Igual que ocurrió durante todo el proceso electoral, la polarización política atenaza hoy al país con la discusión de la iniciativa de Reforma al Poder Judicial, uno de los cambios de mayor calado y mayor riesgo que se han planteado al entramado constitucional en la historia moderna de México.

En la antesala de que la iniciativa, ya dictaminada, se vote por la nueva Cámara de Diputados que asumirá el 1 de septiembre con una mayoría calificada para el partido Morena y sus  aliados, la estructura burocrática del propio Poder Judicial se ha movilizado en contra de la reforma, con protestas públicas y paros laborales que incluyen los juzgados federales de esta ciudad, a la par de que múltiples actores, incluso extranjeros, como los embajadores de Estados Unidos y Canadá, han fijado duros posicionamientos en el mismo sentido de las fuerzas políticas opositoras a la iniciativa presidencial.

De ahí que sea pertinente, en medio de la vorágine informativa, recuperar los puntos centrales que plantea la iniciativa de reforma que se presentó desde febrero de este año, para luego exponer los principales argumentos de quienes la impulsan y de quienes se oponen a ella.

La reforma se puede plantear en al menos cuatro ejes distintos: una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de nuevas reglas procesales.

Respecto al primer punto, se plantea reducir el número de ministros, de 11 a 9 integrantes, además de reducir el periodo de tiempo en los cargos, de 15 a 12 años. También se propone eliminar las dos salas que la integran para que únicamente sesione (siempre de manera pública) la Corte en pleno.

En cuanto a las prerrogativas y derechos que tienen los integrantes de la Corte, se pide eliminar la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministros, además de ajustar las remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción.

Respecto al voto popular, se propone una elección extraordinaria en 2025 para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, en la que podrían participar quienes ocupen actualmente el cargo.

Para la selección de candidaturas, los ministros de la SCJN (igual que los magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina) se elegirían a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.

De esa manera, el Poder Ejecutivo propondría hasta 10 candidaturas, el Legislativo hasta 5 candidaturas por cada Cámara (Diputados y Senadores), por mayoría calificada y el Poder Judicial hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos.

En el caso de los mil 633 magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que hay en el país, se elegirían en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo (2 por cada Poder de la Unión).

En cuanto a la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, la reforma propone dos nuevos órganos: un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.

El primero quedaría integrado por 5 magistrados electos a nivel nacional por un periodo de 6 años, propuestos por los Poderes de la Unión.

“Su función sería recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia”, se indica en la versión pública de la presentación.

Ese Tribunal podría sancionar con amonestación, multa, suspensión o destitución (excepto ministros). Además, podrá dar vista al Ministerio Público en caso de delitos, o solicitar el juicio político ante el Congreso de la Unión.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial sería integrado por 5 personas designadas por un periodo de 6 años por los Poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo nombraría uno; el Senado otro y la SCJN los otros tres. El órgano estaría a cargo de las funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial.

En relación al cuarto eje, el de la reglas procesales, se establece un plazo máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales, y de 1 año para asuntos penales. En caso de rebasar estos plazos, la autoridad judicial debe informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que podrá investigar y sancionar la demora.

Entre las nuevas reglas procesales estaría la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Sobre los Fideicomisos del Poder Judicial, la reforma busca que una vez que concluyan los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, en un esquema que respete los derechos y prestaciones de los trabajadores.

En cuanto a la justicia local, los poderes judiciales de las entidades federativas, deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes. Esto implicaría que en Chihuahua se tendría que armonizar la Constitución local con las nuevas disposiciones federales.

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Hasta aquí hemos señalado los principales puntos de la reforma. ¿Cómo justifican los cambios quienes los promueven desde la propia Presidencia de la República, sus seguidores, aliados y dirigentes de Morena?

Afirman que la nueva integración de la SCJN repercutirá en mayor eficiencia, austeridad y transparencia. También que la elección popular cobijará de legitimidad democrática a los impartidores de justicia.

En cuanto a la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, señalan que se fortalecerá al Poder Judicial con órganos administrativos y disciplinarios verdaderamente independientes.

Las nuevas reglas procesales, según los impulsores de la reforma, repercutirán además en una justicia expedita y en un equilibrio entre poderes.

Quienes narrativamente apoyan la reforma, han insistido en que se debe de terminar el sistema de privilegios en el Poder Judicial, donde permea el nepotismo y hay familias enteras que acaparan las posiciones.

Además de los sueldos de la alta burocracia judicial, se eliminarían privilegios como el uso de autos del año, gasolina, teléfono y gastos médicos mayores, entre otros, lo que los funcionarios tendrían que pagar ahora con su propio sueldo.

