Desde Ciudad Judicial, reportan a Mirone el enojo y la preocupación que se desató entre toda la comunidad de operadores del sistema penal, por la ninguneada que acaban de propinarles.

Hubo el jueves una comalada de nombramientos de defensores, notificadores y otros cargos, pero resulta que las nuevas mandonas del Poder Judicial no tomaron en cuenta al personal de carrera judicial que tenía méritos y derechos para lograr ascensos.

Todo se definió desde Chihuahua, en la negociación política y los acuerdos con magistraturas para repartirse el pastel y llenar las plazas con personal externo y hasta foráneo.

En una gran bolsa de trabajo para meter a los conocidos o pagar algunas facturas políticas se ha convertido el Poder Judicial, en esta etapa de ajustes, después de la sacudida por la reforma que llevó a la elección de personas juzgadoras por medio del voto popular.

Lo que supo Mirone es que se le está dando juego a titulares de magistraturas para meter gente, luego de que no los dejaron hacer muchos movimientos a las salas a las que llegaron.

Total, que hay muchas vacantes por los movimientos que generó todo el proceso de elección y de renovación, pero se están restringiendo las posibilidades a quienes están adentro, para seguir escalando. Esa es la molestia desde el punto de vista de quienes forman parte del propio sistema.

Incluso hubo manifestaciones abiertas sobre el tema. La nueva jueza de Ejecución de Penas, Norma Angélica Aguilar, mostró su descontento en una publicación de Facebook: “Es lamentable saber que personas sin mérito alguno, ocupen cargos que no les corresponden, que son para nuestra gente que ha luchado y con esfuerzo ha escalado, haciendo una carrera judicial. Es triste ver que en lugar de apoyar a quienes verdaderamente merecen oportunidades, llegue gente foránea y sin experiencia alguna; en fin, vamos de mal en peor”.

Además, da corajillo que todo se quiera decidir desde la capital, donde siempre se reparten las posiciones y se ningunea a Juárez, porque desde allá viene la gente, empezando por las propias magistraturas.

Incluso para cargos menores, se vienen desde la ciudad de Chihuahua, a “colonizar” el Distrito Judicial Bravos. Así ha sido siempre.

La preocupación en Ciudad Judicial es doble, porque quienes llegan a ocupar los puestos, externos a la carrera judicial, o de otras ciudades, simplemente no conocen la dinámica de Juárez en materia delictiva. Poco saben de los casos de alto impacto que a diario llegan acá a los juzgados penales.

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A propósito del nuevo Poder Judicial, está bajo la lupa lo que haga o deje de hacer el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano responsable de vigilar y sancionar conductas indebidas de todas las personas juzgadoras, tanto jueces y juezas de primera instancia, como quienes encabezan las magistraturas.

Ayer tuvo un encuentro con medios el presidente del nuevo Tribunal, Francisco Javier Acosta Molina, y claro que el tema del juez que cambió una condena y le concedió la semilibertad a un sentenciado por secuestro que resultó ser hermano de una magistrada que integra ese mismo Tribunal, se puso nuevamente sobre la mesa.

Ahí está el escandaloso asunto: el juez penal, Juan Carlos Erives Fuentes resolvió que Édgar Herman Escárcega Valenzuela, hermano de la magistrada del Tribunal de Disciplina, Nancy Escárcega Valenzuela, cumpla su condena hasta el 2050 como responsable de secuestro agravado, dejando la prisión los domingos a las ocho de la noche, para regresar hasta el viernes a esa misma hora. O sea, un castigo nomás de fin de semana.

Juez y magistrada empezaron funciones apenas el 1 de septiembre y las acusaciones de tráfico de influencias, presiones indebidas y corrupción no se hicieron esperar, sobre todo si se considera que además de las posibles gestiones de la nueva magistrada, pudieron pesar las influencias o los acuerdos alcanzados por su esposo, el diputado y presidente estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez. La pareja magistrada-diputado son aliados del grupo político en el poder estatal, de ahí las suspicacias.

Con el argumento de que la ley le impide hablar de un caso en particular, le sacó Acosta la vuelta a detallar el estatus del caso, pero de alguna manera, dijo que sí está la investigación en manos del Tribunal.

A ver si es cierto que le atora el nuevo órgano para frenar la impunidad y la corrupción judicial. Enfrenta una prueba de fuego y su actuación está bajo el escrutinio público.

Por lo pronto, el magistrado que forma parte del panismo aliado con la dupla Sánchez-Escárcega, aseguró que fue admitida la denuncia que implica al juez y a la magistrada.

“Una cosa es denunciar y otra cosa es comprobar. No hay una sola investigación que se deje al garete o sin estudiar; todas se estudian, pero se estudian minuciosamente (…). Cualquier investigación lleva su tiempo, lleva su curso. Si hablo en público de un asunto, ya estoy infringiendo la ley automáticamente”, explicó el magistrado.

