A propósito de la sentencia judicial por el caso ARAS, donde se “condenó” al defraudador a reparar el daño a más de 6 mil afectados, se abre la interrogante de qué pasará con las otras 68 mil víctimas de delitos registrados en el 2023.
En Chihuahua, como en el resto del país, no hay presupuesto que alcance para resarcir el daño a tanta víctima de los delitos de todo tipo y gravedad que se registran en las diferentes Fiscalías Estatales y en la Federal, año tras año.
Nada más hay que ver que, de enero a noviembre del 2023, se habían registrado en todo México 2 millones 13 mil 918 víctimas del delito, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De ese total, 105 mil 667 corresponden a víctimas de fraude, delito como el que se le atribuye a los autores del atraco en contra de más de seis mil inversores del estado de Chihuahua, quienes perdieron su dinero al depositarlo en la tristemente célebre ARAS Investment Business Group.
Según el artículo número 386 del Código Penal Federal, comete el delito de fraude “el que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
Para la jueza Hortensia García Rodríguez, la persona moral ARAS Investment Business Group y, por consiguiente, sus directivos, cometieron ese delito en perjuicio de al menos 6 mil 697 quejosos y quejosas, quienes, a la fecha, son los que han presentado denuncias contra aquella empresa.
Sin embargo, el fallo de la juzgadora, emitido el 29 de diciembre de 2023, alcanza solo para las 4 mil 355 víctimas, cuyo caso se integró en la causa penal 3056/2023.
Los restantes podrán demandar la reparación del daño, lo cual agrandaría la cantidad que el presunto defraudador deberá recuperarles.
Al momento de la sentencia, el daño a las víctimas sumaba 884 millones 411 mil 432.55 pesos.
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Si bien la sentencia marcó un precedente en cuanto a la persecución de delitos de fraude mediante el ofrecimiento de instrumentos de inversión que darían ganancias imposibles de obtener, también es cierto que los bienes asegurados al presunto victimario no alcanzan para cubrir el daño.
El Ministerio Público de Chihuahua había embargado 137 bienes propiedad de ARAS, de los cuales 86 son inmuebles y 51, muebles.
Sin embargo, el valor de compra de todos esos predios, edificios y vehículos asegurados asciende apenas a 464 millones de pesos.
Eso no significa que esa sea la cantidad que se vaya a obtener producto de la venta de los bienes embargados, pues muchos de ellos son vehículos automotores que cada día pierden valor de reventa.
La operación de venta, más la administración del dinero recaudado para luego repartirlo entre los afectados correrá por cuenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave), órgano del Gobierno del Estado.
Al momento de la sentencia, no había quedado claro cómo se llevaría a cabo la venta de lo embargado, o si sería una subasta, o acaso un remate de bienes.
Menos aún estaba esclarecido cuándo se llevaría a cabo esa operación, pues los dueños originales todavía pueden recurrir a un amparo.
Y en el caso que se llevaran a efecto esas ventas, tampoco está definido cuál será el criterio para empezar a pagar, quienes serían los primeros y qué proporción de la pérdida es la que se les va a recuperar.
Tampoco se conocen los alcances de la mencionada Ceave como para celebrar una acción como la venta, subasta o remate de bienes, su posterior administración y la valoración del daño a reparar, pues sus funciones son más de tipo social que de recuperación de dinero.
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Antes de que se conociera el fallo judicial relativo a ARAS Investment Business Group, el Congreso del Estado ya había aprobado el Presupuesto de Egresos para el Estado de Chihuahua del año 2024.
En ese documento, de cauce legal, se contempla un presupuesto de 131 millones 333 mil 569 pesos para la “Atención de Personas Víctimas del Delito”.
Esa cifra se divide en siete programas distintos, de alcance trasversal, en los que intervienen diversas dependencias estatales e incluso organismos descentralizados.
Estos son: Atencion Integral Para la Proteccion y Restitución de Derechos, Apoyo a la Gestión Social, Servicio Estatal de Empleo, Investigación y Persecución del Delito, Programa Institucional de Atención a Víctimas, Rehabilitación y reinserción Social y Fortalecimiento de la Familia.
Todos estos tienen funciones muy específicas y ninguna de estas tiene relación con la recuperación de recursos para luego repartirlo entre los probables afectados.
Del presupuesto asignado, la suma más grande, 96 millones 68 mil 15 pesos, lo ejercerá la Fiscalía General del Estado. De estos, 58 millones 713 mil 539 pesos serán para los programas “Investigación y Persecución del Delito” y 37 millones 354 mil 476 a través del “Programa Institucional de Atencion a Víctimas”.
La otra suma fuente: 25 millones 999 mil 530 pesos, es para “Rehabilitación y Reinserción Social”.
Es decir, nada para reparar el daño a defraudados y reponer dinero perdido en una mala inversión.
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A todo esto, y a las demás víctimas, ¿quién les va a pagar?
En un estado donde mueren, en promedio, dos mil personas al año en actos violentos, no hay presupuesto que alcance para resarcir daños producidos por delincuentes.
Nada más en el año 2023, al corte de noviembre, había un registro de 68 mil 604 víctimas del delito.
De estas, mil 902 fueron personas que perdieron la vida por homicidio, ya fuera doloso –la inmensa mayoría– o incidental, o “culposo”.
Aunque es del delito de mayor impacto social, el homicidio no es el de más incidencia en el estado, pues se habían registrado, además 5 mil 566 de lesiones.
El de mayor incidencia, con 9 mil 39 víctimas, fue el de “Daño a la propiedad”. Otras 41, de feminicidio, mientras que el delito “Contra la libertad”, otra infracción a la ley de grave impacto personal y social, registra 802 víctimas, de las cuales 43 sufrieron secuestro.
Contra la libertad sexual hubo otra cantidad exorbitante: 4 mil 145 víctimas, mientras que los delitos contra el patrimonio sumaron 29 mil 932 personas perjudicadas, de las cuales 13 mil 862 sufrieron robo en sus diversas modalidades.
Pero hablando del caso ARAS, un mes antes del fallo de la juez, se habían contabilizado 5 mil 102 víctimas de fraude; mil 108, de abuso de confianza; 773 de despojo, y otros delitos contra el patrimonio, mil 43.
Y esas son cifras con corte al 30 de noviembre del año pasado. Faltaría sumar a las miles de víctimas de años anteriores, más las que se van a sumar en este 2024, para entender que no hay manera de resarcirles el daño, y que el caso Aras no era, ni mucho menos, el de mayor impacto social.