El programa de Viviendas del Bienestar parece que terminará incubando una problemática más fuerte de la que se quiere resolver, que es la falta de acceso a vivienda popular, pero digna.

Muy de refilón, ayer se puso sobre la mesa, en conferencia de prensa de la JMAS, un tema que tiene mar de fondo: cómo financiar el déficit en infraestructura y de servicios en el futuro desarrollo en el que ya se embarcaron no únicamente el Gobierno Federal, sino el Estatal y el Municipal.

No tiene la fase inicial de 728 casas tanto conflicto, en cuanto al desarrollo que ya se está edificando en el predio de 5.4 hectáreas (ubicado en la intersección de la avenida Leonardo Solís Barraza y bulevar Fundadores) que compró y luego donó para el programa la Administración municipal.

La bronca está en lo que sigue, ya que el plan es construir 12 mil 244 viviendas más en la reserva Siglo XXI que el Gobierno del Estado, por medio de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura posee en el límite sur de la ciudad, a la altura de la Ciudad del Conocimiento.

No por nada habló de la “no ciudad”, el sociólogo y urbanista español Jordi Borja cuando conoció Juárez y la manera en que se desdobló, con la construcción del nuevo campus de la UACJ en medio de la nada, lejos de la mancha urbana que en el suroriente se caracteriza por sus fraccionamientos-gueto marginales y desconectados, su indefinida traza urbana y la carencia de infraestructuras y servicios básicos, como hospitales, parques, centros culturales y deportivos, transporte, vigilancia policiaca, planteles de educación básica, preparatorias… y agua.

En la conferencia que atendieron el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón Barraza, el director ejecutivo de la Junta Central, Mario Mata, y el representante de la gobernadora en Juárez, Carlos Ortiz, se lanzó una pregunta clave: ¿se tienen las factibilidades por parte de la JMAS para ese desarrollo?

Le dieron los funcionarios de alguna manera la vuelta a la pregunta, pero el caso es que no está resuelto el tema de la factibilidad para el suministro de agua, ahí donde la JMAS ya tiene problemas de abasto y presión, porque la extracción se tiene que hacer cada vez a mayor profundidad y no se cuenta con los volúmenes suficientes. Fraccionamientos batallan con el servicio y siguen instalándose más naves industriales, con todo y la pérdida de empleos y la desaceleración que enfrenta el sector maquilador.

“Es un programa bueno. Se necesita mucha inversión, para infraestructura de cabeza, necesitamos factibilidades y necesitamos también que nos ayude Conagua (…) que nos dé asignaciones necesarias. En eso estamos trabajando, determinar cuántas asignaciones, de qué volumen. En toda la ciudad necesitamos asignaciones”, dijo Mario Mata, el director de la JCAS.

También señaló que se requieren “cientos de millones de pesos” para toda la infraestructura de cabeza.

¿De dónde saldrá el recurso? Quién sabe, pero no tiene que ser pitoniso Mirone para advertir que se está siguiendo la misma ruta que convirtió en tragedia y aberración urbana, fraccionamientos que hasta premios ganaron por su diseño en el papel, como fue el caso de Riberas del Bravo, cuyo proyecto de vivienda masiva (se consideró una miniciudad con cerca de 12 mil viviendas en nueve etapas) fue diseñado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación.

El modelo terminó como emblema de exclusión social, marginalidad y abandono, condiciones que luego generaron entornos de violencia y criminalidad.

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Claro que siguió dando de qué hablar el tema de la denuncia de la dirigencia panista en contra del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y de su esposa Rubí Enríquez, a quien se señala por contratar como directora administrativa del DIF a su cuñada, es decir, a la esposa de su hermano.

El alcalde le brincó cuando fue abordado por los periodistas sobre el caso, asegurando que hay dolo, mala fe, golpeteo político, guerra sucia y un nivel de estrategia muy bajo, al meterse con la familia.

“Muy lamentable que se actúe de una manera, con dolo. ¿Por qué lo digo? Efectivamente Érika trabaja ahí, ella es cuñada de mi esposa, nada más que mi esposa no es funcionaria, ella no cobra sueldo. Desde que entró al DIF ha sido como todas las presidentas, honorarias, ni tiene un puesto directivo, es decir, no hace contrataciones y además la persona que está, está efectivamente trabajando, desempeña bien su función”, dijo el alcalde un día después de que la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez y el presidente local, Ulises Pacheco, presentaron la denuncia de carácter administrativo por presunto nepotismo, en la Contraloría Municipal.

Cruz señaló que de cualquier manera se va a revisar el señalamiento y platicará con su esposa, aunque insistió en que no hay ilegalidad alguna.

“Pues no queremos estar sometiendo a Rubí a un esquema de golpeteo político innecesario, digo, no hemos llegado todavía a una conclusión, lo hemos estado platicando, y obviamente tenemos que platicarlo también con ella. Insisto, no es ilegal, pero también estar sometiendo pues a la familia a este tipo de golpeteo, pues no nos parece, entonces lo estamos revisando”, respondió, cuando se le cuestionó por qué se revisaría si continúa el nombramiento, cuando él afirma que no es ilegal.

