El suspenso político en el escenario estatal tiene todas las características de temporada de Netflix: mucho enredo, mucha emoción y a ciencia cierta no sabemos en qué vaya a terminar, como nunca imaginamos que una pequeña manifestación como las muchas que hay en Palacio se fuera a convertir en violencia grave a nadita de ocasionar muertos.
Toda la trama está centrada en la impugnación contra el resultado electoral que tiene convertido a Javier Corral Jurado como gobernador electo, en la denuncia penal que el propio Corral y Jaime García Chávez mantienen en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el gobernador César Duarte y la promesa de ambos durante toda la campaña de llevarlo a la cárcel por corrupción.
Si Corral y García Chávez no logran su cometido a través de la PGR lo podrán conseguir de manera directa a través de la Fiscalía General del Estado, que estará bajo su jerarquía. Ahí no habrá pretexto para incumplir la oferta de campaña, aunque luego los juzgados federales se encarguen de dar largas al asunto hasta desaparecerlo del mapa. Pero la amenaza es la amenaza, sin importar fueros comunes o federales.
Desde luego que Duarte no quiere proceso penal ni mucho menos cárcel, aunque pareciera lo contrario con entrevistas periodísticas masoquistas en red nacional como la concedida a Denise Maerker.
La impugnación parece tener toda la intención de meter el ruido suficiente al resultado electoral y forzar a una negociación que le garantice al gobernador una salida, si no airosa por lo menos bastante alejada de la guillotina corralista que pretende su cabeza.
Es prácticamente imposible que ese objetivo de la negocia sea conseguido en acuerdo con el equipo electo de Corral. Faltar a la palabra dada en campaña por parte del electo significaría el inicio de su marcha por la nueva administración con el pie izquierdo. Entonces quien deberá ser obligado a intervenir es el Gobierno de la República.
Los disturbios en Palacio fueron tontamente provocados por operadores del gobernador electo, pero le sirvieron de maravilla al gobernador Duarte para probar que las revueltas pueden formar parte de su tabla de salvación. La gallina ya era del PAN, no había necesidad de corretearla.
La primera etapa del proceso de impugnación, ya se ha dicho, terminará en el Tribunal Estatal Electoral (TEE) a finales de julio, sea el dictamen a favor de Corral o del PRI –como instancia formalmente quejosa–. Si es a favor del PRI y ratificada en las instancias federales puede venir el escenario del gobernador interino y Duarte mantener el control de la negociación.
Desde el punto de vista del resultado electoral contundente, a ojos vistas de todo mundo, parecería absurdo que la impugnación pasara con éxito las puertas del TEE hacia el tribunal federal electoral –o Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es su larguísimo nombre–. Nomás de ver el océano de votos que le cayó encima a Enrique Serrano es para bajar la cerviz, aceptar la derrota con humildad y bays. Así lo hizo ya el propio excandidato, pero no es él quien tiene el pie en el cuello, sino aquel que lo convirtió en delfín, precisamente.
Coloquémonos en los zapatos de Duarte –lo conocemos más que bien–. Lo analizamos y no tendremos dificultades para concluir con toda objetividad que no dejará arma por disparar para evitar no la posibilidad de ir a la cárcel, sino la promesa cierta de castigo lanzada hasta el cansancio en spots y discursos de campaña por Corral Jurado
Aquí es donde al gobernador no le importará otra cosa que su salud, su interés personal. Ya lo dejó claro en la entrevista susodicha ante Maerker al desviar hacia sus colaboradores la responsabilidad de movimientos financieros multimillonarios supuestamente irregulares. “Ni lo sabía ni lo autoricé”, dijo sin el menor empacho.
¿Será por ello que ya empezó la cura en salud hasta de su antiguo subjefe administrativo en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Manuel Esparza, hoy auditor superior del Estado, que no parece dispuesto a colocarse en el cadalso junto a su jefe político y paisano Duarte, revelando la posible existencia de corrupción entre buena cantidad de funcionarios estatales?
Los cercanos al gobernador saliente están entendiendo –si no lo habían visualizado de esa manera– que la cuerda se rompe por lo más delgado y que esta no tiene cara de excepción. Saben que habrá colgados en la plaza y ahora están seguros que el gobernador no se colocará por sí solo como primero en la fila. Recordemos el dicho sabio de la condición humana: de mi abuelita a mí, mi abuelita.
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Los magistrados electorales tienen posibilidades de poner punto final a la impugnación o de decretar la anulación de la elección. Prácticamente es como quieran decidir por interés personal o por consigna de otra índole. En el mundo de los jueces tienen criterios e interpretaciones suficientes para resolver sobre culpabilidad o inocencia.
NORTE publicó la semana pasada que los cinco abogados que conforman el TEE surgieron de acuerdos mayoritariamente priistas. La decisión fue tomada en la lejana Ciudad de México y estuvo en manos de muchísima gente que no tiene ni idea de lo que es Chihuahua.
Igual ocurrió con la elección de consejeros del Instituto Estatal Electoral, de ahí gran parte del desorden sobre las mentadas 170 y tantas mil boletas sobrantes. Los magistrados y los consejeros ignoran por completo esa parte medular de su responsabilidad en la impresión de las boletas y que por comodidad no atendieron. “Pregúntenle a Córdova”, responden ante las interrogantes.
Bueno, aunque los magistrados vinieron de la Cámara de Senadores negociados con el tricolor, solo dos de los cinco podemos decir que son duartistas puros: el magistrado presidente César Wong Meraz y el magistrado Adrián Jácquez Flores; José Ramírez Salcedo tiene corte más filo panista, Víctor Yuri Zapata Leos es de izquierda garcíachavista (apoyado por Corral como senador) y Julio César Merino Enríquez es por completo PT, para seña más precisa, de la familia Aguilar Jiménez.
