Con la aprobación de la convocatoria por parte del Consejo Universitario, formalmente se desató la grilla en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en torno a la elección de directores de los cuatro institutos.

No hay demasiada efervescencia porque los procesos están más que controlados en la UACJ, pero sí están las especulaciones al máximo sobre quiénes serán los agraciados dentro del propio grupo en el poder que acaba de definirse por Daniel Constandse como nuevo rector, en sustitución de Juan Ignacio Camargo.

Por el lado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) hay varios nombres, aunque los que suenan con mayores probabilidades, por las afinidades con la dupla Constandse-Camargo, son Jesús Meza Vega y Hernán de Monserrat Herrera Sías.

Meza Vega es director general de Comunicación Universitaria y Herrera Sías el contralor general. Pero lo interesante es que ambos son abogados y docentes en Derecho, el Departamento que trae todo el power en el ICSA y seguramente no querrá soltarlo.

Hay otras tres opciones “institucionales” más, incluyendo al abogado general, René Soto Cavazos, quien ya fue director del ICSA y no se descarta que pueda repetir.

Las otras dos alternativas están fuera de Derecho, pero también con posibilidades y cercanía al grupo que ganó la apuesta con Constandse por la rectoría. Nos referimos al jefe del Departamento de Ciencias Sociales, Servando Pineda Jaimes y a la directora general de Extensión y Servicios Estudiantiles, Flor Rocío Ramírez Martínez, quien viene del área de Administración y en un tiempo hasta se llegó a manejar como candidateable por la rectoría.

Cierra el paquete una candidatura que, podría decirse, va por la libre y, por lo mismo, con pocas posibilidades. Pero el caso es que ya anunció que se registrará el maestro investigador Nolberto Acosta, figura del movimiento que en otros tiempos tuvo bastante fuerza, la Universidad Democrática.

Por el lado del Instituto de Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) se manejan como prospectos muy naturalitos, tanto el jefe del Departamento de Arquitectura, René Ezequiel Saucedo, como el jefe del Departamento de Diseño, Fausto Enrique Escárcega Aguirre.

Sin embargo, también aparece como opción Fausto Gómez Tuena, quien ya fue el jefe del Departamento de Arte y sigue como docente. En reserva y sin descartarse, también está como posible directora para IADA, Alpha Elena Escobedo Vargas, quien forma parte de la estructura Administrativa como directora general de Difusión Cultural y Divulgación Científica y por lo mismo ha estado muy cerca del Daniel Constandse y todo el equipo ganador.

En cuanto al Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) se están moviendo varios nombres, como el del jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, Ismael Canales Valdiviezo y el de la jefa del Departamento de Física y Matemáticas, Imelda Olivas Armendáriz.

También han levantado la mano el docente e investigador Miguel Domínguez Acosta, quien ya buscó ser director en el 2018 así como Erwin Adán Martínez Gómez, otro docente del doctorado en Tecnología. La lista de prospectos la completa Nelly Gordillo Castillo, profesora investigadora en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, además de coordinadora de Investigación.

El registro de aspirantes se realizará este viernes y sábado, para continuar lunes y martes, en el primer piso de la antigua Rectoría.

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En periodo extraordinario de sesiones, el Congreso del Estado sacará hoy su listado de pendientes, antes de cerrar el changarro de la actual Legislatura.

Se prevé que no concluya en muy buenos términos, sobre todo por el tema de la reforma a la Ley de Participación Ciudadana que endureció los requisitos para la revocación de mandato en cuanto a la gubernatura.

La mayoría del PRIAN terminó haciendo un batidillo difícil de justificar con el argumento de la homologación federal, cuando claramente hay una regresión, porque en lugar de facilitar los instrumentos de participación ciudadana, los dificulta.

Las organizaciones de la sociedad civil y todos los integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana (CCPC), un ente jurídicamente reconocido por la propia ley, andan que echan chispas por la forma en que los legisladores se negaron a escucharlos y aprobaron el sentido del dictamen en la Comisión de Gobernación que preside el priista Omar Bazán.

Hoy se pretende aprobar en el Pleno la reforma que sube de 5 a 10 por ciento las firmas necesarias para solicitar la revocación de mandato. Quieren que sean 300 mil en lugar de 150 mil. Además, incluyen otra restricción o candado para ponerla más difícil: las firmas tienen que venir de al menos el 50 por ciento más uno de los municipios.

La norma federal nada más pide el 3 por ciento del listado nominal, porque eso no cuadra el argumento de la homologación.