Ahí está otra arista muy interesante, para ponerse sobre la mesa de la discusión en cuanto a las implicaciones o alcances de nombramientos honorarios para familiares de funcionarios.

En la capital del estado, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, también consideró que el tema obedece a mero golpeteo político, aunque reconoció que es buen momento para discutir si se debe de continuar con esa especie de tradición que replican Gobiernos de todos colores y niveles, en cuanto a quién se hace cargo de instancias como el DIF.

En el Gobierno Municipal panista de la capital, la esposa de Marco Bonilla preside el DIF, lo mismo que la madre de la gobernadora Maru Campos a nivel estatal.

“Yo soy alguien que cree, que no deberían de estar los familiares en el DIF, ¿para qué? (…) yo creo que es mucho más sano que cambiemos ese esquema. ¿Por qué la esposa o los familiares tienen que ser los encargados de un órgano que además ahorita tiene funciones superimportantes (…) me parece que esa es una regla que hay que modificarla, tiene que ser un funcionario o una funcionaria con las características que requiere el cargo, con trayectoria en el tema de la infancia, de grupos vulnerables”, indicó el diputado juarense.

El caso es que todavía habrá más materia y más denuncias cruzadas. Por lo pronto, supo Mirone que la misma denuncia será llevada por el PAN a la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Abelardo El Bayo Valenzuela, por cierto, de reconocida militancia panista.

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También abundaron las reacciones sobre la presión con tufo de chantaje que soltó al PAN el diputado federal y presidente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, respecto a que los azules perderían más que los tricolores si no van en alianza para el 2027, porque podrían ser perseguidos por los morenistas y acabar en la cárcel.

Para empezar, la presidenta estatal del blanquiazul, Daniela Álvarez, dijo que su homólogo tricolor debería de buscar en el diccionario la palabra gratitud. Y eso que no quería entrar en dimes y diretes, pero sí soltó el reclamo: “si alguien del PRI se debe al PAN, es justamente él”, refiriéndose a cómo se convirtió en diputado federal por un distrito de la capital que es prominentemente azul.

También advirtió que ella no funciona con chantajes y que Domínguez “está en su derecho de opinar lo que considere, pero no vamos a caer en sus provocaciones”.

Al asunto le entró el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, quien dijo opinar no como diputado, sino como militante panista.

“Al PAN, ni ultimátum ni chantajes. Las alianzas las va a definir el Consejo Nacional en su momento”, afirmó el legislador.

Además, habló sobre el tema Marco Bonilla, el presidente municipal de Chihuahua y aspirante más adelantado por la gubernatura, quien consideró que este momento no es prioridad el tema de la alianza, sino el crecimiento de las estructuras partidistas, así como trabajar por mejorar la intención de voto y posicionamiento de cada marca.

“Estamos con la frente muy en alto, la verdad es que cero, cero temor. Sin embargo, me imagino, quiero creer que a lo que se refería el presidente del PRI, es justamente a este tipo de regímenes autoritarios, que muchas veces aunque tú hagas todo bien, pues fabrican, manipulan; digo, ahí está el régimen de Maduro con sus presos político”, agregó el alcalde panista.

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Parece que va muy en serio la idea del Comité Ejecutivo Nacional del PAN de meterse con todo a Ciudad Juárez.

Luis Olmedo, el secretario de Elecciones del CEN, estuvo de nuevo en la frontera, y acudió la tarde-noche del martes a la sede del Comité Municipal, en donde se reunió con la presidenta estatal, Daniela Álvarez y con el dirigente local, Ulises Pacheco.

Como no hay proceso electoral reciente en que no haya fallado la estructura territorial el día de la jornada, sobre todo en cuanto a la representación en casillas, desde ya trabaja el Comité Municipal en esa tarea de reclutamiento de representantes generales y de cada sección electoral.

Nunca lo habían hecho con tanta anticipación y eso anda supervisando Olmedo, aparte de la nueva estrategia de identificación de simpatizantes en territorio y el trabajo de colaboración entre la estructura partidista y la gubernamental, dentro del Sistema PAN.

No estuvieron todos los que son, pero se armó encerrona con una parte del Equipo Juárez para hacer aquello más ágil.

Con la dirigencia partidista estuvieron Carlos Ortiz, el representante de la gobernadora Maru Campos; Raúl García Ruiz, recaudador de Rentas; Marco Licón, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y Ricardo Vega, coordinador de Gabinete en Ciudad Juárez que además es responsable de la Comisión de Vigilancia del PAN estatal. También vino de la ciudad de Chihuahua, el titular de la Oficina de la Gubernatura y expresidente estatal, Fernando Álvarez Monje.

Supo Mirone que habrá pronto una reunión más amplia y que incluso está pendiente otra encerrona de planeación y estrategia rumbo al 2027 que presidirá la gobernadora Maru Campos.

Por lo pronto, se trataba de integrar al nuevo director ejecutivo de la JMAS, ya con su camiseta azul, en el entendido de que el organismo descentralizado es clave para el trabajo político que está desplegándose en el territorio.