¿Cómo justificarán los siete diputados federales de Morena y el del Partido del Trabajo, por Chihuahua, la reunión que tuvieron en el Congreso de la Unión con el embajador de Rusia en México, Viktor Koronelli, que ya provocó un extrañamiento de nuestros vecinos del norte?
Cierto es que nuestros diputados izquierdosos tienen todo el derecho de reunirse con quien les convenga; pero deben hacerlo a título personal, no con la representación de los chihuahuenses ni en momentos en que el mundo está repudiando la invasión rusa a Ucrania.
La reunión sellada con el «Grupo de Amistad México- Federación de Rusia”, que además instalaron en la Cámara de Diputados, despertó muchas críticas de los otros grupos parlamentarios, pero sobre todo del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, por tratarse del “agresor de un pueblo inocente”.
El diplomático fue muy claro al decir que tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y en contra de Rusia, porque está atacando la libertad.
Cuando Ken Salazar dijo que el encuentro de los diputados morenistas con el ruso hizo mucho ruido, advirtió también “que eso no puede pasar nunca”, refiriéndose a la sumisión de los amlovers con el lacayo de Putin.
La lista de los diputados morenistas y del Partido del Trabajo, que estrenaron rodilleras Caterpillar para su encuentro con el embajador ruso, ya debe estar en los archivos de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para ponerles marcación personal cuando viajen al vecino país o cancelarles las visas. Al tiempo.
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Pitos, serpentinas y confeti debe haber utilizado Javier Corral para expresar su júbilo al enterarse que el juez federal José E. Martínez ratificó la decisión de la jueza Lauren Fleischer Louis, que llevaba la causa de César Duarte en Florida, al negarle el amparo para evitar su extradición a México.
El exgobernador binacional subió al muro de su Facebook un extracto de la nota publicada en Reforma que da cuenta de la resolución judicial.
Para la jueza, México aportó suficiente evidencia de que Duarte desvió recursos públicos para beneficio personal durante su mandato, entre 2011 y 2014, escribió jubiloso Corral Jurado.
«Pruebas que rastrean el dinero desviado para uso personal, como las cuentas de American Express de la esposa de Duarte, un fideicomiso de la pareja o para el pago de sus impuestos personales, proveen evidencia circunstancial de que Duarte intentó privar al Estado de Chihuahua de los fondos, y que lo hizo para beneficio propio», dijo sobre el fallo de la jueza norteamericana.
A estas alturas, el frustrado político que está muy pendiente del curso que sigue el proceso de Duarte, ya debe haber enviado el texto a los 126 seguidores que le quedan, mismos que el jueves pasado firmaron la carta pública contra los pendones del BRT.
No tardan en enviarle una carta a la Jueza diciéndole que todas las pruebas contra Duarte fueron aportadas por Javier Corral, no en vano le dedicó los 5 años de su malogrado gobierno únicamente a perseguir todo lo que oliera a duartismo.
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Dos individuos que se escudan en el nombre del empresario Tomás Zaragoza, andan desatados presumiendo el control que ejercen en Comité de Adquisiciones del Gobierno municipal, para decidir las inversiones en obras públicas y la compra de refacciones para los vehículos oficiales de todas las dependencias.
Se trata de Oswaldo Kuchle conocido por la empresa de box y lucha Promociones del Pueblo, y de Raúl Rodríguez, “El Body”, quienes fueron patrocinadores de la campaña de Cruz y ahora pretenden cobrar sus favores decidiendo la asignación de contratos y licitaciones.
Flaco favor le están haciendo a su padrino Tomás y al propio alcalde con la voracidad que exhiben y presumen a cuanta reunión asisten.
Kuchle se ha inclinado por todas las inversiones en obras públicas mientras que su socio prefiere las compras para talleres y licitaciones de otras dependencias, como Servicios Públicos, Deporte, DIF y Cultura, entre otras.
Son cientos de millones los que están en juego en cada contrato y licitación, donde este par se asume como la mano que mece la cuna.
Varios regidores, hasta los de Morena, ya los tienen en la mira y están juntando las pruebas para el momento de ponerlos en la cruz con Cruz.
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Y hablando de tranzas, un ex socio comercial de Alejandro Gloria y María Ávila, está acusando a esta pareja de políticos de robo y fraude al pagarle una deuda con una camioneta propiedad del Partido Verde.
Carlos Landa Almazán es el afectado que envió una carta al diputado Javier Herrera Borunda, secretario de organización del Partido Verde, donde denuncia las presuntas fechorías de Alejandro y su esposa María, hasta hace poco, cuasi dueños de la franquicia del PVEM en el estado de Chihuahua.
Landa relató que era socio de ambos en una fábrica de plástico hasta que terminaron su relación y le quedaron debiendo 60 mil dólares de una maquinaria de inyección que les vendió.
Dice que después de mucho tiempo le entregaron una camioneta como pago parcial, pero resulta que dicho vehículo es propiedad del Partido Verde.
Denuncio también que Alejandro y María pagaban la renta del edificio donde tenían la empresa Maia Plásticos S.A. de C.V., con recursos del Partido Verde, haciendo pasar ese gasto como el arrendamiento de las oficinas del PVEM en Juárez.
Asimismo, precisa que los empleados de la empresa los pagaban con la nómina de 14 asesores fantasmas del partido, que en realidad no existían.
Total que, a pesar de haber sido expulsados del Partido Verde por sus malos manejos y comportamientos mafiosos, los tórtolos siguen generando ruido.
Ya se habla de un adeudo por casi 10 millones de pesos con el partido, por el desvío que hicieron de recursos que estaban destinados al financiamiento de campañas.