Pues nuestros honorables regidores y regidoras no se aguantaron las ganitas de entrarle al turismo de capacitación y armaron tremendo paquete a las paradisiacas playas de Cancún.

Se lo tenían muy guardadito, pero a Mirone nada se le escapa y se dio cuenta de que ya tienen las maletas listas, los trajes de baño y los bikinis para tomar el avión la mañana de este martes.

Tres días completitos estarán allá para tomar el vuelo de regreso el viernes. Además del avión, va el hotel con todo incluido, debidamente reservado y pagado con recursos etiquetados por Tesorería para el Cuerpo de Regidores, luego de una gestión del coordinador administrativo, el profe Jorge Bueno.

Supo este Don que al menos andarán por allá 14 de las 20 regidurías. No se midieron, ni porque se hizo tremendo escándalo el verano del año pasado, cuando la mayoría del cuerpo edilicio se fue a pasear a las Europas, un viaje de ocho días que le costó a los juarenses 1.2 millones de pesos.

Este 2025, algunos traían compromisos de agenda previos, como la regidora priista Mireya Porras, el profe José Mauricio Padilla y Sandy García. Otras simplemente no les interesó o ya saben que esos viajecitos suelen terminar en grillas y hasta en pleitos. Parece que por eso no va Paty Mendoza, quien trascendió (aquí lo dijimos en su momento) que terminó agarrada del chongo con Austria Galindo y Tania Maldonado en otro viaje a Puerto Vallarta, en la administración pasada.

Tampoco va Hugo Avitia padre, seguramente porque ya no está para esos trotes. A Cabildo falta seguido por cuestiones de salud. Su hijo del mismo nombre no perdió la oportunidad.

Luz Clarita Cristo Sosa, quién sabe por qué no se anotó. A lo mejor le dio algo de vergüencilla hacerlo como regidora de oposición. Pero ni el único edil panista, Alejandro Jiménez, dijo que no. Ya anda comprando el bronceador para tirarse a cuerpo de rey en las playas de la zona hotelera.

Todos andarán muy compitas en la playa, sin diferencias ideológicas. Los morenistas Antonio Domínguez Alderete, Karla Escalante, Jorge Bueno, Dina Salgado, Mayra Castillo, Alejandro Acosta y Mary Adame. También los petistas Sandra Marbel Valenzuela y José Eduardo Valenzuela, además de la verdeecologista Fernanda Ávalos y la emecista Gloria Mirazo.

Claro que tienen su “coartada”: un curso con nombre rimbombante sobre “Capital G50: municipalidades emergentes”.

Ya se la sabe el lector mironiano. Proliferan empresas con fachada de instituciones de educación y capacitación que agarran clientes por todo el país, principalmente ayuntamientos. Arman los paquetes en plan turista, pero con el enfoque de la capacitación. En este caso, la empresa que ofreció el servicio —e imagina Mirone que es a la que se le facturará— se identifica como “Instituto de Mejores Gobernantes”.

El hospedaje y la capacitación se realizarán en el hotel Wyndham Grand Cancún All Inclusive Resort. ¡No te acabes, presupuesto municipal!

En buen momento hacen las regidoras y los regidores su viajecito. No quieren que nada más los grandes tiburones de la 4T, como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal o los hijos de AMLO, se queden con los reflectores. En Juárez también sabemos ir en contra de la austeridad. ¡Faltaba más!

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Sigue causando ámpula el caso de María Cristina Berjes Cardoso, quien compitió para jueza penal, pero nunca asumió porque renunció al cargo.

Pidió el voto popular en las elecciones del 1 de junio; los electores la eligieron como jueza en el Distrito Judicial Morelos de la capital del estado, pero aventó el arpa y prefirió aceptar el ofrecimiento de irse de secretaria en sala de segunda instancia, es decir, a apoyar en una magistratura.

Después de ganar la elección, Berjes Cardoso había sido adscrita por el Órgano de Administración a un Juzgado de Control Especializado en Violencia de Género en el Distrito Judicial Morelos.

En cuestión de procedimientos, al menos estuvo extraña la renuncia, ya que hubo solicitud de la propia jueza ante el Congreso del Estado, pero no se esperó a su aprobación y luego se realizó una sesión del Pleno del Órgano de Administración del Poder Judicial, que terminó validando su solicitud.

Nunca despachó realmente en el juzgado al que fue enviada y apareció como secretaria proyectista de la magistrada Claudia Cristina Campos. Ambas eran compas como juezas penales antes de la reforma, y por lo visto, Campos la jaló para reforzar su sala, suponemos que con el aval de la Presidencia del Tribunal Superior, aparte del visto bueno del Órgano de Administración.

Lo interesante es que llegaron varias denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y, más interesante todavía, que hubo pronunciamientos del fiscal Abelardo “El Bayo” Valenzuela.