La iniciativa también pretende aumentar de 35 a 40 por ciento el porcentaje de la votación alcanzada en cuanto al listado nominal, para que sea vinculante, es decir, para que proceda la separación anticipada del titular del Poder Ejecutivo. Ahí sí marca ese porcentaje la legislación federal, pero justo hay iniciativas para bajarlo a 30 por ciento considerando que prácticamente es inalcanzable ese porcentaje de votos.

Los integrantes del CCPC les dieron su zarandeada al diputado Bazán y a Francisco Sánchez de MC, en una reunión a la que ingresaron casi a fuerzas y seguramente hoy manifestarán su inconformidad.

El Grupo de Morena también la pegará de gritos por lo que se pondrá intenso el tema que no es nada menor, en cuanto tiene que ver con los anhelos ciudadanos de incidir en la cosa pública más allá del simple ejercicio del voto, a través de los mecanismos de democracia directa y participación política.

También se prevé que se ponga intenso el debate cuando se someta discusión la aprobación de la iniciativa que, igual que la relacionada a la revocación de mandato, se sacó de la manga el grupo panista para premiar al titular de la Auditoría Superior del Estado y extenderle su periodo otros ocho años más.

Hay claramente una idea de blindaje político para el futuro, por lo que seguramente también habrá agarrón en ese tema

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Para muchos de los ciudadanos que acuden a tramitar su pasaporte mexicano al módulo de Galerías Tec de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resulta una desagradable sorpresa que, en medio de la diligencia, son informados de que tendrán que saldar 140 pesos adicionales ante la Recaudación de Rentas estatal, cuyas oficinas se ubican convenientemente al lado de las federales.

Los solicitantes del documento consular ya desembolsaron, previamente, mil 655 pesos si lo quieren con una vigencia de tres años, 2 mil 250 pesos si es por seis años y 3 mil 940 pesos por el que tiene una duración de 10 años. Claro, tratándose de personas adultas y de una gestión regular, ya que integrantes de grupos vulnerables gozan de descuentos.

Sin embargo, en ninguna parte de la información proporcionada por la SRE se habla de esos 140 pesos que el ciudadano tiene que liquidar adicionalmente para completar la diligencia.

Los contribuyentes son informados de ese pago cuando les son recogidos los documentos requeridos para la gestión y que tendrán que liquidarlo inmediatamente después de que les tomen la tradicional foto, así como datos de autentificación biométrica, tales como huellas digitales y hasta reconocimiento del iris con luz infrarroja.

El requerimiento se hace del conocimiento de los interesados de viva voz ya que tampoco existe algún cartel que explique la necesidad y la razón del cobro.

Incluso, le contaron a Mirone testigos de lo que ahí ocurre, algunas de las personas que se ven en ese aprieto tienen que solicitar telefónicamente a sus familiares que les lleven dinero; hasta piden prestado a quienes se topan en Galerías Tec ante la urgencia.

Algunos de los contribuyentes han tenido que reprogramar su cita ante la omisión para informar con antelación el requisito monetario y la carencia de recursos para solventarlo.

El solicitante del documento, sin embargo, no se queda con ningún comprobante, ya que el recibo de pago debe ser entregado al personal de la SRE inmediatamente después de saldar ese impuesto.

Personal de Hacienda estatal explicó a Mirone que ese concepto se cobra en las oficinas de enlace bajo el amparo del convenio de colaboración con el Gobierno Federal y está regulado por la Ley de Ingresos estatal, ya que se presta un servicio adicional y se acerca a la ciudadanía.

Está bueno, pero que avisen, ¿no?

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Quien se convirtió en revelación como activista fue la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Hernández Acosta.

La magistrada presidenta encabezó la manifestación que se realizó la noche del martes en el exterior del Congreso del Estado, donde un grupo de personas, principalmente trabajadores del Tribunal, rechazaron la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador.

Micrófono en mano, fustigó la reforma que los opositores califican como un ataque a la independencia del Poder Judicial y a la división de poderes, así como una “simulación” que atenta contra derechos fundamentales.

Los manifestantes vistieron de negro y portaron veladoras y hasta un ataúd, para aludir a “la muerte” de la justicia y del sistema democrático.

La magistrada Hernández se fue duro contra la reforma que busca elegir magistrados, ministros y jueces por voto popular y encabezó las consignas y los gritos de rechazo.

En la protesta participaron también magistrados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Hernández Acosta olvidó el glamour que le caracteriza y encabezó el mitin enfundada en jeans y camisa negra.