A la muerte ignominiosa de 39 migrantes ocurrida la noche del pasado lunes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, alguien debe responder de manera pronta y clara, porque es así como lo exige literalmente el mundo entero.

A este Mirone han llegado sustentados temores de que las autoridades encargadas de resolver este lamentable caso, estén intentando como coloquialmente se dice, cortar el hilo por lo más delgado, entregando como corderos al sacrificio a empleados de seguridad contratados de manera externa, a los que si bien, la autoridad deberá acreditar su probable responsabilidad en los hechos, también tendrá que investigar hasta encontrar al total de responsables en esta catástrofe.

Ante el deceso de los extranjeros provenientes principalmente de países centroamericanos y que ya fue clasificado, en la carpeta de investigación que ha abierto la Fiscalía General de la República, para ser indagado como homicidio y daños en propiedad ajena, no debe quedar duda alguna y se debe llegar hasta las últimas consecuencias para que el o los responsables paguen.

En el caso del delito de homicidio es evidente que las responsabilidades no recaen solamente en un grupo de personas dedicadas al área operativa en las instalaciones, sería tan atroz como el hecho mismo pensar en eso, en todo caso se pudiera hablar de responsables primarios y secundarios de la catástrofe.

En las imágenes del video filtrado a medios, se observa cómo bastaron apenas 30 segundos para envolver toda la escena en llamas y humo, mientras que del lado de las celdas se ve a personas desesperadas pateando las puertas que estaban cerradas con candados, mientras del otro lado, un guardia y lo que parecen ser dos oficiales se movían hacia el exterior, mientras manipulaban sus teléfonos celulares, dejando a los migrantes abandonados.

El empleado de vigilancia que aparece en el video no porta uniforme oficial del INM, sino de una empresa externa, él y otros guardias que laboraron esa noche brindan servicios de seguridad y no cuentan con las facultades para tomar decisiones como abrir o cerrar puertas, a menos que se los ordene personal de mayor jerarquía.

Estos empleados de vigilancia por lo general carecen de adiestramiento para este tipo de contingencias, son como los que diariamente vigilan los fraccionamientos, las entradas de oficinas o espacios comerciales.

El temor de que los guardias pudieran ser presentados como únicos responsables se cierne sobre el caso como una densa nube negra que preocupa ya, tanto a derechohumanistas como a la comunidad en general, ante la torpe actuación que han tenido las autoridades desde que esta reciente tragedia ensombreció a la ciudad.

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Después de viralizarse el video que muestra el inicio del incendio en las celdas de la estación migratoria y la irresponsable forma como abandonaron a los migrantes encerrados, comenzaron a surgir datos reveladores sobre la tragedia.

Uno de ellos, que fue clave para el fatal desenlace, es sobre dónde estaban las llaves del candado que mantenía cerrada la reja de la celda en la que permanecían los 68 migrantes, y que estuvieron pateando tratando de abrirla, antes de que se generalizara la conflagración.

Personal del INM, reveló a Mirone que al momento del incendio en la estación, había solamente dos agentes y un guardia de la empresa privada, pero ninguno tenía las llaves del candado de la celda, que al parecer se las llevó otro oficial cuando salió a trasladar a un menor al DIF municipal.

Por ello, dicen, los elementos que aparecen en el video no saben qué hacer al carecer de las llaves, pero tampoco intentan otro medio para forzar el candado y optan por lo más inhumano: abandonar a los migrantes a una muerte segura, tal y como ocurrió.

Los informes confidenciales revelan que lo único que pudieron hacer antes de retirarse fue utilizar un extinguidor, que de nada sirvió, porque estaba semivacío y la base del fuego estaba por dentro de las celdas, por lo que únicamente generó gran cantidad de humo blanco que se aprecia en el video, cuando invade la estancia.

Otro dato revelador fue, que la única que cumplió con su obligación de poner a salvo las vidas a su cargo, fue la agente que estaba en los separos de mujeres, que pudo sacar de sus celdas a 15 migrantes cuando la estación se inundó de humo.

Sobre la única salida de emergencia de la estación, aseguran que estaba bloqueada con block y cemento, como si fuera una pared, por lo que, al llegar los bomberos, tuvieron que romperla con marro para desahogar el humo y sofocar el fuego.

Las fuentes mironianas confiaron también que esta no era la primera vez que los migrantes detenidos protestaban violentamente quemando las colchonetas, pero en las otras ocasiones les abrían las rejas para que se fueran.

Todo lo anterior evidencia claramente, la incompetencia del personal del Instituto y de la empresa de seguridad contratada, para actuar en situaciones de emergencia.

También pone nuevamente en la mesa de las irregularidades, la improvisación con que el Instituto manejaba los separos de detención preventiva, y la falta de protocolos para contener una crisis, comenzando por el manejo de algo básico como son las llaves.

De todas esas irregularidades fue enterado el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, en las dos visitas que realizó a Juárez recientemente, para desplegar un servil operativo de contención de los migrantes y evitar su cruce a los Estados Unidos.

En esas ocasiones le informaron las condiciones deplorables e inseguras en que funcionaba la estación migratoria habilitada como cárcel, a cargo del oficial Daniel Goray, quien estaba más ocupado en el negocio de los amparos, que en la seguridad de los extranjeros detenidos.