Con el Tribunal Judicial de Disciplina hay una apuesta de que se ponga fin al proteccionismo de los propios juzgadores por medio de un Consejo de la Judicatura Federal controlado actualmente por el mismo Poder Judicial.

Si un juez actúa indebidamente, se podría actuar para suspenderlo, cesarlo o hasta procesarlo, sin tener que esperar a que termine su periodo de nueve años.

Ante ese mismo Tribunal se tendría que justificar por los jueces cuando no se lograra resolver los casos en el término legal previsto, lo cual presionaría en hacer efectiva la justicia expedita.

“La elección popular de jueces, magistrados y ministros no significa que llegarán personas sin conocimientos, por el contrario, existirá un filtro para que pasen a votación los mejores perfiles y no como ahora que son designados por influencias o familiares de las cúpulas. Y si la preocupación es la capacidad, que entonces se exija que los filtros consistan en exámenes de conocimientos y entrevistas públicas; será mejor que ahora que se designan en la opacidad”, se señala en textos que reproducen dirigentes y militantes del partido Morena.

“Se respetará el servicio profesional de carrera y no como ahora que entran con tráfico de influencias, pues el control sobre ingreso, ascenso y evaluación del personal será por un órgano administrativo independiente del Poder Judicial, por lo que los jueces ya no estarán a cargo del ingreso, promoción y sanciones de los trabajadores desde el nivel más bajo hasta secretarios, lo que evitará que sólo ingresen o asciendan los allegados a jueces, magistrados o ministros, como actualmente sucede”, agregan los promotores.

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Entre los argumentos de quienes se oponen a la reforma destaca el debilitamiento de la división de poderes y la captura política del Poder Judicial por medio del control del proceso de elección en favor del nuevo partido hegemónico, en este caso Morena, particularmente al renovarse el Congreso de la Unión en septiembre.

En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, también electo por voto popular, el grupo político que captara a ese órgano contaría con una fuerte herramienta para ejercer presión sobre el resto del Poder Judicial.

Además, se ha planteado el riesgo de que la reforma judicial incida en la continuación y profundización de prácticas de impunidad y abusos contra la población.

Si el mensaje del Gobierno que promueve la iniciativa es que, si ‘buen juez’ es aquel que no libera a personas, se puede incentivar la elección de aquellas personas candidatas percibidas como menos dispuestas a dictar liberaciones, lo cual podría debilitar aún más el control judicial sobre el actuar de las Fiscalías y las fuerzas de seguridad.

En ese sentido, el resultado podría ser un sistema penal con mayor margen para omisiones en las investigaciones penales y prácticas ilegales como detenciones arbitrarias, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables.

De acuerdo con el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de abogados, las propuestas centrales de la reforma “constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México”.

En la publicación de su más reciente informe, advierten que “muy pocos países del mundo eligen a jueces por votación popular. De los cuales solo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para seleccionar a jueces de tribunales con jurisdicción constitucional. La experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial”.

En una entrevista para CNN, el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, señaló que la reforma “representa un ataque directo a la división de poderes”.

Consideró que el riesgo más importante, en caso de ser aprobada, “es la afectación a la independencia judicial que tiene que regir y privar en todos los países”.

Desde esa perspectiva, el control político de Morena o de cualquier partido se constituiría en una influencia que impactaría a los juzgadores a la hora de resolver o emitir sus resoluciones.

La posición crítica sobre el voto popular bien se podría resumir de la siguiente manera: los jueces elegidos tendrían dueños. Es decir, responderían a los partidos que los apoyarían para resultar elegidos en las urnas, ya sea Morena o cualquier otro instituto político.

Incluso destaca el riesgo de que poderes fácticos como el crimen organizado o grupos de poder económico financien a candidatos bajo la mesa y luego los controlen cuando asuman como jueces, aunque esté prohibido el financiamiento privado.

Son variados los argumentos en contra de la elección por voto popular. Otro de ellos señala que la administración de la justicia no debe depender del resultado de concursos de popularidad, y que el buen juez debe de defender la ley de forma imparcial, independientemente de su popularidad entre los votantes.

Además, si hay proceso electoral, hay forzosamente promoción del voto, lo que lleva a los candidatos a solicitar contribuciones de personas con intereses potenciales en los casos que aquellos decidirán más tarde como jueces, comprometiendo sus resoluciones.

La polémica podría seguir escalando entre más se acerca el relevo en el Poder Legislativo y más se agudizan los impactos del paro laboral en el Poder Judicial. La polarización no terminó el 2 de junio con la jornada electoral. El sistema político mexicano enfrenta hoy su máxima prueba, para evitar que el conflicto deje sus cauces institucionales.