Por cierto, Paco Acosta Molina terminó reconociendo ayer que el Tribunal de Disciplina Judicial resultó un verdadero Frankenstein jurídico, como parte de la reforma que impulsó la 4T a nivel nacional y que se armonizó a nivel estatal con nuevo marco legal.

Tanto así que ya se está considerando una propuesta de reforma para dar claridad a conceptos ambiguos, como lo es la distribución del trabajo de los magistrados en “comisiones”, que nunca aclararon bien los legisladores.

Volviendo al caso del juez y la magistrada, también está pendiente que la Fiscalía General del Estado informe de qué manera apeló la resolución o si en verdad se cumplió con lo que anunció en su momento el fiscal Zona Centro.

Todos están bajo la lupa en este caso. Ni la ciudadanía ni los medios de comunicación permitirán que se le eche tierrita, que se olvide o se le dé carpetazo.

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Resulta que también hay empresas que mienten y arman su propio huachicol maquilero, para pagar menos al fisco y hacer buen negocio.

El tema recién lo ha puesto sobre la mesa el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Las trae el funcionario federal en la mira y anuncia sanciones a empresas “fantasma” que abusan del programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación).

El asunto se conoce en el contexto de la presentación de la iniciativa presidencial para reformar la Ley Aduanera, precisamente para garantizar el control de la autoridad y evitar el abuso de programas esenciales como IMMEX y de la Empresa Certificada.

Claro que en una plaza como Ciudad Juárez, el tema pega fuerte, ya que la industria maquiladora es aquí el principal motor económico, con todo y los problemas que el modelo ha traído a la ciudad.

Hay bronca porque en el padrón IMMEX hay empresas que no deberían estar; aprovechan irregularmente el programa creado para impulsar exportaciones mediante importaciones temporales. Las empresas mienten o simulan operaciones bajo el esquema de maquiladora para evadir el IVA.

“Estamos revisando caso por caso, porque hay compañías que importan y venden en el mercado nacional sin exportar nada. Eso nos hace mucho daño”, declaró Ebrard, cuando participó en evento “Mentes en Acción 2da edición Hecho en México”, hace un par de días.

Se supone que después de las investigaciones habrá sanciones y limpieza a fondo. Ya se dio una buena sacudida. Por lo pronto, han sido suspendidas por mal uso del programa, 670 empresas de todo el país. No se detalló cuántas corresponden al estado o en específico a esta frontera.

Las empresas tramposas y sancionadas se mueven en los sectores textil, de componentes y en la siderurgia. El estado es fuerte en materia de componentes.

En medio de ese embrollo, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index), consideró que de aprobarse la nueva Ley Aduanera, se afectarían las operaciones de esta industria.

“Podría inadvertidamente dañar las operaciones de las empresas que sí cumplen con la ley, comprometiendo su competitividad global. Index ha trabajado en la elaboración de propuestas concretas para que la autoridad aduanera pueda alcanzar sus objetivos de control y vigilancia, sin menoscabar ni interrumpir las operaciones de la industria manufacturera y maquiladora legítima”, estableció Index en un comunicado.

Para los promotores de la reforma, lo que se busca es garantizar que las mercancías importadas por el programa IMMEX, se transformen y exporten de forma efectiva, en lugar de quedarse en el mercado interno.

Index dijo compartir el espíritu de la iniciativa para establecer controles y evitar abusos, pero consideró que el enfoque “no es el más adecuado”.

Habrá polémica para rato, si es que no hay madruguete legislativo. A ver qué posición asumen aquí los dirigentes locales de la industria.

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Quien ya prepara maleta para acudir otra vez a la Ciudad de México, es la gobernadora Maru Campos.

La mandataria estatal estará allá el próximo domingo para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en el cierre de su gira de informes, por su primer año de Gobierno.

Es el acto político masivo, porque ya cumplió con el protocolo de entregar su informe al Congreso de la Unión, pero claro que no podía faltar el mitin en el Zócalo capitalino.

Pues allá andará la gobernadora, ahora que ambas mandatarias están en plan muy colaborativo. Apenas hace una semana se encontraron en Juárez, cuando Sheinbaum rindió su informe, con enfoque estatal, en el Estadio Juárez.

Total, Maru volverá a regresar la cortesía y aceptó la invitación para acudir a la Ciudad de México, donde seguramente andarán todos los liderazgos morenistas de Chihuahua, arropando a la presidenta.

Se espera que también acuda el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien vio a la presidenta más recientemente, ya que estuvo en la Ciudad de México apenas el miércoles, para darle seguimiento a la estrategia que desde Palacio Nacional se definió para intentar contener la violencia criminal que sigue sacudiendo a Juárez.