El tema de los fallidos “Expedientes X” de la administración del gobernador Javier Corral sigue haciendo más ruido que un automóvil viejo.

El turno le toca ahora a Maclovio Murillo, el “abogado de hierro”, quien se ocupara de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado en aquel casi quinquenio de Corral Jurado, cuando —nos decían— iban a meter a la cárcel a cuanto corrupto de la anterior administración se encontraran por allá o por acá.

Este martes 17 de febrero, un juez de control del Distrito Morelos, Miguel Alejandro Balderrama Aguilar, reabrió la causa penal contra el exabogadazo del corralato por presuntos actos de extorsión cometidos en contra de algunos exfuncionarios de la administración de César Duarte.

El acusador es nada menos que Jesús Manuel Esparza, quien fuera titular de la Auditoría Superior del Estado en aquellos años del duartato que tantas deudas le dejó a los chihuahuenses.

**

A reserva de lo que dictamine el juez de la causa, la reapertura del juicio contra Maclovio Murillo ha sido interpretada como un nuevo revés judicial a aquella cruzada emprendida por Corral, con la que buscaba recuperar —según lo dijo— los seis mil millones de pesos de desfalco que se encontró en las arcas del gobierno estatal.

En este caso, es un fallo de un juez federal el que ordenó la reapertura inmediata de la investigación por extorsión, contenida en el cuadernillo penal 2475/2021, tras un amparo concedido al denunciante.

La decisión deriva de la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que resolvió el recurso de revisión 2055/2024 y otorgó la protección de la Justicia de la Unión al quejoso, cuyos datos se mantienen bajo reserva por razones de seguridad.

**

Con esto, se vino abajo el famoso “no ejercicio” de la acción penal contra Murillo, que le había concedido un juez federal el 14 de abril de 2023. Desde aquel entonces, la investigación contra aquel abogado del corralato estaba cerrada, pero hoy se reinicia todo. Baraja nueva, pues.

Con ello, el Ministerio Público deberá retomar las indagatorias, desahogar pruebas pendientes —incluidas declaraciones de familiares de la víctima y evidencia digital como capturas de WhatsApp— y profundizar en la presunta asociación delictuosa atribuida a Carlos Emmanuel A., alias El Meño, presunto cómplice, y contra el propio Maclovio.

El tribunal fue claro: la Fiscalía no debe limitarse a esas pruebas, sino ejercer plenamente sus facultades para reunir nuevos elementos y, si procede, solicitar la vinculación a proceso. ¡Y mira a quién se lo encargan! A una Fiscalía que parece disfrutar cada causa penal en contra de exfuncionarios corralistas.

**

Más allá del expediente, la resolución tiene implicaciones políticas. El amparo 1053/2023 se promovió contra actos de la autoridad judicial local, señalando omisiones en la investigación de un delito que puede alcanzar penas de entre 15 y 40 años de prisión.

En términos prácticos, el tribunal federal no solo corrigió una decisión procesal: envió un mensaje sobre la obligación de agotar líneas de investigación en casos de alto impacto.

En un contexto donde la persecución de delitos como la extorsión es uno de los principales reclamos sociales, el fallo reabre cuestionamientos sobre la actuación inicial de las autoridades locales y coloca bajo escrutinio el manejo del caso.

El juicio contra una figura clave de aquella investigación anticorrupción pareciera una especie de “gol del empate” con el que la actual administración estatal contesta al fallo que le quitó la causa penal contra Javier Corral por un presunto desvío de 98 millones de pesos.

Espérense, porque está por anotarse el gol del desempate, tal vez en tiempo añadido: la causa por tortura emprendida en contra del exfiscal de Derechos Humanos, Francisco González Arredondo, podría tener novedades en los días próximos. Atentos al silbatazo final.

—–ooo—–

Desde el Club Campestre de Juárez le llegó el reporte a Mirone sobre cómo andan las planillas en competencia: hechas la mocha, a la caza de cartas poder, apalabrando a los socios que suelen ser apáticos y no pisan las asambleas, aunque ahí se defina la Mesa Directiva y la presidencia del Club.

Se acerca la elección del martes 24 de febrero y tanto quienes integran la planilla Campestre Juárez 360 como Unidad y Progreso ya preparan documentos y sacan firmas para asegurar los votos de quienes no acudirán físicamente, pero sí pueden participar entregando su poder.

Conforme a los estatutos, cada socio puede llevar el poder de otro socio. Eso obliga a los 15 integrantes de cada planilla a un trabajo fino: convencer simpatizantes para que, a su vez, recojan los poderes de amigos o conocidos que no quieren o no podrán asistir a la asamblea.

**

Dice Mirone que quienes no acuden, pero votan mediante poderes, suelen decidir la elección. Los márgenes de diferencia no acostumbran ser amplios y menos ahora, cuando hay tanta efervescencia en el proceso que culminará con presidente nuevo: Alejandro Ramírez (Campestre Juárez 360) o Rafael Tirado (Unidad y Participación).

