce como Nuevo Cartel de Juárez) y mantiene múltiples derivaciones de grupos criminales como La Línea y La Empresa.

Además, aquí mismo se despliega una guerra que también lleva ya muchos años, en la que precisamente el Cártel de Sinaloa, por medio de algunas de sus facciones (actualmente Los Mayos y Los Cabrera), intenta desplazar en el territorio al Nuevo Cártel de Juárez.

Por lo pronto, la DEA calificó al de Sinaloa como “una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y nuestra seguridad nacional” y dijo estar comprometida a “desmantelar sus redes de mando, control y distribución”.

Presuntamente, la DEA está utilizando todos los recursos de su arsenal para debilitar el mando y control de la organización acusada de inundar de drogas sintéticas el mercado estadounidense.

Además de las detenciones, se reportó el aseguramiento de 480 kilogramos de fentanilo en polvo, 714 mil 707 pastillas falsificadas, 2.2 toneladas de metanfetamina, 7.46 toneladas de cocaína y 16.55 kilogramos de heroína. Tampoco hay más detalles de sobre tiempo, modo y lugar de esas incautaciones.

Se supone que todo fue producto de la colaboración nacional e internacional. A ver qué dice hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este anuncio de la DEA.

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Quien anduvo ayer como trompo chillador por Juárez, fue la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval. Tal como lo adelantó Mirone, empezó su agenda en los Juzgados Civiles y Familiares que se ubican sobre el eje vial Juan Gabriel.

Estuvo encaminando a cada jueza y juez hasta el juzgado al que cada persona juzgadora fue adscrita, conforme al acuerdo que publicó el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Son demasiados (11 familiares, 11 civiles y 9 laborales) así que nada más al inicio de la jornada lo pudo hacer de uno por uno, pero luego los empaquetó y entregó de tres en tres. Aprovechando el viaje, Marcela se dio una vuelta con el fiscal Zona Norte, Carlos Manuel Salas, quien despacha enseguida de los juzgados.

Luego se fue a hacer lo mismo en la Ciudad Judicial, donde todavía estuvo más complicada la cosa, ya que hablamos de 49 juzgados penales. Aparte están tres juzgados para Menores. De ese tamaño es el Distrito Judicial Bravos que ahora le tocó atender a la nueva magistrada presidenta, quien desde la noche del domingo, tuvo actividad oficial, ya que acudió al Primer Informe del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

En los juzgados traen muchas chirinolas desde que se dio la sacudida por la Reforma Judicial, la elección por voto popular y las adscripciones que tuvieron a todo mundo en ascuas durante una semana.

Entre lo más comentado está el berrinche que hizo la jueza en materia Civil, Patricia Royval Guerrero. No la dejaron en el juzgado Segundo Civil por Audiencias. Estaba ahí en funciones cuando compitió en las elecciones del 1 de julio.

Pero a la hora de repartir los espacios, su adscripción fue al único juzgado Tradicional, el que no es por audiencias y atiende todos los asuntos que entraron antes del 2016, cuando se implemento el sistema oral.

No le gustó nadita y andaba peleando que le regresaron al suyo o a alguno otro juzgado por audiencias. Por lo visto la congelaron. Han de haber pesado las quejas en torno a que en su juzgado se movía mucho billete para arreglar los casos.

En general, a las juezas y jueces que compitieron estando en funciones, les dejaron el mismo juzgado. De alguna manera se garantizó así una base mínima de estabilidad después de todo el caos generado con la reforma, las resistencias, los rezagos y la etapa normal de ajustes.

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Entre los pendientes de toda la transición en el Poder Judicial, también estaba la instalación del Pleno del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Ayer se cumplió con el protocolo, además de que se realizó la designación de la Secretaría General de Acuerdos y la asignación de salas para cada magistratura.

“Un paso firme hacia una justicia más ética, transparente y cercana a la ciudadanía”, publicó el Poder Judicial del Estado en su página oficial, con las respectivas fotografías de las magistradas y los magistrados que tuvieron su primer Pleno.

Francisco Javier Acosta Molina, magistrado presidente del nuevo Tribunal, declaró instalado el Pleno junto con Jazmín Yadira Alanís Reza (Primera Sala) Luis Daniel Meza González (Segunda Sala), Yadira Anette Gramer Quiñónez (Tercera Sala) y Nancy Josefina Escárcega Valenzuela (Cuarta Sala), todos elegidos por voto popular el pasado 1 de junio.

Por unanimidad del Pleno, fue designada como titular de la Secretaría General de Acuerdos, Ana Gabriela Holguín Castruita, a quien se le tomó la protesta de ley.

El Tribunal será responsable de vigilar la actuación de jueces y magistrados, abrir investigaciones, imponer sanciones o interponer denuncias. Incluso podrá solicitar juicios políticos para, eventualmente, destituir a personas juzgadoras e integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial.

Durante los dos primeros años, el Tribunal será presidido por Francisco Javier Acosta, quien obtuvo la más alta votación. Luego habrá rotación. Para el segundo periodo de dos años corresponderá la presidencia para Yazmín Yadira Alanís, mientras que Luis Daniel Meza cerrará con un último año, del 1 de septiembre de 2029, hasta el 21 de agosto de 2030.