Ante esos señalamientos, Garduño no hizo nada y la bomba de tiempo que vaticinaron muchas voces de la ciudad, finalmente le estalló en la cara.

Ahora que la opinión pública pide su cabeza, tendrá que irse probando el uniforme de Almoloya de Juárez, porque sin duda, se convertirá en otro ilustre inquilino de este reclusorio al concluir las investigaciones.

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No le gustó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ser el centro de la atención mundial por la tragedia de los migrantes muertos y mucho menos que en los medios le dijeran ignorante e insensible, por haber criminalizado a las víctimas y asegurar que el incendio se había registrado en un albergue, cuando se trataba de un recinto federal convertido en celdas.

Por eso su furiosa respuesta ayer contra los medios de comunicación en general, a los que tildó de ser los campeones del amarillismo y del sensacionalismo, porque según su opinión, es temporada de zopilotes y trafican con el dolor humano y no van  por la justicia.

Palabras más, palabras menos, el redentor de la 4T perdió los estribos y se fue grande en sus acusaciones, como si los medios hubieran sido los causantes de la tragedia que lo puso en los ojos del mundo entero, como un gobernante insensible que permite la violación de los derechos humanos de los migrantes, al detenerlos y encerrarlos.

Los medios comunican hechos, no trafican con la información como lo hicieron sus colaboradores, cuando por lavarse las manos le informaron que el siniestro había sido en un albergue y culparon a los migrantes.

Sin duda que la postura del presidente fue seguir la estrategia de echarle la culpa a otros, y los más visibles, porque son sus clientes frecuentes en sus momentos de ira, fueron los medios de comunicación, para tratar al mismo tiempo de sofocar sus cuestionamientos.

Esa misma estrategia, fue la que siguió al pie de la letra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando en entrevista con el periodista Joaquín López Doriga, se lavó las manos y le echó la responsabilidad de la crisis migratoria a Marcelo Ebrard, además de acusar al Gobierno del estado de Chihuahua de haber filtrado el video de la tragedia.

Si ellos grabaron ese video con sus cámaras de seguridad y lo tenían desde la noche del incendio, como afirmó Adán Augusto, ¿por qué no lo resguardaron ni respetaron la cadena de custodia como lo exige la ley en este tipo de eventos, donde hay víctimas fatales?

Esto no es un delito, sino simple estulticia que muestra de cuerpo entero la incapacidad de nuestras autoridades federales que, en situaciones de crisis, se convierten en viles chivos en cristalería.

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Los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio hicieron sonar los tambores de guerra en contra de la directora de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, porque tuvo la osadía de reprender a una sobrina del líder sindical, que hacía como que trabajaba y alardeaba de influencias.

Todo comenzó cuando la directora ordenó al departamento de personal que pusiera a la sobrina, de nombre Iveth, a disposición del sindicato para que la reacomodaran en alguna otra dependencia donde hiciera menos daño.

La empleada resultó ser la sobrina de Raúl Silvadoray y este dio instrucciones para declararle la guerra a Claudia Verónica, enfocando sus baterías principalmente contra un exfuncionario de tercer nivel de nombre Javier Duarte, quien causó baja en la dependencia porque cobraba moches por autorizar cambios en uso de suelo en modo fast track.

También pusieron en la mira a un empleado de nombre Víctor Hugo, quien se encarga de atender los trámites en barandilla y lo acusan de trabarlos para asignárselos a un grupo de coyotes que le pagan su respectiva comisión.

La directora municipal no se ha atrevido a asomar la cabeza en este conflicto con los líderes sindicales, que juraron llegar hasta donde tope para que la funcionaria renuncie y les permita mover y colocar al personal a su antojo, aunque no den el ancho como el caso de la sobrina incómoda.

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Buen “estatequieto” le puso ayer el alcalde de Camargo Jorge Aldana, al locuaz diputado Francisco “Pistolas” Sánchez, por andar metiendo su cuchara donde no lo llaman e inventar mentiras sobre una supuesta agresión a una militante de Movimiento Ciudadano, de la “Perla del Conchos”.

Resulta que el legislador acusó a dos funcionarios del municipio de Camargo de haber agredido de palabra y con amenazas a la coordinadora del movimiento naranja en esa población, Yamna Hepo Simental, cuando participaba en un evento ciclista donde también estaba el alcalde.

El asunto fue abanderado inmediatamente por Sánchez, quien acusó al alcalde de Camargo de haber tolerado esa agresión y advirtió que procederá a presentar las denuncias correspondientes por violencia política de género.

El alcalde le respondió en caliente y rechazó que la militante de Movimiento Ciudadano hubiera sido agredida durante la bicicleteada en la que participó, al lado de 80 ciudadanos que forman parte de un grupo de ciclismo urbano.

Dijo que cuando terminaron el recorrido y llegaron a la plaza Juárez, hubo una discusión entre algunos de los ciclistas, pero que no pasó a mayores y mucho menos llegó a un tema de violencia física ni verbal, como lo señaló el diputado Sánchez.

El alcalde panista le dijo al polémico dirigente del movimiento naranja, “estamos en contra de la violencia de género y por supuesto que estamos en contra de la difamación y la calumnia. Le pedimos al diputado Sánchez que se informe bien de la situación, que no difunda mentiras y sobre todo que no venga a Camargo a dividir a la población”. Tómala.