El antecedente es claro. El año pasado, cuando Alejandro Ramírez fue electo consejero, la planilla Renovación y Experiencia ganó apenas por tres votos sobre la planilla Tu Voz: 272 contra 269.

De ese total, alrededor de 90 votos se ejercieron mediante cartas poder. No fue un detalle menor, fue el factor decisivo.

En esta ocasión, la cifra fácilmente rebasará las 100 cartas. Así que el destino del Club no lo definirán necesariamente quienes acudan a votar el próximo martes, sino quienes prefirieron quedarse en casa y delegar su decisión.

**

Las campañas siguen intensas en la búsqueda del voto. El sábado pasado le tocó a Unidad y Progreso montar su evento masivo de presentación y promoción en las instalaciones del Club. Hubo cena de tres tiempos y una batería de juegos para niños.

Como dicta la tradición, todo fue gratuito: se pide el voto y de paso se presume el músculo de la planilla. Hubo buena convocatoria, aunque sin alcanzar los niveles de años anteriores de grupos afines, ligados a expresidentes del Club.

Para este sábado, el turno será de la planilla Campestre Juárez 360. Su evento será más informal en la cena —comida rápida, con sándwiches de pulled pork como plato fuerte— y con actividades como rally infantil y el concurso 100 mexicanos dijeron.

Como en toda campaña que se respete: todo se ofrece y todo se promete. Al final de cuentas, prometer no empobrece… y las cartas poder votan.

—–ooo—–

No sabía Mirone que el partido Morena tuviera una especie de oficina, subdivisión o sucursal de Amor por Chihuahua, pero prácticamente así se promocionó la agrupación con el eslogan que pertenece al grupo político de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

En una publicación del pasado lunes de la diputada local Leticia Ortega, quedó evidencia fotográfica de su participación en una actividad partidista de entrega de credenciales.

“Realizamos una reunión para la entrega de credenciales a nuevas y nuevos afiliados de Morena en Ciudad Juárez…”, escribió la diputada juarense.

**

Ortega es parte de la bancada morenista en el Congreso del Estado, uno de los dos pilares del proyecto político de Ariadna Montiel en Chihuahua. El otro es la estructura de Bienestar, que encabeza la delegada Mayra Chávez.

El caso es que llamó bastante la atención de Mirone una lona tipo banner, colocada en el lugar del trámite, identificado como “Entrega de credenciales”.

Nada raro que apareciera el logotipo de Morena; lo extraordinario fue que también se incluyera el diseño de Amor por Chihuahua, con el dibujo del estado grande y letras en guinda y negro.

**

Es el mismo mensaje reproducido desde el año pasado en cientos de bardas por todo el estado. AMOR es acrónimo de Ariadna Montiel Reyes, y se identifica con su marca política, su estrategia de imagen y una asociación civil que operó —aunque nunca se lanzó oficialmente— como estructura alterna.

Nunca hubo presentación formal, pero el marketing siguió. Aún no queda claro qué candidatura cobija Amor por Chihuahua, pero el vínculo montielista permanece. La promoción es clara: favorecer a los suyos y llevar agua para su molino.

—-ooo—–

Por terrenos municipales, se sigue arrastrando otro gran pendiente en participación ciudadana.

Resulta que el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana (CCPC) de Juárez ha operado con una representación mocha desde hace un año. Muy convenientemente para la Administración municipal, las sillas ciudadanas se dejaron vacías desde febrero del año pasado.

Hablamos de casi la mitad de las vocalías con derecho a voz y voto. De siete espacios ciudadanos, solo cuatro han estado ocupados, manteniendo la toma de decisiones desequilibrada a favor de la representación oficial.

Se suponía que el balance se lograba con siete ciudadanos y siete funcionarios, pero en los hechos siempre llevaron las de perder las organizaciones y los particulares que le entran a la democracia participativa.

**

Ahí sí, completos, están los siete espacios de servidores públicos: Presidencia Municipal, Dirección de Participación Ciudadana, Tesorería, Desarrollo Social, Planeación y Educación, además de la regiduría que preside la Comisión de Participación Ciudadana.

Y si no es porque las organizaciones presionaron, así se hubiera quedado: mocha hasta el infinito esa instancia creada por la Ley de Participación Ciudadana.

Más a fuerzas que con ganas, finalmente salió la convocatoria para ocupar las tres consejerías ciudadanas vacantes.

**

Abierto el proceso, los interesados deberán acudir a la Oficina de Participación Ciudadana, en la Unidad Administrativa Benito Juárez, cumpliendo con los requisitos.

Después vendrá la evaluación de perfiles, con entrevista presencial y análisis de trayectoria.

Será el Cabildo quien decida, por mayoría simple, considerando criterios de paridad de género.

Los requisitos no son pocos: no ocupar cargos públicos, no haber sido dirigente partidista ni candidato en los últimos cinco años, no ser ministro de culto ni tener parentesco con integrantes del Ayuntamiento.