El gobernador Duarte tiene fuerza política para apretar y obtener al menos la mayoría, pero también Corral está en posibilidades de arrebatar uno de los votos y dejar la mayoría de su lado. Ya sabemos que el PT ha sido para el mejor postor, aunque al PRI y a Duarte le debe millones en negocias y hasta el mismo registro virtud a que ya no alcanza el dos por ciento de la votación general para seguir manteniendo privilegios como partido político. El PRI le regala esos votos, por absurdo que parezca.
Es posible que Corral ni entre a la puja, porque el costo sería excesivo a nivel local. Indudablemente Duarte y el PRI se irán a la segunda instancia ante un eventual revés del TEE. El gobernador electo tiene mayor experiencia y manejo en el orden federal. Allá logró sacar adelante la senaduría que todavía ostenta (con licencia).
Llegado el asunto al orden federal necesariamente será dictaminado según acuerdos políticos en Presidencia de la República, la dirigencia nacional del PAN, y desde luego Javier Corral. Ahí es a donde estaría buscando llegar el gobernador Duarte Jáquez para conseguir el escudo que mejor le acomode, o al menos el que no lo mate, políticamente dicho.
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En el inter de la impugnación está la transición que el equipo de Corral pidió a la administración saliente conformar a la mayor brevedad. A casi una semana de llevado el oficio correspondiente ante la Secretaría General de Gobierno, no hay respuesta. Duarte dejó claro el viernes en esta frontera que no habrá entrega mientras siga pendiente le proceso legal.
Dentro de los trabajos de esa transición está la recepción de todas las áreas que conforman el Poder Ejecutivo estatal –Seguridad, Educación, Obras Públicas, DIF, Salud, Desarrollo Rural, Desarrollo Social, Hacienda, etc.–, conocer el estado que guardan las mismas, los correspondientes diagnósticos, las planeaciones, y por supuesto el trabajo de presupuesto para el 2017.
Sin la información oficial no puede haber un solo paso adelante. Como consecuencia puede producirse inmovilidad, ingobernabilidad y eventual caos.
Para el equipo de Corral lo peor que puede pasar es esperar hasta que las instancias correspondientes validen la elección. La toma de protesta es el 3 de octubre. El dictamen puede ser presentado inclusive unos días antes. Para la sociedad tres meses son un siglo.
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Viernes y sábado amaneció la capital Chihuahua desolada. Más de la mitad de la población no tuvo transporte público en qué trasladarse a ninguna parte, porque fue paralizado por enésima ocasión el tristemente célebre ViveBús.
Los habitantes de la capital del estado literalmente han sido dejados a su suerte tanto por la administración que va de salida como por los que van llegando. Nadie, ni panistas, ni priistas, ni perredistas, ni morenistas les echaron la mano para hacer menos pesado el gran problema. En campaña electoral algunos candidatos panistas sacaron sus vehículos para trasladar gente; hoy, ya ganados, hacen como que la virgen les habla.
Repite Mirone, no han tomado protesta aún como nuevas autoridades, pero ello no los inmoviliza ni política ni físicamente para ayudar como lo hicieron cuando anduvieron en campaña.
Los tres meses que restan para que el duartismo se vaya definitivamente y para que se instale el corralismo, pueden significar un infierno no únicamente para los pobladores de Chihuahua capital, sino para los juarenses, los parralenses… para todos.
De muy poco ha servido al interés general, por mucho y que representen todo un ejemplo, que las administraciones municipales de Juárez y Chihuahua capital hayan optado por hacer la entrega–recepción sin mayor problema, aún antes que fueran resueltas las impugnaciones correspondientes, si el Gobierno estatal decide paralizarse.
Armando Cabada y Javier González Mocken en Juárez; Maru Campos y Javier Garfio en Chihuahua, independiente y PRI; PAN y PRI, respectivamente, vienen participando en eventos comunes, se saludan, entregan y reciben información; no se han sacado la lengua ni han andado con amarguras los perdedores ni con soberbia los ganadores. Han sido maduros e institucionales.
Verdaderamente lamentable es la conducta del régimen que se va. Es terrible que en el caso de la capital del estado no fue resuelto el problema de transporte a lo largo del sexenio y todavía de salida sus pobladores sufran la puntilla con la sangre fría de un sicario que da el tiro de gracia a su víctima.
Ahí viene también la elección de directores y rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Salvo uno o dos de los directores, el resto forma parte de la estructura militante del PRI y se debe por completo a la decisión del gobernador Duarte que hace seis años (como gobernador electo) les dio el visto bueno para esos cargos.
La animosidad en el campus universitario es altamente inflamable. El proceso electoral debe ser en agosto. ¿Importará a los que se van que sigan los directores dándose hasta con la cubeta y que sigan peleando los candidatos a rector, y que en cualquier momento venga una revuelta estudiantil? ¡Que se hagan pedazos!
No son días de entrar en razón para los que van dejando Palacio por las razones descritas. Podrán o no ser culpables de las acusaciones de corrupción e ineficacia que nomás de entrada les provocó la pérdida de la gubernatura. El problema es la incertidumbre, los grandes riesgos y la ingobernabilidad que no es algo por venir; es algo que ya está presente en una zona importante de Chihuahua como lo es su capital del estado con la falta completa de transporte urbano. ¿Qué pasará mañana, y de mañana hacia el 3 de octubre? No sabemos, pero puede ser cualquier cosa.
Duarte tiene tomada una previsión bastante menor que lo exhibe todo: un cerco de vallas de metal en todo alrededor de Palacio.