Ahora que no supo ni por dónde le anotaron los goles, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo quiere aventarse una especie de triple salto mortal en materia judicial para intentar invalidar el Paquete Económico 2026 que aprobó el Congreso del Estado.

Su argumento es, en apariencia, sencillo: sostiene que no había cuórum legal para votar un decreto que requería la aprobación de al menos dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.

La cosa, según su lectura, iría así: el decreto denominado “Fortalecimiento Financiero del Estado” necesitaba 22 votos, y no solo 20, que fueron los que obtuvo. ¿La razón? Que en el pase de lista realizado al inicio de la sesión se registró la presencia de 33 diputados. Bajo esa lógica, los 20 votos a favor del dichoso decreto —el mismo que compromete al estado con deuda por casi un cuarto de siglo— debieron convertirse en 22, cosa que no ocurrió.

A ver si le entendimos al emproblemado líder morenista: el hecho de que dos de sus compañeras de bancada se hayan levantado de su curul para ir al baño no las coloca en condición de ausentes, porque ya habían dicho “presente” al momento del pase de lista.

La apuesta del jefe de lo que queda del grupo de Morena suena como para que la compre una de esas casas de juego que pagan altos momios a quien le mete dinero al resultado más improbable.

Legislador durante los últimos cuatro años y, además, abogado de profesión, Estrada sabe que el cuórum legal para que una sesión pueda celebrarse es del 50 por ciento más uno. En el caso del Congreso del Estado, esa proporción se alcanza con la asistencia de 17 diputados, de un total de 33.

Para el caso que nos ocupa, no había 17, sino 30 asistentes al momento en que se votó el dichoso decreto endeudador. Es decir, para entonces, 10 representaban la tercera parte y 20 las dos terceras partes.

Se vale lo que intenta hacer el diputado morenista y, en su descargo, puede decirse que el perdido va a todas. Suena a salto en motocicleta de un edificio a otro, como los que hacen los pilotos de exhibición. Pero de ahí a que le pegue…

A pregunta expresa sobre si no está demasiado forzado su proyecto, lo reconoció: sí, lo está. Lo bueno es que sabe que, si pega, qué bueno; y si no, de todos modos ya estaba despegado.

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Con todo y el tira-tira que se dieron panistas y morenistas por la aprobación del Paquete Económico, se dieron tiempo para dejar bien repartido el pastel e irse de vacaciones con dos asuntos espinosos prácticamente resueltos.

Desde la elección de Héctor Acosta como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en los corrillos político-legislativos de la capital del estado se respiraba un ambiente de lavandería y planchaduría que salía desde los pisos 15 y 16, donde despachan los grupos parlamentarios de Morena y del PAN.

Tal parece que así fue. El “planchado” quedó con la rayita bien pintada, pues tanto morenos como prianistas caminaron tranquilos y sin sobresaltos en la elección del presidente de la Auditoría Superior del Estado y, todo indica, así seguirán con la elección de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En el radiopasillo del Congreso se oye cada vez con más insistencia la versión de que Morena y el PAN llegaron a un acuerdo salomónico: los primeros se quedarían con la presidencia de la CEDH, mientras que los segundos “amarraban” la ASE.

Lo segundo ya se dio. El Congreso aprobó por unanimidad la reelección de Héctor Acosta Félix, el auditor que tan buenos servicios le ha prestado a la actual administración estatal, sobre todo para darles material con qué ponerle una corretiza a Javier Corral y a los exfuncionarios que lo acompañaron.

Fue de llamar la atención, por decir lo menos, que los morenos hayan defendido a capa y espada la renovación del periodo de Acosta Félix, pese a las rabietas de su “compañero de partido”, Javier Corral Jurado, quien tronó de rabia al ver que “su” exeditor —y examigo—, que ahora lo trae corto, tiene contrato renovado hasta 2032. ¡Todo un auditor “carnal”!

Ahora, morenos y panistas —¿tiene caso agregar al PRI a la cuenta de estos arreglos?— se apresuraron a sacar el proceso de elección de la presidencia de la CEDH para aventarse la chamba en un mes, a más tardar, con ganas de estrenar “presidenta” en enero próximo. ¡Qué cosas! Antes duraban hasta tres meses en sacar la terna y, de ahí, elegir al titular.