No nada más confirmó que tiene en su oficina al menos cuatro denuncias contra Berjes; consideró que “se debió primero procesar en la instancia que se debe procesar, que es el Poder Legislativo”.

Dijo también que por ese mismo motivo está denunciado el Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado. De acuerdo con El Bayo, ya se empezó a “diligenciar” esa carpeta de investigación.

El funcionario originario de esta frontera señaló que el Código Penal del Estado “habla claramente del uso ilegal del ejercicio público, entre otra posible comisión de delitos”.

“Nosotros hemos estado ya diligenciando esa carpeta que tiene que ver con qué facultades el Órgano de Administración acepta la dimisión de un juez que fue electo por votación popular, sin que antes lo haya dirimido el Poder Legislativo”, expresó el fiscal.

Valenzuela dijo que, en ese caso, debió primero procesarse a través de la Comisión de Justicia y luego subirse al Pleno del Congreso para dirimir la renuncia, lo que nunca pasó.

No se quedó con eso el fiscal y expresó un juicio al respecto, por lo que se ve que trae ganas (o a lo mejor alguna consigna) de atorarle al asunto: “Me parece que se debe de dejar un precedente muy claro. Esta reforma no establece con claridad cuándo un juez decide dimitir, porque son puestos irrenunciables, pero además el hecho de que haya decidido declinar a la función de juez y ocupar una Sala, es ahí donde veo claramente que hay un problema y que hay que dirimirlo en las instancias correspondientes”.

A ver en este caso hasta dónde llega El Bayo, no nada más contra la jueza, también contra el Órgano de Administración.

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La Torre Centinela dará hoy más de qué hablar. Estará el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, en conferencia de prensa para defender esa obra insignia de la administración estatal, y en general para presentar resultados de toda la Plataforma Centinela.

Supo Mirone que la rueda de prensa en sitio, ahí donde está la torre, en el mero Centro Histórico, será para detallar lo que se ha hecho y lo que falta.

Desde luego que se trata de una respuesta al fuerte posicionamiento del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien en plena sesión ordinaria de Cabildo la semana pasada se abstuvo de votar, a toro pasado, un cambio menor al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) para autorizar los 20 niveles de la torre en el Centro Histórico.

El presidente señaló que se abstenía de votar, de alguna manera en protesta por el retraso en la construcción y porque considera que la obra no será terminada.

“Tengo información de varias fuentes, también comentarios y, bueno, lo que también veo todos los días cuando paso por ahí… yo tengo muchas dudas, yo espero que sí se concluya; sin embargo, es una especie de voto de protesta, porque creo que van muy lentos”, explicó después el alcalde.

No nada más habrá conferencia de prensa. Gilberto Loya, el Capitán Centinela, se pondrá cachucha de político encampañado y se lanzará al edificio de la Presidencia Municipal para invitar al alcalde a visitar la Torre Centinela y presentarle los avances.

A ver qué fecha de terminación da hoy el secretario Loya. Se le han pasado recorriendo el plazo. Que en febrero de 2024, que en marzo de 2025. Hace un par de días, el representante de la gobernadora, Carlos Ortiz, afirmó que se entregará en marzo o abril de 2026.

Los primeros trabajos, ahí junto a la plaza de toros Balderas, iniciaron desde agosto de 2022, hace más de tres años.

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Muy inesperada, trágica y lamentable resultó la muerte del diputado del Congreso del Estado, Luis Fernando Chacón Erives, representante del PRI por el Distrito XIII con cabecera en Guerrero.

Hubo conmoción en la clase política estatal, luego de que un infarto fulminante acabó con su vida cuando visitaba su municipio de origen.

Luis Fernando Chacón fue alcalde de Guerrero entre 2016 y 2018. En el ámbito estatal se desempeñó como coordinador general de la Operadora de Transporte ViveBus S.A. de C.V. durante los años 2022 y 2023, y más recientemente, antes de lanzarse como candidato a diputado local, como asesor técnico del fiscal César Jáuregui Moreno, con quien mantenía una relación de amistad.

Luego del luto, viene también un fuerte impacto en la conformación del propio Congreso del Estado, una reconfiguración de fuerzas, ya que resulta que su suplente no es priista como él, sino panista, gracias a la política de alianzas acordada por ambos partidos en la pasada elección.

Hablamos del panista Jaime Torres Amaya, quien ya fue presidente municipal de Madera y ha ocupado varios cargos públicos estatales relacionados con el sector educativo. Está muy vinculado al magisterio.

Desde 2023 es el titular de la Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales, que forma parte de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) de Gobierno del Estado.

Con la muerte de Chacón Erives, Amaya deberá asumir el cargo, por lo que la bancada del PRI se reduce a tres integrantes: Guillermo Ramírez Gutiérrez, actual presidente del Congreso del Estado; el coordinador de la bancada, Arturo Medina Aguirre, y José Luis Villalobos, el presidente del Movimiento Territorial en el estado.