Por lo que nos cuentan, es un hecho que la presidencia será ocupada por una mujer, en consonancia con lo que ha venido demandando el coordinador parlamentario morenista, Cuauhtémoc Estrada, y que no será precisamente una persona alineada con Palacio de Gobierno, aunque tampoco enojada ni distanciada.

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Si de andar desatado en busca de una candidatura desde el cargo público se trata, Gilberto Loya Chávez no solo se lleva las palmas: corre solo y deja varios cuerpos de ventaja a otros colegas que también andan acelerados rumbo a una postulación.

Basta asomarse al manejo institucional de la información que sale de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a su cargo, para entender que el aparato ya cambió de modo. Ya no se trata solo de informar, sino de posicionar. De darle forma, brillo y “pinta” de candidato en el poco tiempo que queda antes de que arranquen formalmente las campañas.

Desde hace semanas, ningún comunicado de la SSPE se concibe sin el nombre de su titular en el encabezado. Si uno se atiene a esos boletines, en la Secretaría no se mueve una patrulla, no se instala una cámara ni se persigue a un carterista sin la instrucción directa del secretario “Centinela”.

“Bajo la visión integral instruida por el secretario Gilberto Loya, la dependencia transformó la gestión de datos en acciones concretas que hoy se reflejan en un territorio más seguro y una sociedad mejor protegida”, dice uno de los comunicados difundidos el lunes pasado. Y no es excepción: es el tono generalizado del aparato publicitario de la Secretaría de marras.

Lo curioso es que, en todo este despliegue, el artículo 134 constitucional parece haber pasado a mejor vida. Ese que recuerda —en su párrafo octavo— que la propaganda gubernamental debe ser institucional y tener fines informativos, educativos u orientadores.

Y subraya algo más, por si hubiera dudas: “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Detalle menor, al parecer.

No es casual que este activismo haya empezado a incomodar a otros actores dentro del PAN, que ya venían con el ceño fruncido por el hecho de que su dirigente municipal en Chihuahua, César Komaba Quezada, continúe bajo las órdenes del secretario-aspirante como subsecretario de Vialidad.

Los que piden piso parejo no lo hacen por deporte. Están compitiendo contra alguien que juega con ventaja: todo el poder del cargo, toda la exposición mediática y una maquinaria institucional trabajando, día con día, para proyectar imagen, discurso… y, llegado el momento, candidatura.

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El Poder Legislativo de Chihuahua deberá reformar, y pronto, su Código Civil para reconocer como personas originarias del estado a los ciudadanos nacidos en el extranjero que sean hijos de padre o madre chihuahuenses.

La instrucción no nació en lo local. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión envió un oficio a las 32 entidades federativas para pedirles que legislen en la materia y reconozcan como originarias de la entidad que corresponda a las personas nacidas fuera del país que sean hijos de madres o padres mexicanos.

Dicho de otra manera: ya no se tratará únicamente de acudir al Registro Civil para obtener la doble nacionalidad. Ahora, además, los estados deberán reconocerlos como ciudadanos del lugar de origen de su padre o madre, con todas las consecuencias legales que ello implica.

¿Y qué cambia con todo esto? Bastante.

El ciudadano que nació en Texas —por citar el ejemplo más común— y que realice su trámite de doble nacionalidad en Chihuahua, por ser hijo de chihuahuenses, pasará a ser legalmente ciudadano del estado, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier persona nacida en territorio chihuahuense o avecindada en la entidad por al menos cinco años.

Puestas así las cosas, los llamados “paisas” que aún viven en Estados Unidos, que ya tienen derechos como personas nacidas en aquel país y que ahora, además, serán reconocidos como ciudadanos de Chihuahua —o del estado de origen de sus padres— podrán ocupar cargos públicos o, ¿por qué no?, contender por un cargo de elección popular, conforme a la legislación aplicable.

Y ojo con el dato: Chihuahua ha sido líder nacional en la expedición de actas de doble nacionalidad, prácticamente desde el arranque del programa federal “Soy México”, lo que coloca a la entidad en una posición adelantada para cumplir con esta reforma.